“Los muchachos de Rosario van a perder plata”. La frase salió de boca del presidente del Ente de Control y Gestión de la Hidrovía (Ecovina), el kirchnerista entrerriano Hernán Orduna. La dijo en la última reunión del organismo, que se realizó el miércoles, e incomodó a varios de los asistentes al encuentro, todos funcionarios de las provincias con frente fluvial y del gobierno nacional. Una reunión que no se informó a la prensa.
Orduna llegó a ese cargo porque el primer presidente del Ecovina, Ariel Sujarchuk, fue convocado por el ministro de Economía, Sergio Massa, para la secretaría de Economía del Conocimiento. Fue así como un funcionario que se siente más cómodo esmerilando a la vía navegable terminó presidiendo el ente que, originalmente, fue creado para desarrollarla.
En realidad, el Ecovina nunca logró el músculo necesario para llevar a cabo la tarea que le encomendó un decreto presidencial y por eso en diciembre se tomó la decisión de gestionar un cambio de normativa, que saldría en marzo, que le traslade la conducción del proceso de armado de pliegos y licitación para una futura concesión de la hidrovía a la Administración General de Puertos (AGP), que es el ente público que hoy ya administra el sistema troncal de navegación.
Además, Orduna tiene los días contados en ese cargo ya que en breve el ministro de Transporte, Diego Giuliano, lo reemplazará por Abel de Manuelle, un santafesino que llegó al Ministerio de Transporte con la tanda de radicales que acompañaron al fallecido ministro Ariel Meoni y se focalizó en el tema de la hidrovía ganándose con el tiempo la confianza del gobernador Omar Perotti, quien hoy lo impulsa al frente del Ecovina.
Pero sus declaraciones, y en general las posturas que los funcionarios de las provincias discuten en el Ecovina inquietan a puertos y cerealeras, que ven con creciente preocupación como los caminos que se van trazando desde el sector público para el futuro de la hidrovía se distancian de la ruta que estiman es la correcta para la principal infraestructura logística del país.
En la agroindustria están los ejecutivos más críticos y los que confían en que al final del camino primará la racionalidad de los ministros de Economía, Sergio Massa y de Transporte, Diego Giuliano, pero todos están preocupados. Y, a decir verdad, los temas que se analizaron en la reunión del Ecovina del miércoles (según pudo reconstruir Rosario3 a través de funcionarios que asistieron) muestran que esa intranquilidad tiene asidero. A saber:
Dragado a accesos a Puertos Públicos
Es el principal reclamo de los gobernadores, que piden que esas obras sean parte del nuevo sistema a concesionar. O mejor aún que la propia AGP busque la forma de hacerlo durante su actual administración.
¿Quién paga? Los gobernadores lo quieren incluir como una de las obras a cargo del concesionario de la hidrovía (hoy la AGP), pero en el sector privado lo ven como un costo extra a afrontar por el sistema (peaje que pagan los barcos cerealeros) sin beneficio para la economía ya que son puertos que no tienen cargas.
En otras palabras, estiman que se estaría subsidiando a muelles públicos provinciales de escasas operaciones. Además, advierten temas técnicos: no están las determinantes de los puertos públicos, por lo que hay casos que se está proponiendo dragar en lugares sin profundidad lo que podría afectar seriamente la estabilidad de los muelles.
El tema más importante, ausente
En las conversaciones en el Ecovina el tema central para la agroindustria, que es llevar el canal troncal a 42 pies de profundidad y 40 pies de calado, brilla por su ausencia. De eso no se habla. Y es fundamental para que los barcos puedan completar cargas en el Gran Rosario con la consecuente baja en el costo de flete para toda la agroindustria.
Es más, preocupa que tampoco está en agenda llevar, al menos, a 34 pies (el actual dragado desde Puerto General San Martín al sur) hasta Timbúes, la localidad en la que se asentaron en los últimos años los principales puertos, como Renova, Cofco, Dreyfus, AGD y ACA, que hoy tiene 24 pies. En el sector empresario no pueden creer que se pongan reparos para profundizar el canal frente a eficientes terminales que mueven millones de toneladas y se priorice dragar accesos a muelles públicos sin operatoria.
El dragado hasta Santa Fe
En los 90, cuando se diseñó el esquema actual de la hidrovía, el sector privado calculó que el dragado debería ir desde la zona de Puerto San Martín al sur con el convencimiento (por las inversiones realizadas y proyectadas) de que hasta allí llegaría el polo portuario. Pero para que el gobernador Carlos Reutemman sumara su decisivo apoyo a la concesión que impulsaba el presidente Carlos Menem y no se ponga de punta al establishment de la capital provincial se llegó a la solución de que entre el norte del Gran Rosario hasta la ciudad de Santa Fe también se drague, pero a una profundidad menor. En la actualidad, llega a 24 pies.
Como se avisó en aquellos años que ocurriría, los buques Panamax que necesitan esa profundidad nunca subieron más allá de Timbúes; así que se estuvo dragando por décadas a 24 pies cuando las barcazas y barcos de poco porte que por allí transitan no lo necesitan.
Para peor, en el Ecovina el miércoles se charló de llevarlo a 34 pies. Incluso, algunos funcionarios provinciales pusieron sobre la mesa que vaya a 38 pies.
El tema es que no hay zonas de descarga en todo ese trayecto. ¿Cómo se argumentó, entonces, la idea? Que las habrá cuando se mude el puerto de Santa Fe a la costa frente al canal principal, un proyecto que lleva décadas sin avance y tiene factibilidad debatida. Otra vez aparece el tema central: ¿Quién pagará esa obra? Y el temor es que recaiga el costo en el sistema (lease el peaje que pagan los cerealeros).
Para las cámaras agroindustriales no se justifica esa profundización. Según las proyecciones que les hizo una consultora especializada (LatinoConsult), la mejor estimación de cargas a operar Timbúes al norte es de 1.2 millones de toneladas por lo que no se justifica la ecuación entre la inversión y el ahorro a obtener por la profundización. Según sus números, el costo a afrontar por subir el dragado en ese tramo es el doble del ahorro obtenido.
Por el contrario, la propuesta del sector privado es que como la tarifa tiene un componente por el caldo, se le quite ese componente (y por ende las obras) y eso generaría una baja de tarifas del 40% que impulsaría el tráfico.Y, en caso de así ocurrir, recién ahí se justificaría la profundización del dragado.
Santa Fe al norte
Los puertos y las cerealeras calcularon que el costo del peaje de Santa Fe a Confluencia, que el gobierno implementó a u$s1.47 por tonelada de registro neto debería costar u$s 0.66.
Según lo conversado el miércoles en el Ecovina, hay consenso en las provincias de que parte de lo recaudado por esa tarifa debe ir para subsidiar el acceso a los puertos públicos, mientras que para la agroindustria el concepto guía debería ser que cada tramo pague los costos con su propio tráfico y lo recadudado no se use para otros destinos.
Y es que, advierten, las barcazas con las que bajan granos para procesar en las industrias aceiteras del Gran Rosario terminarán costeando los dragados en puertos públicos sin cagas; encareciendo el aprovisionamiento de las fábricas argentinas.
En definitiva, la agroindustria ve con creciente preocupación como un sistema que, con todos sus defectos (por ejemplo, tarifas caras en dólares) estaba bien alineado como factor de desarrollo, ahora -en vez de buscar perfeccionarlo- va siendo llevado hacia un nuevo diseño que amenaza con cargarlo de ineficiencias. La batalla entra en temporada alta.