El Gobierno nacional evalúa la posibilidad de instrumentar un "ingreso universal" y ya inició conversaciones con los gestores históricos de proyectos en ese sentido, entre ellos, el ex presidente Eduardo Duhalde y el director del Banco Nación, Claudio Lozano, de acuerdo a lo que publica hoy el diario La Nación. La medida, pensada en principio para la pospandemia de coronavirus, podría llegar para quedarse.
El presidente Alberto Fernández se había expresado al respecto en una entrevista. "Creo que sería bueno que nosotros garanticemos un ingreso universal a todos los argentinos. Me parece una salida válida, que en todo el mundo se está viendo y se está aplicando", dijo los primeros días de junio.
El proyecto implica un replanteo del sistema de planes sociales hacia un esquema universal, que muy posiblemente obligue a reformular los ingresos que nacieron en el marco de la crisis por el coronavirus.
Por estos días, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, analiza propuestas y organiza nuevas mesas de diálogo virtuales para estudiar posibles aplicaciones de un "salario universal”. Los alcances todavía son inciertos.
"Todo está bajo estudio. Estas son políticas que necesitan consenso, exceden a un gobierno. Estamos conversando con todos", dijo el ministro a La Nación. Y remarcó que el proyecto forma parte del "cambio estructural de lo social", que tiene tres ejes diferenciados: el trabajo, el ingreso, y el acceso a servicios básicos. Su plan, en lo inmediato, es recibir a dirigentes sindicales y referentes partidarios, como del sector privado.
Una posibilidad es que el proyecto sea una adaptación temporal del Ingreso Federal de Emergencia (IFE). Pero también podría ser una medida pensada a largo plazo que "absorber" los planes actuales, surgidos a partir de 2002.
De acuerdo a lo que trascendió, la semana pasada, Fernández y Arroyo le pidieron a Lozano que les enviara, actualizada, la propuesta de "Salario Universal" del Instituto Pensamiento y Políticas Públicas de su fuerza. Su proyecto propone eliminar las restricciones vigentes para los beneficiarios de ayudas sociales, como ocurre en el IFE, cuyas reglas impiden lo reciba más de un miembro del grupo familiar. Y la "renta definitiva", equivalente a un salario mínimo, vital y móvil, alcanzaría "a todos aquellos que tengan entre 18 y 65 años y no sean asalariados formales".
"Esto, sumado a la AUH, permitiría poner un piso de ingreso por hogar equivalente a la canasta familiar", explicó Lozano. Según sus cálculos, el plan conjunto alcanzaría a 16 millones de personas.