Con el tiempo, algunos quiebres históricos parecen lógicos, como algo natural que debía ocurrir. Pero que la democracia haya juzgado a los principales responsables militares de la dictadura que tomó el país desde 1976 es un logro que se gestó en medio de la transición de un sistema a otro. Allá, en aquel 1983 clave, cuando los genocidas tenían poder e influencias, se sembró la chance de revisar los crímenes de lesa humanidad.
El 28 de abril de ese año final, el gobierno de facto emitió el "Documento final de la Junta Militar sobre la guerra contra la subversión y el terrorismo" que dio por muertos a los desaparecidos (minuto 37) y pretendió saldar las acusaciones por los delitos cometidos.
Por cadena nacional, el mensaje implicó una doble novedad: la construcción de un relato para la futura impunidad y el uso de la televisión (incluye recortes de diarios, fotos, videos, efectos e incluso planos de amaneceres o un zoom al cielo).
Una de las definiciones de la dictadura fue convertir los secuestros ilegales, torturas, violaciones, robo de bebés (y también de bienes y propiedades), homicidios y desapariciones en “errores” que dejaban sujetos al “juicio de dios” (25.20).
Con una guitarra de fondo, el locutor presenta la “síntesis histórica” como “un mensaje de fe y reconocimiento a la lucha por la libertad” destinado al “pueblo de Nación víctima de una agresión”, por el accionar de grupos armados que apostaron a la violencia política (habla de una “guerrilla rural” que mutó a urbana).
Al minuto 30, el audiovisual señala que cualquier información sobre condenados, detenidos y "bajas" estaba a "disposición para consultas en el Ministerio del Interior". Al otro día, los familiares hicieron colas para conocer datos sobre el paradero de los desaparecidos.
Ya en esa tapa de fines de abril del diario Clarín se abría, en paralelo a las críticas y demandas por el Documento final, el debate que venía: la herramienta legal que el Ejército preparaba para una “autoamnistía”.
Sin plazos, con objetivos
El ocaso del Proceso de Reorganización Nacional no puede entenderse sin la derrota argentina en la guerra de Malvinas de 1982. La caída de Leopoldo Galtieri implicó el ascenso de Reynaldo Bignone pero también el fin de las aspiraciones de las Fuerzas Armadas a perpetuarse en el poder. ¿Antes de ese hecho traumático, cuál era el plan de la dictadura cívico militar?
La historiadora Gabriela Águila rastreó la respuesta a ese interrogante en el origen del régimen: “En los documentos que elaboran las Fuerzas Armadas en el momento del golpe de Estado de marzo de 1976 y en todas las declaraciones que hacen los altos jefes militares, se planteó reiteradamente que no tenían plazos sino objetivos. Esto lo decía (el primer dictador Jorge Rafael) Videla en distintos momentos, en el año 76 y en el 77: las Fuerzas Armadas volverán a sus funciones profesionales cuando se hayan cumplido los objetivos fijados al momento del golpe de Estado”.
Un planteo similar hicieron los militares que derrocaron al presidente Arturo Illia en 1966, con la Revolución Argentina y el general Juan Carlos Onganía a la cabeza. Régimen que se prolongaría también siete años en el poder (hasta 1973).
“Pero –aclaró Águila– una cosa fueron los objetivos o las declaraciones en los tramos iniciales de la dictadura y otra cosa bien distinta las posibilidades o el margen que las Fuerzas Armadas tuvieron para cumplir con esos objetivos. La Junta Militar tenía previsto, efectivamente, permanecer en el poder al menos hasta 1984. Hay documentos de 1979, 80, 81 que prueban eso".
“Sin embargo, tuvieron que dejarlo bastante antes de lo que esperaban luego del fracaso militar en la guerra contra Gran Bretaña, que se sumaba a otra serie de crisis y conflictos en materia económica, social y política que justamente aceleraron los tiempos de la salida constitucional”, agregó a Rosario3 la profesora de historia en la UNR e investigadora del Conicet.
Una pacificación tardía
En 1983, los partidos políticos aceitaban su regreso al primer plano tras seis de años de clausura. Si bien no fueron prohibidos en su totalidad, el golpe del 24 de marzo "suspendió la actividad política". Con la asunción de Bignone en julio de 1982, esa veda se cayó y empezó la transición.
Junto con la publicación del Documento final, la dictadura inslató la idea de una amnistía antes de las elecciones de octubre. En agosto, semanas previas a la sanción de la ley o decreto, el gobierno de facto debatía los términos de esa normativa puertas adentro y los medios reflejaban esa atmósfera.
Para Aguila, ese intento de crear un instrumento legal que garantice impunidad por eventuales investigaciones a la salida del poder “se produjo en forma relativamente tardía, si lo comparamos con lo que sucedió en Chile, Brasil o Uruguay, que fue bastante más temprana”.
“Las Fuerzas Armadas –continuó la historiadora– pretendían cerrar el capítulo de la represión con una ley que evitara que los acusados y sospechados de haber violado los derechos humanos pudieran ser investigados y, obviamente, castigados”.
La certeza de una inminente ley generó “un movimiento muy intenso, pronunciamientos de organismos de derechos humanos, de entidades políticas, marchas, concentraciones, que justamente rechazaban la denominada ley de pacificación y, además, reclamaban saber qué era lo que había sucedido con las personas desaparecidas”, aclaró la autora del libro "Historia de la última dictadura militar".
“Sin embargo, también hay que tener en cuenta que no todos los sectores políticos rechazaban una amnistía. Y esas posiciones divergentes se expresaron en la campaña electoral, que estaba sucediendo en ese mismo momento", aseguró Aguila.
Si bien Italo Luder, el candidato del peronismo, se manifestó en contra de la amnistía en un primer momento y dijo que la derogaría (ver artículo abajo), la cúpula del PJ “parecía estar de acuerdo con mantener la ley de pacificación con el argumento de que sus efectos serían irreversibles”.
“Mientras que –matizó Aguila– el candidato radical, Raúl Alfonsín, que además hay que recordar que había sido uno de los fundadores de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos (APDH), construyó su campaña planteando en su agenda la necesidad de investigar y enjuiciar a los responsables de delitos de lesa humanidad. Pero también al interior del partido, de la Unión Cívica Radical, había divergencias, porque el sector liderado por Fernando de la Rúa proponía una salida negociada con los militares y además aceptaba la ley. El arco de cuestionamientos, de condena o de rechazo a la ley de autoamnistía no fue tan amplio como podría suponerse”.
El 22 de septiembre Bignone promulgó la “Ley de Pacificación Nacional” (22 924). El Ejército sumó otros dos pasos. En octubre, dictó el decreto confidencial 2726/83 para "dar de baja" la documentación sobre las personas detenidas durante la dictadura. En noviembre, el Ejército ordenó la "incineración de toda documentación relacionada con la lucha contra la subversión”, impartida por el entonces teniente general Cristino Nicolaides (un “radiograma” del 23 de noviembre).
El olvido y el perdón estaban escritos. Pero no todo estaba dicho.
La derogación que bifurcó los caminos
Tras el triunfo electoral de Alfonsín del 30 de octubre, que llegó a denunciar un pacto entre los militares y los sectores sindicales, el radical cumplió con su promesa. Asumió el Ejecutivo el 10 de diciembre de 1983 y antes de fin de año el Congreso derogó la ley de autoamnistía.
“El derrumbe del gobierno militar inviabilizó la autoamnistía, a diferencia de lo que sucedió en los países del cono sur. Eso abrió un camino que fue pionero para la investigación de las violaciones de los derechos humanos, el juzgamiento y finalmente la penalización de algunos de los máximos responsables en el juicio a las juntas de 1985”, recordó Aguila.
"Las Fuerzas Armadas habían perdido toda su legitimidad política a causa del fracaso económico, político y militar del gobierno, así como ese rol clave que habían desempeñado en el sistema político-institucional durante el siglo XX, cerrando el ciclo de alternancia entre civiles y militares que lo había caracterizado y dando inicio además a la fase democrática más extensa que conoce la historia nacional", analizó la historiadora.
El proceso dejó herencias a mediano y largo plazo con "efectos individuales, familiares, generacionales y sociales de la represión ilegal que fueron más allá de los afectados directos, por la centralidad del problema para los gobiernos postdictatoriales que debieron ocuparse del tema a través de distintas políticas de memoria".
La secuencia continuó por décadas: "La investigación realizada por la Conadep y el Informe Nunca Más, el juicio a las juntas de 1985, las distintas políticas de reparación a las víctimas de la represión, las estrategias judiciales para penalizar los delitos de lesa humanidad, pero también las políticas de olvido, las leyes de obediencia de vida y punto final del alfonsinismo, los indultos del gobierno de Menem. La cuestión ha persistido en la construcción de una memoria sobre la dictadura, de una memoria social o intergeneracional que colocó en primer plano el problema".
Claro que ese no es el único impacto que perduró y perdura en estos 40 años. Las políticas económicas modificaron la estructura productiva pero también lo hizo el neoliberalismo de los 90, con un gobierno democrático.
"Finalmente –siguió Aguila–, se ha postulado que la dictadura produjo efectos aún visibles en algunas actitudes presentes en la sociedad argentina actual, tales como el individualismo, elementos autoritarios, aunque eso es más difícil de comprobar empíricamente y seguramente pueda ser explicado o analizado mejor desde otras disciplinas que desde la historia".
Aguila escribió “Dictadura, represión y sociedad en Rosario” en 2008 y este año actualizó su trabajo con “Historia de la última dictadura militar”. En esa década y media su mirada sobre ese proceso “cambió mucho”.
Con los años hubo un “enorme desarrollo” de investigaciones sobre esa etapa y el aporte de “nuevas preguntas”. Por eso pudo pasar de “estudiar las dinámicas represivas” con “perspectivas más fragmentarias” a “plantear una mirada panorámica en el último libro”. “Traté de construir una síntesis y sistematizar una interpretación”, resumió la escritora y profesora.
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