La ministra de Trabajo de la Nación, Kelly Olmos, recibirá este martes a las 13 a los principales actores del conflicto laboral en Terminal Puerto Rosario (TPR), la concesionaria de los muelles I y II del puerto local, en una reunión clave para el futuro del complejo logístico. Es que un entendimiento entre la empresa y el gremio puede descomprimir la delicada situación de la terminal, atravesada por una crónica falta de inversiones en infraestructura y reiterados incumplimientos de obligaciones contractuales, pero al menos en la previa las partes llegan con posturas muy encontradas. Y como para calentar más la situación, TPR no abonó ayer lunes los sueldos y por eso los trabajadores empezaron a cortar desde la madrugada los accesos a la terminal generando un caos vehicular por Avenida Circunvalación.
La titular de la cartera laboral convocó a su par de Santa Fe, el ministro Juan Manuel Pusineri, al titular del Ente Administrador del Puerto de Rosario (Enapro), Guillermo Miguel, al presidente de TPR, Alejandro Bohtlingk, al secretario general del sindicato de estibadores de Rosario, César Aybar, y el secretario general de la federación de estibadores, Marcelo Osores. La reunión se realizará un día antes de que venza la conciliación obligatoria en el conflicto, instancia que ya fue extendida una vez por falta de acuerdo entre la empresa y el gremio. Conciliación que para el gremio, TPR "rompió" esta mañana al pagar sólo el 50% de los sueldos a los trabajadores.
En concreto, el conflicto se dispara ante el reclamo del Supa por las reapertura de paritarias. El gremio, cuya paritaria es de abril a abril, quiere redondear una suba anual para el primer trimestre del año que redondeé el 100% (contra el 60% original), más un bono de fin de año. Como la empresa se negó, estalló un conflicto con piquetes y paro de actividades hasta la intervención del Ministerio de Trabajo de la Nación.
En las reuniones enmarcadas en la conciliación, TPR comentó que acepta reabrir paritarias a cambio de la extensión de 6 a 8 horas de trabajo, el despido de unos 200 estibadores y el descuento de días por la huelga, todas condiciones que el gremio rechaza de plano. Y hasta contraatacó con artillería pesada.
El Supa aseguró que la empresa no tiene homologado el procedimiento preventivo de crisis por el cual retiene aportes y contribuciones y por eso pidió al Ministerio de Trabajo que se informe a la Afip y a la Ansés sobre que lo que está ocurriendo, y atención que es un tema de gravedad porque se trataría de un delito penal del directorio.
En definitiva, el conflicto está escalando tanto que ya excede el tema laboral. En el gremio sostienen que TPR los está pinchando para que paralicen el puerto tirándole un fuerte conflicto social sobre la mesa al gobernador Omar Perotti. “Quieren prender fuego el puerto y plantear que es inviable por el sindicato”, aseguró Aybar sobre el trasfondo político del conflicto desde el sindicato. "Ante el incumplimiento se tomo la decisiión de tomar el puerto en resguardo de los puestos de trabajo y evitar el vaciamiento. Hoy el puerto esta operando a un 30% como consecuencia de falta de mantenimiento e inversiones", resaltó el secretario gremial.
La batalla de fondo es para dirimir quien realizará las millonarias inversiones que necesita el puerto, sobre todo en los muelles. Y en la fallida audiencia hace quince días los ejecutivos de TPR informaron que los socios chilenos (Ultramar) no van a invertir con estas condiciones económicas. En tanto, Vicentin (el otro socio) no está en condiciones de abrir la billetera.
En concreto, TPR pretende que el grueso de la infraestructura la pague el Estado vía la combinación de aportes directos y extensión de varias décadas en plazo de concesión, que vence en 10 años; un acuerdo similar al que pre-entendimiento que firmó con la anterior gestión de Ángel Elías en el Enapro, que fue dado de baja por las nuevas autoridades al entender que era muy perjudicial para el sector público, además de no tener las firmas del resto del directorio.
Lo cierto es que en la gestión actual del Enapro la Provincia está firme en que la concesionaria primero debe ajustarse al contrato y luego presentar un plan de inversión en infraestructura. Es más, TPR también va juntando argumentos para que, antes de que se vaya Perotti, le puedan quitar la concesión, una alternativa que ya circula en importantes oficinas del gobierno nacional. Es que además de la denunciada indebida retención de aportes que hace el gremio, el Enapro está presionando muy fuerte a TPR para que se pongan en línea con las graves faltas, por ejemplo en higiene y seguridad.
