El gobierno nacional prometió que la futura concesión de la hidrovía a un operador privado tendrá un órgano de control con asientos para los usuarios privados, según le comentó a Rosario3 una alta fuente empresaria que participa en las conversaciones con la administración.
La falta de un ente de control a la concesión de lo que sería la principal obra de infraestructura logística del país es uno de los puntos observados por puertos, navieras, agroexportadores e industriales del pliego de términos y condiciones que publicó el gobierno hace 15 días. Según se dispone en este texto, el control quedaría en manos de una instancia conjunta de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de la Nación.
Pero, del diálogo entre las partes, los usuarios se llevaron la promesa de que el ente se crearía por una norma a redactar y sancionar que correrá en paralelo a la licitación, y ahí el tiempo no apremia, ya que -en el mejor de los casos- el pase a manos privadas operaría hacia finales del 2025.
El gobierno de Santa Fe también pidió que las provincias con frente fluvial tengan un asiento en ese ente, pero sobre el particular el gobierno no soltó prenda, al menos entre privados.
Tarifas, profundidad y plazos
Los usuarios tienen dos puntos centrales del pliego sobre los que están pidiendo ajustes. Uno, más técnico, sería un desglose bien en detalle de la fórmula sobre la que se calcula la tarifa base fijada para cada etapa, que para los usuarios quedó alta en buena parte porque se incluyeron en el peaje costos no asociados a la navegabilidad (como remover cascos hundido). Conocida la fórmula esperan poder introducir cambios para que la base a licitar sea menor.
Y el segundo punto que los usuarios quieren “ajustar” del pliego sería la inclusión de una nueva etapa de la concesión en que, siempre que los estudios de impacto ambiental lo permitan, precise en plazos la profundización a 42 pies.
Ocurre que en el texto presentado, se establecen varias etapas de incremento gradual del calado hasta llegar a los 39 pies. Una vez lograda esa profundidad, se deja en libertad al concesionario de analizar (cuando quiera) la conveniencia o no de seguir aumentando los pies de dragado. Lo que los usuarios buscan es que, por el contrario, quede armada una nueva última etapa con plazos concretos para llegar a los 42 pies.
“Elijo creer”
Las entidades empresarias que reúnen a agroexportadores, puertos, navieras, industriales, etc, “eligen creer” de que el gobierno tomará en cuentas sus propuestas, tal cual se lo prometen altos funcionarios del Ministerio de Economía.
Además de valorar que se llame a licitación para un operador privado -como vinieron reclamando durante todo el gobierno de Alberto Fernández- entienden que los ajustes a los pliegos que impulsan no son cuestiones centrales y que bajo la figura de “circulares” se pueden sumar al cuerpo normativo.
Y hasta creen que el gobierno, como guiño, terminará extendiendo (un poco) el plazo de presentación de propuestas previsto para fin de enero del año que viene.
Es más, el principal interés de los usuarios es que haya buena competencia entre dragadoras por la concesión, ya que eso haría bajar las tarifas. Sobre todo porque desde el Ministerio de Economía les dejaron entrever que si hay un solo oferente se cae la licitación.
“Elijo protestar”
Según sondeos de Rosario3, además de Jan de Nul (la belga que fue concesionaria y ahora es contratista), todo indica que la holandesa Van Oord se presentará a licitar por el manejo de la hidrovía durante los próximos 30 años.
De la holandesa Boskalis no hay novedades que hayan trascendido, mientras que la belga Dredging y la dinamarquesa Rohde Nielsen estarían preparando quejas administrativas contra el llamado a licitación que apunta a presentar en 15 días.
No trascendieron los argumentos que pondrán sobre la mesa, pero claramente evidencian una disconformidad con los términos y condiciones de la licitación-
El recurso administrativo es paso previo a la demanda judicial, pero eso además de suponer una apuesta de mayor intensidad, tiene otro escollo: la feria judicial que empieza en enero.
En tanto, el pliego deja afuera las empresas chinas porque no permite la presentación de ofertas por parte de firmas controladas por Estados nacionales.