Así como el presidente Javier Milei insiste con el “No hay plata”, la EPE le avisó a los desarrolladores inmobiliarios y a los intendentes del sur de Gran Rosario que “No hay luz” para los nuevos loteos que se están construyendo en el radio que va de Zavalla a General Lagos bordeando la A012.
La situación es la siguiente. Con la sola autorización del uso de suelo por parte de comunas y municipios, se empezaron a comercializar en el último tiempo una buena cantidad de loteos a precios competitivos y destinados a segmentos medios.
Rosario3 advirtió semanas atrás que había algunos que se vendían sin tener la aprobación de la Secretaría de Recursos Hídricos de Santa Fe y otros que ni siquiera habían iniciado el trámite. No tener establecidas las obras que administren la dinámica hídrica y el vuelco de aguas residuales o, peor aún, construir en zonas inundables es un tema muy delicado. Y las fuertes tormentas de los últimos días lo dejaron bien expuesto.
Pero ahora surgió otro escollo de dimensiones: las casas que allí se construyan no van a tener luz. Ni siquiera el "palo-cajón" para construir. Cero electricidad. Nada. En efecto, funcionarios de la EPE juntaron días atrás a desarrolladores y autoridades comunales para explicar que no dispone de potencia para las nuevas urbanizaciones en el cordón sur (la última la obtuvo el barrio Neander, en Villa Amelia).
¿Qué ofrece como solución la EPE a los desarrolladores que allí quieren lotear de manera responsable? Que se junten y paguen de su bolsillo la compra de un terreno y la compra de una Estación Transformadora de 132 kW, a un costo aproximado de 15 millones de dólares, que la EPE se encargaría de diseñar, construir y operar. A esos 15 millones de dólares se deben sumar la construcción de la salida, línea y distribución interna de la energía eléctrica en cada predio, a un costo aproximado de us$1.000 por cada lote vendido.
En esa zona, están trabajando unos 10/12 desarrolladores inmobiliarios que encaran unos 18 loteos (algunos “medio fantasmas”) que no tienen la factibilidad de energía eléctrica otorgada por la EPE. Media docena de los promotores de loteos se muestran activos para encontrarle la vuelta, pero el resto sigue vendiendo como si nada.
La figura para canalizar los fondos que aporten los empresarios que propone la EPE sería un fideicomiso y -de hecho- hay un terreno en vista para montar la estación al que la distribuidora eléctrica le estaría por dar el visto bueno.
Pero más allá de que el millonario costo parece muy difícil de afrontar (sobre todo porque son loteos que estuvieron vendiéndose o por venderse a segmentos de ingresos medios sin mucho margen para afrontar pagos mayores), el problema es que los desarrolladores serios del cordón sur no quieren sumarse en un mismo fideicomiso con los de “frondoso prontuario” por el riesgo de que éstos no paguen su parte.
En rigor, algunos están pensando en un sistema de garantías a depositar por parte de los que ingresen al fideicomiso, pero para eso es fundamental que sean líquidas (no propiedades de difícil venta y papeleo no resuelto)
¿Y los municipios? Hay de todo. Las autoridades de Alvear se muestran muy activas para aportar fondos y gestiones, mientras que algunas comunas no tienen peso (ni pesos) y otras miran al costado pese a que son más parte del problema que de la solución porque dieron rienda suelta a loteos flojos de papeles, como el caso de Piñero. Lo cierto es que la EPE no tiene fondos, pero urgentes gestiones de las localidades ante la Provincia pueden contribuir a que el Tesoro también aporte dinero al fideicomiso.
El tema es que la falta de electricidad calentó los ánimos de los compradores de lotes en los desarrollos que prometían rápida entrega con servicios, cuando no tenían ni la factibilidad de la EPE.
Tal es el caso de Estación Paraíso, cuyos comercializadores prometían entregar en 2023, luego pasaron para 2024 y ahora se encontraron con la sorpresa que no van a tener luz. Algunos compradores, incluso, están que trinan porque apuraron compras de materiales en corralones pensando empezar a construir en breve. Ahora, el desarrollo les promete entrega con servicios en 2027, fecha que genera una mueca entre los funcionarios provinciales.
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La falta de potencia de la EPE para afrontar nuevas demandas en el cordón sur de Rosario es un capítulo más de un tema central de esta columna domingo tras domingo: la urgente necesidad de un millonario shock de inversión en infraestructura.
Y no sólo para hacer frente al crecimiento urbano. Por ejemplo, la fábrica de maquinaria agrícola Apache tuvo que postergar la inauguración de su nueva nave industrial (fabricará allí una línea especial de sembradoras y ensamblará tractores) por la falta de abastecimiento energético en el área industrial de Las Parejas. Por estos días, la EPE y el Ministerio de Desarrollo Provincial (de los que los industriales destacan la muy buena predisposición) trabajan para encontrarle la vuelta al problema.
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Apache esperaba inaugurar en marzo, pero ahora pasó a mayo.
Quien sí tiene todo listo para inaugurar en mayo una nueva planta de 4.000 m2 es Mauro Piva, CEO de Nova, la empresa de Cañada de Gómez que desarrolla y comercializa productos para nutrición y protección de cultivos. La inversión de la firma, que cortará cintas a fin de mayo, es para producción de fertilizantes microgranulados.
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Pero no perdamos el foco y volvamos a la infraestructura.
No se trata de la EPE, y mucho menos de esta gestión provincial, que tiene algo más de cien días. Claramente, es un tema estructural y transversal de administraciones y servicios.
Pero, así como para mayo la novedad será la llegada en las boletas con un muy fuerte aumento del gas, este marzo/abril el protagonismo se lo lleva la muy elevada suba de la luz.
Y no sólo los usuarios residenciales están que trinan, los comerciantes se agarran la cabeza con los montos que están recibiendo en las boletas, sobre todo los usuarios más intensivos como restaurantes, bares, supermercados y heladerías. Y con estos costos, muchos ya están con la supervivencia en jaque.
Queda para otra nota las razones que explican la suba (tarifas retrasadas, ecuaciones rotas de las empresas para invertir) porque el tema es que el aumento de costos encuentra a comercios y servicios con derrumbe de ventas.
Por ejemplo, para la hotelería y gastronomía de Rosario fue la peor semana Santa desde la pandemia, con una caída en las reservas del 50%. "El 80% de lo que pega es la crisis económica”, repite un referente de la hotelería que esta semana recorrió los medios de prensa para alertar la situación. ¿Y el 20%? Es por el narcoterrorismo. Llueve sobre mojado.
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El combo de caída de ventas y suba de costos, en este caso de la electricidad fue una de la razones del que en la esquina de San Martín y Córdoba bajara las persianas, Funpark, el local de entretenimientos para chicos que había abierto en 2021. Una mala para el centro de Rosario.
Pero como publicamos ese cierre también es cierto que dos importantes jugadores del retail abrieron nuevos locales en la ciudad. Sommier Center cortó cintas de un importante espacio en el Portal, mientras que Frávega mudó su sucursal a Córdoba 1252.
Y hablando de comercios, en el Concejo analizan poner en valor los cafetines históricos de la ciudad por medio de la promoción de los bares históricos de la ciudad. Lo curioso fue que en la reunión que organizó la concejal Anahí Schibelbein con referentes de 29 bares (como El Riel, El Resorte, Comedor Balcarce, etc.) saltó que nunca habían sido convocados al Concejo para debatir tema alguno de su interés, e incluso muchos ni siquiera se conocían entre ellos.
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Para cerrar con las EPE, la boleta que pagó la UNR en el bimestre enero-febrero de 2023 fue de $50.507.624 contra los $128.640.719 que le llegaron ahora. Y el problema es que el presupuesto para afrontar la fuerte suba es el mismo por disposición del gobierno nacional.
Para tener una dimensión del problema, los $283 millones que la UNR recibe desde 2023 por mes para gastos de funcionamiento (mantenimiento de edificios, obras, servicios becas, comedores, residencias y proyectos de investigación) le alcanzaba el año pasado para afrontar todo, ahora -por la suba de costos, como el de la luz- le cubren el 30%.
“A ver si la EPE nos aguanta”, es el mensaje que sale del Rectorado.
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Cortita y al pie, ya que hablamos de servicios públicos, vamos con una de Aguas. Miren lo que pasó en los barrios de Funes linderos al Aeropuerto luego de las fuertes tormentas de semanas atrás.
Resulta que como en el golf club de Fisherton riegan el green con agua del acueducto, durante los días de lluvia no regaron y entonces la presión subió en el caño maestro y reventó varias canillas de las casas vecinas.
Estamos hablando de cientos de miles de litros de agua potable que se usan diariamente para regar el césped del golf ya que no tienen perforaciones porque el agua salitrosa daña el césped y lo mancha.
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Para cerrar el capítulo de la infraestructura, va un “desafío” como los que circulan por redes sociales, sobre todo tick tock:
“Decime que es muy fuerte el recorte de la obra pública nacional sin decirme que es muy fuerte el recorte de la obra pública nacional”.
Y la respuesta es: “Hubo récord de presentación de ofertas de constructoras para una licitación municipal”.
En efecto, no hay precedentes de que se hayan presentado 13 ofertas (la cantidad de empresas es mayor porque UTES) para competir por una obra compleja, como es el tendido de cloacas, en una licitación municipal. Y eso ocurre porque no hay obras públicas que se estén encarando a nivel nacional en Santa Fe.
En efecto, esta semana la Municipalidad recibió las ofertas para construir desagües cloacales en barrio Fisherton Noroeste. El presupuesto oficial fue de $7.222.820.527 para la construcción de 30.000 metros lineales de conductos cloacales en 207 hectáreas, implicando la realización de 3.850 conexiones a la red y beneficiando a una población estimada de 15.000 habitantes.
Tantas ofertas provocaron un cambio en la gimnasia de las licitaciones en las que hasta el 2023, por la inflación y la menor competencia, las ofertas superaban por lejos a los presupuestos. En este caso, la oferta económica más baja fue la de Winkelmann, que propuso cobrar $6.540.995.734,11, casi $1.000 M menos de lo calculado por el Palacio de Los Leones.
Como sea, los empresarios de la construcción resaltaron de manera muy positiva la decisión política de la Municipalidad de seguir invirtiendo en infraestructura.
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Y hablando de la Municipalidad, el intendente Pablo Javkin tomó la decisión de hacerse cargo del corte de pasto en la Circunvalación de Rosario, responsabilidad del gobierno nacional que abandonó en el marco del ajuste fiscal y cuya secuela se puede ver con pastizales que superan el metro de altura y se comieron la banquinas.
“Nos hacemos cargo porque agotamos las gestiones con Nación y nos encontramos con que lo único que responde es que no tienen plata para combustibles de los tractores”, contó Sebastián Chale, secretario de Gobierno de la Municipalidad.
Atención que no es un tema menor el impacto financiero del fuerte aumento del combustible para los municipios.
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Hablando de Chale, el jueves a última hora tuvo que activar un sumario contra un funcionario municipal que protagonizó un incidente en el ingreso al barrio de Logaritmo en Ibarlucea mientras manejaba un auto de la Intendencia.
La cuestión es así. Hace tiempo que venimos publicando en esta columna la discusión (que ya es judicial) entre un grupo de vecinos de barrio de Loga contra los administradores sobre si se trata de un barrio cerrado o abierto. Hay vecinos que resisten el cierre argumentando que nunca estuvo escrita la posibilidad (que se terminó de definir no hace mucho en un convenio con la comuna cuya trasfondo es polémico) mientras que los administradores acusan a los vecinos de recurrir a ese argumento para no pagar expensas y la cuota social al club.
La tensión no dejó de escalar por el diferendo irresuelto, y el jueves terminó a las trompadas. Resulta que un vecino de barrio, el conocido deportista Leo Morelli, recibe un llamado del jardinero a quien esperaba para cortar el césped tras las tormentas diciendo que en el ingreso al loteo no lo dejaban pasar, cual barrio cerrado.
Cuando llega a buscarlo, se cruza con uno de los tres administradores del fideicomiso del barrio, Alfredo “Fito” Silveira, y comenzó una discusión ya que Morelli argumentaba que el barrio es abierto y no podían frenarle el ingreso a su jardinero.
Según el deportista, Silveira lo agredió físicamente y por eso hizo luego la denuncia en Fiscalía. Fue así que el viernes, la PDI cayó al barrio para pedir las grabaciones de las cámaras de seguridad
El tema es que en los videos que grabó Morelli mostrando cómo Silveira, que es empleado municipal, lo insultaba, se lo ve bajando y subiendo de un auto que es propiedad de la Municipalidad (estaba todo ploteado) y que no debería estar usando, salvo que estuviera en función oficial. Y es por eso que Chale le inició el sumario.
A todo esto: ¿cómo sigue la denuncia penal que vecinos le hicieron por irregularidades a los administradores por el convenio en el que, en acuerdo con la Municipalidad, buscaron cerrar el barrio? “La Fiscal Milicic está estudiando el caso para resolver el fondo del asunto. En las próximas semanas habrá novedades”, se informó.
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Una de industria
Rosario3 publicó ayer una entrevista al destacado industrial metalúrgico Gabriel Fernández (CEO de AFG Ingeniería) en la que dijo que “contrario a la creencia popular que apunta al costo laboral como el principal factor detrás de la falta de competitividad, la realidad indica que son los sobrecostos asociados a las materias primas, junto con los altos costos financieros, los verdaderos culpables de esta encrucijada".
El caso del acero está en el centro de las miradas. El país optó por proteger esa industria (por todo el valor agregado que supone para la economía nacional), pero el tema es que los negocios de un puñado de grandes firmas globales (Techint/Acindar) puede terminar jugando en contra de las miles de metalúrgicas nacionales a la hora de competir por mercados externos o contra importaciones si el acero que deben comprar es mucho más caro que el importado que usan sus competidores externos.
A todo esto, el conflicto paritario entre la UOM y Techint/Acindar tiene como rehenes a la industria metalúrgica, con dueños a los que la incertidumbre complica gestión de costos y planificación. No en vano, hay metalúrgicas del sur de la provincia que optaron por implementar un aumento salarial anticipado del 15/20 por ciento con planes de continuarlo, lo que refleja el compromiso con sus empleados.
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Como sea, que dos de las más grandes empresas de Santa Fe esté paradas: General Motors (por falta de importaciones, una herencia del gobierno anterior) y Acindar (por falta de ventas, a raíz de las políticas de este gobierno) es una luz roja sobre la que no hay que “fingir demencia” mirando para el costado.
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Sigamos con las paritarias.
Los sindicatos aceiteros y las empresas aceiteras se encuentran en medio de una negociación de revisión de paritarias. Los sindicatos buscan ahora aumentos muy por encima de las expectativas inflacionarias de los próximos meses y la industria se compromete a seguir el ritmo inflacionario.
En un contexto de recesión económica, bajo nivel de actividad exportadora, caída de precios internacionales, aumentos de costos nacionales, y fuerte pérdida de mercados frente a otros competidores, los empresarios dicen que se torna razonable que lo mejor es seguir sentados en la mesa para buscar acuerdos lógicos y ajustados a la realidad en beneficio de toda la comunidad aceitera.
Recordemos que la industria tuvo el año pasado la peor campaña de la historia perdiendo más de 20 mil millones de dólares de facturación, con una capacidad ociosa altísima. Sin embargo, no se perdió un solo puesto de trabajo y además se otorgaron aumentos que permitieron que al día de hoy ningún miembro de la industria tenga ingresos inferiores a $1.200.000.
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Hablando del mercado de granos, la entidad ruralista Carbap -que reúne a las confederaciones rurales de la provincia de Buenos Aires- sacudió el avispero semanas atrás al presentar una denuncia a la Comisión de Defensa de la Competencia sobre prácticas de cartelización comercial de las principales exportadoras de granos del país. Maniobras de deslealtad comercial que, sostienen, perjudican a la producción agropecuaria argentina.
Rosario3 le pidió al dirigente Pablo Ginestet, uno de los impulsores del reclamo, el texto completo de la denuncia, y su respuesta dejó entrever que la embestida chacarera contra esas prácticas de los exportadores no terminó: "Todavía no la vamos a publicar al texto. Los abogados nos dicen de esperar ya que además en estos días estamos agregando más temas. Sobre todo el dólar forward y el tema del impacto de la fusión Bunge/Viterra en el comercio de girasol".
A estar atentos.
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En el caso Luis Herrera, esta semana se realizó una audiencia informativa sobre su quiebra. Formalmente, se trata de una instancia que se abre unas semanas antes de la finalización del período de acreditación de acreencias para que el juez informe la situación en la que se encuentra el trámite.
Hay sospechas entre acreedores que el pedido de quiebra le vino muy bien a Herrera. Es que la quiebra le fue dictada a pedido de una ahorrista a la que no le pudo devolver 60 mil dólares (todo documentado), inversora que en un primer momento decía que Herrera le había quedado debiendo unos 300 mil dólares por las supuestas y a esta altura muy famosas operaciones en “Chicago”, pero todo eso era en negro.
En la audiencia se mostraron los documentos y quedó demostrado que la deuda era real, pero eso no quita que a Herrera le viene muy bien la quiebra para alojar su frente penal. ¿Por qué?
Primero, porque el juez Nicolás Villanueva puso exigencias que dificultan la acreditación de acreencias (deben mostrar que les retuvieron Ganancias). En este punto hay que aclarar que si bien una lectura muy precisa muestra que esa obligatoriedad sólo rige para algunas operaciones, el solo hecho de nombrar a la Afip espanta a más de una acreedor.
Lo cierto Herrera se expone a una posible “quiebra chica” (pocos acreedores y poco monto) en la que le liquidarían todos sus bienes (inmuebles, vehículos, embarcaciones, acciones) abriendo así la puerta a sumar a la liquidación a algunos de los acreedores que lo denunciaron penalmente y desinflando así la embestida en el fuero penal ya que mucho por sacarle no le quedaría. Y en Argentina la denuncia penal se suele usar para lograr un mejor acuerdo comercial.
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Otra vuelta por Tribunales.
CDS, la cerealera del defaulteado financista Daniel Casanovas, logró el acuerdo de acreedores a su propuesta de pago concursal, que ahora el juez de la convocatoria debe avalar.
Formalmente, más del 50% de los acreedores, que representan más del 66% del capital adeudado verificado, les dieron el ok a la propuesta de pago. Acá va el acta:
¿Y la oferta es buena? “Un horror”, fue la respuesta que obtuvo Rosario3 ante la consulta.
A ver: pago del 100% del crédito verificado en diciembre de 2019 en 6 cuotas semestrales, a partir de los 6 meses de homologado el acuerdo y con una tasa pasiva del Banco Nación, que está por el piso, sobre saldos. Pero el tema es que no hay garantías de cumplimiento, cuando Casanovas mostró que es remolón para hacerlo. Es más, no hay inmovilización de bienes afectados al cumplimiento de los pagos prometidos y, encima, la administración de CDS la mantiene Casanovas sin ninguna injerencia de terceros para controlarlo. Ah: y los que le entregaron dólares, se los devolverán en pesos a cotización del billete al 2019. Ni la “licuadora” de Mile se animó a tanto.
Es tan bueno el acuerdo que logró su abogado, Lucas Hadad, que habría que enviarlo a negociar por YPF contra los fondos buitres ya que te traería el vuelto. ¡Va con onda doctor! Un chascarrillo. Y es que los abogados son rápidos para la carta documento.
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A todo esto, como pasa con Vicentin, el caso de CDS muestra también el choque de fueros (civil y penal) en convocatorias de empresas que, en paralelo, son investigadas por estafas.
Para los puristas del derecho civil y comercial, no hay duda de que el fuero que lleva el concurso es el que concentra las definiciones sobre la suerte de los activos de la empresa porque su resolución es universal (para todos los acreedores), quedando las cuestiones penales como un conflicto a dirimirse en paralelo sólo entre denunciantes y denunciados.
Incluso, los jueces concursales suelen ver a las investigaciones penales como una forma de presión de algunos acreedores en busca de mejores compensaciones, ya que habiendo acuerdo entre las partes las causas quedan desactivadas, salvo que los fiscales decidan seguir hasta el hueso. Pero de ahí a desconocer en el expediente del concurso lo que pasa en la investigación penal no parece adecuado.
En el caso de CDS, por ejemplo, hay denuncias de colusión (compra de votos para adherir a la propuesta) y de tráfico de influencias (pagos a Síndicos), muy respaldadas en documentos obtenidos en allanamientos. Investigaciones de la que el juez del concurso ya fueron formalmente avisado por la Fiscalía
¿Puede, entonces, el juez Nicolás Villanueva desconocer la distorsión que eso genera y homologar la propuesta? Y es que la ley de quiebras y concursos es clara: el juez debe homologar si
x) considera que la propuesta que hizo el deudor es conforme a la ley;
x) si considera que están dadas las garantías de cumplimiento ofrecidas -su hubiere, cosa que no se da en este caso
x) si considera que el cumplimiento de la propuesta no depende solo de la voluntad del deudor
x) si verifica que los votos dados provienen de personas que, conforme a ley, tienen legitimación para hacerlo;
x) si verifica que las personas que votaron no se encuentran excluidas de hacerlo, conforme a la ley;
x) si verifica que, efectivamente, el cómputo de las mayorías es el que indicó la Sindicatura;
x) si verifica que la propuesta de pago no conlleva la venta o desprendimiento de activos
x) si considerase que las impugnaciones a la propuesta son inconsistentes;
x) y si considera que las denuncias de tráfico de influencia y colusiones son papel pintado.
¿Cumple la propuesta de CDS estos requisitos? Mmmmm…..
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Algo de Justicia y política.
Resulta que el senador departamental Felipe Michilg echó por tierra las reformas en la Justicia civil que impulsa el propio gobierno de Maximiliano Pullaro y que ya tenían el ok de la Cámara de Diputados , un dato que políticamente no parece menor. Y es que como es aplastante la mayoría del oficialismo en ambas cámaras provinciales, las diferencias que surjan en el frente de Unidos son las únicas que pueden frenar el avance de las leyes que pida la Casa Gris.
El tema es que Michilig se molestó con que la decisión de transformar juzgado de circuito a distrito sólo aplica a los distritos de Rosario y Santa Fe, quedando el resto de las circunscripciones de la provincia sin esas mejoras en la administración judicial.
En la charla con los funcionarios que motorizan la reforma, el senador directamente estalló cuando le comentaron que “se formaría una comisión para analizar el caso del resto de la circunscripciones”. Protestando por lo que entiende significa que hay santafesinos de primera y de segunda, Michilig aseguró que en su historia como senador departamental el armado de ese tipo de “comisiones de estudio” nunca sirvió. Ya lo decía el general Perón....
Bochada la reforma en el Senado, los funcionarios analizan sumar en el cambio al resto de las jurisdicciones como pidió Michilig, lo que representaría entre 12 y 16 juzgados nuevos, pero lo cierto es que ese cambio obligaría a que la reforma vuelva a Diputados, abriéndose así la caja de pandora con posibles nuevos pedidos de los legisladores por más cambios.
Si eso ocurre, es probable que la Provincia deje sin efecto ese punto de la reforma y decida sólo insistir con el paso de los tribunales colegiados a unipersonales, según averiguó Rosario3.
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El jueves, con el mega feriado ya avanzando, un decreto de Milei pareció convertirse en una nueva bomba contra las provincias, pero en rigor viene a acomodar jurídicamente un ajuste ya en marcha: la eliminación de fondos para transporte y cajas de jubilaciones.
Desde que asumió, el gobierno de Javier Milei dejó de abonar los anticipos mensuales que hacía Anses a las provincias que no transfirieron sus cajas previsionales al Estado nacional. Fue así que Santa Fe dejó de recibir unos mil millones de pesos por mes.
Ahora: la Casa Rosada le dio forma jurídica al recorte al publicar el miércoles en el Boletín Oficial un decreto que los elimina; golpe financiero que la provincia lleva tres meses asimilando.
La situación es la siguiente: hasta el gobierno de Mauricio Macri, Nación pagaba sobre año vencido lo que calculaba que era la compensación que debía aportar a la Caja. Además de ser bastante discrecional el cálculo, le daba una herramienta política a Nación sobre las Provincias al definir cuando abonaba el aporte.
Con llegada de Cambiemos, se estableció un mecanismo de pagos mensuales anticipados a cuenta sobre el último momento acordado. La situación, entonces, mejoró para las arcas provinciales.
Pero con la llegada de Alberto, el sistema empezó a distorsionarse sin caerse. Es que seguían haciéndose los pagos mensuales a cuenta, pero del último monto que se acordó que fue el de 2019. Entonces, los pagos mensuales que recibió en 2020/2021/2022 y 2023 eran sobre la base de 2019. Una licuadora K.
Milei apenas asumió directamente dejó de pagarlos y ante la posible judicialización por el incumplimiento a la normativa, con el DNU del jueves eliminó ese pago así que se volvió al momento K en la que a fin de 2024 deberá acordar con cada provincia cuánto pagará en 2025 por el año que venció.
Lo mismo hizo con el fondo de subsidios para el transporte del interior: con el DNU lo borra así nadie puede objetarle en la Justicia que dejó de pagarlo desconociendo una normativa vigente.
Como sea, el daño financiero es muy importante. Pero políticamente la situación también tiene otra lectura: como el gobierno provincial ya lo viene asimilando con lo que, en cierta manera, se le quita el yugo de Nación (y sus dádivas) para poder dar batalla sin esa atadura de tener que portarse bien para que le lleguen los anticipos, como pasó durante la gestiones de Néstor, Cristina y Alberto.
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Vamos a terminar el run run y, aunque parezca que no sigue la línea habitual, si la sigue. Y es que el tema es el fuerte ajuste sobre la estructura administrativa nacional.
La burocracia estatal está obviamente sobredimensionada, mal distribuida y con escasa productividad y eficiencia. Pero no sólo la padece el ciudadano que debe hacer trámites o espera una respuesta en una dependencia pública, sino que también los principales afectados son los propios empleados públicos que día a día quieren hacer mejor las cosas (que se cuentan de a miles) y se topan con esa máquina de impedir.
Es por eso que es tan cierto que esa costosa y pesada estructura debe acomodarse como que el gobierno de Milei no lo está haciendo con el criterio quirúrgico de remover escollo por escollo sino que barre indiscriminadamente sin mirar a quién y sin mirar qué barre.
Nada más lejos entonces que la meritocracia. Incluso, ajusta con ese criterio en temas sensibles. Cortar fondos para merenderos fantasmas que no existían en el conurbano bonaerense está muy bien hecho, pero escatimar los fondos a todos los comedores sociales es algo criminal. Y la tecnología disponible hoy permite claramente hacer las trazabilidades para diferenciar cuándo el dinero llega adonde tiene que ir y cuando es desviado.
En ese contexto de barrer sin mirar qué es lo que se barre, la ciencia también cae bajo la motosierra. Y el daño estructural que el recorte a mansalva le puede causar a la economía es inconmensurable, empezando por la fuga de cerebros.
En todos los países desarrollados, la ciencia de base tiene financiamiento estatal, ya que el mercado aparece recién cuando asoma la posibilidad de la renta. Y no aportan monedas las arcas públicas. Para los que creen que la inversión estatal en ciencia y tecnología (CYT) es un gasto y se quejan de lo que el Estado invierte en el Conicet, sepan que en la actualidad se invierte 0,6 % del PBI, esto es 5 veces menos que los países desarrollados.
“Para alcanzar los niveles competitivos de inversión, los países que se han desarrollado en el último siglo, como Israel o Corea del Sur, incrementaron su inversión en I+D a un ritmo promedio de 0,1% PBI/año durante 20-30 años, cuando en Argentina el aumento es del 0.01% anual”, sostiene un informe del reconocido investigador, Fernando Stefani, titulado “Rol actual y futuro de la ciencia en la innovación industrial y el crecimiento económico en Argentina”.
En países como Corea, el grueso (por no decir la totalidad) de la inversión en I+D fue pública entre la posguerra y finales de los 90, ya que recién hacia los 2000, la inversión privada tomó la batuta cuando ya los recursos públicos habían hecho lo suyo.
Y, finalmente, como una imagen vale más que mil palabras, nada mejor que el video que publicamos ahora para mostrar la importancia de la ciencia.
En un predio en la ciudad de San Lorenzo adonde hace 20 años no había nada ahora hay una industria de punta montada y trabajando que se llama Keclon. Fue fundada por científicos quienes en las mesas de trabajo del Conicet armaron una empresa de biotecnología que hoy fabrica enzimas que se exportan. De eso hablamos, cuando hablamos de cuidar la ciencia. Pasea, vean y disfruten: