El acceso a educación de calidad para los niños, niñas y adolescentes con discapacidad presentó una «importante brecha» en América Latina «agravada» en el contexto de pandemia del coronavirus, según un nuevo estudio del Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación (IIPE) de la Unesco.

«Todavía hoy, la educación inclusiva suele verse como una propuesta compleja o difícil de abordar», resaltaron los autores de la publicación «Reconstruir la educación, no las barreras», Sergio Meresman y Cynthia Brizuela, en una comunicado difundido hoy por la Unesco.

El estudio planteó que existe una «importante brecha» en el acceso a educación inclusiva de calidad para las personas con discapacidad en América Latina que se «agravó» en el contexto de la pandemia de coronavirus, e impactó «con especial crudeza» en los grupos más frágiles y estructuralmente relegados.

El documento del IIPE sostuvo que las situaciones de exclusión y segregación de la infancia con discapacidad «se encuentran a menudo naturalizadas», por lo que se requiere de «acciones afirmativas y urgentes que las incluyan de manera transversal en la agenda futura para reimaginar y reconstruir la educación».

Entre los «nudos críticos y recomendaciones», los autores señalaron que las principales debilidades para que la educación inclusiva avance en la región «no se encuentran en la falta de un marco legal acorde» ni en «la carencia de orientaciones político-administrativas que establezcan el derecho a una educación inclusiva» sino en «los avances concretos» que son «muy escasos y existen grandes dificultades en las capacidades de implementación, monitoreo y evaluación de las nuevas políticas y resoluciones».

También plantearon que «urge implementar campañas de información, concientización y cambio del comportamiento social dirigidas a NNA -niñas, niños y adolescentes-, familias y docentes de educación regular, enfatizando en los beneficios de la educación inclusiva».

Si bien destacaron que todos los países analizados toman como referencia la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), «una serie de tensiones políticas y técnicas, así como la ausencia de recursos financieros y liderazgos institucionales claros, parecen estar entre las causas que enlentecen los procesos de cambio» .

En cuanto a la formación y capacitación docente, en todos los países analizados la experiencia se caracterizó por una oferta «fragmentada y dispersa», por lo cual, recomendaron «crear puentes entre las políticas públicas y las universidades y centros de capacitación» y «recuperar las lecciones aprendidas y la experiencia acumulada en toda la región, impulsando redes de investigación e innovación en todos los niveles, y así generar evidencia acerca de las prácticas más promisorias y demostrar que la educación inclusiva es posible y beneficiosa para toda la sociedad».

A su vez, sugirieron «establecer mecanismos de consulta y colaboración permanente con familias y organizaciones de personas con discapacidad».

En tanto, otra estrategia que consideraron «imprescindible» para abordar el «techo de cristal» que aún permanece como barrera invisible a nivel educativo y social, consiste en «multiplicar experiencias de empoderamiento y participación por parte de los NNA y sus familias», es decir, «cambiar la narrativa» que cronifica la dependencia y cuestionar el escepticismo que aún predomina en relación con los derechos y posibilidades de desarrollo de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con discapacidad, según explicaron.

Esa agenda debe considerar al estudiantado en todas sus trayectorias, en los distintos niveles, y en las transiciones entre los mismos, añadieron.

También debe involucrar a todas las instituciones educativas, entre ellas públicas, privadas, regulares, de educación especial, que aportan a garantizar inclusión y equidad para toda la sociedad y en todos los países de la región.

La educación inclusiva significa «algo tan sencillo y concreto como que todos los niños y niñas de una misma comunidad o un mismo barrio puedan ir a la misma escuela, tengan o no una discapacidad», agregaron los autores.

En el estudio destacaron también que «una educación inclusiva contribuye a la calidad educativa de todas las personas» porque para los niños y niñas, ir a una escuela se traduce en experiencias de vida y convivencia que «marcarán para siempre su historia».

El relevamiento tuvo como propósito contribuir con una mirada panorámica acerca de las acciones que los países de América Latina vienen realizando para garantizar el derecho de niños, niñas y adolescentes con discapacidad a una educación inclusiva y de calidad, con la propuesta de llamar «a reconstruir» la educación pospandemia sin reconstruir las barreras que «durante siglos contribuyeron a la exclusión de la infancia con discapacidad y perpetuaron su exclusión económica y social».