La construcción del “Puerto de la Música” aparece en el punteo de temas que el gobernador Maximiliano Pullaro prepara sobre lo que será su primer discurso a la asamblea legislativa cuando el primero de mayo presida el acto de inicio de actividades.
Y es que la Casa Gris avanza con un ambicioso plan para activar la concreción del innovador centro cultural que llevaría la firma, ni más ni menos, que del prestigioso arquitecto brasilero Oscar Niemeyer. Pero la duda es si está todo tan maduro como para anunciarlo o si conviene esperar un poco más.
La idea sería construirlo no en su lugar inicial (puerto de Rosario) sino en la cabecera del puente a Victoria, como también esbozó sin mayores avances la gestión de Omar Perotti. Pero la gran novedad es que la construcción quedaría a cargo de uno de los principales desarrolladores inmobiliarios del país (top, top, top), que ya mostró interés, sobre todo por el proyecto urbanizador que podría montar y comercializar en el entorno si hace la obra y que le cambiaría radicalmente la cara a toda esa zona.
A la Provincia le interesa el fuerte valor simbólico que tendría el Puerto de la Música para Rosario a nivel país, pero sobre todo porque entiende que es uno de los grandes proyectos que la ciudad necesita para reencontrarse y proyectar un mejor futuro ante este presente de violencia narco por el movimiento no sólo económico sino también cultural y artístico que conllevaría.
Y como el ADN del Puerto de la Música es socialista, ya que fue un proyecto impulsado originalmente por Hermes Binner, hasta ya se baraja a quienes de ese partido integrante de la coalición Unidos se le encargaría la tarea de concretar la obra.
¿Habrá anuncio o no en el discurso de Pullaro de esta semana? Se define por estas horas.
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Vuelta de página. “Desestimar” significa que no hay delito para investigar.
Bueno, la novedad es que fue desestimada por Fiscalía la denuncia por estafa y asociación ilícita que un grupo de vecinos hicieron contra directivos directivos del club Logaritmo y las autoridades de la comuna de Ibarlucea por un supuesto convenio urbanístico secreto firmado en pandemia que, aseguraban, había convertido en barrio cerrado al loteo residencial abierto que allí levantó la entidad deportiva.
Para ser bien claros: Fiscalía desestimó que los apuntados por la denuncia, que son el ex presidente de Loga, Martín Lucero, y el jefe comunal de Ibarlucea, Jorge Massón, hayan cometido una estafa o que hayan armado una asociación ilícita
En efecto, el 12/4/2024 la fiscal Milic determinó la “desestimación” de la denuncia expresando que no solo "no hubo delitos" sino que además la Justicia ordinaria ya había resuelto que el club era un conjunto inmobiliario cerrado en una anterior resolución.
“No fue un delito donde fuimos investigados o imputados y sobreseídos o se dictó falta de mérito" porque no había pruebas suficientes, o había dudas y no se alcanzaba para procesarse. Fuimos sobreseídos”, señaló Lucero a Rosario3.
La denuncia, ahora desestimada, la habían promovido un reducido grupo de propietarios del barrio que sostenían que se trata de un complejo abierto, y por eso se negaban a pagar las expensas y cuotas societarias.
El tema es que Lucero lamentó que la denuncia fuera usada políticamente por opositores a su conducción del gremio Sadop en plena elección interna.
“La resolución final muestra que no hicimos nada malo y por el contrario fuimos denunciados por encontrarle una solución a las familias que viven en el club, como bien relata la resolución de la fiscal y quienes perdieron cientos de juicios apelaron a la bajeza de una denuncia penal. Y no solo eso, era una denuncia penal perdida que alguno desempolvó justo la semana antes de las elecciones en SADOP Rosario, usando el titular solo para ensuciar. Las elecciones pasaron y ganamos por el 80% de los votos”, resaltó Lucero.
“En virtud de lo expuesto y considerando que nos hallamos frente a un asunto claramente contencioso-administrativo y/o de índole política, ajeno al ámbito penal, y habiendo sido previamente sentado por la justicia civil que el Club Logaritmo Rugby tiene la naturaleza jurídica de un barrio cerrado, privado, country o conjunto inmobiliario, corresponde desestimar la presente denuncia conforme a lo establecido en el artículo 273 del Código Procesal Penal de la provincia de Santa Fe, al no haberse acreditado la comisión de delito penal alguno”, sostiene la fiscal Ana Milicic.
Para la Justicia no hubo delito, no hubo estafa y tampoco hubo asociación ilícita. Y el barrio de Loga en Ibarlucea es un complejo cerrado. Caso cerrado.
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Otro tema.
“No hay plata”, La frase acuñada por el presidente Javier Milei bien vale para resumir el argumento del defaulteado operador inmobiliario, Andrés Lux, ante el constante reclamo de sus muy enojados acreedores.
Lux -que tomaba fondos en su círculo cercano supuestamente para negocios inmobiliarios que rendían una tasa de interés- acumula ahora 12 denuncias por estafa en la Justicia, la mayoría concretadas en el último tiempo.
Si bien hay algunas con montos menores (como u$s15 mil) también hay otras mayores (que equivalen al valor de un departamento), redondeado una deuda de u$s1 millón.
Sin actividad económica y sin más bienes importantes para liquidar, la salida que dice estar explorando es conseguir un aporte de un tercero que le sirva como base para armar un plan de pago a los acreedores.
¿Quién puede querer prestarle? La versión oficial es de constructores que hicieron muy buenos negocios en el pasado con Lux y que ahora estarían dispuestos a darle una mano. ¿Y la extraoficial? Que sería un testaferro de terceros, quienes ahora le aportarían algo de dinero para que solucione su crisis.
Acomodar la situación con los acreedores le aliviaría el frente penal, pero no le alcanzaría para zafar de ser imputado por la Fiscalía. Y es que si bien hay denuncias que las puede pelear, hay otras maniobras que realizó que fueron muy burdas como vender dos veces el mismo inmueble o recibir dinero para comprar bienes que nunca compró.
Lux asegura que no tiene bienes más importantes para responder y es que habría tenido que mal vender propiedades para pagarle a acreedores bastante pesados. Es más, los agentes judiciales que allanaron sus oficinas hace casi un mes detectaron mucho personal nuevo ya que hubo gente que desistió de trabajar con él por los momentos de alta tensión que vivieron con acreedores encolerizados.
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Ahora: hay un tema muy interesante con Lux que trasciende su default actual.
Y es que Lux también estuvo envuelto en un resonante caso de estafas que estalló hace unos diez años con la caída de un grupo inmobiliario que quedó envuelto en maniobras de fraude en 12 fideicomisos inmobiliarios denominados "Habiter", cuya obra de más importante volumen en Rosario es una torre de 17 pisos de Avellaneda y Alberdi.
Lux era parte de ese grupo y fue uno de los imputados por estafas en ese momento. Pero hay más: uno de sus por entonces socios -quien asegura ser una víctima más del caso- también lo denunció penalmente por estafa.
También fue denunciado (junto a otras personas) por un inversor de la localidad de Bigand por una estafa vinculada a una operación inmobiliaria.
Por si a algún funcionario le interesa retomar los casos, los expedientes son: Cuij J 21-08452555, 21-0 810 485 7-3 y 21- 0810 4612-0.
No en vano, hubo pedidos de los damnificados para que se aparte al fiscal interviniente por presuntas vinculaciones con miembros del grupo al que pertenecía Lux, cosa que finalmente ocurrió ya que se cambió de agente judicial.
En definitiva, además de la imputación por estafa en el caso de los edificios de Habiter, entre 2017 y 2019 se registraron esas dos denuncias contra Lux en Fiscalía, una que fue desestimada y otra de la que nunca se supo nada.
Entonces, el interrogante que asoma es: Si en el pasado la Justicia hubiera actuado rápido y de manera contundente, ¿no se habrían evitado las nuevas estafas que hoy se están investigando? ¿Quiénes son los responsables de que empresarios con frondoso prontuario sigan operando? ¿De la Justicia? ¿O de los legisladores?
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¿Y por qué involucramos a los legisladores?
Es que el caso Lux volvió a poner en debate una propuesta del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario de cambios en la ley provincial que los regula para evitar que operadores que arrastran responsabilidades en casos de estafa sigan activos.
¿Cuáles serían los cambios? Uno sería prohibir, como en provincia de Buenos Aires, el uso de los nombres de fantasía para los corredores debiendo tener que publicitarse con nombre y apellido y matrícula. Y es que los nombres de fantasía (que los van cambiando ante cada problema) les permite ocultar la identidad para seguir activos en el mercado. Es más, hasta suelen incluso tener alta exposición mediática y publicitaria.
Y el otro es un cambio en la norma que obligue al corredor inmobiliario a tener la mayoría de la SRL o la SA de la empresa operadora, cuando hoy con tener una muy mínima participación accionaria puede inscribir a la empresa como corredora. La fórmula actual le permite a cualquiera presidir una operadora habilitada con tener a un matriculado casi de invitado o presta firma sin responsabilidad.
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El tema de los presuntos “infractores seriales” también está en el temario del Concejo por el caso del arquitecto Luis Luciani acusado de incumplimientos reiterados en las normas de construcción; en concreto de construir más pisos de los permitidos.
El problema es que los edificios con esas serias irregularidades no tienen final de obra y los inversores de buena fe no pueden escriturar sus propiedades. En el Concejo dicen que Luciani (ya retirado) dejó algunos edificios que llevan una década sin escriturar
Ahora bien: luego de negociar infructuosamente con el desarrollador, los propietarios cambian de arquitecto, quien gestiona en la Municipalidad y el Concejo una solución a la “herencia recibida”. Pero el problema es que como los edificios están construídos bajo la figura del fideicomiso, son los fiduciantes (compradores de buena fe) también responsables y tienen que afrontar el costo de las multas para regularizar.
En la comisión de Planeamiento del Concejo están viendo qué hacer ante esta situación buscando darle respuesta a los compradores de buena fe y cerrarle el paso a los profesionales de mala fe. Una posibilidad en estudio es hacer más fácil que se le pueda sacar la matrícula al arquitecto ya que hoy es casi imposible.
Pero además hay otro tema. ¿Puede haber entre los inversores del fideicomiso algunos que no eran compradores de buena fe, sino amigos o familiares que estaban al tanto de las maniobras como las que hacía Luciani? Por eso hay concejales que barajan la idea de exigirle a los propietarios que para que las autoridades le otorguen el final de obra previamente tienen que haber denunciado penalmente al desarrollador
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Y hablando de desarrolladores inmobiliarios con problemas de pago, en el Colegio de Corredores Inmobiliarios también siguen de cerca el caso de la firma antes conocida como “Adelante”, que llegó a tener notoriedad mediática.
Al igual que Lux tomaba fondos para invertir supuestamente en negocios inmobiliarios de alta renta. A fines del año pasado empezó a tener problemas para cumplir sus compromisos, y la situación se tensó mucho.
Su titular, Juan Vargas, fue logrando realizar acuerdos de pago y devolución en cuotas con muchos de sus acreedores,. Precisamente, el pasado 8 de abril terminó de cerrar importantes convenios de pago abonando incluso las primeras cuotas de los mismos, por lo que -asegura- la situación ya casi estaría normalizada.
¿Y el frente penal? La novedad es que las 3 denuncias contra Juan Vargas fueron unificadas y remitidas a la Unidad de Delitos Complejos a cargo del fiscal Miguel Moreno. Y además el abogado que las impulsa, Gabriel Monserrat pidió ser querellante de la causa, convencido de que solo moviéndola desde adentro puede avanzar.
Por su parte, Vargas insiste con que no hubo delito penal sino que fueron negocios que salieron mal, y por ende es un tema comercial.
Igual, esta semana está pautada una reunión entre los abogados de ambas partes que podría arrojar un principio de acuerdo.
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La última del club de los “defaulteadores”. Miren esa foto.
Son ahorristas haciendo fila para ir a verificar sus acreencias en el marco de la quiebra dictada al otrora prestigioso financista de la ciudad, Luis Herrera.
Los acreedores tienen hasta el 6 de mayo para presentarse.
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Vamos por el lado de la industria.
Alacero es la entidad que reúne a todas las acerías de América latina, y esta semana lanzó un comunicado con un dato de terror: es impresionante la caída de la producción de acero en Argentina. Veamos:
Pero si hablamos de acero, el tema de su precio en el mercado interno se coló esta semana en la que el gobierno nacional anunció medidas para darle más competitividad a las exportaciones de las terminales automotrices, que redondearon un trimestre para el olvido en materia de producción y ventas.
Es que cuando les hablan de costos, las automotrices se quejan de que en Argentina el acero cuesta 80% más que en Turquía, un país que también fabrica autos y componentes. ¿Importar acero? Parece difícil con el lobby interno. Que es el mismo lobby que también frena importaciones de autos, vale la pena aclarar.
Es más, las medidas tomadas por el gobierno (bajando aranceles para importaciones de insumos para exportación de automotrices) generó una interna entre fabricantes versus importadores de autos. "El precio de los autos es exhorbitante y los autos que se producen en el pais son con un 70% de partes importadas", dijo Federico Pieruzzini, presidente de Eximar (Volvo, Jaguar, Land Rover, Geely).
Ojo que no todas son pálidas en el sector. Ahora que el Estado bajó la demanda de pesos, los bancos tienen que ponerse a trabajar y salir a prestar al sector privado. Empezaron, como contamos en esta columna, queriéndole prestar a los mejores pagadores (claro está) como son el agro, petroleras y mineras. Algunos, ahora ensayan los primeros créditos hipotecarios, cuyas condiciones todavía no parecen atractivas
Pero parece que los bancos ahora están definiendo bajar tasas en créditos prendarios a pymes. Va a estar entre 30 y 32% TNA a 5 años para pickups y camiones nacionales. También habría una tasa especial de 22% para comprar utilitarios.
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Y si hablamos de automotrices, la preocupación está puesta sobre General Motors. No sólo volvió a parar la planta por tercera vez en menos de un año sino que ahora avanza con desvinculaciones. Es más, viene perdiendo mandos medios.
¿Todo quedará en un ajuste o se está pensando en una reestructuración mayor de la planta en Alvear, que en la actualidad produce sólo un tipo vehículo (la Tracker), y la reformulación de sus negocios en el país?
Por lo pronto, la multinacional fue noticia este viernes cuando anunció la decisión de cerrar su planta en Colombia, Colmotores, que implica el despido masivo de cerca de ochocientos empleados.
También anunció el cierre de su planta OBB en Ecuador, marcando el fin de casi siete décadas de operaciones en Colombia y ajustando sus operaciones en Ecuador para fines de agosto de 2024.
La medida se alinea con una estrategia de transformación hacia la comercialización, ventas y servicios posventa de vehículos en ambos países.
La transformación responde a desafíos como la fragmentación de mercados y la subutilización de ambas plantas, que operaban considerablemente por debajo de su capacidad, con Colmotores trabajando al 9% y OBB al 13%.
La compañía pretende transicionar en varios países hacia un modelo de empresas nacionales dedicadas a la comercialización, venta y servicio posventa de vehículos.
¿Y Argentina? El escenario local es muy diferente al de Colombia o Ecuador, donde marcas chinas desembarcaron con acuerdos especiales respaldados por esos gobiernos. En GM dicen que siguen peleando por un nuevo modelo. Esperemos que así sea.
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Parece que cuando el presidente Javier Milei definió esta semana por cadena nacional al "agro" como uno de los motores que tendrá la reactivación económica del país no se equivoca.
PLA, la fábrica de maquinaria agrícola controlada por John Deere inauguró este jueves una nueva nave industrial en la planta que posee en Las Rosas, Santa Fe. Y promete más inversiones.
La inversión que cortó cintas, y que fue de US$ 15 millones en 18 meses, amplió un 50% la capacidad de producción de pulverizadoras, fertilizadoras y sembradoras de la marca.
Pero atención que hay más inversiones en cartera.
Durante la presentación, Antonio Carrere, vicepresidente de Marketing y Ventas de John Deere en América Latina, adelantó que podría haber novedades de producción de nuevos productos en la planta de PLA by John Deere en Las Rosas, aunque ahora saldrían con el tradicional color verde de la marca del ciervo.
Esta nueva línea de producción, que se podría confirmar antes de fin de año, estará en un espacio de la nueva nave industrial. "Vamos a seguir apostando por Argentina y por la fábrica de Las Rosas trayendo nuevos productos”, destacó Joaquín Fernández.
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Una de coyuntura y de último momento. Ante el paro a partir del lunes anunciado por el Sindicato Aceitero contra la reforma laboral que supone la ley de Bases, fuentes de las aceiteras comentaron que: "Hemos informado al gobierno y especialmente a la Secretaría de trabajo. Es una decisión absolutamente ajena a los ingresos de la comunidad aceitera. No existen conflictos entre sindicatos y empresas aceiteras más allá que creemos que el salario no debe ser castigado con impuestos, no creemos que la forma de expresarlo sea castigando la actividad agroindustrial que es la que paga salarios altos".
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Más de campo.
Esta semana se realizó el remate del primer lote de soja, un acto protocolar que organiza anualmente la Bolsa de Comercio de Rosario para marcar el inicio de la comercialización de la oleaginosa en el mercado local. Y entre el acto y el lunch saltaron algunas novedades de negocios. Veamos:
1) El Banco Central le aprobó al Mercado Argentino de Valores (MAV) la compra de una pequeña parte del capital del Banco del Sol, que es propiedad de Sancor Seguros. No hay registro de un Mercado comprando acciones de un banco y la señal que se busca dar es la de la conveniencia de seguir complementando el sistema bancario con el bursátil, sobre todo cuando ahora los bancos son actores centrales de MAV.
2) Agricultores Federados Argentinos (AFA), la principal cooperativa del agro, prepara una importante reunión que se realizará en Tanti en los primeros días de mayo. Esa localidad se convirtió en escenario de históricos encuentros de la entidad, por ejemplo el que se definió el cambio de rumbo que le permitió sanear sus finanzas. Ahora el tema que lleva a debate la dirigencia, que preside Darío Marinozzi, es la posibilidad de explorar la alternativa de asociarse con terceros para proyectos de envergadura, por ejemplo cuando se trata de armar un puerto o una aseguradora. Hasta ahora, la entidad siempre encaró los proyectos en soledad, pero ahora analiza la conveniencia de asociarse para iniciativas de gran escala. Veremos si la idea tiene consenso.
3) Nutrien es el mayor proveedor mundial de fertilizantes, tanto de potasio, nitrógeno y fosfato. En Argentina, Nutrien cuenta con 2 plantas industriales y una desarrollada red de comercialización. Como parte de ajustes a nivel global, se comenta que la firma le habría puesto el cartelito de venta a sus operaciones en el país. La versión adquirió fuerza porque sus ejecutivos en la casa matriz convocaron a interesados, entre ellos uno de los grupos cerealeros top globales. ¿Bunge o Cofco? Esa fue la especulación más repetida entre los operadores. Pero atención que también suena un importante grupo portuario de capitales locales con importantes planes de expansión en marcha, cuyo presidente justo está -con buena parte de sus ejecutivos- de viaje en el exterior, lo que acrecienta la intensidad de las versiones.
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Por lejos, el tema más picante del acto de remate del primer lote de soja fue la terrible calentura que tenían los intendentes del conurbano contra el gobierno provincial por el tema del peaje que le cobran a los camioneros ($10.900 por pasada).
La Provincia no le saca el pecho a afrontar un problema estructural que es el deficitario estado de los accesos viales a las terminales, y con apoyo de puertos, aceiteras y transportistas van por una solución global y quiere discutir todo, hasta la tasa vial. Y una de las ideas que analiza es armar un consorcio que administre toda la red del Gran Rosario quedándose con la recaudación de la tasa (entre 10 y 20 millones de dólares al año entre todas las comunas) porque, aseguran, no se está usando para mantener los caminos.
Por el contrario, como viene publicando Rosario3, los intendentes sostienen que el problema de los accesos está en el abandono de las rutas provinciales y nacionales y no en esa “última milla”. Además de aclarar que la Provincia cree erróneamente que se trata de una gran caja (“son 10 dólares por camión que lleva carga de 10 mil dólares”), sostienen que con esa tasa se hacen cargo de desmalezar banquinas, barrido y limpieza de la mugre que dejan los camiones por las calles internas de las localidades, de desratizar los entornos urbanos de las plantas, y hasta financian operativos de seguridad y tránsito por la avalancha de camiones.
El tema es que los intendentes fueron al acto de la Bolsa para hacerse oír y vaya que lo hicieron repartiendo críticas a cuanta persona se le acercaba. “El 30% de la tasa va a los clubes de barrio y otra buena parte para asistencia social. Que la Provincia les explique a ellos que se los saca. Además, pagamos las horas extra de la policía en los accesos y nos hacemos cargo de buena parte del gasto de salud, todas cosas que debería hacer la provincia”, bramó uno de los intendentes del conurbano.
Otro jefe comunal fue igual de contundente y con precisiones: “Nos sacan la tasa y le dejo de pagar a los 16 médicos de la provincia de la guardia de pediatría y clínica, que pagamos nosotros para tenerla porque la Provincia no lo paga y si fuera por ellos no habría en nuestra ciudad una guardia para niños”.
Según trascendió, el intendente de San Lorenzo, Leonardo Raimundo, tuvo un encuentro previo con el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, en el que dejó en claro de que no iban permitir el zarpazo. El encuentro fue tenso.
Los propios intendentes, con sus declaraciones, dan cuenta de que la recaudación -en algunas comunas- tiene otro destino, como se quejan los puertos y camioneros, pero también queda claro de que muchas veces suple la falta de servicios, como de salud, que debería hacer frente y costear el gobierno provincial y, aseguran, no lo hace. El debate, entonces, debe ser más profundo en la relación ciudades y Provincia.
“Los granos salen por caminos de tierra y llegan a los puertos en caminos de tierra”, se quejó en su discurso el presidente de la Bolsa, y cuando bajó del estrado Raimundo le fue a llevar las quejas contra la movida de la Provincia, a lo que Simioni respondió que esa idea no había salido de la Bolsa, si bien reconoció que es fundamental una solución definitiva al tema.
Nadie de la Provincia se acercó a hablar con los intendentes en la Bolsa. Pero en declaraciones a la prensa, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, dijo que la idea es convocar a todos para poner todo sobre la mesa y buscar una solución
Menos tranquilo, el presidente de la comuna de Timbúes, Antonio Fiorenza, hizo declaraciones a la prensa en la que alertó que “si el gobernador decidiera sacar los recursos a su comuna, tengo que cerrarla porque la tasa representa el 50% del presupuesto del pueblo. No podemos siquiera ceder ni un porcentaje”. Y agregó: "El pueblo la va a defender a muerte, primero con el diálogo, es una tasa del pueblo y tenemos un sólo camino que es calle Mangore con una retro la cortamos y no pasa más un camión, pero nos perjudicamos todos, se perjudica el país”. Se tensa la situación.
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La pregunta que asoma es si esta puja entre Provincia y Municipios no es una pelea de pobres, cuando el problema es el gobierno nacional. Según datos de la Bolsa de Comercio, Santa Fe aportó más de US$ 4370 millones por derechos de exportación en 2022. Ese monto equivale a:
x) Más de 2 veces la recaudación de impuestos provinciales
x) 8 veces el gasto en seguridad de Santa Fe en 2023
x) 5 veces el gasto en educación de Santa Fe en 2023
x) 11 veces el gasto en salud de Santa Fe en 2023
Con ese dinero se podría:
x) Convertir la A012 en autopista 60 veces
x) Convertir la ruta 33 en autopista, de Rufino a Rosario, 14 veces
x) Convertir la ruta 34 en autopista, de Rafaela a Rosario, 17 veces
x) Hacer estas tres obras clave juntas, 7 veces.
Es mucho, ¿no?
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Finalmente, vamos a terminar con buena onda. Y el lunes vaya que se respiró buena onda el lunes en la presentación que hizo el Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe de “Código Ciencia”, que busca promover la cultura científica, técnica e industrial en la provincia. En concreto, se propone integrar iniciativas de cultura científica existentes e impulsarlas en la articulación entre el área de Ciencia, Desarrollo Productivo y Educación, estimulando la investigación y la innovación.
Ahora bien: ¿Dónde está lo relevante? Una de las enormes limitaciones que tiene cualquier plan, orientación, o política para el cambio de la matriz productiva es algo que se repite en forma regular: la fragmentación.
Entonces, por ejemplo el gobierno anterior de Omar Perotti anuncia un fondeo en el SF500 sin mensurar o evaluar cómo impacta en la sustentabilidad del sistema científico que los investigadores se dediquen a la actividad empresaria.
Es como secar las inferiores de un club de primera. O se mete mucha plata en infraestructura y equipamiento científico sin trabajar seriamente en la generación de vocaciones científicas en los más chicos y jóvenes.
Es por eso que el Programa que se presentó el lunes en el Acuario tiene varios puntos destacabales que le dan seriedad, impacto y sostenibilidad:
1. Tiene alcance en todo el territorio provincial de la mano de escuelas, municipios y comunas, organizaciones de la sociedad civil, etc.
2. Generará formadores en ciencia (maestros, profesores, instructores, etc). Nadie elige carreras científicas si no tiene un maestro que le haya hecho amar la ciencia.
3. Difundir el pensamiento y la actividad científica para formar ciudadanos con mayores aptitudes para el pensamiento crítico.
4. Promover a partir de acciones concretas la generación de una cultura que valore (no místicamente sino racionalmente) el conocimiento para construir más trabajo, más igualdad, más autonomía.
En definitiva, toda política de desarrollo en base a ciencia y tecnología que no contemple inversión en un Programa como "Código Ciencia" es una política destinada al fracaso porque no será sostenible ni escalable.
¡Muy Buen domingo!