La empresa TPR, que opera los muelles I y II del puerto de Rosario, puso esta semana sobre la mesa el plan de inversión más grande en la historia de la terminal: 265 millones de dólares que cambiarían radicalmente su alicaída infraestructura.
La pelota la tiene ahora el gobierno provincial, ya que la operadora pone como condición para concretar el mega desembolso que le extiendan la concesión, que vence en 2032.
TPR tiene como accionista mayoritario a la empresa chilena Ultramar, una firma líder en la logística a nivel de América Latina y uno de los operadores portuarios top del continente.
Pero pese a todas las credenciales, en los últimos 6/8 años su performance no convenció a las autoridades, sobre todo a las del actual gobierno provincial que le reprochan no estar al día con las exigencias del contrato vigente, falta de inversiones en infraestructura y una política comercial bastante pacata para sumar cargas.
La presencia de la escandalosamente defatulteada Vicentin como socia minorista y cara visible de la firma tampoco contribuyó en los últimos años a que la presencia de TPR sea digerida en los círculos políticos y empresarios.
Ahora, y luego de varias modificaciones que no dieron resultado, la empresa cambió de directorio y asumió como presidente de TPR Fernando Reveco, la mano derecha del presidente del grupo a nivel mundial.
Y lo que es más importante, en los últimos días empezó a presentar un plan de inversiones que, al menos en los papeles, responde al reclamo del gobierno de mostrar si realmente tiene interés por jugar en serio en el puerto de Rosario.
Según averiguó Rosario3, TPR propone invertir u$s265 millones de dólares para reformar de manera completa la infraestructura de su servicio y poner al puerto a la altura de competir en las grandes ligas. El master plan comprende una renovación total del puerto sumando infraestructura para carga y descarga, nuevas zonas logísticas, tecnología de gestión de última generación y hasta ampliación de muelles.
Según cuentan, una de las llaves para activar la inversión viene por la demanda de las empresas mineras por muelles para operar. Y es que la minería es uno de los sectores que asoma como puntal de la economía nacional y su actividad, netamente exportadora, demanda soluciones logísticas de primer nivel para el mediano plazo.
Como la condición que pone TPR para concretar la mayor inversión en la historia del puerto Rosario es la extensión de la concesión, ya que el mayor plazo permitiría amortizar los desembolsos, en el gobierno provincial no suelen recibir con demasiado entusiasmo este tipo de planes.
Y es que sostienen, como lo dijo ayer a Radio Dos el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, que la empresa primero debe ponerse al día con las exigencias del contrato actual (que no lo está) y luego recién se podrá sentar a discutir una ampliación del contrato.
Es más, cansados de la falta definiciones por parte de TPR y posiblemente como un intento de apurar a la empresa y poner a negociar desde una posición más firme, desde el gobierno dejaron trascender que ya están trabajando en el armado de un pliego para una licitación internacional en busca de un nuevo operador porque no descartan rescindir el contrato ante los incumplimientos contractuales. Y hasta aseguran que hay interesados por el puerto
Si bien es cierto que las vueltas de TPR para definirse y el mal estado del puerto en los últimos cansó y agotó a las autoridades provocando esta reacción de querer barajar y dar de nuevo que expresa ahora el gobierno, la estrategia de la Provincia de poner en agenda una salida anticipada del concesionario para que la concesionaria abre, de una buena vez la billetera, cumpla con sus obligaciones y salga a hacer crecer al puerto, asoma como bastante arriesgada.
Y es que querer hacer caer una concesión supone un daño muy fuerte para el puerto, como lo demostró la experiencia de Ictsi en los 90. De hecho, ya plantearlo conspira contra los negocios porque ninguna empresa quiere enviar sus cargas a un puerto que puede entrar en litigio judicial y laboral, como supone una rescisión de contrato. Y hasta abre otro interrogante sobre la talla de los interesados que habrían contactado al gobierno.
En ese contexto, la novedad es que esta vez TPR ofrece invertir ahora 15 millones de dólares para reparar y refaccionar los muelles (casi la mitad hoy no se pueden usar por riesgos de socavón) y hasta ofertó un plan de pago para ponerse al día con el canon.
En la chilena Ultramar entienden que de esa forma estarían cumpliendo lo que exige el gobierno provincial de cumplir con el contrato actual para luego negociar la extensión del plazo, que activaría la inversión de u$s256 millones de dólares.
Ultramar quiere dar la imagen de que puso toda la carne al asador y que la pelota la tiene ahora el gobierno provincial.
A juzgar por las primeras reacciones en el Ministerio de Desarrollo, al nuevo master plan de TPR lo miran de reojo. Es que primero quieren estudiarlo bien, analizar las garantías, revisar los términos y plazos para ponerse al día con los incumplimientos actuales, entre otros factores a los que le pondrán la lupa. Mientras tanto no bajarán la guardia y siguen agitando que la opción de rescindir sigue estando.