El fiscal Sebastián Narvaja imputará el martes próximo por estafa a todo el directorio de la agrofinanciera Guardati Torti (GyT) por el caso de un empresario transportista al que le vaciaron el saldo de la cuenta que tenía abierta en esa agencia para operar con cauciones en el mercado de valores causándole un perjuicio patrimonial de 19 millones de pesos.
Se trata de una nueva imputación contra los directores, que ya fueron acusados por los fiscales de la Unidad de Delitos Económicos de realizar maniobras similares contra 42 pequeños ahorristas a los que también les manotearon los saldos líquidos de sus cuentas para operar en Bolsa ($1.189.138 pesos y $448.950 dólares) presuntamente para tapar el rojo en el que habían entrado sus negocios cerealistas.
GYT supo ser top del mercado granario argentino hasta que defaulteó en febrero de 2020 con un pasivo comercial que orilla los $3.000 millones de pesos sumando todas sus empresas, que están en concurso de acreedores desde mediados de 2020.
Con el patrocinio del abogado Paul Krupnick, el empresario transportista denunció penalmente a la empresa a principios de 2020. Según relató, invertía de manera regular en cauciones en pesos el mercado de valores a través de GYT, operaciones que eran cerradas o renovadas sin ningún inconveniente.
Pero cuando la empresa defaulteó en febrero de 2020 (crisis detonada por el impago de Vicentin de diciembre de 2019, que le quedó debiendo unos 5 millones de dólares, pero que tuvo su génesis varios años antes a raíz del descalce que le provocaron millonarias pérdidas provocadas por riesgosas operaciones especulativas), el empresario transportista encontró que le habían vaciado su cuenta en la que tenía invertidos 19 millones de pesos.
Al reclamar por su dinero, en el caluroso marzo de la pre-pandemia, desde GYT le aseguraron que se lo iban a devolver al tratarse de un cliente de larga data y porque su descalce financiero era temporario. Y por eso le dieron un cheque a 30 días por el monto desaparecido. Pero llegado el día del cobro, el cheque no tenía fondos, y por eso el empresario fue a la Justicia.
Según la denuncia de Krupnik, se cometieron dos delitos, siendo así más grave que el caso de los pequeños ahorristas a los que les manotearon los saldos ya que además de sacarle la plata de su cuenta le emitieron un cheque que sabían que no iban a poder pagar.
El fiscal Narvaja se hizo cargo de la investigación y por eso los imputará el martes, en una audiencia en el Centro de Justicia Penal en la que también pedirá nuevas medidas cautelares contra todo el directorio, además de los embargos y prohibición para salir del país que ya pesan sobre los ejecutivos de que comandaron la firma.
En tanto, sobre la convocatoria de las empresas del grupo, el juez civil y comercial Ezequiel Zabale tiene todavía pendiente de resolución del pedido de la firma de una nueva extensión de plazo de exclusividad en la negociación con los acreedores tanto para la agrofinanciera (GYT,) como para su acopio (GYT Plus).
En el caso de GyT, que quedó debiendo $400 millones, el magistrado ya adelantó que les extenderá el plazo para seguir negociando con los acreedores, pero no 90 días como pidió la firma por considerarlo excesivo. Según trascendió, la cuarta extensión sería de entre 30 y 60 dias con el argumento de que la empresa estuvo sumando adhesiones a su oferta de pago en busca de lograr las mayorías de aprobaciones (en cápitas y capital) que exige la ley. En concreto, la concursada tiene el aval de 123 acreedores (necesita llega a 198 para tener la mitad más uno) y del 44% del capital, cuando debe llegar al 66%.
A la empresa le interesa apurar el acuerdo concursal para intentar desinflar las causas penales, pero para llegar a las mayorías necesita convencer a los pequeños acreedores bursátiles (77 votos y el 17% del capital) que los denunciaron penalmente. Y como hasta ahora no logró entendimiento, le pidió a Zabale que los excluya, otra medida pendiente de resolución por parte del juez. Así y todo, desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) sostienen que insistirán a fondo con el proceso, avisando una pronta elevación a juicio, por más que hayan logrando un acuerdo en los tribunales civiles.