Viene un aumento del precio de la luz por la quita progresiva de subsidios del gobierno nacional a la generación de energía eléctrica. Un incremento que irá tomando fuerza gradualmente y que hace emerger un millonario enredo de subsidios estatales del que los usuarios no toman dimensión y que ahora que se los van reducir los van a extrañar. Y mucho.
El tema es complejo. El Estado a través de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) subsidia costos de producción a las generadoras de energía, básicamente abaratando el precio del combustible que necesitan.
En concreto, el Estado cubre hoy casi el 70% del costo de la electricidad. Básicamente, el gobierno nacional (a través de la ex Enarsa ahora llamada Ieasa) importa gasoil a precio pleno para vendérselo a las generadoras a precios bajo. Eso sale muy caro y es una de las principales fuentes de la pérdida de dólares que le impide al Banco Central acumular reservas y al Gobierno reducir el déficit. Por caso, el año pasado se destinaron 11.000 millones de dólares a los subsidios de energía y en los primeros cinco meses de 2022, antes del inicio del invierno y con un impacto aún limitado de la guerra en Ucrania, el Estado pagó a las empresas el equivalente a 4.200 millones de dólares.
Lo cierto es que gracias a los subsidios, las generadoras de electricidad le pueden vender energía a las distribuidoras de electricidad, como la EPE en Santa Fe, a precios más baratos que lo que vale el recurso en el resto de América latina, salvo Paraguay. Por ejemplo, el precio del megavatio-hora(MWh) para usuarios residenciales en Argentina es a junio de 73 dólares, contra los 273 dólares de Uruguay, 164 dólares de Chile y 188 dólares de Brasil.
Es que al poder comprar la energía a menor precio, las distribuidoras están en condiciones de cobrar tarifas a los consumidores finales (industriales y residenciales) menos onerosas que las que pagan sus vecinos uruguayos, chilenos, brasileros, etc. Este punto es importante porque, contra lo instalado no sin intencionalidad política en la opinión pública, el gobierno nacional no subsidia sólo la energía en capital federal y gran Buenos Aires sino que el subsidio es a la generación mayorista de la energía que luego es repartida por todo el país. Es decir, que a ese nivel todos los usuarios del país reciben el mismo subsidio. Y el gasto es millonario.
Ahora bien: ¿por qué, entonces la tarifa en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) es mucho más barata que en el resto del país? Allá los consumidores pagan a las distribuidoras (Edenor y Edesur) una boleta de $1,030 por un consumo de 300 kWh mensuales (sin impuestos), contra los $2,627 de la EPE. En otras palabras, si la queja es por las tarifas que paga el consumidor no es por falta de subsidio nacional sino responsabilidad de los gobierno provinciales que manejan las distribuidoras. Nota al pie: tanto si lo pasas al dólar oficial (u$s20) o al blue (u$s8), si hay algo barato en Santa Fe es la energía eléctrica.
Dicho esto, hay varias cosas que aclarar. Ocurre que la generación es sólo un costo de la energía. Además del impositivo, otro costo es el del transporte (también definido por el gobierno nacional con subsidios) y el tercero es el Valor Agregado de Distribución (VAD), que sí es el definido por cada distribuidora provincial (como la EPE) o cooperativa, y se corresponde con los costos de repartir la energía a los usuarios finales incluyendo el valor de la prestación, la inversión en redes, el mantenimiento, la comercialización y la administración.
El VAD de Edenor y Edesur (y por ende la tarifa que pagan los porteños) es menos oneroso que en el resto del país por dos razones técnicas muy contundentes que poco y nada se pueden cambiar: una gran aglomeración de clientes (el 37% de la población argentina, muchos de alto consumo) en un espacio territorial muy reducido. Por el contrario, provincias como Santa Fe no sólo tienen muchos menos clientes sino que encima están muy dispersos en un territorio mucho más extenso, lo que encarece seriamente los costos.
Igual, la EPE tiene la tercera tarifa más cara del país, solo superada por Neuquén y Córdoba. Y las razones de las diferencias entre provincia sí entran en el terreno de la controversia. Detractores de la EPE responsabilizan a los altos costos de funcionamiento interno que tiene la empresa provincial: baja productividad en áreas claves, excesivo personal en tareas administrativas, operarios y cuadrillas con supuestas "ventanillas de cobro" paralelas que habría que abonar para apurar trabajos; en definitiva clanes que se manejan independiente de la dirección política de turno alimentando una ineficiente burocracia familiar y sindical de muy altos ingresos, etc. Por el contrario, los defensores de la EPE llaman a incluir en la comparación con las otras provincias también la calidad, las inversiones y el alcance del servicio prestado, todos puntos en los que la empresa provincial queda siempre mejor parada frente a sus pares. Y es que, claro está, realizar inversiones para tener un mejor y más amplio servicio significa afrontar costos importantes, sobre todo porque muchos insumos claves están dolarizados.
Pero además, la comparación entre provincias no debe reducirse a las tarifas. Por ejemplo, en Santa Fe rige una histórica segmentación financiada por el Tesoro Provincial, que es la llamada tarifa social, cuyo alcance es mayor al subsidio al consumo de sectores populares que operan en otras provincias. Y también hay otra segmentación, está implementada por la actual gestión, que no es social sino territorial y que alcanza a las zonas de la provincia en las que, por responsabilidad de la EPE, se presta un servicio de mejor calidad. En este caso, también el subsidio es financiado por el Tesoro Provincial.
Precisamente, si de Tesoros hablamos, otra de las razones de las diferencias tarifarias con Edenor y Edesur, es que así como el Tesoro provincial puede apuntalar política de contención tarifaria social en la EPE, en el caso de las prestadoras del Amba lo puede hacer, si así lo decide, el Tesoro Nacional. Y la diferencia de poder de fuego entre ambas “cajas” es incomparable.
Además, así como la Provincia es la que define las tarifas de la EPE, en el caso nacional lo que cobren Edenor y Edesur (concesionarias privadas) tiene que ser aprobado por el Estado Nacional, y la relación de poder es distinta. No sólo por las necesidades electorales y capacidad de presión del gobierno nacional, sino porque son empresas privadas y no una empresa pública las que deben afrontar el estrés financiero de tener tarifas pisadas con costos permanentemente en alza.
Hay que pasar el verano
Hasta ahora, el aumento del costo mayorista de la energía en la suba de tarifas finales a los consumidores estuvo contenido por los subsidios nacionales. Es decir, los subsidios absorbieron buena parte del incremento del precio mayorista que la EPE compra y la suba que afrontaron los usuarios estuvo dada por la actualización del VAD, el transporte y los impuestos. Pero ahora que el gobierno empieza a recortar subsidios, el precio mayorista se sumará como otro factor alcista de relevancia en las boletas. Dicho claro: las próximas subas que los clientes deberán afrontar serán más fuertes de lo que vienen enfrentando.
En efecto, lo que ocurrirá ahora es que el gobierno nacional (en un intento por reducir el déficit fiscal, como se comprometió con el FMI) empieza quitar de manera gradual (un 10% este año) los subsidios a las generadoras mayoristas, quienes -por eso- empezarán a vender la energía más cara a las distribuidoras. Pero eso no significa que la distribuidora trasladará el aumento a todos sus clientes, sino sólo a quienes no califiquen para recibirlos según la segmentación dispuesta por el gobierno nacional.
Es por eso que las autoridades de la EPE vienen insistiendo a los ciudadanos que se anoten al Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (Rase) para ver si categorizan para mantener el subsidio nacional, ya que los provinciales (territorial y social) siguen vigentes.
No obstante, la implementación de la segmentación es un tema que todavía no se explicó. Se sabe que cada distribuidora aplicará una tarifa diferente para cada una de las tres categorías de usuario que se armaron (con subsidio, sin subsidio, con subsidio recortado). Pero si bien cada usuario residencial tendrá un precio de energía mayorista distinto, el componente VAD debería mantenerse inalterable a todos los niveles de usuario. Ocurre que en el cuadro tarifario vigente de la EPE solo se indica una tarifa final para usuarios residenciales sin desagregar cuánto es el componente por precio de compra de electricidad y cuánto es por el VAD. Entonces, ¿cómo podrá verificar el usuario que el aumento recibido se debe a la incidencia de la reducción de subsidios?
Como sea, la categoría de consumidores (dispuesta por el gobierno nacional) de menores ingresos y patrimonio quedará a salvo del ajuste y, por el contrario, las de mayores ingresos y patrimonios pagarán tarifa plena. La propaganda oficial (tanto nacional y provincial) se enfoca en que la suba plena será para los “sectores más pudientes”, pero la incógnita es: ¿a cuánto llegará el aumento a los segmentos medios? Y no por lo que ocurra con las tarifas este año, sino a partir del 2023 cuando el gobierno se comprometió con el Fondo a aumentar el recorte de subsidios a la luz y gas. En efecto, el ajuste comprometido para este años será de menos del 2% del total de subsidios a la luz y el gas, pero el año próximo deberá ser del 4% de toda la masa de subsidios para servicios públicos. Datos que, convenientemente, todavía no se informaron. Aumentos que se sumarán al incremento que tambien vendrà el año que viene por el VAD y el transporte.
Es por eso que la sorpresa que se van a llevar segmentos medios urbanos cuando vean que por el tipo de segmentación dispuesto por el gobierno los deja afuera de los subsidios será tanta como el descubrimiento de que, en realidad, los “planeros” no sólo polulan en los sectores populares.
