El juzgado de feria de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó la medida cautelar que presentó la dragadora belga Dredging (Deme Group) para suspender la licitación de un operador privado de la hidrovía por entender que había serias irregularidades que direccionaban la elección hacia la empresa Jan de Nul.
Según la Justicia, no se acreditaron suficientemente la ilegalidad o arbitrariedad en el accionar administrativo, ni un daño irreparable que justificara la suspensión del proceso y también entendió que no hay direccionamiento.
El rechazo de la medida cautelar permite que la licitación continúe según lo planificado, y que estableció como fecha de apertura de ofertas el 12 de febrero.
Además, la resolución significó un fuerte espaldarazo al gobierno ante las duras críticas que venía teniendo el proceso por parte no solo de Deme y la dragadora Van Oordt (que cargan contra Jan de Nul) sino también de operadores políticos como el ex ministro de Transporte de la gestión de Mauricio Macri, Guillermo Dietrich, de quién repiten en el gobierno hace lobby por la dragadora Boskalis, mote que desde el PRO rechazan de plano.
Es más, en el gobierno destacan que la resolución tiene fuerza porque partió de un juzgado que ya tuvo definiciones contrarias al gobierno. Y además resaltan que podría estar marcando una tendencia ante futuras presentaciones.
"No se advierte del pliego de bases y condiciones la irregularidades alegadas por la parte actora, como así tampoco la supuesta intención de redireccionar la licitación para, en definitiva, favorecer a la empresa que actualmente presta el servicio de dragado, como dice la presentación", se resalta en la resolución judicial.
Además, la resolución destacó los siguientes puntos:
1) Presunción de legitimidad administrativa: Los actos administrativos, como la convocatoria a licitación, gozan de una presunción de validez que no fue desvirtuada por las pruebas presentadas.
2) Impacto en el interés público: Suspender la licitación afectaría negativamente la modernización, ampliación y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal, un bien público esencial para el comercio y la navegación fluvial.
3) Falta de pruebas concluyentes: El tribunal consideró que los argumentos de Dredging International no eran suficientes para demostrar un perjuicio concreto y actual que ameritara el dictado de una medida cautelar.
La dragadora del grupo Deme también inicio reclamos administrativos, que el gobierno se apuesta a rechazar. En ese sentido, la Cámara de Puertos Privados se manifestó esta semana a favor del proceso licitatorio en marcha, pero pidió que se prorrogue por al menos 30 días la fecha de apertura de sobres para introducir cambia al pliego y permitir que más empresas tengan tiempo para preparar ofertas.