Una de las noticias de negocios de la semana fue que se concretó la licitación para llevar adelante la remodelación y explotación comercial del bar ubicado en Bulevar Oroño y Avenida Estanislao López. El ganador fue Grupo 83, que instalará allí una nueva sucursal de Tea Connection, que se sumará a la que ya opera en el shopping Alto Rosario. Grupo 83 opera otras marcas como El Club De La Milanesa, y tiene como figura visible a Reinaldo Bacigalupo.
El intendente Pablo Javkin se anotó así un punto importante ya que la gestión anterior, con un modelo de concesión basado en fuertes inversiones en obra pública no había podido concesionar el bar. Por el contrario, la Municipalidad puso en la licitación el eje en el canon a pagar por el concesionario. Así y todo no ganó el que más ofreció pagar de arranque, tema que levantó temperatura en el que más canon de arranque había presentado: Marshall. Pero la comisión evaluadora detectó que la oferta de Grupo 83 tenía una mejor fórmula de actualización del canon que hacía que a poco de arrancar ya igualaba a la de Marshal y en poco tiempo la superaba quedando siempre más alta.
Pero los que están interesados en hacer negocios gastronómicos sobre el rio ya tendrán una nueva oportunidad. "En breve vamos a comenzar con la licitación de los locales adonde están los bares Quillagua, Quitapena y El Charladero, en Corrientes y el río", le dijo esta semana Javkin a Rosario3. Y además en breve también se licitarán nuevos espacios gastronómicos en el Mercado del Patio. Así que espacios municipales para todos los empresarios gastronómicos interesados sobran.
Dicho esto, vamos -entonces- a los dos principales temas de "run run" de los negocios de esta noche de domingo.
Improvisación en Avenida Newbery
La semana pasada un sorpresivo piquete de la Uocra paralizó el tránsito entre Avenida Newbery y Circunvalación. El gremio de la construcción se quejaba porque la empresa encargada de ampliar la estratégica arteria, que es la constructora Rava, les comunicó que iba a tener que despedir 30 empleados porque la EPE le había clausurado la obra. "Es culpa de la EPE Rosario que no quiere correr la columna de alta tensión que está sobre la futura traza", se quejó en los medios el secretario gremial, Sixto Igarzabal.
El final de la historia es que luego del corte, se realizó una reunión entre la EPE, Vialidad Provincial (que otorgó la contratación), Rava y la Municipalidad en la que se acordó un plan para regularizar la situación en el que la contratista se comprometió a presentar en 15 días un nuevo proyecto ejecutivo de obras mientras que la EPE programará cortes de servicio en las líneas emplazadas en el lado norte de la avenida para que se realicen las tareas tendientes.
Con foto de la reunión incluida, el tema se encaminó. Pero lo realmente importante es conocer cómo fue el trasfondo para detectar los condimentos de negligencia y descuido que explican lo que verdaderamente ocurrió. Y que dejan en el centro de la escena a la contratista. "No se ocuparon del tema hasta que le explotó en la mano", fue la sentencia de una importante fuente oficial que conoce al detalle toda la situación.
¿Es posible que la obra comenzara sin tener la traza asegurada? Sí. Eso fue lo que ocurrió. Cuando Vialidad, durante la gestión de Miguel Lifschitz, contrató a Rava para la ampliación de Newbery se presentó una traza que esquivaba la servidumbre de la línea de alta tensión pasando por terrenos de Afip (que tiene un depósito fiscal en la esquina con Circunvalación).
Y la apuesta fue a que Afip los cediera. Así que la obra empezó a todo ritmo sin estar firme toda la traza. No en vano, mientras que el resto de la avenida se ampliaba el acceso a circunvalación no arrancaba provocando innumerables embotellamientos.
Con el cambio de gobierno provincial, Omar Perotti paró la pelota y empezó a auditar todas las obras públicas. Las constructoras a las que Lifschitz le había dejado de pagar en promedio durante los últimos 10 meses del 2019, pararon las obras por falta de recursos. Luego estalló la pandemia que frenó toda la construcción. Tras un trabajoso acuerdo de recomposición de deuda entre el gobierno y las constructoras, recién este año arrancaron las tareas de la mayoría de la obras paralizadas, entre ellas la Newbery.
El caso es que Vialidad/Rava tampoco definieron el tema del final/comienzo de la avenida durante todo el año en que estuvo parado la obra. Lo cierto es que este 2021 Rava apretó el acelerador y días atrás tenía todo casi listo, menos el acceso que no había ni arrancado. Y como Afip finalmente no cedió el terreno que le pedían, Rava avanzó en una nueva traza que pasaba muy jugada sobre la servidumbre de la línea de alta tensión. Cuando EPE detectó que había obreros trabajando debajo de la línea de alta tensión, clausuró la obra por el alto riesgo que significaba y le exigió a la empresa que presente una nueva traza.
Según los registros de la EPE, Rava presentó un primer proyecto que la EPE rechazó y después se acordó un segundo proyecto aprobado hace unos 20 días. No obstante, en vez de retomar las obras Rava presentó una queja con el argumento que no podía afrontar los altos costos de correr una línea de alta tensión y mover las tres columnas. Como el presupuesto de la obra se fue de escala, Rava no arrancó, avisó a la Uocra que se venían los telegramas de despido y se disparó el piquete de los obreros.
¿Tendría que haber presionado la nueva gestión de Vialidad Provincial para definir la traza para no llegar a esta situación en los más de 20 meses de gestión que lleva? La respuesta queda en terreno de controversia. Pero lo cierto es que Rava sacó provecho del conflicto ya que Vialidad también se comprometió a evaluar alternativas para que Rava tenga los ingresos suficientes para poder costear las obras de corrimiento.
Pero tampoco se la llevó de arriba. En lo más alto de la Casa Gris, que todavía ven con ceño fruncido a muchas constructoras santafesinas que crecieron mucho durante la gestión socialista, hicieron números y vieron que la firma tiene otros contratos en marcha con la Provincia en las que podría tranquilamente, sostienen, haber reubicado al personal sin la necesidad de avisar que iba a despedir 30 empleados y activando así el piquete con el gremio saliendo a culpar a la EPE.
Una fábrica bajo la mira de Afip
La tabacalera rosarina Bronway, a la salida por la ruta 34 hacia Ibarlucea, fue noticia a principios de julio cuando Gendarmería incautó más de 700 mil kilos de tabaco que habían entrado por contrabando. No es la primera vez que estuvo envuelta en problemas: en 2019 fue centro de un operativo ordenado por la Justicia federal por delitos de evasión impositiva, contrabando, robo y asociación ilícita que llevó a que sus dueños tengan que declarar.
La novedad es que ahora se convirtió en blanco del lobby de los productores de tabaco, que vienen denunciando que hay tabacaleras que dejaron unilateralmente de pagar impuestos y el Estado por lo que dejan de recaudar $100 millones por día de evasión.
Según una carta remitida AFIP por parte de la Federación Argentina de Productores de Tabaco, que lleva la firma de su presidente, Pedro Pascuttini, estas compañías, entre la que figura Bronway, logran así vender cigarrillos a un tercio de su valor de mercado. Se calcula que la pérdida de recaudación total por esta evasión ese año superaría los $40.000 millones. La defensa de las tabacaleras que no pagan el impuesto es que, aseguran, tienen cautelares a su favor que así la habilitan y por eso no están evadiendo.
“El Impuesto Interno Mínimo actualmente tiene un valor de $97.79 y en las listas publicadas en AFIP se pueden verificar precios de paquetes de cigarrillos a partir de $45 pesos. Con esos precios no sólo no llegan a pagar el Impuesto Interno Mínimo, sino que agregando el Adicional de Emergencia (o FAS como comúnmente se lo denomina), el FET, el IVA y los Ingresos Brutos, es imposible que se fijen precios al público por debajo de los $120 pesos por paquete de 20 cigarrillos”, concluye la carta de la entidad.
A los productores les afecta que se vendan cigarrillos baratos porque cobran el fondo Especial del Tabaco (FET) a partir de ingresos que se recaudan por un porcentaje del precio de venta. Por cada día en que las tabacaleras incumplen con el pago de los debidos impuestos, las provincias tabacaleras y los productores dejan de percibir más de $7M, según calcularon los productores.
En concreto, lo que los productores tabacaleros le están pidiendo a las autoridades es que tras los allanamientos de este año a Bronway no se repita lo ocurrido en 2019: del resultado de las investigaciones de la Justicia federal nunca se supo más nada y a los pocos meses la empresa volvía a operar normalmente. El tema es que, según averiguó Rosario3, la Justicia devolvió a los 3 días del allanamientos los 150 palets de cigarrillo y todo el tabaco, confirmando que no había eran de contrabando, y por eso está operando normalmente.
