Las imágenes asociadas con la transición de la última dictadura cívico militar a la democracia giran en torno al triunfo de Raúl Alfonsín en las elecciones y el regreso de la gente a la calle, en una virtual caída repentina de un régimen autoritario. Pero aquel año 1983 fue mucho más complejo y contradictorio, una melaza que une crímenes de lesa humanidad –que tuvieron a Rosario como sede– con los nietos recuperados de Abuelas de Plaza de Mayo o los cuestionamientos públicos a los militares durante la campaña.
La historiadora Gabriela Aguila señala que el denominado Proceso de Reorganización Nacional “tuvo distintas fases y es una etapa histórica difícil de analizar si se la mira como algo homogéneo”.
“No es lo mismo el momento del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, cuando las Fuerzas Armadas logran concitar un caudal de apoyos sociales y políticos muy alto que lo que sucede en el tramo final de la dictadura”, dice Aguila a Rosario3 y explica que el inicio de la transición puede ubicarse en distintas fechas.
Las “más obvias” son las elecciones del 30 octubre de 1983 o el traspaso del mando a un presidente civil en diciembre. “Pero las interpretaciones que son en general las dominantes hacen foco en el impacto que tuvo la derrota en la guerra de Malvinas contra Gran Bretaña en 1982, cuando se iniciaría el derrumbe o el colapso del régimen militar”, repasa.
“Sin embargo –agrega la doctora en Historia por la Universidad Nacional de Rosario (UNR) e investigadora del Conicet–, para 1981 la dictadura estaba mostrando síntomas de resquebrajamiento del poder. Autores afirman que el inicio de la última fase hay que ubicarla alrededor de 1979-1980. No hay consenso sobre el punto de inicio. Lo que sí es cierto es que el final de la dictadura, o sea a fines de 1983, fue precedido por un periodo relativamente extenso de crisis política-institucional, de deslegitimación que se volvió terminal después de Malvinas. Ese es un punto de no retorno".
La idea de un ocaso abrupto, aclara la autora de "Historia de la última dictadura militar", tiene que ser “relativizada porque el poder venía siendo socavado desde antes por las tensiones, por las fracturas internas del bloque golpista, por el fracaso del proyecto autoritario, la crisis económica, la creciente movilización social y las demandas democráticas de casi todo el espectro político partidario, por lo menos desde 1981”.
La prueba de que esa retirada fue lenta está en que “los militares se mantienen en el gobierno casi un año y medio más y tienen todavía margen de maniobra para definir o para incidir en los tiempos, las modalidades, de su salida del poder”.
Secuestrar, matar, mentir
El 14 de mayo de 1983, un grupo de tareas secuestró a los militantes peronistas Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi en el bar Magnum de Rosario, en Córdoba al 2700.
Los torturaron y asesinaron. Sus compañeros denunciaron la desaparición y tres días después sus cuerpos fueron hallados en Zárate, provincia de Buenos Aires.
La versión oficial afirmó que existió un enfrentamiento armado entre los “subversivos”, así los presentaron los partes de la Policía y el Ejército, y una guardia policial.
No fue ese un procedimiento inédito. Desde el golpe de 1976, el gobierno de facto detuvo a personas de forma ilegal, las trasladó a Centros Clandestinos de Detención (CCD) y las interrogó bajo tortura.
El destino se resolvía de forma posterior: se los blanqueaba como presos políticos, se los mataba y hacían aparecer los cadáveres con el relato de falsos enfrentamientos o bien los desaparecían.
En este caso emblemático, Inteligencia del Ejército realizó la detención en Rosario y después entregó a las víctimas a la Policía bonaerense.
Cambiaso y Pereyra Rossi eran dirigentes de la Juventud Peronista y Montoneros que habían estado en el exilio. Fueron, junto a Raúl Yager días antes en Córdoba, los últimos crímenes del proceso militar. La propaganda oficial le adjudicó a éste último un supuesto plan para asesinar dirigentes y sindicalistas, como el influyente Lorenzo Miguel, secretario general de las 62 organizaciones.
“El Viejo” Cambiaso y “Carlón” Pereyra Rossi formaban parte del nuevo grupo Intransigencia y Movilización Peronista (IMP), un intento de Montoneros de ingresar a la vida política que se abría con los comicios.
El dirigente Vicente Leónidas Saadi era la cara visible del grupo, director además del diario “La Voz”. Ese medio fue el primero en revelar la trama de fondo de los crímenes. La tapa del domingo 19 de junio, cuando quedaron demorados tres policías acusados, salió al cruce de la versión oficial y denunció: “Los fusilaron”.
El caso evidencia que el terror ya no era una muralla de silencio homogéneo. Las autopsias e informes médicos desnudaron la farsa. Los cuerpos tenían golpes y signos de haber sido torturados. Los disparos del supuesto “enfrentamiento” se habían efectuado a menos de 50 centímetros.
Osvaldo Cambiaso, ingeniero químico de 42 años, fue despedido en un entierro masivo realizado en Rosario.
“Estaba clarito que la intención de los aparatos de inteligencia era llevarse a los que más pudieran antes de que se abriera la etapa preelectoral propiamente dicha", dijo Hugo Basso, amigo de las víctimas, en una extensa entrevista con Télam. Si bien recordó que había “cámaras de televisión de todo el país filmando" el velorio, esos videos no aparecieron.
“No sé qué pasó con eso, no vi nada más porque al salir del cementerio ya me seguían y estuve un tiempo escapando de la patota”, agregó a Rosario3. Quedan sí, las fotos de la cobertura del diario La Capital.
Meses antes de regresar al país del exilio para participar del armado político del peronismo de cara a las elecciones, Pereyra Rossi dio una entrevista en donde habla de la militancia y su generación.
¿Qué buscaba la dictadura con esos golpes? ¿Querían evitar que la izquierda peronista actuara en las internas del PJ de ese año? ¿O es que las patotas nunca dejaron de estar activas? “Ese objetivo no está claro en lo absoluto”, diferencia por su parte Aguila y desarrolla: “La izquierda peronista o lo que quedaba de ella no podía ser considerada un adversario político de peso en esa coyuntura”.
“Desde otro punto de vista –sigue–, las patotas o los grupos de tareas y, sobre todo, los servicios de inteligencia se mantuvieron activos durante toda la dictadura y también después de las elecciones de 1983”. El robo en los Tribunales provinciales de octubre de 1984 en Rosario, ya en democracia, con el objetivo de sustraer pruebas de la primera causa judicial contra el aparato represivo local son una evidencia de eso.
La historiadora señala que “la vigilancia, el control y la atención sobre los considerados subversivos o lo que se denominó en los 80 el rebrote subversivo se registró a lo largo de todo el periodo y con mucha intensidad”.
“Esos grupos o patotas llegaron incluso a actuar en forma casi autónoma y también fueron una característica del despliegue represivo en los años de la dictadura. El caso de los asesinatos de esos ex militantes montoneros que actuaban en el país dentro de una corriente interna del PJ, Intransigencia y movilización, creo que podría ser pensada también dentro de esas lógicas constitutivas del aparato represivo”, analiza.
El crimen de Cambiaso y Pereyra Rossi quedó impune en un primer momento hasta que las causas de lesa humanidad fueron reabiertas. Se anularon las leyes de impunidad (obediencia debida y punto final) y el comisario Luis Patti, quien llegó a ser intendente de Escobar, localidad donde se sembró el asesinato, fue condenado en 2016 a cadena perpetua junto a otros acusados.
“Un momento muy dinámico”
Semanas después de ese doble homicidio que mantuvo vigente el Terrorismo de Estado, el 12 de junio, empezaban las internas de la Unión Cívica Radical (UCR) que consagrarían a Raúl Alfonsín como candidato presidencial. El Partido Justicialista definiría, más adelante, la fórmula Luder-Bittel. En esos días, además, Abuelas de Plaza de Mayo recuperó a Tamara Arze, la nieta número 6. Serían ocho en total ese año.
Tamara nació el 22 de julio de 1974 y desapareció cuando tenía dos años, el 13 de junio de 1976. Su mamá, Rosa Mary Riveros, fue secuestrada y los efectivos de las fuerzas de seguridad la dejaron con unos vecinos. La madre de Tamara fue liberada en 1981 y salió del país encomendando a Abuelas de Plaza de Mayo la búsqueda de su hija.
"El 12 de junio de 1983 la niña fue localizada en Guernica, provincia de Buenos Aires. Se reencontró con su madre con quien vive desde entonces en Suiza”, informa el sitio de Abuelas sobre a nieta 6.
Con apenas un mes de diferencia, la dictadura daba sus últimos golpes de lesa humanidad, comenzaban las elecciones y Abuelas afianzaba una lucha que la convertiría en emblema de los derechos humanos a nivel global. Así de compleja y contradictoria fue la transición hacia la democracia, que cumple ahora 40 años.
Para Aguila, ese proceso “debe analizarse de modos menos estáticos que los habituales”. “Es un periodo de mucha actividad política y conflictividad social, con actores muy diversos planteando sus demandas. Y aunque los militares están en el poder y controlan la situación hasta el traspaso de mando en diciembre del 83, pierden espacio y margen de maniobra”, dice.
“La visibilidad –continúa–, la legitimidad, el acompañamiento social y político que concita el movimiento de derechos humanos hacia 1982 y 1983 explica fenómenos como el hallazgo de menores apropiados, pero también esto que se conoce con el nombre de show del horror: la difusión pública y espectacular a través de los medios de comunicación del hallazgo de tumbas con cadáveres sin identificar en muchos cementerios del país que correspondían a personas desaparecidas. Esto pasa sobre todo en Buenos Aires, pero no únicamente”.
Por todo eso, la historiadora define: “El período final de la dictadura es un momento muy dinámico, en términos políticos, en términos sociales, en donde la cuestión de los derechos humanos fue uno de los temas centrales y así debe ser visualizado”.