El gobierno provincial analiza armar un “cuerpo médico forense” que contribuya a bajar el aumento de la litigiosidad laboral por accidentes y enfermedades del trabajo que se empezó a registrar en Santa Fe desde el año pasado.
La posibilidad se discutió este lunes en el marco de una reunión que convocó la Casa Gris con jueces, empresarios, aseguradoras, abogados, sindicatos y legisladores, y que presidió el gobernador Maximiliano Pullaro. La mayor judicialización preocupa al gobierno porque aumenta los costos empresarios a raíz de la suba de las alícuotas de los seguros de ART.
Luego de cuatro años sin poder adherir a Santa Fe a la nueva ley de ART por las diferentes posturas entre el por entonces gobernador Miguel Lifschitz y el presidente de la Cámara de Diputados, Antonio Bonfatti, fue el ex gobernado Omaro Perotti quien logro la aprobación de la Legislatura provincial a un conjunto de reformas en la normativa que a nivel nacional estaba reduciendo la “industria del juicio laboral” mientras que las empresas santafesinas quedaban sin ese paraguas.
Pero luego de un arranque prometedor hacia 2021 en el que bajó fuerte litigiosidad laboral en la provincia, el año pasado -otra vez- empezó a aumentar fuerte la judicialización. Sin llegar a los niveles previos a la adhesión, cuando se iniciaban 1.500 juicios por mes, el aumento de causas en 2023 fue del 62% en Rosario y del 24 % en Santa Fe respecto al 2022.
Y no solo la suba es mayor que en provincias con perfil industrial similar (hay 12% más de casos que en Córdoba) sino que ocurre en un período en el que, por el contrario, bajaron los accidentes laborales. La mayor litigiosidad provocó un aumento de la cuota per cápita de las primas de seguros de las ART, que ya es 16% más cara en Santa Fe que en Córdoba.
Diagnósticos
Ante esta situación, el gobierno provincial reunió en el mediodía del lunes, y en torno a una larga mesa, a todos los actores involucrados. Acompañado por Pullaro, el ministro de Gobierno, Fabián Bastia, presidió el primer encuentro de la bautizada Mesa de Análisis de Litigiosidad Laboral, cuyo objetivo, explicó, “es tener un trabajo conjunto a fin de brindar soluciones al aumento de la litigiosidad por accidentes y enfermedades de trabajo en la provincia”.
Según averiguó Rosario3, el 50% de los reclamos judicializados fue porque las comisiones médicas fijaron 0 por ciento de incapacidad del accidente analizado (y reduciendo así el aporte económico al trabajador). Y cuando eso ocurre, los denunciantes van a la Justicia laboral con la confianza de que los magistrados les otorgarían algunos puntos de incapacidad, como suele terminar sucediendo.
Y es que, en efecto, existen importantes diferencias entre los porcentajes de incapacidad que las ART otorgan a los trabajadores, por intermedio de las Comisiones Médicas, con relación a los porcentajes que otorgan los peritos médicos sorteados en los juicios laborales.
Si bien un 25% de los casos judicializados son producto de situaciones no tabuladas por la normativa, hubo consenso de que el problema central estaba en los casos en lo que se fijaba 0 por ciento de incapacidad.
Y frente a esa situación fue que apareció la posibilidad armar un “cuerpo médico forense” a disposición de la Justicia que revise los casos con un criterio médico y que, se espera, en buena medida mantenga la resolución profesional de las comisiones. De esa forma, sostienen los impulsores, se quitaría incentivo para ir a la Justicia.
Final abierto
Las ART son las principales impulsoras del armado de estas comisiones, que el gobierno provincial no descarto y, que al menos en las líneas técnicas del Ministerio, les parece como un camino de análisis a seguir recorriendo. Por el contrario, hubo más ceño fruncido en sindicatos y legisladores, por lo que el debate seguirá.
El armado del cuerpo médico forense está previsto en la normativa, aunque en Santa Fe no se aplicó. Según las aseguradoras, hay un antecedente de la eficiencia de la salida ya que en Salta y Jujuy, dos provincias que tenían un rebrote de casos, la litigiosidad bajó en la primera al armar el cuerpo forense frente a la segunda que no lo hizo.
No obstante, su armado también requiere de acuerdos entre la Corte Suprema de Justicia y la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, que pueden llevar su tiempo y tienen complejidad.
Las ART resaltaron la vocación del gobierno de armar la mesa de discusión, señalando que en ninguna otra provincia tomaron el tema tan en serio institucionalmente. En tanto, los dirigentes empresarios dejaron en claro de que si se baja la litigiosidad también tiene que bajarse el valor de las alícuotas.
Por su parte, los abogados -que no rechazaron el armado del cuerpo forense- sostuvieron que también debe analizarse el papel de las comisiones médicas, ya que la contundencia en no habilitar ni un punto de incapacidad es la que provoca que el trabajador afectado vaya a la Justicia por un mejor resarcimiento.
El armado de las comisiones médicas fue el punto clave de la reforma porque armaba una instancia pre-judicial que barría con el anterior esquema en que los médicos que la Justicia disponían para definir incapacidades tenían sus honorarios atados a la incapacidad producida (cuanto mayor era la incapacidad más cobraban), lo que siempre levantó dudas y sospechas sobre lo ajustado de todos los diagnósticos médicos que salían del fuero laboral.
