La ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Celia Arena, firmó este martes, en la sede de Gobierno en la ciudad de Rosario, un acta compromiso de solución amistosa con familiares de Vanesa Celma, víctima de femicidio en 2010; a raíz de la denuncia interpuesta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por su padre, Francisco Celma, y continuada luego por sus hijos.
Al respecto, Arena afirmó que “este acuerdo fue trabajado mucho tiempo, con el aporte y la presencia de la familia, de su abogada, con Nación y con Provincia”; y destacó la “decisión muy clara de nuestro gobernador Omar Perotti en avanzar en esto para poder dar esta respuesta desde lo institucional. El Estado es responsable por las cosas que hace, por las políticas públicas que lleva adelante y también es responsable por lo que no hace; tenemos bien en claro que lo contrario al olvido no es sólo la memoria, es también la justicia”, aseguró.
La funcionaria recordó que la actual gestión “introdujo una capacitación obligatoria en perspectiva de género y diversidad a quienes aspiran a ingresar al Poder Judicial”, así como “políticas públicas que se instrumentaron y se están instrumentando en el Ministerio de Seguridad”.
“El Estado, nacional y provincial, avanzó en una construcción conjunta, se hizo un trabajo codo a codo, y hoy estamos dando una especie de cierre. Vanesa no vuelve, pero de alguna manera con esta reparación vuelve su presencia en términos positivos de que esto no vuelva a suceder”, concluyó Arena.
En tanto, la abogada de la familia, Juliana Tagliatti, indicó que “luego de esa denuncia ante la CIDH, siendo admitida la misma, se comenzó con una instancia de diálogo con el gobierno Provincial y Nacional, que afortunadamente ha llegado a consensos y hoy estamos celebrando este acuerdo que, a mí a, nivel personal me emocionó mucho, más allá de a nivel jurídico, por lo que se logró. Fueron muchos años de espera”.
Vanesa Soledad Celma falleció el 22 de noviembre de 2010 como consecuencia de las quemaduras provocadas el 29 de junio de ese mismo año, al encontrarse discutiendo con quien fuera su pareja, Omar Díaz. Las primeras medidas de investigación estuvieron a cargo de la policía, que lo catalogó como “tentativa de suicidio”.
Posteriormente, se dieron una serie de situaciones irregulares en la investigación que incluyó el desconocimiento de todos los elementos que permitían reconstruir lo sucedido, prima facie, como un intento de femicidio por parte de la pareja. Los elementos secuestrados fueron perdidos en la Comisaría y se optó por excluir del caso la mirada de género. Por este motivo, se imputó a los policías por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y violación de documentos. Las causas resultaron en el sobreseimiento de los acusados y, en el caso de Omar Alberto Díaz, el Juzgado decidió archivar la causa.
En noviembre de 2022, el Tribunal Colegiado de Instancia Única de Familia de la 3ª Nominación de Rosario sentenció extender a los tutores especiales designados de la niña hija de Vanesa la posibilidad de tramitar y cobrar la reparación por responsabilidad internacional del Estado, por la falta de debida investigación de los hechos que determinaron el fallecimiento de la mujer como consecuencia de las quemaduras provocadas en un contexto de violencia de género, y por pedido de la CIDH.
Así, tanto la parte peticionaria como la Provincia de Santa Fe, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, se manifestaron de acuerdo en torno a iniciar conversaciones tendientes a explorar la posibilidad de arribar a un acuerdo de solución amistosa. En este sentido, se definió una agenda de trabajo y se realizaron diversos encuentros para avanzar en las negociaciones.
En ese marco, se logró arribar a un entendimiento razonable, en virtud del cual el Estado provincial asume el compromiso de realizar las gestiones pertinentes para reparar integralmente a las víctimas, entre ellas:
Medidas de satisfacción; reconocimiento público de responsabilidad de la provincia de Santa Fe en los hechos; acto de disculpas públicas y desagravio; colocación de una placa para honrar a Vanesa Soledad Celma; medidas de no repetición, con la elaboración de una guía específica de actuación, con perspectiva de género, para integrantes de las fuerzas de seguridad de la Provincia de Santa Fe, en situaciones de mujeres quemadas por su agresor; inclusión de los antecedentes del caso y del acta compromiso en la capacitación obligatoria en la temática de género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial); medidas de compensación económica a los hijos de Vanesa Soledad Celma; y de rehabilitación con la incorporación de los hijos de la víctima al Régimen de Reparación económica para las niñas, niños, adolescentes (REENYA), víctimas de femicidio.
Participaron de la firma Jorgelina Celma y Franco Iván Gutiérrez, quienes actúan como tutores especiales de Malena y Alexander Díaz, hija e hijo de Vanesa Celma, este último también presente, entre otros familiares.
Además, la secretaria de Derechos Humanos de la Provincia, Lucila Puyol; el director General de Promoción y Protección de Derechos Humanos, Fabricio Trossero; las subsecretarias de Políticas de Igualdad y Diversidad del Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad, Nerea Tacari; y de subsecretaria de Políticas contra la Violencia por Razones de Género, Antonela Alessiato.
En representación del Gobierno Nacional, la directora Nacional de Asuntos Jurídicos Internacionales en materia de Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, Gabriela Kletzel; y el director de Contencioso Internacional en Materia de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación, Javier Salgado.