La jueza Paula Álvarez prorrogó este mediodía por un año las medidas cautelares sustitutivas de la prisión preventiva contra el financista Luis Herrera (caución, prohibición de salir del país), protagonista de un millonario default en 2021 que lo tiene como imputado por estafa y administración fraudulenta.
Hace dos años, y en medio de las investigaciones que lleva a cabo la Unidad de Delitos Económicos Complejos, la Justicia dispuso (como medida sustitutiva a la prisión preventiva que pedían los fiscales) una serie de medidas cautelares como una caución, embargos, la prohibición de salir del país y que toda la familia (porque eran miembros del directorio) se presenten cada 15 días en Tribunales.
Como las medidas se vencen ahora, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) pidió en audiencia este miércoles que se renueven por un año porque se aplican los mismos plazos que para la prisión preventiva; apuntando los fiscales a que en el transcurso de 2025 puedan resolver la investigación para realizar las acusaciones formales hacia junio del año que viene.
La jueza aceptó los argumentos de Fiscalía de la necesidad de más tiempo por la complejidad de la causa y extendió en un año las cautelares.
El default de Herrera generó un cimbronazo en la ciudad, no solo por la magnitud, que se calcula en un piso de 30 millones de dólares, sino porque se trataba de un renombrado financista del establishment y tránsito regular por la Bolsa de Comercio de Rosario y el Mercado de Futuros (Matba-Rofex).
La causa se complejizó por el centenar de denuncias de inversores y el financista llegó a estar varios días tras las rejas, pero luego quedó en libertad bajo caución y vive en las afueras de la ciudad.
Las investigaciones también fueron demoradas por la falta de recursos en el MPA para abordar el caso, incluso abogados querellantes llegaron a quejarse por escrito del lento avance de la investigación, precisamente, por esa escasez de estructura para encarar investigaciones complejas. La crisis política del MPA, que derivó en la salida de la fiscal regional, María Eugenia Iribarren, atrasó la investigación.