Días atrás, el ministro de Gobierno, Fabián Bastía, empezó a filtrar a un grupo de periodistas letra off the récord sobre la embestida oficial contra la Corte Suprema de Justicia. Y entre la artillería que tenía preparada para cuestionar la performance de la Corte, apareció el caso Vicentin. Fue así que el mayor default en la historia del mercado de granos entró en la crónica periodística de la contienda por la renovación de la Corte, sumándole ruido político a un asunto por demás complejo.
Como el máximo tribunal mostró que no tiene causas atrasadas o frizadas, contrariando el mote de “lenta” que le achaca el gobierno a toda la Justicia provincial, Bastía puso sobre la mesa la intervención de la Corte en el caso Vicentin en 2022 cuando, a pedido de acreedores que advertían irregularidades en el concurso, suspendió el proceso por varios meses para interiorizarse en lo que estaba ocurriendo, en lo que se conoce como “avocamiento” que, si bien no es frecuente, está previsto en la normativa.
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La historia es la siguiente. Tras el default, el caso Vicentin fue en paralelo por dos carriles. Uno, el de la convocatoria de acreedores (tribunales civiles). El otro, el de la Justicia penal por las múltiples denuncias de estafa (por ejemplo de bancos internacionales).
La investigación penal avanzó fuerte y terminó con todo el directorio imputado y acusado de diversos delitos ya que, para los fiscales, Vicentin falsificó balances para ocultar su mala situación financiera y así poder seguir recibiendo créditos (fondos de los bancos y granos de los chacareros) que sabía no estaba en condiciones de pagar. Incluso, y dato clave, quedó firme en Cámara, la prohibición de venderse de manera total o desguazar sus activos.
El tema es que en el carril de la Justicia civil, la convocatoria se manejaba como si nada pasara en el frente penal, sumando algunas irregularidades, como aceptar una apertura de concurso sin presentación de balance, que apareció un año después y sin firma de auditores de peso. No en vano, toda la Sindicatura terminó imputada por la Fiscalía.
El tema es que al dejar correr el concurso, la firma logró un acuerdo de acreedores en el que financiaba el pago de su deuda con el desguace del grupo industrial. Pero había un escollo central en la oferta (cuestionada, también, por otros motivos por la quita de casi el 80% acreedores granarios): en el fuero penal está trabada la venta de los activos del grupo.
¿Es correcto que se le avale a los directivos la venta de la firma, cuando las causas que provocaron el default hay que rastrearlas por el lado de una estafa millonaria?
Lo que hizo el máximo tribunal en 2022 (con la oferta de pago acordada pero no homologada), ante el pedido de acreedores que insistían con sospechas de mal procedimiento, fue suspender el proceso para pedir los expedientes y analizarlos en profundidad.
Claramente, no es una medida habitual. Todo lo contrario, pero tampoco lo es el caso ya que se trata de la mayor y más compleja convocatoria de acreedores que se dirimió en los tribunales provinciales.
Tras estudiarlo en detalle, y por varios meses (por la extensión del caso), el máximo tribunal se lo devolvió al juez Fabián Lorenzini avalando su accionar, pero no sin duras críticas y hasta cuestionó que el concurso se desatienda de lo que ocurre en el fuero penal.
Y lo que para Vicentin sonó a victoria porque esperaba que Lorenzini, otra vez en carrera, homologue el acuerdo, terminó luego en derrota porque en 2023 el juez decidió, en un escrito de más de 40 páginas de argumentación, no homologar la propuesta de pago, entre otras razones porque están al estar embargados los bienes industriales a desguazar no hay forma de financiar los pagos a los acreedores.
Vicentin apeló el fallo y la Cámara de Reconquista en un escrito que no completa una carilla (contra los 40 del de primera instancia) resolvió en su favor, estando ahora el tema a disposición del máximo tribunal.
"Yo ya tengo mi postura definida. Pero es un tema también de juntar mayorías", dijo la ministra de la Corte, María Angélica Gastaldi, consultada esta semana en Radio2.
El expediente lo tiene ahora el juez Roberto Falistocco, y otro de los que ya tiene definida postura, como Gastaldi, es Daniel Erbetta.
En definitiva, y el punto central, es que la Corte Suprema debe dirimir ese conflicto entre la Justicia Civil y la Justicia Penal, cuando -como siempre pasa en el Derecho- la biblioteca está repartida sobre quién debe primar.
Es más, lo ocurrido tras el avocamiento (no corriendo a Lorenzini, como pedían los acreedores y con el juez luego negando la homologación de la oferta) mostró que la intervención temprana de la Corte, que Bastía ahora salió a cuestionar , tenía sustento.
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Querer ensayar, como hizo Bastía en el off the récord con periodistas, una suerte “carpetazo” contra la Corte por el avocamiento, sumó complejidad política a la resolución y pareció jugarle en favor a Vicentin.
Y no puede pasar desapercibido que la intervención del gobierno provincial sobre un tema que debe dirimir la Justicia y los propios actores privados involucrados tiene mucho parecido al brulote que quiso hacer el gobierno de Alberto Fernández cuando quiso estatizarla.
No está claro quién y porqué le propuso a Bastía poner sobre la mesa el caso Vicentin para pegarle a la Corte, pero sí quedó claro que -por más que sea “prensable” y que los argumentos para criticar no sean contundentes- la embestida fue aprovechada por dirigentes de ese “amplio coral” partidario que es el radicalismo, que siempre operaron en favor de Vicentin, como el diputado provincial Dioniso Scarpín y el senador provincial José Marcón.
Además, se generó el contexto para que en Corenosa -la entidad empresaria del norte santafesino que siempre se movió al ritmo de Vicentin, llegando Alberto Padoán a ser su presidente- saliera a la prensa para presionar a la Corte para que falle en su favor.
Es más, luego se sumaron en un comunicado conjunto empleados de Vicentin, relacionados con las familias dueños, sectores comerciales y políticos de Avellaneda, que siempre le respondieron, y agrupaciones de ruralistas “autoconvocados”. Todos presionando a la Corte para que falle en favor de Vicentin, legitimadas por el “brulote” político con el sello de Bastía.
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Es por eso que 71 acreedores granarios se expresaron en las últimas horas en contra de la presión a la Corte con una solicitada.
“Desde el lugar de damnificados que nos toca ocupar, sentimos mucho que aún existan algunos pocos actores que adopten tal postura, y no tenemos dudas que la causa radica en intereses económicos comunes con los imputados, o bien en la desinformación a la que nos tienen acostumbrados los orquestadores del mayor default económico de la historia de nuestra provincia”, dicen en un comunicado que podes leer entero haciendo clic aca.
“No tenemos dudas que quienes se expresaron ante el Máximo Tribunal Provincial son parte interesada o bien han sido manipulados por los mismos responsables de esta larga agonía que venimos sufriendo con el fin de presionar a los miembros de la Corte, y así consolidar su acto delictual realizado, profundizarlo con una quita ilegal de la deuda y finalmente, favorecer el desguace de la mayor agroexportadora de capitales argentinos”, completan.
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Para terminar con el tema de Vicenti, no podemos dejar de hacer notar una perlita de los dos comunicados que salieron a presionar a la Corte.
Se podría decir que no se expresó el sindicato de aceiteros que representa a los obreros, que -por el contrario- está muy preocupado porque las plantas del norte quedan fuera de todo acuerdo.
Se podría decir que no se expresaron entidades reales del agro como la Mesa de Enlace, Centros de Corredores, Sociedades de Acopiadores, Bolsas de Comercio.
Se podría decir que hay allegados a familiares que firmaron bajo el paraguas de “empleados”.
Pero lo más insólito es que la nota de Corenosa, la firma Alberto Buyati, como titular de la entidad, siendo familiar de Daniel Buyati, el ex presidente de Vicentin. Hasta los dedos marcados dejan..
Un poco de seriedad, che
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Ya que hablamos del mercado de granos, el viernes en la Bolsa de Comercio de Rosario estuvo el ministro de Economía Luis Caputo.
"Le planteamos que vemos una escasa inversión en infraestructura, a lo que el ministro nos manifestó la intención de que las obras que no están en el presupuesto igual se van a hacer cuando aparezcan nuevos recursos", dijo Mariano Schor, presidente de la delegación Rosario de la Cámara Argentina de la Construcción. A los constructores esa formula no les pareció muy aplicable en lo técnico, y lejos estuvo de darle esperanzas de una mayor inversión en infraestructura nacional para Santa Fe el año que viene.Si querés revivir cual fue la reacción del empresariado que lo escuchó, podes leerlo acá.
Y si querés saber con quién desayunó previamente de manera reservada, acá tenes la lista
Pero lo que aportamos ahora es que mientras Caputo hablaba y los empresarios escuchaban, en un pantalla que tiene la Bolsa colgada en el recinto en el que pasan novedades “parroquiales” aparecieron algunos datos interesantes sobre la venta de una pequeña corredora de granos que se llama Cabreriso y Asociados.
Resulta que la versión era que circulaba en el medio era que la compraba el banco Coinag, cosa que el titular, Harán Sefusatti, le desmintió a este cronista.
Y es que el interés por participar en el negocio del corretaje no era del banco, como bien se dijo, pero parece que sí del propio Sefusatti, pero a nivel personal.
Y es que en la pantalla de la Bolsa aparecieron en la lista de los nuevos adherentes a la entidad que se aprobaron recientemente y, entre otros, se pudo ver a Silvina Sefusatti, como nueva accionista de la corredora Cabreriso.
Y también aparecen aprobados otros nuevos ingresos de adherente a la Bolsa por esa corredora, que llevan el patrocinio del propio Sefusatti.
Acá van las fotos de la pantalla de la Bolsa.
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Salto rotundo para cambiar de tema.
Esta semana se armó un lindo revuelo político por basurales que se están armando clandestinamente en Nuevo Alberdi, el último gran predio por desarrollar y urbanizar que tiene la ciudad en el noroeste.
Falta de empatía de ciudadanos que tiran allí su basura domiciliaria, empresas de volquetes que ilegalmente descargan en la zona, ausencia de controles y sanciones, y, sobre todo, la falta de las obras públicas que el gobierno de Alberto Fernández prometió y no cumplió (algo recurrente durante el kirchnerismo), son sólo algunos factores que explican porqué Nuevo Alberdi es un desierto cuando en todo el gran Rosario no paran de armarse nuevos loteos.
Y los desarrolladores inmobiliarios de la región dicen tener la explicación del fracaso: culpan a la normativa específica que se sancionó para las nuevas construcciones en Nuevo Alberdi. Un conjunto de regulaciones bastante sui generis que en el Concejo celebran porque tuvo amplio consenso político, pero que los operadores inmobiliarios advierten no prestó los debidos oídos a quienes son los que, en definitiva, abren la billetera y hacen las inversiones.
No en vano grupos empresarios que sobrevolaron los terrenos de Nuevo Alberdi prefirieron aterrizar en Fisherton o en Funes porque allí el costo de las exigencias está más acorde con los valores a los que se puede vender en la actualidad el m2. Tampoco les convence el entramado de compensaciones que se estableció para esa zona carente de servicios, que -se aseguran- sólo puede ser viable si las afronta un operador importante con espalda financiera.
Además, el plan urbano que se montó sobre la ya existente prohibición de barrios cerrados para Rosario. El contraste es claro: el country de Palos Verde está pidiendo ahora permiso para ampliarse, mientras que en el resto del barrio no hay inversiones.
Incluso, los pocos que se radicaron -como el caso del club Universitario- tienen más estructura levantada que autorizaciones y habilitaciones municipales, y bien valdría una revisada oficial de todos los permisos.
En algún momento, la inversión inmobiliaria llegará a Nuevo Alberdi, sobre todo porque allí hizo reserva de tierra uno de los desarrolladores más grandes de la provincia que es Pilay, que por ahora -y no por nada- prefiere avanzar primero en cualquier otro predio antes que en el que tienen en Nuevo Alberdi.
Por ejemplo, encabezará -junto con Life y Grupo Fantín- la semana que viene el lanzamiento de la segunda etapa del desarrollo urbano Cinco Lagos en Ibarlucea.
En definitiva, a juzgar por los empresarios del sector, el cuerpo normativo sancionado para ese barrio es una muestra clara de cuándo la dirigencia política legisla mirándose el ombligo.
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Más sobre real state
El jueves 26 de septiembre en la Bolsa de Comercio de Rosario, se realizará "FinHábitat", un evento que tiene la finalidad de dar a conocer al público en general la oferta de herramientas para financiamiento de desarrollos urbanísticos y habitacionales y la información necesaria para acceder a las mismas.
El que lo organiza es el Foro de la Vivienda y, precisamente, el objetivo del evento, además de mostrar las alternativas vigentes y en estudio para financiar a desarrolladores inmobiliarios (como la de hipotecas para bienes futuros) busca mostrar y resaltar la vigencia de este grupo empresario.
El Foro reúne -entre otros- a la Asociación de Empresarios de la Vivienda, el Colegio de Corredores Inmobiliarios, la Cámara Argentina de la Construcción, el Colegio de Arquitectura y Urbanismo, el Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas, la Cámara Inmobiliaria de Rosario, la Cámara de Urbanizadores de Santa Fe.
Y además, la realización del encuentro tiene un tercer objetivo: mostrar que la “inversión en ladrillo” sigue siendo un “refugio” seguro de los ahorros, sobre todo ante los casos de financistas inescrupulosos que “desvanecen” los depósitos de los ahorristas, que no paran de repetirse, y la caída del precio del dólar.
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Siguiendo por el lado inmobiliario, la EPE -considerada uno de los principales escollos del desarrollo urbano- fue noticia en los últimos días por una carta que le envió a los desarrolladores de edificios que esperan al 10/11 del 2023 que les conecten el servicio definitivo del servicio.
-¿Qué dice la carta?, preguntó Rosario3 a uno de los empresarios que la recibió
- “Básicamente, que ellos no se hacen cargo de nada y que si queres resolver el tema del “palo/cajón” tenes que poner todo el dinero vos y contratar todo vos. Ellos se desentienden”, fue la respuesta.
Esta es la carta con las propuestas de la EPE que llegó a los constructores con la propuesta.
Para algunos desarrolladores, se trata de un anticipo de lo que será el efecto negativo de la entrada en vigencia de nuevo reglamento para la obtención del servicio, que -sostienen- carga todo en el desarrollador (que luego lo traslada al precio de venta) y por eso quitará incentivos a construir en los sectores de la ciudad con menor poder adquisitivo.
Y es que el problema no es que, como pasó en su momento con los "fideicomisos" de Litoral Gas, se trata de un fondo fijo a abonar, sino que es variable según las disponibilidades de potencia y tendido de cada zona.
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Pero si de servicios públicos se trata, la nota (y vaya nota) la dio esta semana Aguas Santafesinas que, por la emergencia económica en la que entró la empresa, sus empleados no cobrarán el mes que viene el 60% que les falta del premio anual de $2.8 millones que reciben por año desde que la empresa se provincializó en la gestión de Jorge Obeid.
Semejante premio a todos los empleados (sin distinción de productividad o presentismo) de parte de una empresa que no se caracteriza por tener personal eficiente y que arrastra un déficit millonario que le cubre el Tesoro Provincial es un escándalo que indigna al ciudadano que recibe el mal servicio. Y hasta viene a legitimar pedidos de “aplicar una gran motosierra” en el gobierno Provincial como el que realizará públicamente este lunes ante empresarios la Fundación Libertad con un planteo de fuerte ajuste a la estructura burocrática provincial.
El no pago del premio (Aguas se ahorra $2.400 millones) es un nuevo capítulo del enfrentamiento entre el gobierno y el gremio, que -según el directorio- es el responsable de desmanejos en horas extras, ausentismos, millonarios contratos a tercerizados que son familiares de la conducción sindical y gastos irresponsables en telefonía celular.
Pero hay dos cosas más. La exposición de estos desmanejos es un aviso al gremio de que si no cambia el rumbo y se cuadra a la tarea de equilibrar la empresa, al gobierno no le asusta iniciar el proceso de privatización. Y además, al exponer la situación (de la que podes profundizar haciendo clic acá) también emerge que estas irregularidades tuvieron vía libre en las anteriores administraciones de Omar Perotti, Miguel Lifschtiz, Antonio Bonfatti y Hermes Binner.
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Atención que si al lector le parecieron picantes los datos que saltaron de las ineficiencias de la burocracia interna de Aguas que se conocieron en las últimas horas, a prepararse que el gobierno provincial prepara para los próximos días una avanzada similar sobre la EPE.
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Una de las principales noticias de negocios de la semana fue que comenzó a funcionar la central térmica de Arroyo Seco. El Grupo Albanesi la habilitación de la primera turbina de gas. La segunda quedará habilitada en octubre. Inyectará 130 MW al Sistema Argentino de Interconexión.
Una inversión privada de 165 millones de dólares que generó 500 empleos durante la construcción, pero que operará con 3 trabajadores por turno, exponiendo con total crudeza el impacto de las tecnologías en el mercado labora, tema con el que cerraremos este run run.
Pero hay otro punto interesante clave vinculado a esta inversión. La construcción de esta central no solo es una obra estratégica para el Grupo Albanesi, sino que también representa un salto cualitativo en la infraestructura eléctrica de la región. Y una bocanada de oxígeno para la EPE.
Es que la empresa invirtió 10 millones de dólares para montar una estación transformadora cuya operatoria y propiedad cederá a la EPE apenas le termine y eso le permitirá (a costo cero porque el financiamiento fue 100% privado) tener una forma de afrontar los problemas en el diseño de transporte de energía que tiene la provincia.
Ocurre que como casi todas las centrales están desde Timbúes al norte, las líneas de transporte tienen un flujo descendente de la energía para llegar a Rosario y al sur de la región. Y cuando hay mucha demanda se tiende a saturar esas líneas, con todo el riesgo que eso conlleva para mantener el servicio. Entonces, a veces cuando se corta la luz no es por falta de generación de energía, sino porque no hay capacidad de transporte.
Al poner Albanesi una central en el sur de la provincia se inyectará energía a la zona sur sin tener que transportarla desde el norte por la ciudad de Rosario y dejando de pasar a través de transformadores que el verano pasado estuvieron saturados, sumando riesgos de que tengan que salir del sistema por fallas.
Eso implica que la existencia de Arroyo Seco como central y nodo de conexión va a poder inyectar 100 mega que no va a tener que transportar a través de la estación Rosario Oeste, que es la principal que alimenta la ciudad. En definitiva, la energía que pone Albanesi en Arroyo es una herramienta de trabajo para poder distribuir la línea de otra forma y le achicará la sobrecarga de transformadores en Rosario Oeste. Y también es una herramienta para regular tensión (el voltaje de nodos) que hasta ahora no tuvo.
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Volviendo a Aguas, revisando la gestión anterior hay un tema que involucra a Funes y que despertó muchas suspicacias en el nuevo directorio.
Resulta que Aguas firmó un compromiso con la intendencia de darle 5.000 factibilidades para nuevas conexiones, que el Municipio repartió entre distintos barrios privados por construirse. Bajo qué criterios, el directorio actual no lo sabe.
El tema es que ahora hay desarrolladores con loteos avanzados que van a pedir el servicio, y en Aguas les dicen que no les pueden dar más, lo que genera bronca en los desarrolladores porque hay otros barrios (sin construir) que ya tienen el ok para conectarse en el futuro porque recibieron parte del cupo que repartió antes la Municipalidad de Funes.
¿Y si arman un mercado secundario de compra venta de factibilidades para futuras conexiones? Incluso, si lo hacen en una Bolsa hasta podría ser un comercio transparente conociendo titulares y precios…..
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Cambio de tema.
“En el banco me preguntan el origen de los dólares que quiero blanquear. ¿Por qué?”.
El comentario, cada vez más recurrente, llega a oídos de consultores financieros y contadores por parte de sus clientes interesados en adherirse al blanqueo. Y a todos les llama la atención.
Si bien es cierto que los bancos tienen normativa de UIF que cumplir, asesores financieros levantaron los teléfonos para consultar a gerentes regionales de los bancos para saber qué está ocurriendo.
Y si bien no hay orden escrita, lo que recabaron de las consultas es que todo indica que a los ejecutivos locales de bancos nacionales y extranjeros les llegó la “recomendación” de extremar recaudos en Rosario para que no se les filtre dinero proveniente del narcotráfico y otras actividades ilícitas.
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Mientras que este blanqueo, a diferencia de anteriores, sí despierta mucho interés de ahorristas medianos con dólares en el colchón o la caja fuerte, en los bancos no todos están entusiasmados.
Ocurre que si el ahorrista que abre una cuenta para blanquear y deposita este 30 de septiembre los dólares black, lo primero que hace el 1 de octubre es sacarlos del banco, para la entidad financiera (sobre todo si es regional o chica) la operación les representa más que nada un gasto.
Por eso algunas entidades están ensayando alternativas de inversión con renta anual asegurada del 3 por ciento para quienes blanqueen y los dejen depositados en el banco.
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Santa Fe no va estar adherida para el 30 de septiembre, cuando vence el plazo para sumarse abonando sólo una alícuota del 5% sobre el excedente de USD 100.000
Pero la provincia no hará como Neuquén, que no se adhirió y le cobrará Ingresos Brutos a quienes blanqueen, ya que se va a sumar.
Eso sí dispondrá de (además de un control extra para evitar que ingrese dinero de actividades ilícitas) el cobro de un cargo. “Es que para nosotros no son héroes, como dice el gobierno nacional y sería una injusticia tributaria para el que pagó en tiempo y forma”, repite el ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares.
¿Y cómo se implementará en la práctica ese “cargo”? “Puede ser que el que blanquee tenga actividades en Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires y habría que ver qué parte le corresponde a Santa Fe”, dijo el especialista, César Litvin.
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Sobre el blanqueo, desde la regional Rosario de la AFIP salieron a apuntalar fuerte los beneficios para los contribuyentes de ingresar. Es que aunque el blanqueo tenga tres etapas, la posibilidad de regularizar dinero negro vence el lunes 30 de septiembre.
Y dos son los principales argumentos del fisco para convencer a los contribuyentes. Uno es que al no tratarse de un blanqueo con fin de recaudación (sino que busca reactivar la economía), los costos de ingreso son realmente bajísimos. Y que, precisamente al serlo, aquellos que ya están bajo inspección de Afip pueden aprovechar para regularizar a muy bajo costo.
Por ejemplo, si una persona posee 200 mil dólares en su patrimonio sin blanquear, al hacerlo el costo le sale 5 millones de pesos, pero sino lo hace y luego es detectado, la deuda que le generaría ascendería a 50 millones de pesos (entre pagos de impuestos, intereses y multas). Y si la cifra escala, hasta se le abre la instancia de investigación penal.
Así que el no ingrese al blanqueo y la Afip le detecte luego que tiene bienes no declarados, deberá pagar diez veces más del costo de ingresar ahora al blanqueo. Y atención que el fisco ya está trabajando en una estrategia para “el día después” del blanqueo saliendo con todas sus herramientas de investigación y fiscalización para realizar todos los controles necesarios para detectar a los no cumplidores.
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Para ir cerrando, una de tecnología.
En las “Charlas de Mercado” de este sábados en Rosario3, se puede ver como la tecnología le corre permanentemente el arco a las Bolsas de Comercio, nota que podes leer haciendo clic acá. Es que mientras todavía se están acomodando a cómo incorporar el mundo de los criptoactivos a la operatoria bursátil, aparece la Inteligencia Artificial con sus nuevos desafíos.
Y en este caso vamos a plantear el tema de John Deere. La empresa a nivel global está en plena transformación con un fuerte ajuste de su plantilla de trabajadores, a lo que se le suma en Argentina un conflicto paritario en el contexto de caída de ventas.
En el marco del BCR Agtech Forum, que organizó la Bolsa de Comercio de Rosario, disertó Sergio Fernández, uno de sus principales directivos en el país, y puso en blanco sobre negro como la tecnología hasta les cambió el plan de negocios, y explica parte del ruido en torno a la líder en maquinaria agrícola.
“La innovación es uno de los cinco pilares de la compañía. Y esta innovación, que se manifestaba en cada nueva maquinaria, se vio desafiada por las últimas transformaciones digitales. Fue así que concluímos que si queremos estar a la cabeza de la transformación digital, lo que tuvo que transformar la empresa es su modelo de negocio. Ahora dejó de ser el de precio por cantidad, de ingresos por unidad vendida, de market share en equipos, a un modelo de negocio de venta de servicios digitales y tecnológicos a las empresas productoras para mejorar su negocios agropecuario”, contó Fernández.
“El mercado de maquinaria agrícola tiene años buenos y malos en ventas, y cuando son malos mantener los activos físicos de las grandes fábricas se hace muy difícil, por eso nos enfocamos en el mercado tecnológico que es de ingresos recurrentes. ¿En qué consiste el nuevo esquema?. Ya no nos enfocamos en vender el tractor o la cosechadora, sino en plataformas y servicios para optimizar el ciclo productivo de nuestros clientes sobre cualquier maquinaria de cualquier empresa, se busca digitalizar e integrar todas su maquinaria para poder eficientizar su actividad productiva”, agregó el ejecutivo.
En John Deere, todavía, el 90% de los ingresos viene por el lado del negocio tradicional de la venta de maquinaria, pero desde 2018 empezaron a transitar el nuevo esquema. Y es que de los cambios que provocan las nuevas tecnologías nadie se salva. Ni John Deere.
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Para cerrar, decíamos el domingo pasado que sólo cosas buenas pueden salir de un encuentro que reúne a jóvenes, innovadores, ciencia y tecnología aplicada al campo, financiamiento, y experiencias de grandes empresas.
Y eso fue el BCR Agtech Forum 2024 concluyó con gran éxito, no solo en los paneles y discusiones que se llevaron a cabo sobre conectividad, IoT y biotecnología en la agroindustria, sino también en las productivas Rondas 1 a 1 de Inversiones y Nuevos Negocios, que se desarrollaron en paralelo.
Durante el evento, un total de 73 participantes, incluyendo startups, fondos de inversión, empresas líderes y productores agropecuarios, se reunieron en un formato dinámico y enfocado. Este espacio promovió el encuentro cara a cara, vital para fomentar inversiones y abrir puertas a nuevos negocios en el sector agroindustrial.
Se realizaron 165 reuniones en total, de las cuales el 44% estuvo orientado a la búsqueda de inversiones, un 35% a la exploración de alianzas estratégicas y un 21% en busca de validación de tecnologías, demostrando un compromiso serio con el avance y la sustentabilidad del sector agropecuario.
Como dicen en las redes sociales, "es por ahi".
Buen domingo.