¿La economía de Santa Fe está tan bien como para rechazar una millonaria inversión? Ahora: ¿Cualquier inversión debe ser bienvenida en la provincia?
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Esos serán los temas centrales de esta columna. Pero arrancamos rápido con dos viejos conocidos de esta columna:
Por carta documento, la Bolsa de Comercio de Rosario le informó esta semana al financista Luis Herrera que fue expulsado por “conductas inapropiadas” en su sociedad de Bolsa (Fernández Soljan).
Herrera fue uno de los principales “bronces” del mercado local y su default, por una cifra superior a los u$s30 millones todavía se dirime entre una quiebra que se tramita con dificultades y una investigación penal por estafa.
También hubo novedades con Vicentin. La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe aceptó este martes un pedido de queja presentado por el banco bonaerense Bapro contra la resolución de la Cámara de Apelaciones de Reconquista de avalar la homologación del acuerdo de acreedores de Vicentin, que ya había sido rechazado en primera instancia.
“Lo resuelto en la queja del Bapro es la antesala al fallo de Corte que revocará la resolución de la Mesa Judicial reconquistense. No se puede usar el botín para pagar la deuda. Aprobar la propuesta de Vicentin sería como una segunda estafa. La Corte además de justicia debe hacer docencia jurídica para dejar sin efecto la indecencia judicial de la Cámara”, se entusiasma el abogado penalista y querellante en la causa, Gustavo Feldman.
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Viene largo, pero quédense hasta el final porque el lunes arranca un frente de conflicto que involucra a constructores de obra pública y propietarios de campos contra la Provincia por un cargo extra que deberán pagar. Y no cualquier cargo. Estamos hablando de uno millonario.
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Pero antes: semanas atrás, publicamos que la imputación del abogado Guido Cornagli por estafa inmobiliaria en el intento de compra de lotes en el barrio Hostal del Sol expuso presuntas irregularidades en otros de sus negocios: el de los desarrollos inmobiliarios.
Resulta que Cornagli tiene tres edificios terminados y ya con gente viviendo, pero en ninguno de ellos los compradores de los departamentos pueden escriturar por distinto tipos de irregularidades. Es más, uno directamente no tiene final de obra de la Municipalidad. Y los propietarios tampoco pueden avanzar en la regularización porque Cornagli mantiene las administraciones de los consorcios. Las direcciones de los edificios que no se pueden escriturar son San Juan 678, Avellaneda 1591 y Zeballos 473.
La novedad es que los vecinos de este último edificio se pusieron a hacer averiguaciones y detectaron que sólo en TGI y API hay una deuda de más de 25 millones de pesos. Con la particularidad de que la cuenta donde se recibía el monto a abonar el pago de expensas era una cuenta personal del propio Cornagli. “¿Adónde fue esa plata”, se preguntan ahora los vecinos.
Ahora, algunos propietarios están queriendo transparentar las finanzas de un edificio que pese a que hace 9 años que se terminó no se escrituró. Además, no hay un reglamento de copropiedad que transparente los procesos de selección de un administrador. Y es por eso que, dicen, Cornagli es quien lo administra pese a que los ponga a la cabeza terceros, estiman.
La ventaja que tiene el edificio de calle Zeballos frente a los otros dos es que tiene final de obra, a diferencia de los otros. Pero el agrimensor al no terminar los planos por falta de cobro no se puede avanzar con el trámite. Igualmente mientras siga la deuda de mayor área del edificio tampoco se puede escriturar hasta no normalizar la millonaria deuda que se generó. Ahora, los vecinos analizan presupuestos de abogados para iniciar acciones judiciales para escriturar.
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El tema de Cornagli recuerda al del desarrollador Luis Luciani (de Altea), “un incumplidor serial” de normativas en la construcción de edificios. Así se lo calificó en el Concejo porque habría tenido como modus operandi construir más pisos por fuera de los habilitados para obtener un rédito económico y sabiendo que luego iba a obtener la excepción.
Y vuelve un tema de larga data que todavía no encuentra respuestas oficiales: ¿Cómo sacar del juego a los incumplidores seriales? ¿Cómo puede ser que operadores con incumplimientos a cuestas puedan seguir consiguiendo habilitaciones para construir?
En su momento, en el Concejo se habló de que Obras Particulares emita un registro público con alertas ante incumplidores seriales, tanto fiduciantes como desarrolladores. Pero nada más se supo.
El tema es que para las autoridades (y la prensa) el problema puede ser algo puntual (o un expediente más), pero para el ahorrista que puso todo su dinero para comprar un inmueble que pasa décadas sin poder escriturar es un grave daño.
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“No se imaginan lo que nos pidieron los empresarios. Se sorprenderían saber cuáles son las condiciones que pusieron”.
El tono enigmático es de un funcionario del círculo muy íntimo del gobernador Maximiliano Pullaro y lo utiliza al comentar la respuesta que tuvo el gobierno de los desarrolladores inmobiliarios del ex Batallón 121 a los que les propusieron levantar allí la Villa Olímpica para los Juegos Odesur 2026, que traerán a la ciudad unos 8.000 deportistas de todas sudamérica siendo uno de los eventos más importantes de los últimos años en Rosario.
Los desarrolladores son ni más ni menos que los del grupo Dirsu SA (grupos Eskenazi, Eurnekian, Pecam). Y contra lo que se podía esperar, el menú de exigencias fue mínimo. “Nos pidieron que les firmemos una hoja en la que diga que cuando estén listo los departamentos le vamos a poder conectar la luz, el gas y el agua”
Lo mínimo de las exigencias entusiasmó a los funcionarios provinciales con la posibilidad de que se construyan allí para el 2016 unas 800 unidades habitacionales de las 1.580 aprobadas para esa zona de Lamadrid entre Ayacucho y Leiva, en zona sur.
Pero también muestra el paupérrimo estado de los servicios públicos y de la infraestructura de Santa Fe que no pueden garantizar las mínimas condiciones para nuevos emprendimientos. Y no estamos hablando sólo de grandes desarrollos. Sin infraestructura no puede haber crecimiento. Y en Santa Fe todo está muy precario.
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Ya que estamos por el tema de la Villa para los juegos Odesur, en la Municipalidad no están tan entusiasmados como en el gobierno provincial con la construcción de esas instalaciones en el ex Batallón. ¿Por qué? Porque los tiempos lucen muy ajustados, y la construcción no suele ser un relojito a la hora de cumplir plazos de entrega.
Pero además la Municipalidad abre el paraguas con otro tema para nada menor, sobre todo si lo que se quiere es aprovechar los juegos para mostrar a Rosario. “Podes llegar con la obra y habilitar los departamentos, pero si hay problemas con las terminaciones y servicios que no funcionen, te empiezan a subir videitos a las redes y te matan”, comentan en el Palacio de Los Leones.
¿Cuál sería la solución que avizoran en la Intendencia? Que se termine (pero bien terminado) sólo un parte de la “villa” para poder mostrar esa zona (y todos contentos) pero que el resto de los atletas se hospeden en otros lugares ya preparados.
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Y ya que estámos hablando de desarrollos inmobiliarios, se comenta mucho en el sector que operadores medianos a los que el parate de la economía agarró con los edificios construídos a mitad de camino están saliendo a vender departamentos (al pozo) a precios muy competitivos para fondearse, y así evitar tener que parar la obra. Y cómo prefieren reducir márgenes o incluso salir parados, están vendiendo a precio competitivo las unidades que en el plan de negocio original se las iba a quedar.
El tema es que esa oferta de departamentos a precios de oportunidad tira para abajo el resto de los precios o deja aún con menos ofertas a los que mantienen los valores. Por eso hay precios de departamentos que en el centro quedaron a precios de unidades en zonas más alejadas.
Es que, al fin de cuentas, si bien es un bien de capital, el inmueble cotiza casi como un commoditie ya que su valor de venta depende mucho de oferta y demanda y no sólo de sus costos. Por eso, muchos desarrolladores apuestan a la calidad de sus proyectos para defender sus valores.
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Sobre la marcha de la economía, en el Ministerio de Desarrollo de Santa Fe sostienen que, salvo en calzado e indumentaria, el resto de los sectores empezó a tener un leve repunte de la actividad (siempre en el marco crítico de la actualidad) luego del piso que se llegó en marzo tras el debacle que arrancó en diciembre. ¿Razones? Vuelta del crédito con tarjeta y la calma de la inflación en productos y servicios (no públicos o regulados)
Y en esa línea de resaltar el vaso medio lleno que profesan en la Secretaría de Industria de Santa Fe contabilizan que hay 800 presentaciones en marcha de proyectos de inversión que buscan sumarse a la promoción industrial.
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Y para contar una buena: esta semana cortó cintas la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) que el grupo bonaerense PTP construyó en Puerto General San Martín con una inversión de 11.5 millones de dólares.
En un predio de 14 hectáreas, levantaron 30 mil metros cuadrados cubiertos para concentrar el movimiento del fertilizante. El negocio es traerlo desde los puertos de Profertil (Gran Rosario) y San Nicolás para almacenarlos. Desde aquí, los grandes traders (como Cargill y Bunge) los retirarán para sus acopios. Es más, PTP avanza en el negocio de ofrecer el transporte desde los silos de las empresas al cliente final en el campo.
En el acto, presidido por el titular del grupo Guillermo Misiano, hubo anuncios: la idea es duplicar las instalaciones para fitosanitarios de última generación y el armado de un depósito fiscal, que no hay en la zona, para cargas chicas de expo e impo y no solo grandes graneles. Y el postre vino con la fecha de comienzo de operaciones del puerto que PTP construye en la Zona Franca de Santa Fe, en Villa Constitución, que será el 22 de agosto
Dos comentarios. En el piki piki de la inauguración, los operadores del sector fertilizantes decían que los recurrentes anuncios (cuya concreción nunca llega) de cambios en el Impuesto País paralizan el mercado porque todos esperan la baja para activar compras.
Y el otro tema muy comentado por ejecutivos de PTP es que las tarifas de estibaje no son muy competitivas en la región. Sostienen que, pese a la que cooperativa del gremio ya no tiene el monopolio, siguen siendo altas. Y aseguran que por eso les conviene traer por camión el fertilizante desde los muelles que operan en San Nicolás.
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Un tema más antes de arrancar por la cuestión central, ahora que hablamos de puertos y logística.
Puede parecer algo bien de nicho, pero su importancia es estratégica. Se trata de la hidrovía. Y vaya que es importante porque es la principal ruta de salida de los granos que Argentina exporta (y por ende de entrada de dólares). Así que también se la podría llamar un “dólar-ducto”.
Bueno, el gobierno asegura que para fin de diciembre tendrá un pliego listo para licitar un operador privado que la administre (desde el gobierno de Alberto está bajo conducción estatal). Mientras tanto, y para ordenar las cuentas del ente que la maneja (AGP) va por una suba de tarifas, que es rechazada por los usuarios (exportadores, navieras, puertos, etc.)
El tema es que se trata de un negocio que por su dimensión genera el interés de los grandes dragadores internacionales. Y todos están jugando fuerte para quedárselo. La novedad es que la dragadora holandesa Boskalis, una de las top mundiales, no quiere esperar la licitación y ya quiere meter una cuña en la vía navegable. En efecto, está haciendo lobby con una propuesta: hacerse cargo vía un Contrato de Participación Público-Privada (PPP), una fórmula que siempre es música para el oído del gobierno libertario, pero de una parte de la hidrovía. En concreto, propone sumarle dos pies más al dragado del río de la Plata para que empalme con la profundidad del Paraná.
Puede parecer muy técnico pero se trata de un cuestión que agilizaría el tránsito ya que los buques que salen de los puertos del río Paraná (por ejemplo los cerealeros del Gran Rosario) si quieren salir bien cargados deben esperar la marea alta en río de la Plata para que tenga una profundidad que coincida y por eso se arman embotellamientos logísticos.
Como sea, los lobbistas de Bosakalis -empresa que ya tiene dragas en la zona- estuvieron recorriendo en las últimas semanas oficinas de usuarios de la hidrovía con esa propuesta bajo el brazo insistiendo con que se pronuncien ante el gobierno de lo conveniente de tomarla. Temporada alta en el lobby de pesos pesados por la hidrovía.
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Y, de la mano de los puertos, llegamos a los temas centrales de este “run run”. Uno es el puerto y el otro que subyace la relación tirante que el gobierno provincial está teniendo con sectores empresarios:
La oferta de TPR de invertir u$s 265 millones de dólares en el puerto de Rosario a cambio de que le extiendan la concesión no entusiasma al gobierno de Santa Fe. Y eso que sería el mayor desembolso en la historia de los muelles de la ciudad y, en rigor, la única gran inversión privada que la administración provincial podría mostrar que colaboró en gestar.
Hay dos razones. Una la viene sostenido con insistencia el ministro de Desarrollo, Gustavo Puccini, quien resalta que el concesionario primero debe cumplir las exigencias del contrato actual para recién ahí ver si activa la mesa de negociación para extender el plazo, que vence en 2032. Pero como TPR engancha el encuadre actual en un plan global que comprende la extensión de la concesión, todo está trabado.
Pero además la oferta de cómo ponerse al día también es discutida. La última carta que TPR puso sobre la mesa es ofrecer una inversión de 15 millones de dólares para refacciones de muebles junto con un plan de cuotas (a varios años y sin computar intereses) para ponerse al día con el canon. Y además pide la condonación de todas las multas que acumuló.
Según averiguó Rosario3, TPR debe un millón y medio de dólares en canon (más intereses) y tiene unas 75 multas por distintos tipos de infracciones. Y en el Enapro no cierra la oferta de pago presentada, sobre todo porque su historial en el cumplimiento de compromisos no es intachable.
En el ente, que tiene directores de distintos sectores, también se garabatea la posibilidad de una contrapropuesta: exigirle el pago total de capital e intereses en canon, pero ofreciendo refinanciaiento de tasa y condonación de multas, pero sujeto a que no incumpla una sola cuota ya que de hacerlo “cha-chau adiós” al financiamiento de tasa y a la condonación de multas. Y sobre los 15 millones de dólares en obras, hacer un estudio para ver si la cifra se corresponde con las necesidades de refacciones, que podrían ser mayores.
Pero dijimos más arriba que había dos trabas. Y la otra es el master plan que TPR está presentando para lograr la extensión del contrato. La cifra de inversión (265 millones de dólares) es atractiva. No obstante, tanto en el gobierno como en el ente se hacen estas preguntas: ¿Es viable invertir esa cantidad de dinero en el puerto de Rosario? ¿O es una promesa destinada a ser incumplida? ¿Cuánto tiene que ganar TPR para recuperar esa inversión? ¿Hay negocios que la justifiquen? ¿O es que la salida está en concesionar a 80 o 100 años el puerto de Rosario, un trago que parece difícil de digerir cuando la oferta una empresa con incumplimientos?
TPR quiere salir por arriba de estos interrogantes y busca prenderse a las nuevas estrellas de la economía argentina. Es por eso que ata esa inversión a la atracción de cargas de la minería con destino de exportación, un sector que está en expansión. ¿Qué pasa si, finalmente, no llegan todas las cargas previstas de la minería? ¿Se cae esa inversión? ¿Dónde está el riesgo empresario si el cumplimiento de la inversión prometida está atada a que se concrete un negocio?
Asoman otras dudas más técnicas que es probable que se disipen cuando se presente el master plan. Por ejemplo, la factibilidad ambiental de un desarrollo intensivo de la carga minera en el puerto y cómo la harían convivir (en lo ambiental pero también en materia de espacio y operaciones) con otras cargas presentes o futuras de la terminal.
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En el Enapro, que tiene directores de todos los sectores, conviven distintas posturas.
Están los que creen que la propuesta de TPR es la última bala que tiene el puerto de Rosario para no desaparecer y terminar sus tierras loteadas para negocios inmobiliarios, como pasó en el puerto de Santa Fe. Es más, se entusiasman viendo que Ultramar (los chilenos accionistas mayoritarios de TPR) están haciendo lo que siempre se les pidió: jugar fuerte en serio en Rosario y el proyecto presentado revoluciona totalmente al puerto.
Y en la vereda totalmente opuesta está el gobierno provincial. Lean este dato: el viernes a última hora de la tarde, y al tanto de la oferta presentada por TPR al Enapro, desde el Ministerio de Desarrollo hicieron llegar a la prensa no sólo que la provincia está firme con que lo primero que debe hacer el concesionario es ponerse al día, y recién una vez en regla se verá (sin certeza alguna) si se habilita o no discusión para extensión; sino que fueron por más.
Por mucho más. Y es que se dejó trascender a la prensa que ya estaban preparando pliegos para convocar una licitación internacional ya que es una posibilidad rescindir la concesión por los reiterados y graves incumplimientos contractuales. Y hasta aseguran que hay interesados por el puerto.
Si bien es cierto que las vueltas de TPR para definirse y el mal estado del puerto en los últimos cansó y agotó a las autoridades provocando esta reacción de querer patear todo, barajar y dar de nuevo que expresa ahora el gobierno, parece bastante arriesgada la estrategia de la Provincia de poner en agenda una salida anticipada del concesionario para forzar a que la concesionaria abra, de una buena vez la billetera, cumpla con sus obligaciones y salga a hacer crecer al puerto. ¿No están jugando con fuego?
Y es que querer hacer caer una concesión supone un daño muy fuerte para el puerto, como lo demostró la experiencia de Ictsi en los 90. De hecho, con sólo plantearlo conspira contra los negocios porque ninguna empresa quiere enviar sus cargas a un puerto que puede entrar en litigio judicial y laboral, como supone una rescisión de contrato. Y eso sin entrar en otras especulaciones sobre la talla y la identidad de los interesados por el puerto.
¿Se puede vivir con el puerto en conflicto permanente con todos los actores enfrascados en disputas permanentes? ¿Cómo se sale? ¿Hay márgen para negociar una propuesta no tan rimbombante que active inversiones en infraestructuras necesarias pero de factible cumplimiento y por ende a cambio de un plazo más corto de extensión de la concesión? En definitiva, que permita dar vuelta de página con el conflicto permanente.
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Y así llegamos finalmente al otro tema central de la columna que es la relación de tensión entre algunos sectores empresarios con el gobierno provincial. El caso de TPR en algo lo expone en parte. Pero lo trasciende y toca de lleno al rubro de los desarrolladores de urbanizaciones, que está teniendo cada vez más fricciones con el gobierno provincial. Y que el punto máximo es con proyectos en la zona del Ludueña en Funes.
Ocurre que si el gobierno provincial quiere poner el Estado en orden y que tenga la autoridad y el poder regulador y sancionador que había perdido en la administración anterior, es lógico que provoque malestar entre quienes estaban acostumbrados a llevárselo puesto. Pero el debate que surge es: ¿está calibrando bien la intensidad de sus posturas o se está excediendo?
Una cosa es ponerse duro con quienes estaban acostumbrados a hacer lo que querían a la hora de lotear y exigirle a todos el apego y cumplimiento de la normas antes de empezar a construir. Ahora: con los empresarios que no son de frondoso prontuario, ¿hasta cuánto de exigente se puede poner un Estado que lejos está de tener todo en regla? ¿Un Estado (porque el tema trasciende a esta administración) que demora hasta años en autorizar desarrollos es una invitación a hacer camino al andar por parte de los empresarios?.
Y eso fue lo que ocurrió en Santa Fe: los loteos empiezan a hacer las obras con los trámites iniciados pero no aprobados con vistas a tenerlos ok cuando el desarrollo ya empieza a madurar. Claramente es una conducta que no se ajusta a la ley, pero si se esperan las respuestas pueden pasarse años haciendo trámites. Y lo de “años” no es en sentido figurativo.
Es por eso que en el gobierno tienen 19 proyectos loteos bajo la mira en todo Santa Fe y muchos pronto a ser desactivados. Y son tantos porque, quien más quien menos, todos están siempre al filo de la normativa.
El problema con este estado de cosas es un terreno muy fértil para quienes directamente no muestran apego por las normas y lotean sin el más mínimo cuidado. Y en el Gran Rosario hay tres comunas bajo la mira del gobierno, sobre todo porque sus intendentes impulsaron loteos desordenados.
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El gobierno de Santa Fe asegura que llegó para ordenar ese desorden. Y es consciente del déficit en su respuesta y de lo intrincado del proceso burocrático para aprobar urbanizaciones, que comprende expedientes que recorren tres ministerios y varias empresas públicas.
Un ejemplo claro está en lo que contamos la semana pasada. Fue la propia Secretaría de Agricultura de este gobierno la que le dio un visto bueno al movimiento de tierras en Damfield, uno de los loteos de Funes que luego el propio gobierno clausuró. Y eso ocurrió porque el ok de Agricultura se fundamentó en un permiso provisorio de otro Ministerio (otorgado por la gestión anterior) que el nuevo gobierno había desactivado pero no comunicado al resto del entramado burocrático. Un papelón.
No en vano esta administración llegó con el proyecto bajo el brazo de una ventanilla única que ordene y simplifique todo el recorrido. Es más, en el Ministerio de Desarrollo dicen que apuran la conformación de la mesa de trabajo interministerial para el armado de esa ventanilla.
Pero, pese a la clara decisión política, todavía no hay avances concretos porque enfrenta dos escollos: la necesidad de “domar” a la siempre lenta e ineficiente burocracia provincial y de digitalizar los expedientes.
Como sea, los empresarios resaltan que los funcionarios políticos de este gobierno sí atienden, responden y se muestran predispuestos, los expedientes siguen sin tener trámite rápido, sobre todo en áreas de medio ambiente.
A propósito de Damfield, el gobierno provincial sigue firme en su postura contraria al desarrollo. Rosario3 pudo averiguar que la empresa tomo vista está semana del expediente en la Secretaría de Recursos Hídricos.
En tanto, el Instituto Nacional del Agua (INA) le prometió a esa dependencia que la semana que viene les presentará el informe sobre el está Hídrico de la cuenca del Ludueña, que servirá de guía para futuras decisiones de urbanización sobre esos terrenos.
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En definitiva, el problema no es por el “que” (ordenar la desordenada urbanización provincial), sino de calibrar la intensidad del “cómo”. ¿Cuánto de hacerse respetar como Estado y cuánto de abrirse para comprender y dialogar? Y hay los urbanizadores que no sienten que sean convocados a dialogar sobre los cambios de normativas para urbanizar. Dicen que no son escuchados como deberían serlo por estar ellos en el territorio para charlar sobre los desafíos de las urbanizaciones en la provincia.
Y, como cada uno juega su partido, los empresarios también recurren a sus armas: dejan trascender que cada vez piensan más en invertir el capital de sus clientes santafesinos en otras provincias, como Córdoba, norte de Buenos Aires y hasta Vaca Muerta. Y hasta recuerdan el éxodo de inversiones de Rosario al conurbano, tanto urbanas como industriales.
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Pero el tema de los roces y chispas que el gobierno provincial está teniendo con empresarios supera al puerto y a los desarrolladores inmobiliarios. Y el capítulo que se viene y estallará la semana que viene (y ahora adelantamos en este run run) involucra a constructores de obra pública y a chacareros.
Resulta que finalmente ingresó al Senado el proyecto de ley de Emergencia Vial. Pero tiene dos puntos que cayeron como un mal trago a los empresarios: elimina el "compre santafesino" y dispone que los frentistas deberán pagar por las mejoras (y ya no sólo por las obras nuevas).
En lo que respecta a los constructores, se suspende por tres años el “Compre Provincial”, que dispone ventajas para las empresas locales frente a competidores de otras regiones. En concreto, establece que con una diferencia de hasta el 5% por ciento en la oferta en favor de una foránea, el contrato queda para una sanafesina. Y si la diferencia es hasta el 8%, se le permite a la provincial, mejorar la oferta, si así lo quiere.
El argumento de la Provincia para bajar el compre santafesino es uno: hay emergencia vial y porque.....
A los constructores el tema les cayó mal, sobre todo por el precedente que significa. Pero tampoco van a salir a responder duro porque saben que, por otro lado, la Provincia tiene activa al sector con un plan de obras importante y paga en tiempo y forma.
Por eso la carta que saldrán este lunes o martes desde las Cámaras de la Construcción de Rosario y Santa Fe es que, al menos, se disponga que hasta una diferencia del 5% se le permita a la empresa santafesina mejorar la oferta.
Pero en el sector en el que el tema sí despertó mucha calentura y no van a salir tranquilos contra el gobierno es en el campo. Ya en Carsfe, que reúne a todas las confederaciones rurales de la provincia, el tema se analizó el viernes y se decidió salir a batir el parche con todo y bronca la próxima semana. Y es que se establece un cargo provincial por las obras viales a los frentistas de los campos. Y, como se dijo antes, no por obra nueva, sino por refacciones, mejoras y ampliaciones.
Y atención que la contribución mínima es del 10% del costo total de la obra, pero podrá superar el 33% del valor real del valor real del inmueble beneficiado por la obra. Eso sí, ofrecen créditos para que los chacareros puedan pagar esa contribución.“Es indignante. Más allá de lo que pagamos en Inmobiliario Rural, que en algunas categorías tuvo un aumento exponencial de hasta el 670%, de las tasas municipales por hectáreas que nos cobran y de todo lo que aportamos por retenciones, ahora la Provincia quiere que nosotros paguemos las obras”, se quejó indignada la titular de la Sociedad Rural de Rosario, Soledad Aramendi. Y fue por más tirando una línea a los constructores. “Encima como sacan el compre provincial, el dinero de los ruralista santafesinos va a terminar financiando a las constructoras de otras provincias.
El proyecto nace en el Senado, y ya está hablado en Diputados, pero tiene inspiración en el gobierno provincial.
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Vamos terminando, y lo hacemos con buena onda. Siempre decimos que las instituciones de Rosario, tanto privadas como sociales y profesionales, son un activo decisivo que tiene la ciudad para enfrentar los desafíos. Y en la misma semana tres entidades dieron la nota positiva.
1)
La filial local de IDEA se sacó finalmente la tutela de la casa central de Buenos Aires y anunció para la semana que viene la realización del principal evento corporativo en la ciudad, que promete traer 500 personas y altos empresarios y funcionarios nacionales.
En los últimos años el pre-coloquio de IDEA en Rosario había sido degradado desde Buenos Aires a un encuentro agroindustrial, fiel a la visión porteña de la ciudad, pero ahora se recuperó la visión, desde la conducción local, de organizar un encuentro más amplio en todo sentido y dimensiones.
Bajo el título de “Innovación y Desarrollo”, la agroindustria sigue teniendo un destacado lugar, pero además se discutirá sobre “transición energética”, “economía del conocimiento” y “aplicación de nuevas tecnologías en empresas nacionales”.
Muchas figuras importantes vendrán del lado empresario, por ejemplo para la actualidad económica disertará el director ejecutivo para América Latina de Morgan Stanley, Fernando Sedano. El secretario de Coordinación de Producción del Ministerio de Economía de la Nación, Juan Pazo, también será de la partida.
En lo referente a la política, el panel central también tendrá el toque local que le faltaba a las anteriores ediciones ya que será coordinado por el periodista político de Canal 3, Radio Dos y Rosario3, Sergio Roullier, quien entrevistará a los gobernadores de Santa Fe, Córdoba, Martín Llaryora; y de Entre Ríos, Rogelio Frigerio.
2)
La Fundación Rosario se puso al hombro la visita del ex intendente de Medellín, Sergio Fajardo, quien vino a contar la experiencia de la ciudad colombiano en el combate a la violencia del narcotráfico.
En el marco de una intensa agenda de actividades, con Provincia, Municipio organizaciones sociales y religiosas, Fajardo se reunió con empresarios en la Bolsa y los llamó a asumir responsabilidades y protagonismo en el desafío que tiene Rosario de recuperar la paz. Además de contar experiencias, les tiró propuestas, por ejemplo financiar becas de estudios para chicos y chicas de barrios populares que muestren algún talento y compromiso .
Ahora, la Fundación Rosario está concentrada en el post- Fajardo. La visita de concientización ya está, ahora la cabeza la ponen en cómo activar, en cómo pasar a la acción. No quedar atrapados en el relato. Esa es la tarea.
3)
Finalmente, la Bolsa de Comercio de Rosario y de Santa Fe presentaron el Índice Coincidente de Actividad Económica de Argentina, que analiza en tiempo real el ciclo económico del país. La presentación se realizó en la Casa de Santa Fe en un acto encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro.
Esto muestra que la Bolsa de Rosario sale a jugar ahora fuerte en otra cancha: en las discusiones económicas nacionales. No es que no lo hiciera antes en privado o por temas de su estricta competencia, como el mercado de granos o la hidrovía. Ahora arman, por primera vez, un índice que mide toda la economía nacional, hasta consumo.
En definitiva, un nuevo salto de crecimiento institucional de la Bolsa. Primero curó sus heridas internas del mal paso que fue la presidencia de Alberto Padóan, con Vicentin manejando todo como si fuera una extensión más de sus negocios. Y luego de volver a su esencia, que es la defensa y promoción de sus mercados (y ya no sólo de algunos actores), empezó a tejer una red territorial en la provincia generando lazos institucionales reales, serios y permanentes con los municipios de la región para ganar una representación regional importante.
Y ahora sale a dar debates en el frente nacional. Sale a jugar también en Buenos Aires. No en vano la presentación la hicieron en la Casa de Santa Fe en capital federal con los economistas de Rosario y de la Bolsa de Santa Fe discutiendo sobre temas de la economía nacional. Hay un lugar distinto que empieza a ocupar Santa Fe no sólo con la proyección de Pullaro sino ahora también con sus instituciones.
Santa Fe es más.
