La audiencia judicial en la que debía declarar Andrés “Pillín” Bracamonte, jefe de la barrabrava de Central detenido esta semana, se suspendió por problemas técnicos y falla en la conexión de internet. Los jueces solicitaron la presencia física del sospechoso y eso derivó en el inicio de un operativo especial.
La audiencia estaba programada para las 14 y arrancó cerca de las 18. Por las dificultades de conexión primero hubo una mudanza de la sala 10 a la 9 del Centro de Justicia Penal de Rosario.
Bracamonte debía hablar por videoconferencia desde una sede de 27 de Febrero y Circunvalación llamada Order, donde quedan alojados los detenidos que esperan una audiencia imputativa.
A las 14.48 parecía que la sesión se podría desarrollar y el jefe de la barra canalla empezó a hablar. Alcanzó a decir de forma remota que era empresario y que tenía el secundario completo hasta que la pantalla volvió a negro.
Los técnicos intentaron restablecer el contacto pero fue imposible. Según informó la periodista Agustina Pugliese presente en el lugar (para La primera de la tarde, Radio 2) no es la primera vez que ocurre algo así, de hecho la semana pasada no se pudo realizar ninguna audiencia de este tipo.
Por esas limitaciones, los jueces pidieron que Bracamonte sea trasladado al recinto para poder realizar el trámite de forma presencial. Su abogado, Carlos Varela, comentó a Radio 2 que “este tipo de demoras no contribuye a hacer una buena administración de justicia”.
“El traslado de Andrés va a requerir personal policial especializado desde la cárcel de Piñero, que van a tener que ir al Order, y desde ahí traerlo hasta acá”, planteó sobre las demoras extra que se generan por la ausencia de internet en el Poder Judicial local.
El propio Varela, a su vez, iba a buscar en su auto a la abogada que estaba con Bracamonte en la sede de la zona oeste de la ciudad. “Tenemos que oficiar de abogados y de taxistas”, ironizó.
Finalmente, Bracamonte arribó en el operativo especial y comenzó la audiencia cerca de las 18.
Bracamonte fue detenido el lunes pasado en el marco de 17 allanamientos ordenados por el fiscal Miguel Moreno por lavado de activos.