El Tribunal Supremo de España condenó este lunes a penas de entre nueve y 13 años de prisión a los máximos líderes políticos y sociales del fallido proceso de secesión catalán de 2017, tras considerarlos culpables de delitos de sedición y malversación de fondos públicos, lo que desató protestas en toda Cataluña.

El ex vicepresidente Oriol Junqueras, el político de mayor rango juzgado –ante la ausencia del ex presidente Carles Puigdemont, que huyó a Bélgica–, es quien recibió la pena máxima de 13 años de cárcel e igual período de inhabilitación, por sedición y malversación, delitos que fueron propuestos por la Abogacía del Estado, que representa al gobierno central.

Los otros ocho dirigentes que esperaban la histórica condena en prisión, recibieron penas de entre nueve y 12 años, mientras tres políticos fueron encontrados culpables solo de un delito de desobediencia, por el que recibieron penas de 10 meses de multa, y un año y ocho meses de inhabilitación, con lo que eluden la cárcel.

En su sentencia, el Tribunal Supremo descarta el delito de rebelión, lo que supone un revés para la Fiscalía –que pedía 25 años de cárcel–, y un golpe para los argumentos de la derecha y los ultraderechista de Vox, que como acusación popular exigían 75 años de pena contra los secesionistas por haber perpetrado un "golpe de estado".

A pesar de este triunfo sobre la tesis más duras, los líderes secesionistas rechazaron el fallo condenatorio, que criticaron en duros términos, al tiempo que llamaron a sus seguidores a salir a las calles a protestar.

El ex vicepresidente Junqueras dijo que la sentencia era "una venganza", mientras el actual presidente catalán, Quim Torra, la consideró un "insulto a la democracia" y un "desprecio a la sociedad catalana".

Tras conocerse la sentencia, miles de estudiantes cortaron las principales arterias de Barcelona con pancartas que reclamaban "Libertad para los presos políticos" y hubo protestas pacíficas en las céntricas plaza Cataluña y plaza Sant Jaume. Las manifestaciones fueron replicadas en otras ciudades catalanas.

Sin embargo, la acción de protesta más contundente tuvo lugar durante la tarde, cuando miles de manifestantes se trasladaron al aeropuerto internacional de El Prat, situada a unos 20 kilómetros del centro de la capital catalana, a raíz de una convocatoria de la plataforma "Tsunami Democrático", que llamó a "tomar" las instalaciones.

Los manifestantes bloquearon accesos a la terminal aérea por donde cada día pasan miles de personas de todo el mundo, y provocaron la cancelación de un centenar de vuelos. Esta fue la primera acción de "desobediencia" organizada en respuesta a la histórica sentencia.

La medida de fuerza, que provocó demoras en el acceso al aeropuerto internacional y la cancelación de un centenar de vuelos, forzó intervenciones intermitentes de la policía, que mantenía blindada la terminar.

Al cierre de la jornada, decenas de miles de personas se movilizaron en el centro de Barcelona, donde la policía respondió con porras y pelotas de goma a un grupo más alborotado que se concentró durante horas frente a la sede de la Jefatura de Policía.

 

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