La Cámara de Diputados comenzó a sesionar este jueves a las 11.10 para tratar en una sesión especial los proyectos de legalización del aborto.
También se analiza el "Plan de los 1000 días" que establece una protección integral a la mujer embarazada y al niño hasta los primeros tres años de vida.
Afuera del Congreso, manifestantes de los sectores "verde" (a favor) y "celeste" (en contra) se manifiestan. Además, hay vigilias en ciudades del país como en Rosario (en la plaza San Martín).
En principio, habrá 170 oradores durante la larga jornada y se espera que la votación se dé recién el viernes.
Los legisladores de Santa Fe, en su mayoría, levantarían las manos a favor de las iniciativas: se estima que hay 11 a favor y 8 en contra.
El proyecto llega con cambios a Diputados: se incorporaron la objeción de conciencia en las instituciones médicas privadas y la posibilidad de que las adolescentes de 13 a 16 años tengan un acompañante o referente afectivo.
Una sesión histórica
La Cámara de Diputados protagoniza hoy un debate histórico en una sesión especial los proyectos de legalización del aborto y del "Plan de los 1000 días" que establece una protección integral a la mujer embarazada y hasta los primeros tres años de vida del niño.
La sesión especial fue citada para las 11 y se estima que se prolongará unas 20 horas, con lo cual los proyectos se pondrían a votación en la mañana del viernes.
El debate se realiza en la misma jornada en que se cumple un año del Gobierno del presidente Alberto Fernández, quien envió a la Cámara de Diputados los proyectos el pasado 17 de noviembre.
El proyecto
El dictamen de mayoría emitido por un plenario de comisiones establece que "las mujeres y otras personas con identidades de género con capacidad de gestar" tienen derecho a practicarse un aborto hasta la semana 14 del proceso gestacional.
Los diputados que promueven el aborto legal introdujeron cambios, para facilitar su sanción en el Senado, en lo referido a la objeción de conciencia de las instituciones sanitarias privadas.
En torno a ello se establece que aquellos centros de salud privados o de la seguridad social que no cuenten con profesionales para realizar la interrupción del embarazo por objeción de conciencia deberán prever y disponer la derivación a un lugar de similares características, donde se realice efectivamente la intervención.
Se incorporó además que para los casos de menores de 16 años que decidan abortar se requerirá su consentimiento y se procederá conforme lo dispuesto en el artículo 26 del Código Civil y Comercial, que indica que "la persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes legales".
La sesión de este jueves
La sesión especial se realiza desde las 11 en forma presencial, aunque se permitirá a los diputados que son parte de los grupos de riesgos por edad o enfermedad que lo hagan en forma virtual, en tanto se esperan marchas a favor y en contra en las adyacencias del Congreso.
El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, pidió que el debate sobre los proyectos de "los 1000 días" y de legalización del aborto se haga "con respeto y sin calificaciones" personales y que los legisladores puedan votar "sin presiones" y de acuerdo "con su propia convicción".
"Con templanza, seguridad y responsabilidad mañana (por hoy) trataremos dos leyes trascendentes que cruzan de manera horizontal" a la sociedad, agregó.
El paso del proyecto por el plenario de comisiones
El dictamen se emitió en un plenario de las comisiones de Legislación General, Legislación Penal, Mujeres y Diversidades y Acción Social y Salud Pública, que se realizó en el recinto de sesiones para permitir el distanciamiento social impuesto por la pandemia de coronavirus.
El texto que promueve el aborto legal logró 77 firmas, mientras que el dictamen de minoría reunió 30 y cuatro legisladores se abstuvieron.
El plenario fue conducido por la titular de la comisión de Legislación General, Cecilia Moreau, junto a sus pares de Legislación Penal, Carolina Gaillard; Acción Social y Salud Pública, Pablo Yedlin, y Mujeres y Diversidades, Mónica Macha, los cuatro del Frente de Todos.
Al abrir la reunión, Moreau destacó el nivel del debate que se desarrolló en las reuniones informativas, que calificó de "ordenado, prolijo y respetuoso".
La primera oradora fue la legisladora macrista y vicepresidenta de la comisión de Acción Social y Salud Pública, Carmen Polledo, quien señaló que "resulta extremadamente inoportuno tratar la legalización del aborto no solo por el contexto sanitario sino con los gravísimos problemas que estamos enfrentando".
"El aborto legal no está en la agenda de nuestras mujeres en estos momentos", agregó, y señaló que la "la solución pasa por la prevención del embarazo".
Yedlin replicó que "es un un tema de salud pública y es importante despenalizar" porque se dará así "un mensaje muy claro en todo el país".
"El aborto lamentablemente ocurre en la Argentina. No verlo es absolutamente falso. Miles de mujeres a lo largo de estos cien años de Código Penal han interrumpido en la clandestinidad embarazos. Y siguen haciéndolo", dijo Yedlin.
El radical José Riccardo dijo que celebraba que se esté "llegando a este debate" que, agregó, "no hubiera sido posible sin el debate del 2018 realizado en otro Gobierno". Y pidió que se analice en forma urgente una ley integral de educación sexual.
La diputada de Consenso Federal Graciela Camaño señaló que el dictamen de minoría "le cierra claramente el derecho a la vida a la persona por nacer" y consideró que va en contra de la Constitución, que "reconoce la vida desde la concepción".
La legisladora de izquierda Romina del Plá sostuvo que "el tratamiento de este proyecto de ley es sin lugar a dudas una conquista de la 'marea verde' y debe aprobarse sin dilaciones en ambas cámaras".
Movilizaciones al Congreso
En el Congreso Nacional y sus alrededores se montó un operativo de seguridad, que contempla la colocación de un vallado que divide la Plaza Congreso en dos. Comenzó a ser desplegado en las últimas horas de ayer para ordenar las manifestaciones a favor y en contra del proyecto que fueron convocadas para el jueves y el viernes.
El vallado divide la plaza hasta la calle Paraná, quedando del lado de la avenida Callao hacia Corrientes el espacio para quienes estén a favor del proyecto, identificados con el color verde, mientras que del lado de la avenida Entre Ríos hacia Belgrano estarán aquellos opositores a la iniciativa, referenciados en el color celeste.
Plan de los 1.000 días
El proyecto de ley que el martes se acordó tratar sobre tablas en la Cámara baja se llama en realidad “Ley Nacional de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia” y es conocido también como el plan de los 1.000 días, porque según anunció el presidente Alberto Fernández, apunta a “bajar la mortalidad, malnutrición y desnutrición, además de prevenir la violencia, protegiendo los vínculos tempranos, el desarrollo emocional y físico y la salud de manera integral de las personas gestantes y de sus hijos e hijas hasta los 3 años de vida”.
Pablo Yedlin, el diputado tucumano del Frente de Todos que preside la comisión de Salud Publica y Acción Social, estuvo al comando del plenario que se hizo en gran parte en modo presencial. Fue la primera vez que se utilizó esta modalidad desde que por la pandemia en abril se había pasado a las sesiones mixtas.
Por eso hubo una desinfección profunda del salón que se empleó para la reunión, uso de tapabocas para todos los presentes y todos se ubicaron sentados silla de por medio para que se respete el distanciamiento social. Algunos legisladores se conectaron en modo virtual, a través del sistema VPN.
La normativa incluye el abordaje especial para la detección oportuna de riesgos durante el embarazo, como por ejemplo, el caso de presunción de trombofilia
Antes de la aprobación, Yedlin leyó algunas modificaciones en el texto del proyecto de ley, que abarcaron más de 10 artículos.
Según se desprende del texto del proyecto, se establece una nueva asignación por Cuidado de Salud Integral, que consiste en el pago de una Asignación Universal por Hijo a concretarse una vez por año para ayudar al cuidado de cada niño o niña menor de tres años. Extiende, al mismo tiempo, la Asignación Universal por Embarazo (AUE), que pasará de tener seis mensualidades a nueve, para abarcar la totalidad de la gestación.
También se amplía el pago por Nacimiento y por Adopción a las personas beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que hasta ahora están excluidas de este beneficio.
El Programa también prevé la provisión pública y gratuita de insumos esenciales durante el embarazo y para la primera infancia, coordinando y ampliando los programas existentes, y la creación del Sistema de Alerta Temprana de Nacimientos y el Certificado de Hechos Vitales con el objeto de garantizar el derecho a la identidad de las niñas y niños recién nacidos.
Entre los insumos, se menciona la provisión de medicamentos esenciales, vacunas, leche, alimentos para el crecimiento y desarrollo saludable en el embarazo y la niñez.
El proyecto destaca, además, el “derecho a la protección en situaciones específicas de vulnerabilidad” para las “niñas y las niñas con necesidad de cuidados especiales en sus primeros años”, “personas que cursen embarazos de alto riesgo” o padezcan “trombofilia”, “mujeres u otras personas gestantes en situación de violencia por razones de género” y “niñas y adolescentes embarazadas”
Si resulta aprobada por el Congreso se creará, además, en el ámbito del Ministerio de Salud, una Unidad de Coordinación Administrativa “para la atención y el cuidado integral de la salud de las mujeres y personas gestantes durante el embarazo y de sus hijos hasta los tres años”.
“Esta Unidad tendrá como función el abordaje integral y la coordinación de las acciones necesarias para la plena implementación de lo establecido en la presente ley”, se precisa sobre dicha unidad, que además estará integrada por representantes de otras dependencias estatales como el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, Desarrollo Social, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), Ansés, Renaper y el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.
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