Una de las principales trabas que encuentran las industrias que quieren instalarse en Rosario es que la normativa para el uso del suelo les impone a los emprendimientos fabriles exigencias similares a las que tienen los desarrollos inmobiliarios, un negocio que genera una renta mayor. La gestión de Pablo Javkin se propuso aliviar las cargas para incentivar las inversiones y frenar el éxodo de fábricas locales que al tener que mudarse de las zonas bien urbanas de Rosario no se terminan instalándose en las afueras sino en los municipios linderos por las menores exigencias que allí les imponen. Y fue el secretario de Desarrollo Productivo, Sebastián Chale, quien preparó una nueva ordenanza de suelo industrial que con muy fuerte apoyo empresario presentó en marzo.
Pero la irrupción de la pandemia del coronavirus y la cuarentena estricta retrasaron su avance en el Concejo. Pero ahora, el Palacio de Los Leones busca que la nueva ordenanza, que reduce los costos de instalaciones, esté aprobada en diciembre. Y para eso este miércoles, Chale mantuvo una reunión conjunta con los ediles de las comisiones de Planeamiento y Producción. “Me voy conforme. Entiendo que muchos concejales que habían manifestado inicialmente reparos nos van a terminar acompañando”, le dijo el secretario a Rosario3 luego del encuentro virtual de más de dos horas.
Uno de los primeros cambios es que se le dejarán de exigir compensaciones urbanísticas (obras públicas) a las empresas que se instalen en la zonas promovidas para el desarrollo fabril, como el corredor Uriburu, el corredor de Ovidio Lagos y la zona del acceso a la autopista a Buenos Aires. Esa exigencia de obras, que en el negocio inmobiliario dieron resultado porque –por ejemplo en los desarrollos de Puerto Norte- se financiaron avenidas y parques, se convirtió en una de las principales trabas para la industria ya que el negocio fabril tiene una renta mucho más acotada que el del real state.
En concreto, hasta ahora se exige para la instalación de una empresa en un lote de 5.000 m2 que done espacios para usos públicos y ejecute y financie infraestructura, como apertura de calles y obras hidráulicas, y se haga cargo de obras para las conexiones de servicios, como electricidad y agua. Pero según la nueva normativa se los exime de donación de espacios y equipos para uso público y la ejecución de obras dejará de ser una exigencia que condicione las habilitaciones. Además, se aumenta de 15 a 25 metros la altura edificable y las parcelas mínimas para radicaciones bajan de 3.000 a 1.000 m2. También se relajan los usos industriales restringidos, “previo informe ambiental”.
El bautizado “Plan Integral de Suelo e Inversiones Productivas” también genera un fondo especial para el desarrollo de infraestructura y unifica beneficios fiscales (Drei y TGI) para nuevas radicaciones en zonas promovidas. Y además pondrá en práctica, con una alícuota progresiva, el cobro de una sobretasa de TGI para baldíos improductivos, que fue muchas veces anunciada, que en los papeles está vigente pero que nunca fue aplicada.
Con el cambio de normativa se empezará a cobrar una sobretasa de la TGI para baldíos improductivos que fue muchas veces anunciada pero nunca aplicada.
Con respecto a la reunión de este miércoles, el bloque de Ciudad Futura es el que presentó mayores objeciones. Por ejemplo, la concejala Caren Tepp expresó su “preocupación por la eliminación de las compensaciones” y al respecto dijo que “se podría pensar en un proceso de compensación diferido”. También hubo concejales de Juntos por el Cambio, como la concejala Germana Figueroa Casas, que presentaron reparos, por ejemplo que al dejar de existir la figura del convenio urbanístico el Concejo no será más consultado en los proyectos de radicaciones fabriles de importancia.
Con todo, por el nivel de la discusión, a diferencia de encuentros preliminares que Chale mantuvo antes con concejales el proyecto parece estar bien agenda. Ahora, el funcionario mantendrá reuniones con los referentes de cada bloque. “Como queremos que el proyecto salga con el mayor respaldo posible, vamos a incorporar modificaciones propuestas que no cambien el espíritu central de la norma que es aliviar cargas y bajar costos”, completó Chale.
En paralelo, la Municipalidad trabaja junto con los dos actuales polígonos industriales para que puedan acomodar su funcionamiento a las normativas provinciales y nacionales de parque industriales, lo que les permitirá acceder a los beneficios (aportes para infraestructura y desgravaciones impositivas) que hoy les pasan por el costado por no tener adecuada el esquema jurídico.