El ministro de Agricultura de Buenos Aires, Javier Rodríguez, se encontraba en San Pablo llevando adelante rondas de intercambio comercial y reuniones con cámaras e importadores de alimentos de ese país. Y una de las preguntas que le hicieron era si Argentina iba a aprobar la siembra del trigo genéticamente modificado (resistente a sequía) HB4 porque ellos no tenían pensado importar productos que lo tengan incluido. Su respuesta fue que ese tema estaba congelado, según le habían asegurado desde el Ministerio de Agricultura de la Nación. No hace falta imaginar la sorpresa y la indignación que tuvo cuando, contra todo lo que se había prometido desde Nación, al otro día de su comentario apareció sin previo aviso que el gobierno cambiaba su política y autorizaba la siembra del HB4. Y ni que hablar de la molestia que cargó por el off side en el que quedó ante los empresarios brasileros. Para peor debía explicar que el cortocircuito comunicativo era entre gobiernos del mismo frente político.
La anécdota, ocurrida hace 15 días, viene a cuento para mostrar que el desaguisado político que quedó el viernes en evidencia cuando el presidente Alberto Fernández volvió a poner sobre la mesa la posibilidad de subir retenciones para frenar precios de alimentos, chance que luego descartó el ministro de Agricultura de la Nación, Julián Domínguez (sí, el ministro corrigió al presidente), es algo diario en la gestión oficial.
Y eso sin contar que dos días antes el ministro de Economía, Martín Guzman, había dicho que no iban a subir las retenciones, mientras al mismo tiempo el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, sostenía en reuniones con empresarios que subir los impuestos era la mejor forma de bajar precios.
Es que, más allá del debate por la efectividad del uso de las retenciones para combatir la inflación, asoman otros interrogantes sobre los reales objetivos políticos y económicos detrás de la avanzada sobre las retenciones que, a decir verdad, lo único que logró fue unificar el reclamo opositor.
La avanzada con las retenciones ocurre luego de que la mayoría de los molinos desecharan sumarse al plan de subsidios oficiales para no trasladar al precio de la harina el aumento del precio del trigo. Los molinos no se prendieron porque temen que los subsidios se demoren en pagar generándoles así un fuerte descalce financiero. También ocurre que hay un 30% de venta en negro de harina y pan que no tiene los papeles para entrar al fideicomiso que articulará los subsidios. Ante ese traspié, y el anuncio de los panaderos de un nuevo aumento en el pan a partir de la semana que viene, el gobierno reflotó la amenaza de subirle derechos de exportación al trigo.
El gobierno, en principio, no podría tocar más las alícuotas de retenciones porque no tiene las "facultades delegadas" por el Congreso. Se vencieron en diciembre pasado. Y no se renovaron porque eso estaba previsto en el proyecto de Ley de Presupuesto, que no se aprobó.
Así que el gobierno le está pidiendo al Congreso, sin tener las mayorías necesarias, que apruebe la suba. Parece un pedido destinado a no prosperar. ¿Por qué lo hace? ¿Es una muestra más de que, además de falta total de coordinación, hay una fuerte desorientación oficial de cómo contener el estallido de los precios? ¿Es una muestra más de impotencia frente a la inflación (que este año camina a ser la más alta desde la última híper) como también quedó expuesto ayer al Fernández quejarse de los industriales textiles que “suben los precios de la indumentaria, pese a que los protegemos de las importaciones chinas"?
De todos modos, el gobierno ya tocó antes las alícuotas de las retenciones sin tener esas facultades. Lo hizo cuando les bajó retenciones a las economías regionales en enero y las subió para derivados de la soja hace un mes. Es decir, avanzó pese al vencimiento de la ley de Emergencia de diciembre de 2019 y podría volver a hacerlo.
No obstante, ahora la Justicia de Córdoba hizo lugar a un amparo de una Sociedad Rural de la docta que pide declarar la inconstitucionalidad de las actuales retenciones, justamente con el argumento de que no hay facultades delegadas. Es por eso que un nuevo incumplimiento quedaría más en evidencia.
Y en caso de avanzar puede argumentar que como no se renovó la ley de 2019 ésta sigue vigente. En ese caso, existen topes bien definidos. La Ley de 2019 estableció que la soja podría tributar hasta 33%. Ya está. No pueden subir más. Para el resto de los productos agropecuarios, incluyendo la carne y los cereales, el tope fijado por el Congreso en la ley vencida es del 15%. Trigo y Maíz hoy tributan 12%, así que le quedarían tres puntos por subir.
¿Otros negocios?
Todo esto lleva a pensar si no estamos frente a una cortina de humo para tapar otras situaciones que se prefieren mantener en reserva. ¿Por qué? La campaña de trigo 21/22 ya está todo vendida a los exportadores, por lo que subir las retenciones no tendría efecto en los precios. Y con respecto al trigo de la campaña 22/23, los exportadores ya declararon ventas al exterior por 9 millones de toneladas, por lo que si hubiera un aumento de las retenciones probablemente no habría mucho más que esa cantidad para exportar por la caída de la siembra ya proyectada (incluso antes de que sobrevolara el aumento de las retenciones). En definitiva, los exportadores no pagarían más del 12%, pero sí les podrían descontar el nuevo derecho de exportación a los productores. Buen negocio.
“En síntesis, los exportadores podrían quedarse con la diferencia, aunque existe una norma que dice que deben tener las compras realizadas para bloquear el aumento de alícuotas, pero todo es posible. En este contexto, ¿cuál es el sentido de la amenaza, que por otra parte debería ser rechazada por la oposición?”, se pregunta el analista de mercados Carlos Etchepare. “¿Ocultar un negocio, como el de algún molino amigo y/o promover la empresa nacional con el molino amigo?”, se pregunta el especialista. Es que al fideicomiso de trigo por ahora sólo se sumó un importante molino (Cañuelas, de los más importantes del país, con buena llegada al gobierno y con diversificados productos en las góndolas) que al recibir los subsidios podría vender la harina más barata frente al resto de las empresas que le compiten ganando negocios y mercados.
Cada vez que un funcionario sale a amenazar con aumentar las retenciones, lo único que logra es que se aceleren las ventas a futuro, dejando menos lugar para capturar los mejores precios que ofrece el mercado. De esa forma, pierde recaudación el Estado, pierde precio el productor y desalienta la siembra del cereal, que ya de por sí tiene proyecciones bajistas de las Bolsas. Y no logra bajar los precios en las góndolas. En definitiva, pierde el país.