Para realizar un seguimiento de la situación del río Paraná y su bajante histórica, este viernes se realizó en Casa Rosada una reunión de funcionarios nacionales y gobernadores –entre ellos el santafesino Omar Perotti de manera virtual– en el marco del comité de crisis permanente.
En el encuentro se definieron las poblaciones vulnerables con afectación crítica, cinco de las cuales son santafesinas. También se informó que se tramita un crédito internacional de 300 millones de dólares para atender gastos derivados de las consecuencias del evento climático.
Además, las partes aguardan la elaboración de un mapa dinámico con el listado primario de localidades con afectación crítica en el suministro de agua potable.
“Dicho insumo permite diseñar un plan operativo para dar respuesta a la emergencia en las poblaciones más vulnerables, sobre todo en la etapa más compleja de la emergencia e incorporando a las Protecciones Civiles provinciales, a las fuerzas federales de seguridad, a los cuarteles de Bomberos Voluntarios y, eventualmente, a las Fuerzas Armadas”, explicaron.
La reunión fue encabezada por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic; los titulares de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié; de Obras Públicas, Gabriel Katopodis y funcionarios del Ministerio del Interior.
En la reunión también estuvieron presentes el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet; de forma virtual, los mandatarios de Santa Fe, Omar Perotti y de Chaco, Jorge Capitanich y funcionarios de las provincias de Misiones, Formosa, Buenos Aires y Corrientes.
Asimismo formó parte del encuentro en Casa Rosada, el presidente del Instituto Nacional del Agua (INA), Carlos Bertoni, y los secretarios de Articulación Federal de la Seguridad, Gabriel Fuks y de Articulación Científico – Tecnológica, Juan Carlos Paz, entre otros.
De acuerdo al diagnóstico presentado, la bajante tiene causas múltiples y se basa, fundamentalmente, en el déficit de precipitaciones en las cuencas del propio río Paraná y los ríos Iguazú y Paraguay. La misma afecta el abastecimiento y la calidad del agua potable, la navegación y operaciones de puerto, el ecosistema y la generación de energía hidroeléctrica.
En ese sentido, el presidente firmó el decreto que declaró el “estado de emergencia hídrica” por un lapso de ciento ochenta días, a efectos de generar un marco normativo que permita brindar las herramientas necesarias que permitan gestionar la mayor bajante.
Localidades afectadas y crédito
“Venimos llevando adelante estas reuniones para hacer un seguimiento sobre la bajante del Río Paraná, que está atravesando una sequía histórica. Es a partir de este ámbito donde se delineó la decisión del presidente de decretar la emergencia hídrica”, señaló el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.
“Esto nos permite monitorear la tarea en función de la situación que estamos atravesando. Trabajamos con el Sinagir, que depende del ministerio de Seguridad, así como hay una articulación con nueve ministerios y un anclaje federal, sobre todo con las provincias que se ven afectadas”, agregó el funcionario.
Las poblaciones vulnerables con afectación crítica en el suministro de agua potable son: en la provincia de Corrientes: Ituzaingó, Itatí, Lavalle, Paso de la Patria, Empedrado; en la provincia de Entre Ríos: Victoria, Santa Elena, Pueblo Brugo, Piedras Blancas, Hernandarias; en la provincia de Santa Fe: Pueblo Gaboto, San José del Rincón, Romang, Gato Colorado, Villa Minetti; en la provincia de Formosa: Formosa Capital y Clorinda; y en la provincia de Chaco: Villa Río Bermejito, Margarita Belén, Isla del Cerrito y Colonia Benítez.
En ese marco, la Subsecretaría de Gestión del Riesgo y Protección Civil del Ministerio de Seguridad de la Nación está centralizando la información brindada por las provincias afectadas por la emergencia hídrica, conforme al requerimiento efectuado en el Consejo Federal de Protección Civil realizado la semana pasada en la ciudad de Paraná.
A su vez, la Subsecretaría de Relaciones Financieras Internacionales para el Desarrollo, de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la Nación, se encuentra tramitando, ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la reorientación hacia el abordaje de la Emergencia Hídrica de la línea de crédito vigente destinada a Inundaciones y Terremotos. Este crédito es de 300 millones de dólares para atender gastos derivados de las consecuencias del evento climático.