El gobierno completó el miércoles una tensa ronda de reuniones con las principales alimenticias del país a las que presiona para que den marcha atrás con las listas de precios con subas del 20% que presentaron esta semana a los supermercados tras la devaluación y les reclama que a partir del lunes los precios aumenten 5% por mes hasta septiembre.
Ese ritmo de aumento, que es el que se venía registrando hasta la semana pasada, era sostenible para las alimenticias con una inflación del 7%, unas paritarias al 9% y tasas de interés al 8%. Y también porque podían compensar con mayores precios a los autoservicios, almacenes y pequeños súpers, que están fuera del radar del control oficial.
Pero la devaluación del oficial (27% en lo que va de agosto) y la suba de tasas, la industria alimenticia sostiene que no puede absorber el aumento de costos. No obstante, el gobierno se plantó en su exigencia, que formalmente puede aparecer como un acuerdo pero que en la práctica tiene otro matiz. No en vano, anoche el ministro de Economía, Sergio Massa, avisó que el no cumplimiento del pacto significará causas penales y no sólo multas.
El gobierno ofrece compensaciones fiscales a las alimenticias que se sumen al programa, pero no informó todavía la letra chica, por lo cual el análisis que las firmas hacen es incompleto. Y prometió que el lunes saldrá el decreto con los alivios fiscales. Ahora, las industrias debaten qué responder al gobierno y cómo acomodarse comercialmente. Y mientras tanto, los supermercados regulan las ventas de stock alternando variantes de precios a la espera de resoluciones.