A un año del intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner el 10 de septiembre pasado, la Fiscalía sostiene que fue una acción "premeditada" del agresor Fernando Sabag Montiel y de su novia, Brenda Uliarte. El fiscal federal Calos Rívolo ya hizo el requerimiento de elevación a juicio.
Rívolo, quien tiene delegada la investigación por el intento de asesinato, descartó, de momento, que existieran autores intelectuales por detrás del hecho.
Para el fiscal, los acusados idearon "un plan para llevar a cabo el asesinato de la Vicepresidenta de la Nación", según plasmó en el dictamen que presentó a fin de mayo pasado, en el que advirtió que no se hallaron elementos como para afirmar que tras los autores materiales existieran distintos autores intelectuales.
El fiscal sostuvo que el plan criminal se habría comenzado a pergeñar en abril de 2022, cuando Sabag Montiel consiguió la pistola que había sido de un vecino ya fallecido.
Los atacantes habían pensado incluso en alquilar un departamento en el barrio porteño de Recoleta para apostar allí un francotirador, según se desprende de la reconstrucción de conversaciones de WhatsApp.
"De la lectura de la conversación que antecede y del audio enviado por Uliarte surge de forma incontrastable que los imputados tenían intenciones de atentar contra la Vicepresidenta en un contexto de reunión con gente afín a ella", señaló el fiscal tras repasar conversaciones.
Rívolo recordó Sabag Montiel estaba presente en la manifestación que esa noche se realizó en la puerta de la casa de la Vicepresidenta. Desde ese lugar "le iba relatando en tiempo real los movimientos" de la exmandataria a Uliarte, esperando "el momento ideal para poder llevar a cabo el hecho".
En base a esto, el fiscal precisó que "ambos planeaban cómo llevarlo adelante sin ser descubiertos, evaluando qué es lo que iba a suceder una vez que él disparara el arma".
Por esos días, en los accesos al departamento de la Vicepresidenta en el barrio porteño de Recoleta se sucedían las manifestaciones de apoyo a la mandataria luego de que el fiscal Diego Luciani pidiera que la condenaran a 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, en el marco de la causa Vialidad.
No hay pruebas de que hayan recibido "asistencia" para el atentado
Rívolo remarcó que "más allá de la indudable conmoción política que generó el intento de asesinato de una Vicepresidenta de la Nación, hecho de enorme gravedad institucional", no se encontraron pruebas de vínculos con agrupaciones o personas que pudieran haber facilitado "asistencia para el suceso", en alusión al atentado.
"De todos los teléfonos secuestrados y analizados no surgió vínculo alguno de los nombrados con ninguna agrupación o persona que a esta altura permitiera siquiera sospechar sobre la posibilidad de que se les hubiese brindado asistencia para el suceso", manifestó el fiscal en el requerimiento de elevación a juicio.
Destacó que tampoco se hallaron "elementos relevantes en los entrecruzamientos telefónicos, ni en la geolocalización de los dispositivos", como tampoco en los "movimientos financieros", que apunten a la presunta colaboración de terceros con dinero para financiar el atentado.
"La actividad desplegada por los nombrados para llevar a cabo el ataque no requirió -por sus características- de financiamiento económico ni de recursos extraordinarios", advirtió.
"El día del hecho se trasladaron en transporte público y se aproximaron al lugar como lo habían hecho días anteriores -a pie- a lo que se sumó la obtención del arma de fuego perteneciente" al vecino fallecido de Sabag Montiel, agregó Rívolo.
"Con la pistola oculta entre sus ropas, el nombrado se ubicaría entre los seguidores de su víctima, disimulado como uno más, con el objeto de lograr acercarse a ella y ejecutar su designio criminal", añadió.
La causa sigue con tres detenidos hasta el momento
Rívolo dio por cerrada la investigación en relación a los tres detenidos pero advirtió que como restan concretar medidas de prueba en base a hipótesis sobre otros posibles partícipes y/o autores intelectuales "es que consideramos que corresponde que V.S. ordene la extracción de testimonios para continuar avanzando en la investigación de aquellos supuestos".
El tercero de los detenidos es Nicolás Gabriel Carrizo, indicado como jefe de Uliarte y Sabag Montiel en la venta callejera de copos de nieve azucarada, quien tras el ataque se mostró con la imputada en un programa televisivo.
Además, Carrizo registraba en su teléfono celular decenas de mensajes en las que se jactaba de haber estado detrás del atentado.
A Sabag Montiel, el fiscal le imputó "haber intentado matar, de manera premeditada, a Cristina Elisabet Fernández de Kirchner (,,,), contando para ello con la planificación y acuerdo previo de Brenda Elizabeth Uliarte y Gabriel Nicolás Carrizo".
Sabag Montiel, "aprovechando el estado de indefensión en virtud de la multitud existente, apuntó hacia el rostro" de la expresidenta "a corta distancia, una pistola semiautomática de acción simple", detalló.
El hombre, siguió Rívolo, "llevó a cabo su plan delictivo hasta el final, al accionar el gatillo con el arma cargada, perfectamente apta para producir disparos y con ello la muerte de la víctima".
Fue un "contexto" de "aglomeración de personas, que se expresaban con cánticos partidarios, gritos de ovación, manifestaciones de apoyo, celulares alzados sobre las personas, etcétera, que Sabag Montiel, Brenda Uliarte pergeñaron y utilizaron para lograr su cometido: acercarse a la víctima -a traición y sobre seguro-, como dos militantes más, ocultarse en el grupo y llegar Sabag Montiel hasta escasos centímetros de su persona con un arma, gatillar a una distancia mínima que no diera margen posible de defensa y asegurara el resultado buscado", sostuvo.
Los imputados utilizaron el "contexto de aglomeración de personas" para acercarse a la víctima como dos militantes más y llegar a escasos centímetros con el arma.
El procesado por el ataque del 1° de septiembre pasado a metros de la vivienda de la víctima en el barrio porteño de Recoleta, agregó Rívolo, "actuó de un modo que no hubiera hecho si otra hubiese sido la situación", y remarcó: "Es el estado de indefensión de una persona lo que motiva o decide a cometer el delito".
Luego subrayó que "el operativo de la custodia vicepresidencial, tal como fue llevado a cabo y más allá de cuánto resulta objeto de las investigaciones penal (en la causa conexa) y administrativa, no logró disuadir, advertir ni evitar la actividad criminal desplegada por Sabag Montiel contra la Vicepresidenta de la Nación".
Por último, el fiscal reclamó que se juzgue a Sabag Montiel como autor de por "homicidio doblemente calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, agravado por el empleo de un arma de fuego, en grado de tentativa".
Por los mismos delitos, como coautora, pidió juicio para Uliarte y por la misma calificación como partícipe secundario para Carrizo.