El martes que viene llegará a Rosario uno de los empresarios más importantes de Chile. Se trata de Richard Von Appen, presidente de Ultramar, el grupo empresarial trasandino vinculado a negocios navieros, logísticos y portuarios con más de 80 operaciones en 16 países y que factura al menos 800 millones de dólares al año.
Ultramar es el accionista principal de Terminal Puerto Rosario (TPR), la concesionaria de las terminales I y II del puerto local, y la llegada de Von Appen entusiasma a las autoridades locales que esperan que su presencia inaugure una nueva etapa de crecimiento e inversiones para la logística regional.
Von Appen presidió hasta 2023 la principal entidad empresarial de Chile, la Sofofa (un símil de la UIA Argentina), organización que viene de jugar un papel clave en las convulsionadas discusiones por reformas constitucionales en el país vecino.
Y ahora, de vuelta a focalizarse en los negocios privados del grupo familiar, emprendió una gira por todos los países en los que opera para ver de primera mano la situación de cada una de sus empresas. Esos negocios formaban parte de un mismo grupo, con sus primos Von Appen Burose, pero fueron reestructurados hace cinco años, separando la gestión y los patrimonios de las dos ramas familiares. Richard preside Ultramar, un descentralizado holding con negocios en tierra que controla con su padre y sus dos hermanas, mientras que sus primos Dag y Per, junto a sus dos hermanas, controlan Ultranav, con negocios en mares y ríos.
TPR tiene la concesión del puerto hasta 2032, así que si le interesa extender el contrato debe iniciar pronto las conversaciones. Y en estos casos, la fórmula de los acuerdos es lograr más años de operaciones a cambio de millonarias obras de infraestructura, que el puerto local necesita con urgencia, sobre todo en los muelles.
Y es por eso que en el gobierno provincial se entusiasman con un guiño del propio número uno de Ultramar de avanzar por ese camino de negociaciones.
Por lejos, el mejor momento del puerto de Rosario fue desde 2012 con el ingreso de Ultramar como socio minorista a cargo de la operatoria. Y es que además del know how que traía, significó el ingreso del puerto a una importante red logística global (navieras, terminales, etc.) que es fundamental para su inserción comercial internacional.
La situación de TPR se complicó en 2019 cuando el socio mayorista (Vicentin) volcó escandalosamente y se quedó sin fondos para hacer las constantes inversiones que la actividad portuaria demanda.
Ultramar comenzó un lento proceso de compra de acciones hasta consolidar hacia el año pasado un poco más de la mitad de las acciones, pero sin buscar quedarse con la totalidad del paquete porque el grupo se siente cómodo teniendo socios locales en los países en los que opera, por más que en este caso sea un ancla que les dificulta todo.
En paralelo a ese proceso accionario, desde 2020 el Enapro empezó a cumplir su rol de control de la concesión empujando a que la firma vuelva a encauzarse en el cumplimiento de obligaciones contractuales que se habían relajado a patir de las desavenencias financieras de Vicentin.
Y así parece que ahora están dadas las condiciones para una saludable vuelta de página.
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La llegada de Von Appel es una muy buena noticia para arrancar el run run de este domingo. Pero no es la única. Y es que apareció un plan para solucionar un problema del que venimos advirtiendo en esta columna semanal. ¿De qué se trata?
Se puso sobre la mesa en un plan conjunto público privado, que ya avanza a paso acelerado, que permitiría cubrir la demanda de energía eléctrica solicitada por distintos desarrollos inmobiliarios en el corredor sur oeste del área metropolitana de Rosario, iniciativa que -de concretarse- permitirá abastecer de potencia energética en cantidad y de calidad a los loteos residenciales y áreas industriales que se proyectan en la zona que comprende las localidades de Alvear, Piñero, Álvarez, Villa Amelia y Coronel Dominguez
El plan, motorizado por Grupo NU, empresa especializada en desarrollos industriales y urbanizaciones, quien junto a los desarrolladores de la región desde hace más de 2 años mantienen reuniones con autoridades comunales, funcionarios de la EPE y legisladores en busca de una solución que permita al conjunto poder proveer de energía a los desarrollos actuales y una amplia mirada a futuro. En concreto, lo que la zona necesita -como ya venimos contando- es una Estación Transformadora de 132 KV junto con redes de alta y media tensión y estaciones de rebaje, que demandan una inversión que supera los 20 millones de dólares.
¿De qué se trata la propuesta que ahora avanza a pasos acelerados? Es necesario comprar una hectárea de campo (que ya se encuentra en revisión por EPE) en la localidad de Alvear a la vera de la ruta A012 en el que se construiría una Estación Transformadora 132/33/13,2 kV (ET), alimentada de una línea de alta tensión de aproximadamente 6 kilómetros de distancia. De esa ET se construirán alimentadores y distribuidores de media tensión, en 33 kV y 13,2 kV proyectando así un anillado de redes con posibilidades de realimentación de las rutas A012 - RP14 y RP18), vinculando además las 5 comunas, para que desde allí cada desarrollo actual o futuro se sume y solo deba realizar sus obras internas.
¿Y cómo se pagaría? Acá se conjugan la necesidad de los desarrolladores, la voluntad de las comunas de crecimiento y la visión de futuro de la EPE para la ampliación de su infraestructura de red. En concreto, los costos del proyecto de Alta Tensión se afrontarán en forma conjunta entre los desarrolladores y EPE, mientras que para las redes troncales de media tensión se propuso y hay voluntad de conformar una comisión intercomunal entre las 5 localidades que gestione fondos nacionales y provinciales que permitan financiar esta parte del proyecto.
¿Cuánto tendrían que pagar cada desarrollador? Para tener una idea, emprendimientos residenciales grandes con 2 MVA (dos megas) estaría sumando un costo de USD 400 por cada lote para obtener potencia en el punto de interconexión, según estiman los desarrollos con pedido de factibilidad eléctrica actuales podrían llegar a ocupar cerca del 40% de la capacidad de la Estación Transformadora, teniendo que la EPE aportar el 60% restante.
En este cuadro a continuación se puede ver el borrador con el detalle de la ecuación financiera y cuánto debería aportar cada parte.
Los promotores están en pleno “road show” de la propuesta, que interesó a las partes EPE, comunas y desarrolladores dado que sería un gran ejemplo para otros proyectos de infraestructura eléctrica con un novedoso formato donde todas las partes hacen un aporte para un beneficio común siempre pensando en el impacto social y mejora de la calidad de vida de las personas, hay confianza de que pueda consolidar en un acta acuerdo.
La propuesta que tomaría forma en un fideicomiso es interesante porque propone un esquema colaborativo de todas las partes. Y, precisamente, la llave del éxito está en que nadie saque los pies del plato, sobre todo los desarrolladores inmobiliarios. Y para que eso no pase es clave que los municipios y comunas no otorguen permisos de urbanización a los desarrolladores que no tengan la prefactibilidad eléctrica emitida por la EPE.
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Un tema importante que expone el plan presentado por el Grupo Nu es que se trata de una propuesta que permitiría que la inversión en infraestructura se anticipe a la demanda ya que sería una solución al problema de energía eléctrica en la zona para los próximos 30-40 años, algo que no suele ocurrir ya que en este país la infraestructura suele construirse para solucionar problemas que ocasiona la expansión poblacional y productiva. Es decir: llega tarde.
Para tener una idea, solo tomando los pedidos de factibilidad eléctrica solicitados a EPE en los últimos 2 años para nuevas urbanizaciones en las 5 comunas hay más de 500 hectáreas (unos 8.000 lotes) donde vivirán más de 30.000 personas, un aumento del 150% frente a la población actual. Es momento, entonces, de empezar a proyectar las ampliaciones de la red vial que colapsará cuando esas urbanizaciones maduren. Que te la cuenten, sino, los pobladores del norte del Gran Rosario lo que sufren por esta época cada año cuando llegan los camiones a transitar casi las mismas rutas de los 70/80 cuando no estaban las terminales cerealeras.
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Pero hay otro dato que también pone en evidencia el plan y que viene bien resaltar. El impacto positivo para el crecimiento de la inversión en infraestructura y el papel fundamental para el desarrollo de las localidades que juegan las grandes inversiones privadas, que a veces las comunas resisten inexplicablemente.
¿Por qué creció en población y densidad industrial el cordón costero sur (Alvear, Arroyo, Lagos, Pueblo Esther) y no creció tanto el cordón sur oeste? En gran parte porque tienen energía. Y la energía la tuvieron por las inversiones privadas (Cargill en Villa Gobernador Gálvez y Dreyfus en General Lagos, por nombrar dos) que costearon de su bolsillo la instalación de estaciones de transferencia que luego la EPE también usaba para derivar potencia al consumo hogareño y comercial de la zona.
¿Qué pasó en las 5 comunas de las que venimos hablando? La red eléctrica de alta y media tensión 132/33/13,2 kV actual sin dudas fue planificada hace mucho tiempo para proveer servicio de energía eléctrica a los cascos urbanos de estas localidades y una red de energía rural de baja potencia.
Con el remanente de esa infraestructura eléctrica y algunas inversiones de la EPE pero principalmente de los desarrolladores tomando potencia de las Estaciones Transformadoras de Cargill (que antes nombramos) y de General Motors (en Alvear) se pudo proveer de servicio a nuevos desarrollos, pero la red actualmente se encuentra en su límite tanto de potencia como de distribución.
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Vuelta de página. Y vamos con una de “los sospechosos de siempre” que tiene esta columna de Rosario3. Y no de cualquiera de ellos, sino del -podríamos decir- “pionero” entre los operadores financieros y cerealistas que pusieron en tapa de los medios nacionales a Rosario por sus escandalosos defaults.
Se trata de Sebastián Grimaldi, quien -sorpresivamente- cantó el “paga Dios” en la navidad del 2018 inaugurando un raid de despistes que incluyó desde 2019 a Daniel Casanovas, Vicentin, Guardati Torti, BLD, Luis Herrera, etc, etc., etc.
Y la novedad es importante. ¿Cuál es? Que Grimaldi logró que Fiscalía le firme una probation por tres años luego de acordar un resarcimiento con las dos empresas que lo habían denunciado por estafa y que eran ni más ni menos que el banco Macro y Cofco, la cerealera del Estado Chino.
Como el delito de estafa tiene penas de ejecución condicional está la posibilidad de conciliar un acuerdo, sin que eso signifique reconocer la culpabilidad (como en este caso) que le permitirá a Grimaldi quedar sobreseído en tres años, siempre y cuando obedezca reglas de conductas y preste ayuda social.
Pero para que la Fiscalía le habilite esa posibilidad, Grimaldi tuvo que primero resarcir económicamente a quienes lo denunciaron.
La situación con el Banco Macro era la que lo tenía más comprometido ya que había conseguido $9M en 2019 sin blanquear su previo default, lo que daba margen para la interpretación de una estafa. Como está en quiebra y no tiene disponibilidad patrimonial, lo salvó su mamá que aportó el dinero que el banco reclamaba.
Los detalles se darán a conocer públicamente en breve cuando estén todos los papeles firmados por las tres partes.
En el caso con Cofco, Grimaldi la tenía más fácil porque parecía un incumplimiento de entrega de mercadería, un tema más comercial y que suele ocurrir en el mercado, más que una estafa; y por eso ahí pudo arreglar por menos entregando su famoso Mercedes Benz. Era un vehículo viejo (de 2008), pero los chinos lo agarraron igual. Si bien ya está el compromiso de los abogados, todavía falta el ok por escrito de Cofco.
¿Solucionó así Grimaldi todos sus problemas judiciales? No.
Le queda una causa abierta en la Justicia federal de Córdoba luego de una denuncia de su socios en el acopio que tenía en Belleville que fue el que no pudo hacer frente a los pagos de los granos recibidos de los chacareros cordobeses. Allí, el cerealista fue procesado en primera instancia, acción que ya fue apelada. Y además de ir muy lento el trámite en esa causa, hay otro tema de fondo que se objeta y es que estafas y asociaciones ilícitas son delitos propios del fuero provincial pero se están tratando en la Justicia federal.
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Vamos por el lado de la industria.
La Asociación de Industriales Metalúrgicos de Rosario (AIM) salió este viernes a alertar sobre un tema que venimos planteando para debate en esta sección.
Se trata del sobreprecio en las materias primas, por ejemplo del acero, al que tienen que hacer frente las industrias metalúrgicas y metalmecánicas porque las siderúrgicas tienen el mercado a salvo de las importaciones. El tema se repite en el aluminio.
Y es que sin negar la importancia para el agregado de valor y el desarrollo regional que tiene que haya planta de base instaladas en el país, queda el debate de como sintonizar la protección que necesita ese puñado de grandes firmas (en su mayoría globales) con un precio de venta que no deje sin competitividad a cientos de pymes industriales.
En concreto, según un relevamiento que hizo la AIM:
x) el precio del acero supera entre un 30% y un 50% al de los países vecinos;
x) en cuanto a los plásticos, se alza entre un 70 y 80% más;
x) y para el aluminio, se sitúa entre un 60% y un 70%
En rigor, el tema amerita un análisis bien profundo de toda la cadena ya que (además del costo de los impuestos) también hay que ver en cuánto colabora en la distorsión del precio final el papel que juegan los grandes distribuidores, un puñado de empresas con gran injerencia en la fijación del valor al consumidor.
“Esta situación trae como consecuencia un alto costo operativo y, por lo tanto, un elevado precio en el producto intermedio o final. El resultado es una clara desventaja de esta industria en particular −y de la industria argentina en general, ya que la metalúrgica es madre de industrias− frente a la competencia externa”, sostiene la AIM.
Ante esta situación, los industriales dicen que es imperativo adoptar medidas estratégicas y políticas efectivas y proponen inicialmente las siguientes acciones:
1) “Soporte a proveedores de materias primas”: Implementar acciones que permitan a los proveedores optimizar sus costos operativos y de producción, lo que derivaría en una revisión y ajuste de precios más acordes con las condiciones de mercado.
2) “Políticas de importación flexibles”: Flexibilizar las políticas de importación de aquellas materias primas que sean clave en la fabricación de bienes a precios competitivos para acceder a mercados internacionales. Asimismo, solicitamos la eliminación del Impuesto País a la importación de insumos industriales.
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A todo esto, los industriales metalúrgicos siguen rehenes del conflicto paritario entre la UOM y las siderúrgicas. Como contamos la semana pasada, hay empresas de la región que ya están pagando subas a cuenta. Arrancaron en febrero y siguieron sumando en marzo.
Pero si hay ahora una paritaria caliente es la de camioneros. Y atención que el sindicato de Santa Fe no se sumará al paro nacional del próximo lunes.
El sindicalista Pablo Moyano amenazó con un paro para el próximo lunes si no se homologa la paritaria. Ante ello desde el Sindicato de Santa Fe, que tiene la conducción propia de Sergio Aladio diferenciada de Moyano, señalaron que “no tiene sentido parar en nuestra provincia, se empieza a mover el sector agroexportador y necesitamos que trabajadores y empresas recuperen el terreno perdido”.
La situación es la siguiente: En febrero, el Sindicato de Camioneros a nivel nacional había firmado un incremento en los sueldos del 45%, el cual se pagaría en dos tramos: 25% en marzo y el 20% restante en abril. Y a través de la impugnación de algunas cámaras de distintas provincias: Chaco, Córdoba, Mendoza y CABA, un adicional no acordado anteriormente de $10.000 por trabajador y por mes que sería para el salvataje de la Obra Social Nacional. A partir de ello, es que se produce el conflicto de la no homologación nacional del aumento.
Desde el Sindicato de Camioneros de Santa Fe señalan que el acuerdo también fue firmado en esta provincia por las distintas cámaras del sector.
“Esto es un acuerdo de partes y que obliga a las mismas a que se lo liquide en los recibos y abone a los trabajadores, la homologación de la cual se habla tanto según la ley vigente 23.546 se produce de hecho luego de los días correspondientes, y da carácter de universalidad a dicho acuerdo”, dijo el secretario General del Sindicato de Camioneros de Santa Fe, Sergio Aladio.
Es así que en la provincia de Santa Fe no se debe pagar el bono de $ 10.000 ya que no fue firmado entre las partes, en tal caso se produce un ahorro a los trabajadores y empresarios del sector provincial que superaría los 240 millones de pesos mensuales.
“Ya desde el 6 de abril y con gran parte de los sueldos liquidados en las más de 4.500 empresas de la provincia, y se determina que el aumento fue pagado en un muy alto porcentaje del sector”, señaló.
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Otro tema. Más de política, si se quiere.
“No tenemos nadie con quien hablar. No hay nadie que nos pueda recibir. El Ente Nacional de Obras Hídricas (Enhosa), que era el que financiaba el tendido de cloacas que dejaron olvidado y sin terminar, no tiene directores”, se queja el intendente de Funes, Rolly Santacroce, esta semana por Radio2.
“Lo mismo nos pasa con Corredores Viales, que tenía la administración de la autopista a Córdoba o la propia delegación en Santa Fe de Vialidad Nacional”, agrega al quejarse sobre la falta de mantenimiento de la traza que por 13 km cruza la localidad.
“No sólo ya no cortan los yuyos , que tienen entre dos y tres metros de alto, sino que si hay un accidente en la autopista, no hay sistema de emergencia para asistir. Tendríamos que ir desde la Municipalidad”, vuelve a cargar el jefe comunal santafesino.
Santacroce salió a advertir que los municipios están teniendo que salir a afrontar gastos que no le competen cuando sus arcas, precisamente, no están en el mejor de los momentos por la caída de la recaudación.
Pero el dato que queremos resaltar es que la queja sobre la falta de interlocutores con el gobierno nacional se repite entre dirigentes políticos y empresarios en los temas más variados. Y los organigramas que están completos están casi vacíos de capacidad de real injerencia ya que, al menos los vinculados a temas productivos y de infraestructura, quedan supeditados a los criterios fiscalistas del Ministerio de Economía
Y a más de 100 días de gestión ya quedó claro que la demora en el nombramiento de directores no es un problema de falta de equipos propios o de la conformación de alianzas de gobierno, sino que se consolidó como un modus operandi en la implementación de los fuertes ajustes estatales. Que no haya líneas medias a quien reclamar es parte de la estrategia para concretar los recortes.
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Hablando de secretarías vacías de poder, no deja de llamar la atención las dificultades del gobierno nacional con dar en la tecla en la Secretaría de Agricultura. Y es que se trata de un gobierno cuyas ideas calzan a rosca con el sentir del agro: desregulación estatal, liberalización del comercio, apertura, baja de impuestos, unificación cambiaria y dolarización.
Era esperable que el gobierno tuviera problemas con secretarías de Industria o Comercio, dos sectores con orientación distinta a la libertaria. Pero no que haya chispazos con el agro a cuatro meses de asumir. Y es que la falta de sintonía (con un secretario que se lleva mal con la entidades y organizaciones ruralistas que critican al gobierno) habla tanto de las dificultades del gobierno para administrar como de la calidad de las instituciones empresarias del agro.
El viernes la novedad fue el despido ordenado desde arriba de los dos principales colaboradores del secretario de Agricultura, Fernando Vilella, que son Pedro Vigneau y German Di Bella. Ambos fueron despedidos (por más que figuren como renunciados) por internas con la cúpula del Ministerio de Economía, ya que no coincidían con la decisión de no avanzar más rápido en la baja de retenciones.
Pero hay más, este lunes se publicará en el Boletín Oficial que la cartera se pasará a llamar Secretaría de Bioeconomía, como quería Villela, quien desde su cátedra en la UBA promociona desde hace décadas a la bioeconomía como una suerte de estadío superior a la agricultura. Pero puede leerse como una victoría pírrica, y no sólo por la pérdida de sus dos principales espadas.
Y es que será a costa de perder tres de las actuales siete subsecretarías que existen en el área de Agricultura. Y también sufriendo un desmembramiento de funciones, ya que a la par de su secretaría existirá otra de “Planeamiento y Gestión para el desarrollo productivo y de la Bioeconomía”, de la que no se sabe, al menos hasta ahora, quién conducirá y qué funciones tendrá.
En medio de rumores de su inminente renuncia, Al final Vilella se queda con cuatro subsecretarías producto del desguace.
Estas son: Subsecretaría de Bioindustrias, Biotecnologías e Innovación (sigue Pablo Nardone), Subsecretaría de Mercados Agropecuarios y Negociaciones Internacionales (continúa Agustín Tejeda, ex Bolsa de Cereales de Buenos Aires), la Subsecretaría de Producción Agropecuaria y Forestal (era la que iba Vigneau) y la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca (que conduce Juan López Cazorla)
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Y los problemas de gestión salen caros. Va un ejemplo: por estos problemas en la secretaría hace más de un mes que no están habilitando a nuevas firmas que desean exportar productos agropecuarios. ¿Un gobierno que vino a liberar no abre las celdas?.
El problema está en el Registro Único de la Cadena Agroalimentaria (RUCA), que es Registro Único de la Cadena Agroalimentaria que maneja la cartera de Vilella. Y si las empresas no figuran en ese registro, la Aduana tampoco las reconoce.
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Para cerrar el tema del agro, así como en las ciudades hay alerta por el dengue, en el campo -y los saben bien los que trabajan o viven- la plaga que asusta es la chicharrita.
Endémica en el norte, es un vector que lleva una bacteria que ataca cultivos de maíz (pudiendo llevarse hasta el 70% del rendimiento) y para lo cual no hay insecticida que valga.
En Canal3 contamos el viernes al público citadino de qué se trata, cómo llegó a la zona nucleo y porque, cual cisne negro, la chicharrita puede complicar seriamente la economía nacional atacando a la principal producción que tiene hoy el campo argentino: el maíz.
Para cerrar este capítulo, y aportando algo de nueva info sobre el tema, el presidente del Centro de Corredores de Cereales de Rosario, Daniel Boglione, le contó a Rosario3 que en los campos que recorre de Córdoba (en zona maicera) se está evaluando no cultivar ese grano en la próxima campaña por temor al impacto de la cicharrita y hacer, en su lugar, soja. Así que atención con lo que pueda pasar el año que viene con el maíz en volumen y precio si baja la siembra por esta nueva plaga.
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Vamos a cerrar este “run run”
A diferencia de lo que hacemos semanalmente arrancando con las pálidas y terminamos con aquellas novedades de emprendedores que motivan y entusiasman, en este domingo la situación nos fue llevando de empezar con las buenas y a terminar con las dolorosas.
“Me preocupa lo que estoy viendo en la industria alimenticia. Tengo muchos clientes en el sector, empresas de primera línea incluidas, que están importando menos insumos para producir y eso es porque están viniendo menos en el mercado interno”.
Promediaba febrero cuando el despachante de aduana, Mario Marcucci Guma, compartía su preocupación con este periodista en el marco del coctail de inauguración del “Chapter Santa Fe-Rosario” de la Cámara de Comercio Argentina-Americana.
Esta semana, el Banco de Alimentos Rosario (BAR) salió a advertir que la demanda de asistencia alimenticia crece de manera sostenida en los barrios de la ciudad.
Pero hay un dato más “back office” del BAR que conecta su tarea social con la situación actual de la industria alimenticia. Es que el programa de recupero de alimentos que hace la entidad se vio afectado por una fuerte caída en las donaciones provenientes de empresas alimenticias. Según sus números, entre noviembre de 2023 y febrero de este año se redujeron un 42%.
Ese dato es tan inquietante como el aumento de la pobreza: implica que se producen muchos menos alimentos y por eso baja el sobrante para donar.
La caída de la venta de alimentos -que a nivel pyme es del 35% en el acumulado enero/febrero, según Came- marca con claridad la profundidad de la crisis social que sacude al país.
Ya no es que el gasto en alimento de las familias es tan alto que deja sin resto a la población para otros consumos, sino que en segmentos medios empezó a directamente a no alcanzar para la comida y por eso caen las ventas y la producción. Y eso que los tarifazos recién empiezan a impactar este mes.
No hay remate.