Con respaldo de la asociación de Aseguradoras del Interior de la República Argentina (Adira), se presentó en la Cámara de Diputados de Santa Fe un proyecto de ley que plantea la creación de un sistema de "Seguros Agropecuarios" para mitigar los daños producidos por los fenómenos climáticos, como las recientes sequías.
En el país existe un desarrollado seguro contra granizo para el agro, pero la necesidad de un seguro agropecuario multiriesgo (que incluya sequías o inundaciones, por ejemplo) es un tema permanente de la agenda sectorial, pero las iniciativas quedan truncas habida cuenta de que su implementación a nivel país necesita de un alto subsidio nacional. Y si bien el avance de la tecnología fue reduciendo costos (por ejemplo, para el mapeo de campos y relevamiento de siniestros), el subsidio a la prima sigue siendo clave. Y los montos son millonarios.
En Brasil, que tiene un sistema de seguro multiriesgo bien desarrollado, el Estado afronta parte del costo de la prima. En Argentina, por el contrario, a los históricos problemas fiscales se suman años de desentendimiento de los gobiernos de turno con el campo
Estancada, entonces, la iniciativa a nivel nacional, Santa Fe avanza con un camino propio. Y si bien el seguro necesitaría de aportes importantes de las arcas públicas provinciales, sus impulsores sostienen que pueden ser afrontables, ya que la idea es empezar a trabajar en zonas bien focalizadas y atendiendo al principio solo un conjunto de inclemencias posibles para, con el paso de los años, ir ganando escala territorial y sectorial. Y lo importante es que esta estrategia tiene el aval de las principales aseguradoras que operan con el agro.
“Con esta ley queremos cambiar el paradigma: que los productores puedan acceder a servicios de las aseguradoras privadas, para estar cubiertos ante diferentes riesgos como las sequías, inundaciones e incendios. De esta manera le brindamos previsibilidad a todo nuestro sistema productivo”, destacó el diputado socialista y autor de la iniciativa, Joaquín Blanco.
El legislador encabezó, junto con ejecutivos de las aseguradoras que operan en Santa Fe y Adira, la presentación de la iniciativa en Expoagro. Junto con Blanco estuvieron el director Ejecutivo de Adira, Julián García; Carlos Comas, en representación de la Asociación Latinoamericana para el desarrollo del Seguro Agropecuario (Alasa), y Gustavo Mina, Gerente de Seguros Agropecuarios del Grupo Sancor Seguros, también miembro de Adira.
“Santa Fe, dolorosamente, aprendió la lección. Más del 70% de nuestro territorio se vio afectado, generando un impacto sumamente negativo en toda la cadena agroindustrial. Miles de pequeños y medianos productores fueron golpeados por este flagelo mientras la asistencia por parte del Estado llego tarde y fue insuficiente”, expresó el legislador.
“El riesgo climático es un factor que los productores agropecuarios conocen bien y por eso ante determinados eventos como el granizo o las heladas, suelen recurrir a la contratación de seguros. Sin embargo, otros múltiples riesgos no son asegurados, ya sea por la escasez de las coberturas ofrecidas o porque no hay demanda de los propios productores por sus costos elevados”, explicó Blanco, y continuó: “A esto se suma la dificultad de que las leyes de emergencia agropecuarias no brindan soluciones suficientes a este problema. Lo que buscamos con esta ley es que se cubran diferentes tipos de cultivos y de producciones agropecuarias y que el Estado, de una manera eficiente e inteligente, pueda acompañar a los productores ya sea a través de incentivos fiscales, o subsidiando una parte de la prima a los sectores más pequeños”.
En ese sentido, el proyecto plantea la creación de un Sistema Provincial de Seguros Agropecuarios para la Sustentabilidad Productiva, con el objetivo de brindar protección a las inversiones realizadas por productores agrícolas, pecuarios, forestales y demás cultivos industriales, acuícolas y pesqueros. Establece una política pública que canalizará y promoverá programas que extiendan las coberturas consolidadas comercialmente en el mercado, hacia sistemas productivos primarios no alcanzados y hacia riesgos no amparados en los sistemas que actualmente sí disponen la posibilidad de transferencia parcial.
A su turno, García, explica que “todo esto es parte de recorrer un camino en la provincia para lograr tener un seguro de riesgo agrícola, entendemos que debe hacerse con la gradualidad que corresponde para llevarlo a buen puerto, empezando primero por un seguro para los principales cultivos del país, pero luego pensar en ir a más, incluyendo, por ejemplo, la ganadería, la apicultura, producción avícola, etc., para que estas actividades también puedan estar cubiertas por la actividad aseguradora”.
Uno de los puntos claves es pensar que en lugar de que la provincia actúe tras un incidente meteorológico, donde muchas veces debe declarar la emergencia agropecuaria con el costo que eso implica, se proyecte una ley que pueda trabajar en la prevención y estar cubiertos frente a los embates del cambio climático. De este modo, existiría un mecanismo que además de darle una base al productor para comenzar nuevamente su ciclo, no se cortaría la cadena de pagos.
“Cada vez son más frecuentes los fenómenos climáticos severos que generan grandes pérdidas económicas a los productores agropecuarios y por eso consideramos de suma importancia que la provincia cuente con una política de estado en la gestión de riesgos sistémicos”, expresó Mina. “Es para destacar que se haya elaborado este tipo de proyecto donde se ve capitalizada toda la experiencia internacional y nacional que todas las aseguradoras tenían para aportar. Destacamos la labor de los legisladores”, añadió.
Lo que sigue por delante en este año, que recién comienza, es continuar haciendo gestiones también a nivel nacional con el trabajo que desarrolla Adira en la Mesa sobre Riesgo Agropecuario del Consejo Agroindustrial Argentino y que esta temática forma parte del Plan Federal Agroindustrial 2023-2033.
La ley, además, menciona la necesidad de constituir un organismo técnico donde destaca la participación de las entidades de todos los sectores involucradas (agropecuarias, aseguradoras, universidades, Bolsas de Comercios, INTA, entre otros), para la definición de un plan anual, donde se establezcan cuáles son las zonas geográficas, tipos de producciones o productores que se pretende proteger, además de reunir, compartir y publicar toda la información existente en materia de riesgos, a los fines de realizar el desarrollo de las coberturas que sean necesarias.