En lo que va de enero, el dólar blue subió en Rosario de $360 a $372, sin olvidar de que antes del Mundial estaba a $315. Una suba de $57 en sólo dos meses.
¿Con los saltos que pego el blue en estos días, los plazos fijos bancarios se diluirán hacia el dólar o hacia la adquisición de bienes? Esa es pregunta corriente por estos días en los círculos financieros. Y a juzgar por la falta de oferta (sobre todo importados) y los precios caros, no parece que la economía real vaya a capitalizar el dinero que salgan de los bancos en busca de resguardo.
Arrancamos, entones, el "run run" de los negocios de la semana de Rosario3, que trae un top ten muy cargado
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Negocio inmobiliario, de vacaciones
Ya con el salto del dólar de finales de noviembre, los operadores del mercado inmobiliario se habían tomado hasta marzo “de vacaciones” porque tienen bien cronometrado que recién cuando el dólar se estabiliza por 20/30 días vuelven a sonar los teléfonos. No es tanto el problema la cotización, sino las fluctuaciones la que frenan compras y ventas por la incertidumbre que se genera.
En ese marco, se conocieron las escrituraciones de noviembre, que releva el Colegio de Escribanos. Fueron 1.282 las firmadas en el mes pasado, una caída del 11% contra octubre, y eso que el dólar se disparó recién a finales de ese mes. Así que se espera que las de diciembre vengan aún más frías; toda una lástima para un sector (la venta de inmuebles, sobre todo usados) que este año varias veces ensayó una recuperación que terminó, todo indica, abortada y nunca llega.
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Desarrollo inmobiliario zafó del cepo
Sigamos con los negocios inmobiliarios. La Municipalidad no va a vetar el aumento del grado de protección patrimonial que motorizó el Concejo para el inmueble adonde funcionó el Cine Imperial”, en Corrientes 421 llevándolo a grado 1 (integral directa). Y no lo vetará porque entiende que el Concejo no tiene la atribución para subir la catalogación. Y si bien recibieron el pedido de que lo evalúen, la Intendencia contestó que todo seguirá igual. Y a más de un funcionario el pedido sonó hasta irrisorio.
Ocurre que, sobre ese inmueble, su titular -el ex dueño de concesionarias de autos y ahora desarrollador inmobiliario Rómulo Gónzalez- está preparando un proyecto edilicio y una limitación como la que quiere el Concejo abortaría la inversión. El empresario, quien también compró la casona lindante al ex cine, proyecta levantar dos torres de viviendas con cocheras subterráneas. A las autoridades municipales la iniciativa de González le interesó porque está en línea con incentivar a que más gente viva en el microcentro, pero además porque también están conversando alternativas para mantener el valor patrimonial del inmueble y que tenga más suelo abierto al público entre las torres.
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Javkin, sin apuro
Y ya que estamos por temas de vivienda que pasaron por el Concejo, el intendente Pablo Javkin no va a apurar la puesta en marcha de la “Empresa de Desarrollo Urbano”, la sociedad de propiedad estatal con la que busca apurar la concreción de los proyectos de urbanización en los barrios populares de Rosario. Pasar del decreto a la realidad la empresa insumirá su tiempo y el jefe comunal divisa que será un legado a la próxima administración. Lo que sí piensa apurar en el primer trimestre del año es una serie de gestiones operativas pendientes en el Servicio Público de la Vivienda.
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¿Baile o no baile en los bares de Rosario?
Hablando del Concejo, en marzo uno de los temas más importantes que tiene en agenda son los cambios en las ordenanzas que regulan la nocturnidad. Y como enero es temporada baja para la gastronomía local, importantes empresarios del sector aprovecharon para hacer punteos de las batallas a dar a la hora de las negociaciones. Y el tema central es que en los bares se pueda bailar. Es que, entiende, sólo de esa forma pueden volver a atraer público, sobre todo porque el segundo turno (tipo 11) desapareció, salvo en un reducido puñado de locales.
¿Cuál es la estrategia? Que quede bien determinado cuánta gente puede estar en un local, y sobre ese aforo definir condiciones de seguridad, higiene y requisitos de insonoridad. "Si está clara la determinación de cuánta gente puede estar en el local, ¿qué importa si alguien baila junto a una mesa en un bar con amenización musical o al escuchar la banda?", es la reflexión que impulsan.
La idea que impulsan los empresarios es que los bares, debidamente habilitados, permitan a alguien ante una banda en vivo poder bailar al lado de la mesa, o incluso establecer la posibilidad de que se corra el mobiliario para poder generar un espacio donde hacerlo, siempre que se respete el aforo.
A todo esto, los vecinos de Pichincha celebraron esta semana como un gol de la Selección que el pedido de habilitación de una cantina con afectación de centro de manzana fue rechazada por oposición de los vecinos. Se trata del proyecto presentado por la firma Caracú para un inmueble en Alvear 144
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Cambio de mando en Afip Rosario
Luego de resistir durante todo el 2022 varios intentos de removerlo, sobre finales de diciembre Martín Emilio Zirulnik (quien había asumido en pandemia el cargo en reemplazo de Carlos Vaudagna) fue corrido de la titularidad de la delegación.
Nunca emergieron claramente las razones de las intrigas palaciegas del año pasado, sobre todo porque el mendocino había llegado bancado políticamente por el peronismo, pero claramente la oposición venía de las múltiples líneas internas del frente gobernante.
Como sea, el nuevo titular de la Afip es Juan Pablo Martínez, con 20 años de carrera en el organismo fiscal. Profesor de derecho, arrancó en la dirección general impositiva de Rosario, luego fue a la casa central en Buenos Aires para finalmente volver hace siete años a Rosario para el área de Investigaciones de la Aduana, una tarea que es centralizada y comandada desde Buenos Aires.
Y a juzgar por sus primeros movimientos parece que llegó para imprimirle un ritmo distinto al organismo. En un mes de gestión, la Afip Rosario recusó ni más ni menos que a un juez federal en un resonante caso de litigio contra una empresa, algo de lo que no hay registro. Y esta semana hasta metió presión para que la Cámara de Apelaciones de la Justicia Federal de Rosario dicte una resolución en un resonante caso; y tampoco sobren los ejemplos de camaristas federales que trabajen en plena feria de enero y en un día de fin de semana.
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La “musa inspiradora” de Paladini para meterse en política
Una de política. En el ambiente empresario hace tiempo que viene viboreando la versión de que Pablo Paladini, vicepresidente de la empresa que lleva por nombre su apellido, está interesado en desembarcar en la contienda política. Algunos piensan que es sólo un coqueteo, pero otros lo ven motivado por apostar en serio.
El caso es que esta semana, blanqueó por primera vez en declaraciones a la prensa que analiza, a sus 50 años, dedicarse a la política. “Uno siempre tiene ganas de aportar desde el lugar que sea, porque es el lugar donde vivo, donde viven mis hijos y quiero mucho a la provincia”, dijo y aprovechó para criticar al gobernador Omar Perotti. “Santa Fe tiene un potencial enorme, pero se ha hecho muy poco y Perotti perdió una oportunidad histórica de hacer grandes profundos”, dijo.
“Formalmente, no me han ofrecido nada; informalmente sí, pero no tengo ninguna decisión tomada”, reconoció. Ahora bien: ¿quién lo está impulsando? Paladini estuvo a finales del año pasado en una reunión con el ex presidente Mauricio Macri en la que se habló de la presencia del sector empresario en las listas de Juntos Por el Cambio, pero asegura que no era el único hombre de negocios presente. Y en la diaria quien lo viene motivando para su desembarco en política es la concejala Anita Martínez, de trato profesional frecuente con el empresario.
¿Qué hará? La respuesta oficial es que todavía lo está evaluando y que, en dos semanas, a la vuelta de sus vacaciones puede haber novedades. Mientras tanto, y como siempre que un empresario incursiona en la política, desde Paladini aseguran que se trata de un proyecto individual, pero claro está -y más con un apellido que identifica a su empresa- el tema es conversación de directorio familiar.
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Tres breves
1) La venta de autos usados en Santa Fe baja 9,96% el año pasado, y en un marco de caídas generalizadas en el país fue de las provincias grandes a las que peor les fue. En capital federal cayeron 6%, como en Córdoba, mientras que en provincia de Buenos Aires bajaron 7%
2)Mejor fue la performance de las concesionarias de motos, que cerraron el año en alza. Y prueba del crecimiento siguen ocupando locales. Ahora, el El imponente local de Córdoba y Richierri (en el que estuvo la tradicional mueblería Algarrobo), desembarca Moto Sport Rosario,
3) Y finalmente, el Grupo Norte -un nucleamiento empresario fundado en 2006 por un conjunto de líderes de la comunidad, empresarios y profesionales que viven o tienen sus intereses en la zona norte de la ciudad- eligió nuevas autoridades. El presidente es Jorge Alberto Serrano, abogado, titular del Estudio Jurídico Serrano & Asociados especialistas en responsabilidad civil y riesgos del trabajo que representa a Compañías de Seguro y a Aseguradoras del Riesgo del Trabajo.
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Nuevo round por el Puerto de Rosario
Vamos por el lado de la crisis del puerto de Rosario. Y tenemos cuatro apuntes para dejar al término de una semana de alta tensión poque la actividad en los muelles locales sigue parada pese a que el conflicto laboral, en los papeles, se presenta como solucionado
Primer apunte: Pese a los bloqueos de los 5 despedidos con causa que TPR no quiere retomar al acusarlos de violentos, se abrió una instancia de diálogo. Mientras las gomas ardían frente al puerto, se realizó una audiencia en el Ministerio de Trabajo en que el abogado de los manifestantes no se pidió una doble indemnización y sí insistió con el pedio de reincorporación de los mismos. Pese a la falta de acuerdo, esta semana se retoman las conversaciones. Y si los agitadores políticos que apoyan a los estibadores y son cultivadores del desorden bajan un cambio, las conversaciones podrían ser más fáciles
Segundo apunte: Terminal Puerto Rosario (TPR) denunció que hubo camiones, presumiblemente de la Municipalidad, que repartieron cajas de alimentos entre los huelguistas, lo que motivó una auditoría de la Intendencia. “Es inadmisible que se apoye a un grupo de ex empleados y activistas, que llevan a cabo un bloqueo ilegal, con vehículos y bienes de todos los rosarinos”, denunció la empresa.
Hizo bien el Municipio en ponerse a disposición, pero hubiese aprovechado para pedirle a TPR que alguna vez pague el DREI que nunca pagó y que gestione la habilitación municipal que nunca obtuvo. A TPR le faltó decir, como dicen los vecinos indignados por las inseguridad, que “pagamos nuestros impuestos y no nos dejan trabajar”…..pero claro no lo pudo decir porque en Rosario no pagan nada.
Tercer apunte: Cada día que se retrasa la solución del conflicto de los 5 estibadores despedidos por causa, se esmerila la conducción actual del gremio. Y los puertos necesitan conducción gremial firme para tener previsibilidad en las operaciones
Cuarto apunte: Precisamente, cada vez cobra más fuerza la visión que la extensión del conflicto marcó el fin de la concesión de TPR en las terminales I y II tal como se la conocía. Las cosas, parece, no pueden seguir más así y el cambio profundo se impone. Punto final al proceso. Las cargas buscan nuevos destinos de salidad e ingreso y la imagen quedó muy dañada por el largo conflicto. Ya nada será igual en TPR. Ahora bien: ¿habrá que ver cómo se transita el camino al cambio y quiénes serán sus protagonistas?
El cambio puede venir de la chilena Ultramar, hoy socia mayorista de TPR, activando una catarata de millonarias inversiones o puede venir por la búsqueda de un nuevo accionista que reemplace a Vicetin y acompañe a Ultramar con los desembolsos necesarios para recuperar la derruida infraestructura. Puede ser que el cambio venga de un grupo empresario (con dinero y agallas para entrar a un negocio que quedó muy dañado) que compre TPR o directamente ir hacia una nueva concesión con nuevas reglas de juego.
El tema central es que no sobran los jugadores portuarios que puedan querer ingresar en Puerto Rosario. Y que tengan el respaldo y el know how para hacerlo.
Además, una condición fundamental es que haya un decidido rumbo político del gobernador Omar Perotti, que todavía no se pronunció de manera contundente sobre qué quiere hacer con el puerto de Rosario. Y son menos a los que les podrían interesar ingresar si los actuales concesionarios todavía piensan que tienen una Ferrari cuando, después de este conflicto, quedó bien en claro que tienen un Casio.
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Hidrovía: viene el contra-golpe de Brasil
Ya que estamos por el río, una de hidrovía. El lunes se conoció que un santafesino -Tomás Vernet, sobrino del ex gobernador- fue designado como número dos de la Administración General de Puertos (AGP), el cada vez más poderoso ente estatal que administra la hidrovía, pero que además se encargará de licitar en el futuro la concesión y ampliación del sistema troncal de navegación. Su ingreso marca el ingreso de un funcionario de Sergio Massa en un organismo que tiene como titular al cristinista José Beni, pero también consolida la injerencia del ministro de Transporte, Diego Giuliano, también massitsta.
Pero, como adelantó el sábado ayer Rosario3, se viene otro santafesino a presidencia del Ente de Gestión de la Hidrovía (Ecovina). Se trata de Abel Demanuelle, y su llegada es a partir del empuje del gobernador Omar Perotti. Si bien “el chavo”, vinculado a la UNL, entró a Transporte como parte de la tanda de radicales que llegaron a Ministerio cuando asumió Mario Meoni (luego fallecido), hizo suyo el tema y se ganó la confianza del Perotti, quien lo impulsa ahora para ese cargo, cuya titularidad irá rotando entre las provincias con frente fluvial, según se acordó.
En rigor, el Ecovina tiene las acciones en baja ya que, a diferencia de la idea original, no se encargará de la licitación de la hidrovía (por falta de estructura) y quedará como un organismo de supervisión (política) del proceso que llevará AGP. Hablando de cambios, ahora en Transporte trabajan en acomodar los papeles ya las idas y vueltas que tuvo el tema (cada uno con su correspondiente decreto) amerita la unificación de criterios y el ordenamiento normativo. La idea es tener un nuevo decreto para el mes que viene que clarifique legalmente el esquema.
Pero hay más y pesadas. Resulta que hasta ahora fueron las cancillerías paraguayas y bolivianas las que se quejaron con la reciente decisión del gobierno nacional de cobrar un peaje de u$s1.47 la tonelada de registro neto por la navegación desde Santa Fe al sur. La gran mayoría del tránsito por esa ruta es de barcazas que salen y llegan a Paraguay, pero el costo del acondicionamiento lo tenía que hacer el Estado argentino.
Hay dos temas. Uno el costo del peaje: en ese sentido las aceiteras argentinas (que bajan soja para procesar) lo calcularon en u$s 0.66, por lo que es excesivo. El otro es normativo y tiene que ver con los tratados internacionales en el transporte fluvial que les marcan la cancha a las decisiones unilaterales.
Como decíamos, hasta ahora se quejaron bolivianos y paraguayos, pero son ataques de baja intensidad. Es que los paraguayos no tienen la mejor prensa cuando se trata de comercio barcacero y buena parte de sus empresarios son argentinos que se instalaron allá para pagar menos impuestos. Pero atención que, según cuentan en la agroindustria, se viene la queja de Brasil. Y ahí es más difícil bancar los trapos. Se trata del socio principal del Mercosur y además entran en juego múltiples relaciones políticas y económicas. Y están chivos.
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¿Avivada cerealera o improvisación del gobierno?
Ya que nos metimos por el lado del mercado de granos y de la bronca que se viene de los brasileños, por estas horas está siendo muy comentada la entrevista que le dio a la agencia de noticias Thompson Reuters, el director general de la Asociación Nacional de exportadores de Cereales de Brasil (Anec), Sergio Mendes, en la que reveló que los suministros de soja brasileña serán necesarios en la Argentina después de que la oleada de ventas provocada por el dólar soja casi agotara las existencias locales.
Y además evaluó que “la expectativa de que una sequía reduzca la producción de soja de Argentina en 2023, junto con una posible renovación del llamado programa Dólar Soja, podría significar que este año importará volúmenes “mucho mayores” desde el vecino país.
Varios temas. Primero, que -en sintonía con lo que transmiten los exportadores en el país- se viene un dólar soja III para este año, acorde a la caída de la cosecha de trigo y maíz y soja de primera que pronostican un cuatrimestre con exportaciones en baja. Recurrir a que los grandes productores vendan la soja guardada (“el carry over”, en la jerga) parece la salida que analiza el gobierno.
Pero lo más llamativo es lo que dijo Mendes sobre la exportación de soja brasilera a Argentina. Es que habitualmente siempre entra algo de soja brasileña bajo el programa de importación temporaria, pero no en tanta cantidad como la que están registrando. Se habla de “compras atípicas” o inusuales de soja brasileña por parte de empresas argentinas.
¿Qué está pasando? Es que como se exportó mucha soja anticipada con el Dólar Soja, parece que ahora el país tiene que importar ese grano desde Brasil. ¿El gobierno argentino va a autorizar estas importaciones al tipo de cambio oficial de $180?
Y esa no es una pregunta menor. Es que si así lo hiciera la soja brasileña que se estaría importando a un tipo de cambio atrasado estaría reemplazando la que se exportó a valores superiores por efecto del subsidio estatal al tipo de cambio diferencial. Y las empresas que exportan o importan seguramente serán las mismas. Serían subsidiadas por una doble vía, ya que exportaron la soja a 200 o 230 pesos, para volver a importarla a 180 pesos.
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Constructoras, nerviosas por la inflación
“No hay dudas de que la inflación es la causa central. Pero puede pasar que al haber tantas obras licitándose, hay muchachos que se ponen selectivos y se la juegan”. Así razonaba un conocedor de la administración pública al buscar las razones por las que las constructoras Roal y Viagro presentaron ofertas 70% más caras que el presupuesto oficial para las obras de nuevos accesos viales a los puertos cerealeros de Timbués, que demandan 14 meses de obra.
Un gobierno puede adjudicar con diferencias del 20/25%, pero no con semejante brecha. Por eso bajó la licitación y llamó rápido a nueva compulsa para el 24 de enero por tratarse de obras muy reclamadas por la población de la zona de la Ribera. Y vaya que hay inflación: frente a los $3,000 M de presupuesto oficial presentado en noviembre, ahora parten con una base de $4,400 M. Y para no tropezar de nuevo hay activas conversaciones con constructoras.
Lo cierto es que la disparada inflacionaria sigue tensionando a la obra pública, con presupuestos que nacen viejos y si no se baja el ritmo no hay forma de que las constructoras dejen de pasar (para cubrirse) ofertas mucho más caras, por más que los gobiernos paguen en plazo (como la Provincia) o con una redeterminación ágil y razonable (como, en rigor, no hace ni nación, provincia y municipio).
En ese sentido, se puede afirmar que “técnicamente” ya se cayó el proceso de licitación nacional de las obras para la refacción del Monumento a la Bandera. Nunca se informaron bien desde Nación la razones por la que la licitación, que tuvo dos oferentes (luego de varios intentos fallidos), quedó primero suspendido. Pero asoma que el problema fue el mismo que las obras en la Ribera: ofertas muchos más caras que el presupuesto.
Va de suyo, que si -formalmente- el gobierno pide ampliar el plazo de adjudicación para las obras en el Monumento, la empresa que había presentado la mejor oferta se lo otorga. Pero todo indica que ya fue. Y tampoco nadie tiene idea alguna si, en un año electoral, la Nación aprovecha y la vuelve a licitar.
A todo esto: ¿El Ente Nacional de Obras de Saneamiento se puso al día con el pago de las obras que financia en la provincia (vía municipios, Aguas o Provincia) o sigue con los serios atrasos que se publicaron en esta columna en noviembre y que terminó con obras parada?
Resulta que luego de la difusión mediática, de las gestiones provinciales y del reclamo de los contratistas, hacia diciembre el ente empezó a abonar certificados y también lo hizo en la primera semana de en enero. De esa forma alivió la situación al empezar a pagar la deuda, pero la situación no se normalizó.
No sólo todavía hay deuda impaga, sin que como el Enhosa abonó los certificados adeudados sin la redeterminación (actualización) de precios, los pesos que reciben las empresas valen menos. No en vano, las constructoras mantienen un ritmo cansino en las obras encargadas por el ente sanitario nacional.
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El caso Carey, ¿al freezer?
Finalmente, si hablamos de paso cansino, el caso del financista Patricio Carey, pasó a la órbita de la Justicia Federal, cuyo “tránsito lento” es todo un sello de distinción.
La noticia de la resolución del camarista Guillermo Laudet fue que el 6 de enero lo liberó tras cumplir 1/3 de los noventa días que le habían dado en primera instancia como prisión preventiva tuvo dos aspectos importantes que lo hicieron interesante: uno vinculado a la detención y otro vinculado a la competencia de los hechos investigados. Y esta semana se conocieron los fundamentos de la esa resolución que en el círculo de abogados penalistas marcó una “saludable bocanada de aire fresco” por los cambios en la jurisprudencia que provocó.
Recordemos: Carey, uno de los titulares de la financiera Cofyrco, estaba imputado del delito de lavado de activos. Una investigación del Ministerio Público de la Acusación (MPA, de jurisdicción provincial) le atribuyó vender 17 mil dólares al narcotraficante asesinado Marcelo “Coto” Medrano a cambio de más de dos millones de pesos de origen ilícito.
La Fiscalía ordenó la detención de Carey, que transitaba el proceso en libertad, en diciembre de 2022. Personal de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) lo detuvo cuando arribó al aeropuerto de Ezeiza y logró que le otorguen prisión preventiva por 90 días alegando entorpecimiento probatorio.
Desde la óptica procesal, amedrentar a un testigo -como se lo acusó- es una causal de prisión preventiva. Si bien un primer debate estuvo centrado en si lo que hizo Carey fue realmente un amedrentamiento (un tema muy importante, ya que para el derecho penal la restricción de libertad es algo de última instancia en materia preventiva), igual para quienes siguen el caso siempre tuvo sabor a excesivo detenerlo para llevarlo luego a la audiencia en la que le pidieron 90 días de preventiva. Si siempre estuvo a derecho, ¿por qué movilizar fuerzas de Gendarmería a Ezeiza para detenerlo? ¿Lo correcto no tendría que haber sido que llegue en libertad a la audiencia imputativa? ¿Cuál era la urgencia de la detención si el viaje había sido informado?
“Nuestro Código Procesal Penal no habilita a que un fiscal te meta preso cuando se le da gana”, razonó bien en criollo Laudet en su fundamentación. Y sostuvo que, en este caso, la Fiscalía –“que nada nuevo le imputó en la audiencia de diciembre”- abusó de las facultades que le confiere el sistema penal acusatorio, que rige en la provincia desde 2014. “La detención de Carey fue una práctica distorsiva de la facultad de la fiscalía de ordenar detención”, agregó.
Pero el tema es que un fiscal puede pedir lo que le parezca, pero quien tiene la llave es el juez. En este caso fue la jueza Melania Carrara, quien el 7 de diciembre dictó la prisión preventiva de 90 días a pedido de la Fiscalía. Entonces, ¿más que cargar sobre el fiscal no se debería haber cargado contra su colega, quién a fin de cuentas ordenó la preventiva? ¿O será que poner el acento sobre los fiscales es toda una señal de la magistratura contra el MPA?
Pero a no confundirse. Lo importante no fue el tema de la preventiva, sino que la decisión de Laudet fue cambiar la competencia y les sacó así la investigación a los fiscales provinciales para dárselas a los federales. Y eso fue lo trascendental en materia de jurisprudencia.
Para Laudet, no hay lavado en las operaciones investigadas a Carey y centró el tema en violación del régimen cambiario (“intermediación financiera o venta de divisas no autorizada”) y eventualmente narcocriminalidad, dos temas de clara competencia nacional. “La totalidad de los intereses en juego son de resorte y tutela exclusiva del Estado nacional y, consecuentemente, de los fueros federales”, postuló marcando un claro quiebre en la jurisprudencia provincial sobre el tema.
Y no fueron pocos los abogados penalistas que celebraron la resolución de Llaudet, ya que hace tiempo que vienen sosteniendo que el delito precedente por el que se están deteniendo a financistas en la provincia no son de jurisdicción provincial sino nacional (como vender dólares a un narco) y ven en la resolución un saludable cambio de tendencia.
Una clara cuña en cómo venía la jurisprudencia, sobre todo si se tiene en cuenta que el supuesto delito precedente o es violación a la ley cambiaría o intermediación financiera irregular, ambos claros delitos federales. Incluso, si se habla de un acuerdo para recibir el flujo de dinero del narcotráfico estaríamos ante un hecho con implicancia en la ley de estupefacientes que también es federal. La incompetencia provincial parece, siguiendo esta línea, muy clara.
Pero distinta es la lectura de Fiscalía. Según dicen, la acusación consiste en la conducta de "comprarle los pesos" a Medrano, pesos que luego eran utilizados para otorgar mutuos, descontar cheques y comprar dólar negro, con lo que el mismo billete arrancado por Medrano en una extorsión podía terminar en una cuenta corriente de una mutual, en el banco, cómo si se hubiera conseguido legalmente. “¿No es que hay que combatir las economías delictivas en Rosario?”, se preguntan.
Para esta visión, el delito precedente no fue la intermediación financiera de Cofyrco, como si el bien ilícito hubieran sido los dólares que compró Medrano, y como si el riesgo de adquirir apariencia de legalidad se hubiera generado respecto de esos dólares. En la Provincia ya hay 27 condenas por lavado de activos, y en Rosario hay fallos de Cámara (Acosta, Ivaldi, Alonso) que respaldan esta visión, que ahora tuvo un primer fuerte revés con Laudet.
En el MPA descontaban que el camarista le iba a dar la libertad a Carey, pero lo que no terminan de digerir es que les haya sacado el caso. Obviamente, recurrirán la decisión, pero el partido está terminado y seguirá en los tribunales federales. Antes de seguir con ese tema que es crucial, otra cuestión vinculada al procedimiento de Laudet.
Para los fiscales, el camarista no debería haberse pronunciado sobre la incompetencia en un caso que ya tiene tres ejecutivos de Cofyrco que firmaron procedimientos abreviados. Y más bronca mastican porque, aseguran, la apelación estaba fijada desde el 20 de diciembre para el 8 de febrero con otro tribunal, pero tras dejar pasar el último mes del año, la defensa de Carey pidió la habilitación de la feria quedando un único juez de cámara disponible, que fue Laudet.
¿Cómo sigue el caso? Es todo un tema de debate, incluso para quienes aplauden la decisión de Laudet. Es que la mudanza desde la Justicia provincial a la federal genera un montón de inconvenientes procesales porque ya hay acusaciones. Claramente, un incordio.
Pese a que desde el MPA se patalea asegurando que todas las recomendaciones internacionales sobre persecución de lavado de activos y crimen organizado recomiendan no descuartizar los casos; al contrario, recomiendan que las investigaciones deben ser integrales e incluir el lado patrimonial, lo cierto es que tras la resolución de Laudet el caso fue a los tribunales federales. Y por eso la pregunta es: ¿Que va a hacer la Fiscalía Federal? ¿Qué ritmo le dará a un caso que lleva dos años de expedientes? ¿Tránsito lento? ¿O muy lento?