Las empresas del sector de medicina privada comenzaron a notificar a sus afiliados sobre un próximo aumento del 6,97% en las cuotas para el mes de octubre. Este anuncio generó controversia, ya que contrasta con la medida de congelamiento anunciada por el ministro de Economía, Sergio Massa.
Los afiliados de empresas de medicina prepaga están recibiendo comunicaciones en las que se les informa que la cuota aumentará 6,97% a partir de octubre, contraponiéndose al anuncio del congelamiento por 90 días anunciado por el titular de Palacio de Hacienda.
Este no es el único aumento previsto por estas compañías, ya que las facturas de septiembre muestran un alza del 7,18%. De esta manera, si el gobierno no emite el decreto correspondiente, entre el noveno y décimo mes del año se acumulará una suba de alrededor de 14%.
En este contexto, el ministro de Economía dijo este jueves que había convocado a las empresas del sector para una reunión que tendría lugar este viernes por la tarde, en la que les exigiría que cumplan con el congelamiento.
A pesar de la declaración de Massa, las empresas argumentan que, dado que no existe un decreto oficial que respalde el congelamiento, están enviando los avisos de aumento conforme a la normativa vigente.
El domingo último, Massa incluyó entre los anuncios que hizo después de la devaluación aplicada tras las Paso la suspensión por 90 días del aumento de la medicina prepaga para las familias con ingresos que no superen ingresos por dos millones mensuales.
Desde 2022, el aumento de las cuotas de las prepagas se establece según la variación del índice de costos de salud, que es elaborado y publicado por la Superintendencia de Servicios de Salud.
Alternativas que estudian las prepagas
Entre las alternativas que analizan las empresas de medicina privada está la de judicializar la medida o cobrar copagos (una situación que ya se viene dando en muchos puntos del país), y también congelar los aranceles de los prestadores, lo que es rechazado de plano por clínicas y sanatorios.
Esa última opción fue rechaza por las cámaras del sector prestador, que advirtieron que no la pueden soportar y que, de realizarse, generaría una crisis en todo el sistema.