Afip notificó a casi 4.000 personas que operaron en plataformas argentinas con monedas digitales durante 2020. Esto se enmarca en una serie de allanamientos que realizó el último mes el organismo fiscal para desarmar granjas de minado de criptomonedas que no estuvieran declaradas.
Se estima que los fondos no declarados serían unos $1.000 millones, dijeron las fuentes a este medio. El motivo de las notificaciones responde a inconsistencias entre los ingresos registrados y los montos operados en compraventa de monedas digitales. Las tenencias de monedas digitales debe estar declarada en bienes personales.
El nuevo esquema entre la Afip y la IRS sería mucho más directo y el accionar fiscal sobre fondos no declarados debidamente sería automático.
Las notificaciones se enviaron a residentes del país que realizaron operaciones con criptoactivos durante 2020.
Desde mayo de este año, las plataformas de gestión electrónicas y digitales deben remitir a la Afip información por cuenta y personas humanas y jurídicas residentes en el país y en el exterior que ofrecen cuentas de pago y hubieran registrado ingresos o egresos totales iguales o superiores a $30.000, los saldos mensuales que sean iguales o superiores a $90.000 y las transferencias bancarias o virtuales por montos iguales o superiores a $200.000.
Esta semana, la entidad denunció penalmente a una sociedad dedicada a la criptominería, tras haber constado la omisión de pago por 40 millones de pesos mediante maniobras de ocultamiento de su real capacidad económica.
La postura de la Afip generó cruces dentro del sector. Por un lado, algunos defienden el accionar de la Afip, aunque niega que exista clandestinidad en la actividad. Es el caso del presidente de la organización no gubernamental Bitcoin Argentina, Rodolfo Andragnes, aseguró que "no hay nada en contra de las importaciones mineras", y señaló que "lo que hay es un trabajo de la Afip de ir a revisar quienes no se inscribieron como mineros, pero no hay ninguna prohibición".
Por otro lado, algunos creen que la entidad trabaja con agresividad. Así lo expresó el tributarista Ricardo Mihura Estrada, integrante de la Comisión Directiva de Bitcoin Argentina: "Está procediendo directamente a clausurar mineros, únicamente por no exhibir facturas de compra de los equipos, o por no estar inscriptos como contribuyentes.
Las facultades que está utilizando son excepcionales, destinadas a discontinuar actividades francamente delictivas, como por ejemplo el contrabando, desconociendo la realidad de que el sector está muy ambiguamente regulado en lo impositivo, concretamente", señaló Mihura Estrada.