Tras el procesamiento de Herme Juárez y parte de su entorno, un veedor judicial avanza con el pago de salarios y analiza si solicita a la Justicia Federal la intervención de la Cooperativa de Trabajos Portuarios de Puerto San Martín, cuyo presidente es el histórico sindicalista detenido.
La veeduría tiene un plazo de 15 días y administra los elementos mínimos que no secuestraron los funcionarios de la Policía Federal Argentina y del Ministerio de Seguridad de la Nación que participaron de los allanamientos ordenados por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay. El objetivo es cumplir con las obligaciones y garantizar el funcionamiento.
"Todos los elementos aptos para el trabajo, como helicópteros por posibles rescate de trabajadores o autos de carácter operativo –no los de lujo–, como también la plata de la caja, se dejaron", explicaron desde el Ministerio de Seguridad de la Nación. Lo que están inmovilizadas son cuentas y plazos fijos por 100 millones de dólares.
Los veedores deben enviar un informe al Juzgado Federal que asuma el control de la causa por asociación ilícita, extorsión, lavado y malversación de fondos. González Charvay se declaró incompetente tras la resolución donde firmó el procesamiento con prisión preventiva de Herme y su hijo y parte de su entorno y envió las actuaciones a Rosario, donde aún no asumieron el control. Recaería en el juez Carlos Vera Barros.
"Lo que hay es una veeduría, no una intervención", ratificaron fuentes de la Cooperativa. "Dura por un plazo máximo de 15 días dónde tienen que elevar un informe", especificaron.
En ese informe puede surgir el pedido de intervención de parte del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), algo que se descarta que pueda suceder en breve. Este miércoles el Inaes preparaba un nombre concreto para elevarlo a la Justicia y avanzar.