Cripto Crash. Cripto Invierno. Así se titula en redes sociales y en la prensa el terremoto que sufre por estas horas el mundo de los criptoactivos. La razón: la caía de la segunda Exchange (casa de cambio) global de criptomonedas (FTX) con cientos de miles de inversores perdiendo lo que allí tenían, más el impacto general de la caída de las cotizaciones de todas las monedas digitales.
El de las cripto hace tiempo que dejó de ser algo de nicho. Para tener una idea, en Argentina hay 500 mil cuentas que invierten en Bolsa (acciones, bonos, cauciones, etc.) pero dos millones de personas que tienen criptomonedas. Y la crisis que siente el sector es muy importante porque, más allá de la magnitud de la caída de la “casa de cambio”, ocurre que el sector afronta en el mismo año la debacle de líderes de los dos modelos de Exchange (en este último uno centralizado -un operador que compra y vende- cuando previamente había derrapado uno líder en el modelo descentralizado (sin intermediario). En definitiva, la industria no está madura como se creía.
En los foros, los inversores, usuarios y ahorristas argentinos hacen mención al “corralito” bancario de los 90 y, con la experiencia al hombro de atravesar este tipo de “crisis de liquidez” en operadores, pronostican un duro golpe a toda la confianza en el sistema, sobre todo de los fondos institucionales y financieros de escala global que merodeaban ese ecosistema. “Después del 2001, los argentinos no dejan sus dólares en el banco. Sólo usan cuentas a la vista”, se recordó. Los norteamericanos la asemejan con la crisis de las hipotecas sub-prime y la caía de Lehman Brothers.
Pero, más allá de toda complejidad digital, el telón de fondo del problema es conocido por estas pampas: la falta de transparencia de los operadores y la dificultad en poder mostrarle a los usuarios adonde están almacenados sus fondos (sus contratos) de manera que pueda ser verificados. Algo así como le pasó a los productores agropecuarios que no pudieron cobrar la soja que entregaron a fijar a operadores (a brokers, acopios, aceiteras y exportadores) porque la plata se perdió en el juego financiero de los intermediarios. ¿Qué hicieron con mi soja? ¿Qué hicieron con mis Bitcoins? Fácil: se usaron para apalancar otros negocios. Fueron insumos financiero para otros negocios. Del mundo virtual a los sembradíos, sin escala.
Dicho esto, vamos de lleno al “run run” de los negocios de la semana, que tiene un top ten muy cargado:
1)
Hay un cambio de importancia en la conducción de uno de los sanatorios referentes de la ciudad: El Parque, nave insignia del Grupo Oroño. En la reunión anual de accionistas, el presidente de la entidad (y accionista principal) Roberto Villavicenio anunció su intención de dejar la presidencia del Sanatorio Parque y propuso en su lugar a su sobrino, también llamado Roberto Villavicencio, un ingeniero que desde hace tiempo viene sumando responsabilidades en el management. No hay que aclarar lo mucho que significa para el conglomerado de empresas médicas que la figura central del grupo decida retirarse de ejercer la presidencia del sanatorio Parque.
Dos procesos confluyen para la concreción del histórico recambio presidencial en el Sanatorio Parque. Por un lado, la saludable renovación generacional que necesitan las organizaciones. Pero también supone un cambio que pone al Sanatorio Parque en línea con una tendencia global sectorial: las presidencias de los directorios de las empresas médicas ya no son ejercidas por médicos sino por profesionales con know how en la conducción de compañías.
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2)
Vamos por el lado del comercio. Asoma una propuesta para impulsar una de las calles de Pichincha que no tiene el brillo de las otras. Se trata de calle Brown, y la apertura que se viene es la de Almirante Pichincha, que inaugura el sábado próximo en Brown 3098, que propone un bar temático con tragos de autor y alta cocina.
Pero si de apertura se trata, esta semana se realizará una nueva edición de Punto Funes, una iniciativa de la vecina localidad que busca revalorizar espacios de la ciudad con la realización de paseos gastronómicos y actividades de recreación y cultural. Hasta ahora, las ediciones se realizaron en distintos lugares, pero la idea es que para los primeros meses del año que viene quede fija en el Paseo del Mercado de Funes, que se levantará (en iniciativa público privada con el grupo BRS) en la esquina de Fuerza Aérea e Irigoyen. En esa plaza, la Municipalidad invertirá 60 millones de pesos en obras y allí también, además de oferta gastronómica, habrá un paseo comercial.
En Rosario, por el contrario, la situación con los parques de food tracks está en pleno cortocircuito Concejales opositores denuncian que el decreto que habilita su apertura está flojo de andamiaje legal (fue firmado con el intendente en licencia y sin paso por el Concejo) y como se habían pensado sólo para la pandemia (cuando se necesitaban espacios libres), ahora piden que se suspenda el otorgamiento de nuevos permisos. Sobre todo, cuando los vecinos -por ejemplo, en Fisherton- denuncian casos irregulares como el que se está armando en Avenida Real al 900 sobre un lugar que originalmente era un estacionamiento para oficinas.
Para cerrar el capítulo de los bares, la Municipalidad postergó la apertura de sobres prevista para este viernes de la licitación de los tres bares ubicados en Entre Ríos y el río Paraná (frente al Parque España) y la pasó para el 16 de diciembre. Aseguran que la postergación no es porque no haya interesados, sino que fue a pedido de interesados (se vendieron tres pliegos) para poder completar las propuestas. Y hay más: calentando motores a medida que suben las temperaturas, la Municipalidad lanzó a través de la empresa municipal Costanera Rosario la licitación de tres espacios comerciales en el Balneario La Florida, más precisamente en Av. Costanera Bajada Escauriza. Son tres locales, que complementarán la oferta gastronómica en la zona junto con el restaurante Mapu que aún tiene vigente su concesión.
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3)
¿Quién es Luis Herrera? La pregunta sorprendió a quien la escuchó porque no esperaba que saliera de la boca de un vicepresidente de banca corporativa para la región de uno de los bancos norteamericanos más importantes del mundo con asiento en Montevideo. A fin de mes pasado, en lo que fue su primer viaje de trabajo a la Argentina desde el Covid, el ejecutivo tuvo que pasar por Rosario por un tema que hizo sonar alarmas en el banco global. ¿Qué había ocurrido?
Resulta que el banco tiene un mapa de calor que permite seguir de cerca la marcha de sus negocios y en el arranque del año la zona de Rosario empezó a levantar temperatura por retiros de sus clientes inversores, algunos incluso cerrando sus cuentas en la banca corporativa. Al principio se trataba de retiros parciales de unos miles de dólares, pero llamaba la atención porque era algo que no se repetía en las otras plazas del país en la que operan. Pero el tema pasó a mayores cuando con pocos días de diferencias dos inversores retiraron cada uno casi un millón de dólares. Y para indagar qué estaba pasando en la plaza, el VP viajó de Montevideo a Rosario para hablar con esos dos clientes y también charlar con gerentes regionales de banca corporativa de entidades financieras colegas.
Fue ahí que se desayunó del caso del financista Luis Herrera. Resulta que descubrió que los retiros venían de administradores de fondos de inversión privados (familiares y de amistades) que tenían mucha exposición en Herrera, por las altas tasas que daba, y que, al perderse esa plata por su millonario default, retiraban los dólares del banco para compensar el desequilibrio y evitar así que vuelven por el aire las relaciones familiares y de amistad. Sobra decir el malestar que había en el banco internacional por la salida de dólares y el cierre de cuentas provocado por Herrera. No se equivocaba, entonces, el fiscal Miguel Moreno, quien en la audiencia imputativa contra el financista, dijo que los u$s5 M que representaban las 85 estafas que estaba investigando eran la “punta del iceberg”.
A todo esto, ¿cómo sigue el caso? Sus abogados preparan los papeles para volver a presentar la convocatoria, que le fue negada este año en primera y segunda instancia. Sus asesores sostienen que puede volver a hacerlo porque no tiene pedidos de quiebra anteriores a la presentación en concurso. Pero igual van a ir midiendo el mejor momento esperando salir un poco de los medios para hacerlo.
En el frente penal, sus abogados defensores apelaron esta semana por excesiva la caución de u$s3M que le impuso la jueza Paula Álvarez para rechazar el pedido de prisión preventiva pedida por Moreno. Herrera había ofrecido una caución por u$s850 mil (propiedades de amigos y familiares) y ahora sus abogados presentaron argumentos técnicos para pedirle una rebaja. Pero, además de las razones legales, hay otras. Es que luego de que se difundiera públicamente en la audiencia los nombres de los que aportaron sus propiedades como parte de la fianza, entre ellos un importante corredor de cereales, no sobran (con tantos acreedores encolerizados) los que quieren aparecer cercanos al fallido y acaudalado financista rosarino
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4)
¿Y Vicentin? Hay novedades. Esta semana definieron y firmaron sus votos sobre el proceso de avocamiento los jueces “rosarinos” de la Corte Suprema: Daniel Erbetta, Mario Netri, Roberto Falistocco y María Angélica Gastaldi. El titular de la Corte, Rafael Gutierréz, ya tiene esos votos sobre la mesa y apuesta a poder mostrar a fin de mes una decisión por unanimidad. ¿Por dónde rumbeará? La Corte no se avocaría y tampoco le quitaría el concurso al juez comercial Fabián Lorenzini, pero las observaciones críticas que expondrán a puntos importantes de su proceder no le dejarán margen al magistrado para homologar la propuesta concursal que Vicentin logró. ¿Habrá cram down? Esa es la salida que a Gutiérrez le parece más sensata (porque permitirá competencia transparencia de ofertas) y así lo comentó al leer las declaraciones de la presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis, quien -como titular del principal acreedor de la aceitera- también reclamó ir al cram down.
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5)
La construcción sigue creciendo en términos interanuales, pero empezó a bajar en las comparaciones mensuales, según los números del Indec. Un tercio de la actividad proviene de la obra pública. Y a juzgar por los permanentes llamados a licitación parecería que por ahí no está el problema. Y tampoco lo estará el 2023, año electoral. Pero una mirada con más detalle sí enciende las alarmas en la obra pública. Es que lo que viene bajando es el ritmo de adjudicaciones de las obras, cuyos anuncios de licitación son muy promocionados por los gobiernos en la prensa.
¿Y por qué las adjudicaciones no vienen a buen ritmo? Es que la alta inflación, que deja retrasados los precios ya desde el momento de la finalización de los presupuestos, obliga a las empresas a presentar ofertas muy altas que los gobiernos encuentran difícil de valida, sobre todo ante las normas que le ponen coto a poder firmar adjudicaciones con valores muy por encima de los presupuestos. El ritmo de la disparada inflacionaria, como venimos advirtiendo en esta columna, deja sin efecto los mecanismos oficiales tradicionales de redeterminación de precios y tensiona las finanzas de las contratistas.
Incluso, una muy buena noticia para el sector como lo fue el reciente cambio en la redeterminación que puso en marcha el Ministerio de Economía de Santa Fe (que al tomar directo los números del Indec y no, como hasta ahora, los indicadores provinciales, permitió que las redeterminaciones pasen a ser mensuales) queda inocua ante tanta inflación.
Ocurre que hasta no hace mucho, las constructoras podían hacer frente a esas diferencias y brechas con financiamiento bancario, pero con las tasas de interés que están en torno al 70/80 por ciento ya no pueden compensar las demoras sin fundirse y por eso, para cubrirse, pasan ofertas muy altas por las obras a emprender.
En ese marco, ahora la atención está puesta en la promocionada tanda de licitaciones para la construcción de escuelas técnicas de educación profesional secundaria que está licitando el gobierno provincial con fondos nacionales del Plan Argentina Hace. Es que se están presentando valores tan altos que hay riesgos de que queden todas desiertas. Por ejemplo, en la licitación para la escuela a construir en Rosario tiene un presupuesto oficial de $470 M, pero se presentó una sola oferta por $609 M. Y el escenario de pocos interesados con oferta muy caras se repite en todas las licitaciones.
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6)
Pero si hablamos de problemas en la obra pública, la que se lleva todas las quejas son las obras hídricas y de saneamiento que la Provincia, los municipios y Assa licitan pero que son pagados con financiamiento comprometido por el gobierno nacional a través del del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa), que arrastra demoras en los pagos de 6 a 8 meses, que en tiempos de alta inflación es criminal para las contratistas, y que provoca que casi todas las obras de ese tipo estén prácticamente paradas. Es más, no sólo los pagos se demoran mucho, sino que el otro gran problema es el retaso en el trámite burocrático de redeterminación de precios. Por ejemplo, hay obras de cloacas en Rafaela que están pagando con valores de agosto de 2021. Sí, de agosto de 2021.
Hay obras paradas en ciudad de Santa Fe, Rosario, Tostado, Baigorria, Sunchales, Calchaquí, Reconquista, etc. Incluso, las obras en la planta potabilizadora de Rosario están prácticamente paradas. En Rafaela, las obras están muy retrasadas, pero mantienen una suerte de “guardia mínima” montada para que el gobernador Omar Perotti no se enoje. No se trata de un problema de que el gobierno nacional (vía el Enohsa) no manda la plata a Santa Fe, sino que es nacional, y sus retrasos ya son temas de análisis en la sede central en Buenos Aries de la Cámara Argentina de la Construcción.
Lo distintivos del caso del Enohsa es que hay un problema de gestión que se suma a los inconvenientes relatados más arriba por la inflación. Según relatan los empresarios del sector, hay un serio problema de gestión derivados de las internas del gobierno nacional. En efecto, hasta el año pasado el ente pagaba en plazo con 2.000 obras en marcha en el país. Pero un cambio en la gerencia financiera del Enohsa alteró todo.
Resulta que el ministro de Obras Públicas Gabriel Katopodis, en interna con el presidente del ente, Enrique Cresto, corrió a la gerente de finanzas de carrera, que era Lucía Olivieri, y puso allí a Silvia Manganese, sin experiencia alguna en gestión financiera porque venía de recursos humanos. Con la nueva gerente, dicen los contratistas, se trabó todo y se sumó burocracia quedando el resultado a la vista. Por ejemplo, el acto burocrático de la redeterminación de precios pasó a realizarse en una semana a demandar meses. Operativamente, Manganese impuso el TAD, trámite a distancia de los certificados, que en las municipalidades no tienen ni idea como hacerlos y siempre viene rebotado. Y no es el único trámite extra que puso la nueva gerencia que, dicen las empresas, complico todo.
Ante las encendidas quejas de los contratistas, finalmente Cresto renunció en septiembre y quedó al mando el sub-administrador, Nestor Alvarez. Pero, pese a que se logró el cometido, la desidia en la gestión de la gerencia de Finanzas sigue.
Frente a esta situación, hay contratistas que le están pidiendo al gobierno provincial que presione por los pagos al Enohsa. En rigor, desde que comenzaron los retrasos la ministra Silvina Frana está sobre el tema en gestiones permanentes con el ente. En rigor, se trata de una jugada de precisión, ya que la Nación tiene muchas obras en Santa Fe y la Casa Gris busca siempre no romper lanzas con la Casa Rosadap. Pero los reclamos se vienen haciendo y ahora que la situación se tensó más (con reclamos de la Uocra frente a Assa por despidos en contratistas que están haciendo el acueducto, pero pararon por falta de pagos). No en vano el viernes, la ministra estuvo en contacto con Álvarez.
No obstante, hay empresarios que -anclándose que en el convenio que firmó la Provincia con el Enohsa hay cláusulas que le abren la puerta a que Santa Fe ponga el dinero ante retrasos en los pagos de la Nación- piden que el gobierno santafesino pague y luego se cobre cuando lleguen los fondos nacionales. Si bien la Provincia tiene pensando en financiar su propio plan de obra con su superávit, habría novedades pronto. Trascendió que están consolidando la deuda con las últimas redeterminaciones que pueden aprobar (hacia mayo del 22) y van a tener un decreto de pago armado, esperando a que Perotti, cuando vuelva de Estados Unidos, decida qué hacer.
Como sea, este miércoles habrá una parada clave. El Enohsa llama a licitación para una millonaria obra con un presupuesto oficial de 3.000 millones de pesos. Se trata de Acueducto Gran Rosario (Etapa II, Licitación III, Ramal Funes y Ramal Ibarlucea). Varios de los pesos pesados ya desistieron de presentarse. Y uno que tiene intención de pujar no encuentra socio que lo acompañe en una UTE. ¿Habrá ofertas? ¿De cuánto? Se habla de que pasarían precios de 4.500 millones. Mucha diferencia.
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7)
Como dijimos antes, 1/3 del negocio de la construcción es la obra pública. Y otro tercio es la gran obra privada (edificios). Sobre real state, hay novedades. Por ejemplo, el Grupo Roma, que tiene como cara visible a Pablo Scofano, lanzó en sociedad con un desarrollador inmobiliario medocino una innovadora propuesta para Puerto Norte. Se trata de un condo hotel temático que tiene al vino como protagonista.
Por ejemplo, además de cavas, cada cochera tendrá sus cajas vidriadas para poner vinos y en los balcones habrá viñedos como ornamentación natural. Con unidades de 70m2, el desarrollo tendrá planta baja y 6 pisos, estará ubicado en calle Junín frente al hotel Dazzler y las obras empiezan el año que viene, según el cálculo de sus impulsores.
La otra novedad es que el Concejo volvió a prorrogar la no aprobación de nuevas obras para Fisherton (esta vez, por 15 días, pero la prohibición lleva más de 300!!!!) al no poder sancionar el nuevo marco normativo para las construcciones y desarrollos en esa zona que propuso la Municipalidad. Recién el lunes se debatieron en comisión la ideas que aportó el Colegio de Arquitectos (sí, el lunes) y recién ahora se van a realizar nuevas rondas informativas a los vecinos. Si bien es loable buscar que todo salga con consenso pleno, suena a mucho que la discusión lleve un año. Muy lento todo.
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8)
Para cerrar con los ladrillos, el tercio final del negocio son las obras menores particulares. Y la novedad en este caso fue la sorpresiva disparada de aumentos en herramientas importadas que llegaron a las ferreterías. Hasta ahora, las listas de precios venían con subas graduales (acumulaban un 15% al que llegaron con tres subas en lo que va del año) o con subas semanales que redondeaban un alza mensual del 6%. Pero la novedad fue que esta semana se despacharon con subas del 20% al 25%. Por ejemplo, una pinza universal saltó de $1531 a $1913 o un alicate se fue de $1524 a $1906. Y hay más: Bosch y Skil, marcas de máquinas eléctricas (amoladoras, taladros) aumentaron 20%.
¿El argumento? Como siempre, hay de todo. Entre los reales, los especulativos y los de cobertura. La que más suena es que por las demoras en la importación que implicó el nuevo sistema de cruces combinados de información entre organismos del estado (estuvo una semana sin poder arrancar, a lo que se suma que ahora las aprobaciones tardan más), las empresas dicen que trabajan sin stock y al temer que no van a tener productos para vender por varias semanas, se cubren subiendo los valores. Es más, a nivel mayorista hay muchos faltantes (por ejemplo, medidores laser Bosch). Por lo pronto, en las ferreterías se preguntan: ¿Soportará el consumidor minorista semejante sacudón de precios de una sola vez?
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9)
Y si hablamos de falta de insumos importados, las demoras en el ingreso de equipos e insumos la noticia es que John Deere, la fábrica de maquinaria agrícola con planta en Granadero Baigorria, suspendió personal como consecuencia de las complicaciones que están generando las tabas para importar. Por la importancia de la marca global, por el aviso que dio que el lunes directamente iba a parar la fabricación de motores y por la gestión de la Asociación de Fábricas Argentinas de Tractores y otros equipamientos Agrícolas e Industriales (AFAT) apareció a última hora del viernes el compromiso del gobierno de liberar los insumos. Pero habrá que ver si se cumple el compromiso.
“No sabemos cuándo va a salir autorizada o no cada solicitud de importación. Si hay que fabricar una cosechadora, pero te autorizaron 3 ruedas cuando se necesitan 4, no puede salir a la venta. No todos los componentes que necesitamos, para fabricar un equipo completo, están siendo aprobados con la misma cadencia”, dijo Brito Peret, de Afat. Los problemas también se evidencian para brindar el servicio técnico a máquinas en uso.
Por lo pronto, los directivos de Afat se reunirán la semana próxima con la Secretaría de Comercio para negociar una flexibilización de las importaciones de insumos y componentes necesarios para continuar adelante con su actividad. La pregunta que emerge es la siguiente: ¿Qué pasa con las pymes que también tienen que suspender empleados y están en riesgo de parar la producción, pero no tienen ese poder de lobby?.
Por lo pronto, en John Deere, la situación se tensó justo en el mismo momento en que la compañía está organizando recorridas con empresarios del sector y prensa para mostrarles sus proyectos en marcha. Y el que más llama la atención es el objetivo de armar el “Uber” de la maquinaria agrícola. Ampliaremos,
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10)
Finalmente, estuvo tensa la situación en el puerto de Rosario. Y la semana que viene seguirá complicado. El viernes, el Ministerio de Trabajo de la Nación dictó la conciliación obligatoria en el caso de los 25 despidos que había dispuesto Terminal Puerto Rosario (TPR) tras el quite de colaboración del sindicato de estibadores (Supa) en el marco del intento de reapertura de paritarias que reclama el gremio, pero la empresa rechaza. El ingreso de trabajadores no agremiados a trabajar y la presión sobre ellos del sindicato levantaron la tensión en los ingresos al puerto. ¿Cómo sigue? El Ministerio convocó para la semana que viene a los directores de la firma, ya que los gerentes enviados para negociar a Buenos Aires en la cartera laboral no tenían atribuciones ni poder de decisión.
Pero más allá del puerto, hay novedades en la hidrovía. Este jueves 17 de noviembre se realizará la audiencia pública convocada por la Administración General de Puertos (AGP) para validar la implementación de un peaje a las embarcaciones que recorren el tramo Santa Fe-Confluencia que es de u$s 1.47 la tonelada de registro neto para las navieras internacionales y de $1.47 para el cabotaje nacional. Por ese tramo circulan 20 mil barcazas por año, básicamente paraguayas de agro, combustible, minerales. Hasta ahora, el Estado argentino vino financiando el acondicionamiento del tramo (balizamiento y 10 pies de dragado), pero como el uso es casi exclusivo de los paraguayos decidieron cobrar el peaje.
En la audiencia, según supo Rosario3, las entidades que representan a los usuarios de la hidrovía (Bolsa de Comercio, Cámara de Puertos, Centro de Exportadores de Cereales, Cámara del Acero) no van a objetar la decisión. Eso sí, mantendrán el concepto de que el costo de la tarifa esté en línea con los servicios prestados y que sirva para agregar valor. Además, sostendrán la necesidad de que se analice a la hidrovía como un sistema, resaltando que en esa zona hay obras de infraestructura cuya concreción es tan importante (por ejemplo, arreglos y refuerzos en el puente de Resistencia, que permitiría paso de camiones que abastezcan de cargas a los muelles de la región) como el acondicionamiento del río.
Sobre el peaje, Paraguay elevó sus críticas a Cancillería y ejerció fuerte presión diplomática sobre el Ministerio de Transporte de la Nación. Pero un desafortunado incidente ocurrido el pasado 7 de septiembre con una barcaza (un derrame) en zona de su jurisdicción, pero que afectó a la zona de Paso de Los Libres obligó a una tarea de contención ambiental de la AGP (que resultó exitosa, pero demando un costo millonario) vino como anillo al dedo para mostrarle al país vecino que hasta ahora el usufructo de ese tramo es casi exclusivo de sus navieras y sus cargas, pero los costos (de acondicionamiento a la navegabilidad hasta gestión ambiental) estaban todos a cargo de Argentina. Y por eso deberán pagar un peaje.
¿Y la licitación para el servicio de dragado de Santa Fe al sur mientras dure la administración de AGP? La semana que viene termina el plazo de recepción de recomendaciones para el pliego, instancia que se abrió para hacer participativo el proceso entre los interesados, y a partir de ahí comenzará su redacción.