El presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunció este lunes la "intervención y expropiación" del Grupo Vicentín, una de las agroexportadoras más importantes del país, que el año pasado se había declarado en cesación de pagos. Se remitirá al Congreso un proyecto de ley con el fin de "rescatar" a la empresa para permitirle afrontar la crisis financiera.
El mandatario impulsó “un decreto de necesidad y urgencia que dispone la intervención y expropiación del Grupo Vicentín”, junto a “una serie de medidas para rescatar esta empresa, líder en el mercado agropecuario, con el propósito que continúe y que sus trabajadores mantengan sus trabajo. También que 2.600 productores puedan seguir contando con esta empresa”.
“El Estado nacional es el principal acreedor a través del Banco Nación”, argumentó el jefe de Estado al explicar esta “decisión estratégica para la economía nacional”, que a su juicio “tendrá una relevancia singular post-pandemia de coronavirus”, en medio de la crisis.
“Vamos a declarar a la empresa de utilidad pública. Argentina necesita soberanía alimentaria”, expresó Fernández, y amplió que “todos los activos de Vicentín pasarán a formar parte de un fondo fiduciario que estará a cargo de YPF Agro” y cuyo interventor será Gabriel Delgado, un especialista en economía agropecuaria.
La intervención del Grupo busca "aprovechar la capacidad de gerenciamiento de YPF", dijo el mandatario, y añadió que, si surgiera evidencia de defraudación al Estado durante la administración anterior, se harán la denuncias pertinentes ante la Justicia.
Por su parte, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, aseguró que el “rescate” permitirá sostener su "papel central en el mercado agroindustial" y que al Estado le dará la ocasión de contar con una "empresa testigo en el mercado de granos y en el mercado de cambios". “Significa volver a ponerla de pie”, aseveró.
Un pedido a viva voz
La medida del gobierno llega una semana después de que dirigentes políticos, sindicales y sociales pidieran que la compañía fuera declarada "empresa pública no estatal" para evitar "una mayor concentración y extranjerización del comercio exterior de granos y de la cadena de producción alimentaria".
La firma, que integra el ránking de las diez agroexportadoras más importantes de la Argentina, entró en cesación de pagos el 5 de diciembre último, cuando no pudo hacer frente a obligaciones por cerca de US$ 1.350 millones, de los cuales una gran parte corresponde a créditos otorgados por la banca pública.
"Consideramos imprescindible y urgente que el gobierno tome control de la situación y, utilizando las herramientas del Estado, intervenga urgentemente sobre un concurso que está apañando un fraude y promueva una alternativa para el futuro del Grupo Vicentín, que tome en cuenta los verdaderos intereses del país y la comunidad", manifestaron el lunes pasado los firmantes de una declaración conjunta dirigida al gobierno nacional.
En ese sentido, manifestaron que resultaría "insensato ceder una empresa estratégica como Vicentín a grupos y lobbies cuyas maniobras no garantizarán en lo más mínimo convertirla en una empresa argentina".
"El gobierno nacional no debería permitir que la misma caiga en manos de actores que, con otro nombre, mantendrían y profundizarían el mismo comportamiento contrario a los intereses nacionales", aseguraron a través de una carta abierta.
Propusieron entonces que el Gobierno impulse las medidas necesarias "para transformar a Vicentín en una empresa pública no estatal bajo control político y social" a la vez que solicitaron una urgente entrevista con el presidente Alberto Fernández.
Entre los firmantes del documento figuran Claudio Lozano, Pedro Peretti, Mempo Giardinelli, Carlos del Frade, Fernando "Pino" Solanas, Victoria Donda, Horacio González, Alcira Argumedo, Juan Grabois, Maristella Svampa, Damaris Pacchiotti, Itai Hagman, Agustina Donnet, Juan Carlos Alderete, Caren Tepp, Jorge Bernetti, Letizia Quagliaro, Rubén Giustiniani, Ana Galmarini, Juan Monteverde, Victor de Gennaro, Leonardo Grosso, Daniel Menéndez y Omar Principe (ex pte de FAA), entre otros.
Fallo de la Justicia santafesina
La empresa Vicentín, de la cual, se calcula, dependen unos 7 mil empleos en forma directa, solicitó a principios de febrero la apertura de su concurso preventivo de acreedores ante la Justicia de Santa Fe.
En ese sentido, el viernes último, el Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial de la Segunda Denominación de Reconquista fijó un nuevo plazo para que los acreedores de la empresa presenten sus pedidos de verificación de créditos hasta el 25 de agosto inclusive, como parte del concurso preventivo de la compañía tras entrar en cesación de pagos.
El fallo aprobó que los acreedores la exportadora de granos, aceite y harina puedan realizar los pedidos de verificación de manera no presencial a partir de la pandemia de coronavirus.
En consecuencia, los interesados podrán realizar sus pedidos a través de las "Verificaciones No Presenciales" (VPN), ante la cuarentena y que los acreedores de Vicentín se encuentran desperdigados por gran parte del territorio nacional.
A partir de la fijación de la fecha límite para los pedidos de verificación de créditos ante la sindicatura, la Justicia estableció que habría tiempo hasta el 13 de noviembre de este año para presentar los informes individuales y hasta el 16 de marzo de 2021 para el informe general.
De esta manera, los más de 2.600 acreedores de Vicentín que no recibieron por parte de la empresa pago alguno por sus prestaciones podían, con este fallo, pedir la verificación de la deuda que Vicentín mantiene con ellos, calculada en 1.500 millones de dólares.