El juez Nicolás Villanueva, quien lleva la quiebra del financista Luis Herrera, corrió a la Sindicatura por tener lazos profesionales con el abogado del defaulteado empresario y suspendió el proceso hasta que se designe nuevos síndicos. Además, el magistrado les ordenó devolver una suma de dinero muy importante (se calculan 13 millones de pesos) en concepto de aranceles que pagaron los acreedores cuando se presentaron a verificar los créditos.
Un grupo de acreedores presentó el mes pasado un pedido a la Justicia de que se aparte a los síndicos Eleonora Riva, Gabriel Palmero y Sergio García porque tienen el mismo asesor jurídico de Herrera, que es el abogado Juan Pablo Orquera.
La denuncia generó un escándalo porque la Sindicatura juega un papel clave en los procesos de concursos y quiebras porque el juzgado toma las decisiones en base a la información que ese organismo le acerca
A la hora del descargo, la Sindicatura de la quiebra del financista Luis Herrera, cuyo default superior a los 20 millones de dólares dejó un tendal de acreedores, admitió la existencia de lazos laborales con los abogados defensores del fallido empresario, pero aseguró que esa relación no le quita objetividad en su trabajo de asistencia en el proceso judicial.
Pese a que los síndicos minimizaron la situación, para los acreedores que hicieron la denuncia, la confirmación de la existencia del vínculo era razón suficiente para que se suspenda el proceso judicial en marcha. Y es que
“¿Cómo va a investigar la sindicatura sobre bienes que pudieron haber salido del patrimonio de Herrera e intentar su recuperación para poder pagarles con ellos a sus acreedores, cuando los abogados que asesoran a este van a pretender que no se encuentre nada más? ¿Esta misma sindicatura va a estar en condiciones de solicitar la extensión de la quiebra a los hijos de Herrera? ¿Y a Fernández Soljan SA, su agencia de Bolsa?", se preguntan los abogados Alejandro Gurfinkel y Yanina Suberville, representantes de acreedores del financista.
El vínculo profesional de larga data y subsistente en la actualidad entre los abogados de Herrera y la sindicatura colegiada designada, hace que existan entre ellos evidentes intereses comunes lo que representa una incompatibilidad para el ejercicio del cargo respecto de los síndicos designados, los que deberían ser removidos, insistieron los letrados.
Un tema que no pasó desapercibido a los abogados fue que la sindicatura defendió con mucho énfasis que el juez Villanueva aplique la resolución de la AFIP 830/2000, que entre los requisitos que debían cumplir lo acreedores que quisieran que sus créditos fueran reconocidos en el pasivo de la quiebra pedía constancia de aplicación de Ganancias. Hacerlo hubiese dejado afuera a buena parte de los 702 ahorristas que se presentaron para beneficio de Herrera, pero el juez dejó sin efecto esa resolución.
Herrera supo ser uno de los principales y más refinados financistas de la ciudad y se decía especializado en operaciones en mercados de futuros del exterior. Su default, que se calcula superior a los 20 millones de dólares, tiene al menos 700 acreedores afectados. En paralelo, a la quiebra que se le dictó, está imputado por estafa en la Justicia penal, un proceso en el que acumuló unas 600 denuncias.