El pediatra Ricardo Russo, ex jefe de Inmunología y Reumatología del Hospital Garrahan, fue sentenciado a 10 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer la medicina, tras ser declarado culpable de la distribución, tenencia y producción de pornografía infantil en el juicio que concluyó este miércoles a la tarde en la sala del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 6 a cargo del juez Gonzalo Segundo Rúa.
Russo había sido detenido en el estacionamiento del Hospital Garrahan el pasado 28 de mayo, acusado de distribuir y comercializar pornografía infantil.
La detención de Russo se produjo seis meses después de que un allanamiento en su domicilio particular diera como resultado el secuestro de dos notebooks con un total de 778 archivos de imagen y 69 archivos con contenido de pornografía infantil acopiado "con fines inequívocos de distribución".
Entre el material secuestrado se destacaron "nueve fotografías a dos niñas, de entre 8 y 12 años, en el interior del hospital Garrahan", según se detalló en la resolución firmada por la jueza penal, contravencional y de faltas porteña María Laura Martínez Vega, con la que se le dictó su prisión preventiva.
"Las nueve imágenes fueron geolocalizadas" en el teléfono Apple de Russo, que fue secuestrado durante la detención del 28 de mayo.
En esa misma jornada, la ministra Patricia Bullrich explicó que la diferencia temporal entre el allanamiento y la detención se produjo porque "había que verificar si las imágenes entraban en el marco del delito", y que el allanamiento a la casa de Russo fue uno de los 40 que se realizaron simultáneamente en 10 provincias argentinas.
La ministra destacó el trabajo en equipo de las autoridades de la Ciudad (de Buenos Aires), la Gendarmería y la Policía, la agencia de Estados Unidos Homeland Security y organismos brasileños, que permitió "trabajar para desarticular una red internacional de pedofilia que conmovió a nuestro país".
El Hospital Garrahan aclaró, desde un comunicado, que "no fue notificado anteriormente que se llevaba adelante una investigación" hasta el día de la detención de Russo.
La reacción inmediata fue "instruir sumario administrativo y apartar inmediatamente de sus funciones al profesional involucrado".
A través del mismo comunicado, las autoridades del centro de salud pediátrico informaron que se constituirían en "particular querellante" en la causa.
Al día siguiente, personal del área de Delitos Tecnológicos de la Policía de la Ciudad realizó un allanamiento en la oficina y consultorio del imputado en las instalaciones del Garrahan.
El 5 de julio la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas confirmó la prisión preventiva que había sido apelada por la defensa de Russo.
El acusado permaneció detenido 99 días, la mayor parte de ellos en el Complejo Penitenciario de Ezeiza, hasta que en septiembre la misma Sala III le otorgó el beneficio de prisión domiciliaria porque consideró "que no existía peligro de fuga ni de entorpecimiento de la investigación".
De 57 años, Russo llevaba once dirigiendo el Servicio de Inmunología y Reumatología pediátrica y 23 como médico del hospital.
La investigación judicial detectó que en agosto de 2018, Russo compartió unos 270 videos de pornografía infantil a través de la plataforma de distribución remota eMule.
Tres meses después el médico subió a la misma red siete videos que contenían imágenes de niñas de entre 8 y 12 años en actos sexuales explícitos o con tomas de sus genitales.
El 28 de octubre se dio inicio al juicio oral que llevó adelante el Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°6 a cargo del juez Gonzalo Segundo Rúa.
Este miércoles 5 de noviembre, finalmente la fiscalía y la querella pidieron 10 y 13 años de prisión –respectivamente– para Russo por encontrarlo responsable de los delitos de "producción, tenencia y distribución de pornografía infantil", mientras que la defensa pidió su absolución.
La opinión de la fiscal
La fiscal Daniela Dupuy aseguró que está “muy conforme con la condena” y agregó que desde la Fiscalía se trabajó “muy a conciencia, con muchas pruebas que el juez entendió igual que nosotros”.
La fiscal reiteró que "las pruebas son contundentes” y aseguró que se trata de “una muestra clara de los peligros de las redes, en caso de multiplicarse este tipo de casos”.