¿El ministro de Economía, Sergio Massa, logra resultados importantes para la economía argentina en su misión a China o los anuncios son pura espuma electoral? Mientras que opositores y oficialistas cruzan opiniones sobre el tema bien en clave electoral, la respuesta concreta exige pasar bien la lupa a los acuerdos firmados.
Pero hayan sido o no concretos y sustantivos los avances, por ejemplo en materia de reservas, el experto en relaciones internacionales Esteban Áctis hizo foco en el comunicado del Banco Central que anunció la renovación y ampliación del acuerdo de swap de monedas con China. “There is no such thing as a free lunch”, dijo haciendo referencia a que, haya sido mucho o poco lo conseguido, la ayuda del gigante asiático tiene su costo.
Y nunca mejor que empezar el "run run" de los negocios de Rosario3 con la frase “de que no existe algo así como una almuerzo gratis", porque el primer punto nos lleva directo al negocio gastronómico de la ciudad.
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El grupo Asgar -que irrumpió en los negocios gastronómicos de la ciudad con mucha fuerza en la post pandemia- entró en crisis. Y su reformulación -que arrancó postergando aperturas y siguió con el cierre de establecimientos- alcanzó tal magnitud que en la práctica significa que el grupo como tal ya dejó de funcionar.
Es que los socios se repartieron locales y siguen caminos casi totalmente separados. Y en esa retirada están dejando algunas cuentas sin pagar: por ejemplo, el alquiler de la oficina en la que funcionaba la administración centralizada. Allí, además de pasar meses sin pagar, ahora ni responden las cartas documento que le envía el propietario.
Con ceño fruncido de muchos jugadores tradicionales ante su súbito crecimiento, Asgar se presentó con una novedosa fórmula de negocios: se trataba de un grupo gerenciador que con una estructura profesionalizada concentraba administración, compras, marketing y financiamiento de establecimientos gastronómicos, adquiriendo en casi todos alguna participación minoritaria y en unos pocos el control accionario total.
Fue así que mientras muchos bares tiraban la toalla, ellos -cual pacman- se hacían cargo de los locales. Llegaron a tener Spiria, 105, Asgardian, El Paso, Filo, Gringas y The Box, entre otros. Las cabezas visibles eran Santiago Gassmann y Ramiro Uriel Fernández, quienes juntaban inversores privados para apalancarse.
Ahora bien: ¿Por qué cae el grupo? En parte porque no pudo zafar de la crisis, por más fórmula innovadora que hayan tenido. Como sufre todo el sector, la alta inflación limó el consumo, sobre todo de los jóvenes que ocupan mesas por horas con poco gasto.
También se hizo más corto y duro el financiamiento de proveedores, que es clave en ese negocio. El costo de alquiler de locales, en tanto, no da tregua. Además, están las urgencias propias de Rosario: la inseguridad clausuró la noche de Rosario luego de las 12 y eso redujo horas de trabajo fuerte.
En el Grupo Asgar también pasan factura al tenor de muchas inspecciones municipales y a la exigencia de alcohol cero al volante, que también redujo consumos.
¿Cómo se compatibiliza la situación de renta ajustada con empresas que siguen abriendo locales? Es que muchas empresas apuestan a tener varios comercios para bajar costos. Y también mucha de la movida es porque está operando una reestructuración del negocio gastronómico cambiando el día por la noche, que permite estirar así el tiempo de trabajo y porque hay segmentos -como los desayunos- que rinden más en la ecuación costo pagado y precio cobrado que un restaurante.
Pero, sin descuidar todos esos factores en común, en la caída del grupo Asgar también tallaron diferencias internas entre los socios sobre el estilo de gestión y la conducción de la administración que fueron escalando hasta no tener retorno. Pero hay más…….
…… Es que la caída del grupo Asgar activa el debate sobre si es posible llevar a cabo en Rosario un negocio gastronómico de escala con gerenciamiento profesional centralizado, más allá de las fallas que puedan haber tenido al querer implementarlo.
La pregunta concreta: ¿Es factible un modelo así en el mercado local? ¿O en Rosario el negocio gastronómico que funciona es con un management de la vieja escuela? Esto es: dueños de la empresa estando 20 horas trabajando adentro de boliche lidiando con inspectores municipales, los proveedores, los empleados, el sindicato, y hasta con los robos de la propia gente de la empresa y los reclamos por juicios laborales. Interrogante abierto.
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“Cash is King”, podemos decir ya que hoy arrancamos este "run run" con frases en inglés. Y es que el efectivo manda. “Las crisis se pasan con liquidez y en moneda dura”, reza uno de los mandatos de negocios.
Y es por eso que no pasó desapercibido en el mercado inmobiliario la razón que activó la reciente convocatoria de acreedores de la fábrica de muebles Zurchsmitten y la decisión de sus dueños de reformular su estrategia de negocios. ¿Cuál fue? la falta de liquidez.
Ocurre que en el último tiempo la empresa concentró el 70% de sus ventas a desarrolladores inmobiliarios que les pagaban con departamentos de los edificios que construían. Pero ocurre que la venta de unidades está muy fría y así fue perdiendo liquidez. Y atención que hay desarrolladores que se pasaron de rosca pagando a proveedores con m2 que hoy no se venden.
Por eso ahora, con cambio gerencial, Zurchsmitten volverá a concentrarse en la venta de muebles para hogares, negocio que estuvo en el ADN fundacional. Y de esa forma apuestan a saldar sus compromisos. ¿Cuánto debe? Unos $100 millones, básicamente a bancos, mutuales y al fisco.
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Y hablando de negocios inmobiliarios, el Concejo buscara aprobar las semana que viene cambios a la normativa para construcción en Avenida Alberdi, que activaría así algunos proyectos inmobiliarios que estaban aguardando las reformas.
Por lo pronto, el Concejo aprobó esta semana la construcción de una torre de viviendas de 52 metros de alto con 74 cocheras y locales comerciales en calle Sarmiento al 1400, frente al exSanatorio Rawson, iniciativa adelantada en esta columna.
Y en lo que respeta a la comisión de Planeamiento del Concejo, esta semana los ediles también le dieron el visto bueno a una serie de proyectos inmobiliarios, como el desarrollo de torres en el ex hotel Britania y el innovador edificio que se proyecta en Mendoza al 1500.
Por el contrario, el que no convence tanto es el pedido de los desarrolladores del complejo de condominios bautizado Oasis del Yacht II (en plena barranca frente al club Yacht), que pide autorización para construir en el centro de manzana.
En realidad, lo que no cierra es la falta de presentación al Concejo del proyecto arquitectónico detallado y de un estudio de impacto ambiental ya que se trata de un área de protección ambiental por la barranca. Igual, el desarrollador (que ya levantó uno complejo similar en un terreno lindante) ya inició el movimiento de suelos (con aval municipal), pero ahora será convocado por los concejales para que lleve la información requerida.
Sobre la comisión de Planeamiento del Concejo, que tantas veces es criticada por empresarios de la construcción, hay que resaltar y dar a conocer que se trata de las pocas que mantiene plena actividad pese a la campaña electoral logrando quorum y un buen nivel de asistencia y debate en todas las reuniones. Punto para los ediles que la conforman.
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Cambio de página.
Cansados de la falta de respuestas y de las promesas incumplidas de pago del financista Luis Herrera (cuyo millonario y escandaloso default todavía conmueve a la ciudad) y, en cierta manera, convencidos de que el empresario se le estuvo riendo en la cara, un grupo de abogados querellantes que patrocinan a unos 80 damnificados por una suma superior a los 4 millones de dólares armaron un frente común para ir a fondo en su contra.
En efecto, los abogados Viviana Cosentino, Jorge Resegue, Florencia Biré, Froilán Ravena, Marcos Peyrano, Mariano Pujol y Guillermo Mionnet decidieron empezar a trabajar en forma conjunta y organizada para redoblar la presión sobre Herrera.
Fue así que acordaron una estrategia común y se repartieron tareas con el objetivo de colaborar en forma homogénea con la investigación que lleva adelante el fiscal Miguel Moreno para que pueda ir más rápido y logre formalizar a fin de año la acusación penal por un conjunto de delitos económico contra Herrera.
"Decidimos armar un frente común porque entendemos que nos fortalece dentro de la causa, pero sobre todo porque se puede desarrollar una estrategia en conjunto con la Fiscalía que sea más eficaz y nos dé resultados concretos a corto plazo", señalaron en forma conjunta a Rosario3.
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Ya que nos fuimos para tribunales siguiendo a financistas malogrados, hay que rastrear mucho en la historia judicial para registrar una condena de prisión efectiva de importantes empresarios como la que se definió esta semana contra Juan Carlos Guardatti y Ángel Torti, que deberán pasar tres años y ocho meses en prisión domiciliaria y diez años de inhabilitación.
A la Justicia se le exige que también caiga sobre los llamados delincuentes de “guante blanco”, y en este caso se logró que importantes y destacados empresarios de la ciudad, con paso por las principales entidades, aceptaran su culpabilidad en la comisión de los delitos que les imputaron, como quedó expuesto en el acuerdo que la Justicia homologó el viernes con los titulares de la agrofinanciera Guradati Torti.
La operadora rosarina, que supo ser top ten del país, cayó a principios de 2020 empujada por el default de la agroexportadora Vicentin dejando un tendal de acreedores agropecuarios a lo que les quedó debiendo millones de pesos por granos que recibió y no pagó, y por eso tanto la corredora como la acopiadora del holding fueron a convocatoria.
Pero lo que lo llevó a sus directivos al Centro de Justicia Penal fue que al intentar frenar el default de su acopio manotearon los fondos que tenían depositados sus clientes de la agencia de Bolsa. En concreto se quedaron con 1.147.166 dólares y 6.700.000 de pesos de unos 200 clientes.
Sobre la investigación encabezada por el fiscal Sebastián Narvaja, es para destacar que se logró identificar y tomar contacto con 195 víctimas (cuando los denunciantes fueron muchos menos) y se les otorgó una reparación que fue aceptada por 150 de las víctimas.
También es un dato muy importante a resaltar de la labor de la Fiscalía es que en el marco del concurso de acreedores de Guardati Torti, que en el arranque ofrecía pagar el 30% de la deuda, por la presión que significó el avance de la investigación penal, terminó pagando el 100% más intereses, algo también pocas veces visto en las convocatorias.
El resto del directorio acordó con la Fiscalía la suspensión del juicio en su contra a cambio de abonar multas de hasta $40 millones y realizar hasta 1.200 horas de trabajos comunitarios.
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También hay novedades en el caso Vicentin.
Ocurre que una de las principales trabas que tiene la propuesta concursal de la firma es que el pago a los acreedores se fondea con la venta de activos (las acciones que tiene en la aceitera Renvoa) que tiene inhibidos en el marco de la causa penal que se le sigue por una serie de delitos económicos y que tiene a todo el ex directorio imputado por estafa, asociación ilícita, administración fraudulenta y presentación de balances falsos.
En ese contexto, se conoció que el juez de la convocatoria, Fabián Lorenzini, con base a Reconquista, armó un viaje a Rosario el miércoles próximo para reunirse con los fiscales que investigan a Vicentin.
“La conducta de Lorenzini es inadmisible”, bramó el abogado penalista Gustavo Feldman, para quien Lorenzini vendrá a Rosario para intentar convencer a los fiscales que levanten las cautelares, habilitando así que pueda homologar la oferta concursal presentada por Vicentin.
“Lorenzini se ha erigido en un agente judicial de Vicentin; esto lo digo hace tres años. Quiere venir a Rosario, a 500 km de su jurisdicción, a un fuero distinto al propio, para hablar con jueces y fiscales para que levanten las cautelares y así poder aprobar la propuesta fraudulenta en el concurso. Esta fungiendo como un abogado de Vicentin, tratando de entorpecer el debido proceso en la causa penal. A todo esto se agrega la manera furtiva de entablar el contacto. No mando un oficio o un mail; le encargo al prosecretario del juzgado que hiciera unas llamadas por teléfono”, señaló Feldman.
El abogado aprovechó para insistir con que la Cámara de Reconquista debe tomar en cuenta esta novedad para aceptar la recusación del magistrado, que en un principio rechazó. “Seguramente Lorenzini será sumariamente denunciado y enjuiciado”, pronosticó el abogado.
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Hablamos de Renova en el último punto. De ese puerto en Timbúes, que controla Viterra (ex Glencore), salió el barco cerealero que llegó con 900 kilos de cocaína a Australia provocando un escándalo internacional.
Los empresarios del cordón aceitero y portuario del Gran Rosario respiraron porque Aduana San Lorenzo informó que el barco "no se contaminó" en ese muelle. Y es que no es menor para la reputación portuaria cerealera regional quedar afuera de este escándalo.
Ahora, las autoridades siguen la ruta de lo ocurrido durante el fondeo del barco en zona de puerto de Ramallo (adonde llamativamente cambió de tripulación) y en la zona del puerto de la Plata, adonde completó carga, antes de partir a Australia.
Eso sí, los operadores portuarios del Gran Rosario ahora cuentan que Prefectura intensificó controles en el abastecimiento de los barcos y la tripulación, que desde la pandemia ya no se realizan desde tierra sino exclusivamente por lanchas mientras que el barco está fondeado.
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Una de obra pública. El viernes ocurrieron casi en paralelo dos hechos que muestran el nerviosismo reinante en torno a las dificultades del gobierno provincial en hacer frente a los pagos justo en un año electoral.
Por un lado, el gobierno provincial distribuía en la prensa declaraciones del ministro de Trabajo de Santa Fe, Juan Manuel Pusineri, diciendo que “el gobierno mantiene todas y cada una de las obras en marcha”, “que no hay suspensiones de personal por parte de las contratistas”, y que sigue vigente “un ambicioso plan de obra pública en todo el territorio provincial que genera 15 mil empleos”.
Casi a la misma hora que salía el parte de prensa a los medios, llegaba a la oficina de la ministra de Infraestructura, Silvina Frana, una carta con la firma de los presidentes de las delegaciones Rosario y Santa Fe de la Cámara Argentina de la Construcción, Mariano Schor y Verónica Eizmendi.
“Las empresas asociadas a diario nos formulan planteos respecto a las dificultades que se le presentan ante la ralentización de las obras, atrasos en los pagos (situación a la que nos estaban acostumbradas ya que la provincia pagaba incluso antes de los plazos legales establecidos), falta de cobro de los certificados por redeterminaciones de precios e incertidumbre sobre el pago de futuros certificados de obras reprogramadas”, decía la carta.
Los dirigentes empresarios cuentan en la carta que “hemos solicitado audiencia al Ministro de Economía, Walter Agosto, cuya respuesta, a través de un funcionario de esa cartera, fue una solicitud de gestionar una reunión conjunta entre el Ministro de Economía, la Ministra de Infraestructura y esta Cámara, es por ello que nos dirigimos a usted para solicitarle gestione y nos conceda dicha reunión a los fines de encontrar una solución al problema de las empresas y de la obra pública en general”.
No hay contradicción entre uno y otro hecho ocurrido el viernes. Es cierto que la obra pública no está paralizada y que no hay suspensiones de personal. Lo que ocurre es que la provincia no está pagando (las últimas obras certificadas pagadas datan de enero) y se está financiando con la plata de las empresas. Y como son las constructoras la que terminan pagando los platos rotos, lo que hace es ir más despacio con las tareas.
También es cierto que el plan de obras no está abortado y que siguen lanzando licitaciones, pero lo que ocurre es que el gobierno va más lento (mucho más lento) en la firma de los contratos para el inicio de esas nuevas obras porque no tiene los recursos para afrontarlas.
No en vano, como publicó en exclusiva el viernes Rosario3, la provincia entró en déficit fiscal en el primer trimestre del año, el primero registrado en la gestión de Omar Perotti.
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Para colmo, la política mete la cola en este tema de “ralentización” de las obras públicas por las demoras en los pagos.
El gobierno provincial sale a hacer declaraciones minimizando el tema porque la interpretación que se hace en círculos políticos que el ajuste es una zancadilla del propio Omar Perotti al candidato oficial a gobernador Marcelo Lewandosky, que debe entrar en carrera electoral con problemas en las obras públicas, sobre todo teniendo a Silvina Frana como candidata a vice.
Y hablando de internas oficiales, entre los constructores de la ciudad de Santa Fe crece el malestar con el secretario de Empresas y Servicios Públicas de la Provincia, Carlos Maina, quien salió a prometer pagos la semana pasada que nunca se cumplieron.
Para colmo, entre los empresarios se comenta que la promesa no contaba con el aval de la ministra. Y es por eso que no son pocos los que ven al funcionario con un pie afuera.
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Sigamos con la infraestructura. Esta semana fue histórica para las finanzas de la Municipalidad de Rosario. Es que luego de 60 años volvió al mercado de capitales para financiar obras de infraestructura y lo logró a muy bajo costo.
En efecto, el viernes colocó bonos a largo plazo por $2.740 millones a un costo de CER más tasa del 3% con el objetivo de utilizar ese fondeo para obras de pavimento definitivo en barrios de la ciudad.
La última vez que la Intendencia fue a la Bolsa para conseguir financiamiento para obras fue cuando proyectaba construir el viaducto Avellaneda.
El dato que queremos destacar ahora es la importancia de contar con la autonomía municipal, algo que Rosario no tiene y que para lograrlo necesitaría de una reforma constitucional en Santa Fe.
Resulta que para poder llegar a la Bolsa, la Intendencia necesitaba el aval del gobierno de Santa Fe, que insumió cuatro meses de trámites, y del gobierno nacional, que insumió otros 6 meses.
En tiempos de alta inflación, el tiempo es más dinero que nunca y poder habar conseguido antes los $2.740 millones hubiese significado un mayor poder adquisitivo de esos pesos.
Por el contrario, la ciudad de Córdoba que sí tiene autonomía municipal no necesita pedirle autorización al gobierno provincial, así que se reduce casi el 50% de tiempo de trámites.
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Como sea la alternativa de recurrir al mercado de capitales para financiar obra pública (sobre todo en tiempo de presupuestos provinciales y nacionales ajustados) es un camino a explorar por los municipios y por eso las Bolsas de Comercio de Santa Fe y Rosario organizaron para la semana que viene de manera conjunta un encuentro entre autoridades municipales y directores de fondos comunes de inversión especializados en el tema para intentar acercar a las partes, que tienen billetera cargada y obligaciones legales para invertir en infraestructura.
El evento, del que también participan la Cámara Argentina de la Construcción- Delegaciones Rosario y Santa Fe y el Mercado Argentino de Valores, se titula “Infraestructura y Mercado de Capitales”, y se realizará el 9 de Junio en las instalaciones de la Bolsa de Rosario
El motivo de la reunión es poner en conocimiento de los municipios las distintas herramientas financieras que existen en el Mercado de Capitales que podrían permitir canalizar el ahorro público a la realización de obras de infraestructura de menor escala, siendo los jefes comunales quienes mejor conocen las necesidades de la región y cómo estas obras pueden marcar la diferencia.
“Es por eso, que nuestra intención es difundir dichas herramientas ya que estamos convencidos que la colaboración entre el sector público y privado es un medio efectivo para lograr el desarrollo continuo”, sostienen las Bolsas.
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Y para terminar, como nos gusta hacer, vamos a cerrar con una buena noticia. Y viene de la mano de una inversión privada.
Resulta que esta semana se conoció que el empresario de la salud rafaelino Carlos Tita avanza en la consolidación de su control del Hospital Italiano, cuyo inmueble viene alquilando desde hace seis años.
Es que ahora se quedará definitivamente con el Italiano -cuyo anterior controlante (una asociación civil) terminó en quiebra- vía un leasing con aval judicial a 5 años que le implicará una inversión de 9 millones de dólares.