Raúl Moreira es un alto ejecutivo del grupo chileno Ultramar en Argentina. Desde finales de los 90 viene ocupando importantes cargos en las distintas unidades de negocios que el grupo logístico trasandino tiene en el país. Y sin dejar de ser director de la agencia marítima AMI, una de las empresas de Ultramar en Argentina, fue convocado en octubre para sumarse como director en Terminal Puerto Rosario (TPR), la empresa que tiene la concesión de los muelles I y II del puerto local y en la que comparten el control con la santafesina Vicentin.
Pero el director, que reside en Buenos Aires, no alcanzó a asumir efectivamente ya que estalló el conflicto laboral con el gremio de estibadores (Supa), que tiene parado el puerto desde hace semanas, y que este jueves tuvo un punto muy crítico con la violenta irrupción de los trabajadores en el Concejo y el Municipio. Ahora -bajo presión de los violentos acontecimientos, pero también de las gestiones del propio gobernador de Santa Fe, Omar Perotti- Moreira se hará cargo de las conversaciones con el sindicato.
De esa forma, se corren de las negociaciones a quienes hasta ahora las llevaban por parte de la empresa: los gerentes general y de recursos humanos y los directores que allí responden a Vicentin, Carlos Bello y Gustavo Nardelli (quien hace unos días se fue de vacaciones a Punta del Este). Además, y sobre todo, Moreria avisó que llega con mandato pleno de la casa matriz chilena para negociar.
Y en la previa de las conversaciones, que podrían iniciarse a última hora de la tarde o mañana, su llegada encendió una luz de esperanza tanto en el gobierno, pero sobre todo de los estibadores, entre los que hay despedidos y ninguno que haya cobrado entero el sueldo de noviembre. Es que hasta ahora todo los interlocutores (incluídos los asesores jurídicos que iban al encuentro por TPR) se manifestaban sin capacidad de negociación ante el gremio.
En rigor, la mayoría accionar de TPR era de Vicentin (70%) teniendo el restante 30% la chilena, que es la operadora real de los muelles. Ultramar, controlado por la familia de Von Appel (de origen alemán), es un peso pesado a nivel América latina en el negocio de la logística y uno de los principales holdings empresarios de Chile. Por ejemplo, controla 12 puertos concesionados en Chile, Brasil, Argentina y Uruguay; además de operaciones en Argentina, Paraguay, Uruguay, Panamá, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Chile.
Hasta la caída de Vicentin, en diciembre de 2019, la aceitera santafesina -además de tener la mayoría accionaria- tenía el control institucional del puerto, siendo su figura visible Gustavo Nardelli mientras que puertas adentro se encargaba Bello.
A partir del default, y sobre todo de las complicaciones penales de los dueños de la aceitera, los chilenos empezaron a tomar control (operativo y accionario) de TPR hasta llegar en la actualidad casi a compartir la tenencia accionaria. Ese proceso no estuvo ajeno a inconvenientes. Pero con Vicentin imposibilitado de hacer inversiones, TPR empezó a aflojar con el cumplimiento de sus compromisos como concesionario del puerto local.
Pero todo ese proceso de toma de control de los chilenos no estuvo exento de contratiempos. Por un lado, perdieron al gerente general que habían puesto (Rodrigo Galleguillos), que se fue a otra empresa de la competencia, y luego el nuevo director que pusieron para conducir el proceso, y uno de los ejecutivos importantes de Ultramar en Argentina, Alejandro Bohtlingk, nunca pudo acomodarse del todo por graves problemas de salud. De hecho, la llegada de Moreira en octubre fue por las razones de salud de su antecesor.
Por esos inconvenientes, en definitiva, Bello y Nardelli seguían tallando en las conversaciones con el gremio, con todo lo que eso supone en su particular forma de trato, pero tampoco sin real poder de decisión porque ahora el dinero sólo lo tiene los chilenos.
Ante este recambio de control, la escalada del conflicto laboral y el menor cumplimiento de sus obligaciones contractuales (hubo retrasos en el pago del canon), ya desde mediados de año los directores del Ente Administrador del Puerto de Rosario (Enapro) le pedían a Ultramar que fije postura de fondo: ¿se quieren quedar o no en Puerto Rosario? Y si la respuesta era afirmativa, los invitaban a debatir un plan de inversiones en serio con el organismo de control.
Lo cierto es que la escalada del conflicto hizo que el propio gobernador (pero también autoridades nacionales, como la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, y el propio ministro de Economía, Sergio Massa) gestionaran en el más alto nivel que Ultramar se siente de una vez a negociar en serio por el puerto con sus propios ejecutivos (y con poder de decisión) ya que hasta ahora, como se dijo, hubo gerentes y abogados sin atribuciones reales.
Si bien, el primer paso de Moreira es negociar un acuerdo al conflicto salarial (que se disparó por un reclamo de apertura paritaria que ahora derivó en pagos parciales de salarios y medio centenar de despidos), que llegue investido con poder de decisión de la casa matriz chilena puede ser el primer paso para responder las preguntas de fondo.
Igual, ni en el gremio ni el Enapro bajan la guardia. Es que no pocos avalan la hipótesis de que la estrategia de TPR (sobre todo de los directores de Vicentin) era de forzar el estallido del conflicto social, como ocurrió hoy, para que la postura de los estibadores pierda legitimidad pero sobre todo para poder estar en mejores condiciones de negociar una afloje en las exigencias contractuales, por ejemplo en materia de inversiones a cumplir.