La provincia de Santa Fe, a través de un decreto firmado por el gobernador Miguel Lifschitz, adhirió a la ley nacional de emergencia alimentaria y social aprobada por unanimidad por el Senado de la Nación el 18 de septiembre. El mandatario provincial denunció los recortes del gobierno nacional en fondos claves para políticas de salud, educación y desarrollo social.
En el boletín, con fecha del 2 de octubre, se encomienda a los ministros de Desarrollo Social, Salud, Educación, Economía, y Gobierno y Reforma del Estado a realizar las modificaciones o adecuaciones presupuestarias para incrementar aquellas partidas relacionadas con los programas sociales que garanticen el derecho a la alimentación y seguridad alimentaria de la población santafesina.
Además, supone la creación de una comisión de seguimiento y control de dichas acciones, la cual estará integrada por representantes de las distintas carteras ministeriales referidas, y coordinadas por el ministro Desarrollo Social, Jorge Álvarez.
El ministro, en su calidad de coordinador de esta comisión, deberá convocar a las organizaciones o entidades de la sociedad civil que estime adecuadas a efectos de integrarla y colaborar con su misión de seguimiento y control.
Por último, los distintos ministerios y secretarías que conforman el Gabinete Social Provincial deberán reforzar el trabajo coordinado con los gobiernos locales con el objeto de sobrellevar la actual situación económica y social.
Reclamo a Nación
En el decreto, Lifschitz denunció los recortes por parte de Nación de fondos clave para políticas de salud, educación y desarrollo social, y los esfuerzos llevados a cabo por la provincia en materia de contención social.
En el escrito advierte que “durante el 2018 el gobierno nacional cercenó drásticamente los fondos enviados a las provincias destinados a apoyar el gasto social en las jurisdicciones de Desarrollo Social, Salud y Educación Pública”.
Por eso, sostiene que “frente a tal situación, y en aras de amortiguar el inevitable impacto de la crisis, se procedió a elevar de inmediato el presupuesto en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social, alcanzando tal incremento al mes de septiembre del año en curso a 600 millones de pesos”.
También destaca que, en materia de salud, el “Estado nacional llevó adelante un vasto recorte en las coberturas para drogas oncológicas, aquellas relacionadas con diálisis y a su vez en lo relacionado con los traslados para personas con discapacidad, lo cual conllevó a que la provincia invirtiera la suma de quinientos millones adicionales en esa jurisdicción”.
Lifschitz aseguró que el gobierno provincial cuenta con los recursos para garantizar la cobertura de los programas sociales y de salud durante los próximos cuatro meses.
El decreto sostiene que “deviene imperioso continuar con la atención de las necesidades básicas alimentarias de la población en condiciones de vulnerabilidad y con riesgo de subsistencia, requiriendo respuestas multidimensionales y urgentes por parte del Estado provincial”.
El gobierno santafesino también destacó las iniciativas que viene llevando a cabo en materia social, como el denominado “Programa Social Nutricional”, el programa “Tarjeta Institucional”, el Plan Abre y el Abre Familia.