El estudio porteño de arquitectura Bodas Miani Anger (BMA), top a nivel nacional, le puso su sello a la construcción del complejo de oficinas AAA que Lattuca Inversiones levanta en la esquina de Brown y Santiago y que transformarán esa zona de Pichincha.
Pero uno de sus socios, Rodolfo Miani, sigue muy activo en Rosario porque tienen importantes inversores de afuera interesados en invertir en la ciudad: iglesias evangélicas.
Fue así que semanas atrás le acercó a la Municipalidad un proyecto para levantar un gran centro religioso en la esquina de Santiago y Rivadavia con amplio parque y vista al río.
En ese predio estuvo la planta impresora de La Capital y ahora hay un complejo de food tracks a la espera de que sus dueños (AutoCrédito) activen la construcción de las torres proyectadas.
La Municipalidad le dio varias vueltas al proyecto, pero le terminó sugiriendo a Miani que explore otros predios que también pueden comprar, en otras locaciones de la ciudad.
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La semana pasada adelantamos que la situación en la carrocera brasilera Marco Polo estaba dando vuelta de página al ajuste, reactivando la planta de Villa Gobernador Gálvez, e incluso buscando nuevos empleados. Ahora lo confirman con el flyer en el que avisan que están buscando cubrir nuevas vacantes operativas, por ejemplo en electricidad automotor.
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“Teníamos armado un evento en Rosario para mostrar la nueva sucursal pero justo estaba programado para la semana de los atentados y decidimos posponerlo sin fecha”, cuenta Water Lendeman, gerente regional del Banco Industrial (Bind). Y su testimonio es otra muestra del profundo daño económico y reputacional que causó la violenta embestida de marzo.
Pero Rosario está cambiando la piel. “Con el tiempo vimos que la situación mejoró en la ciudad y queríamos juntarnos con nuestros clientes, sobre todo porque no deja de sorprendernos la vitalidad del empresariado local, siempre con proyectos de crecimiento bajo el brazo”, agrega durante la apertura de la sucursal del Bind en el microcentro rosarino.
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Hablando de bancos, esta semana asumieron los nuevos directores del Banco Municipal: el contador Fabio Andrés Reche, con 30 años de experiencia en el banco (vice) y la abogada Emilse Moschen (vocal).
Pero los cambios no quedan ahí. Ahora se viene la renovación en las líneas gerenciales. En efecto, el proceso de selección de un nuevo gerente general, en reemplazo de Ana María Bonopaladino, ya está en marcha.
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Y de las finanzas saltamos a los financistas con paso por Tribunales. Y la novedad es que la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó el viernes la decisión de rechazar la suspensión del juicio a prueba solicitada por la defensa de Patricio Carey, un financista investigado por presunto lavado de dinero vinculado al narcotráfico.
El fallo ratificó la resolución emitida por el Tribunal Oral Federal Nº 2 de Rosario, en línea con el Ministerio Público Fiscal (MPF) y la Unidad de Información Financiera (UIF), que rechazaron la probation por “razones de política criminal”, ya que consideran que “la gravedad de los hechos que se le endilgan ameritan el desarrollo de un juicio oral y público”.
Y es que para la acusación, la posible pena (en caso de ser encontrado culpable en el juicio) no sería de ejecución condicional.
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Hablando de causas judiciales, la Fiscalía Regional homologó días atrás el acuerdo al que llegó el contador Santiago Franchi con dos querellantes en el resonante caso de estafas inmobiliarias en 12 fideicomisos inmobiliarios denominados "Habiter" a cargo de la desarrolladora FH.
Los querellantes eran los contadores Marcelo Faini (3 DF) y Agustin Centeno (Grupo Noro), quienes además continuaron algunos negocios de FH. Franchi les hizo una oferta de resarcimiento económico (con patrimonio propio), que los querellantes aceptaron y ahí el denunciado elevó el pedido de “criterio de oportunidad” que al tener ahora el ok de los fiscales lo que hace es desactivar el proceso penal en marcha.
Para que haya un criterio de oportunidad tiene que haber un delito reconocido (por Franchi) y un resarcimiento aceptado (por la querella), y eso es lo que ocurrió en este caso.
Así que nada de andar diciendo por ahí que, como se archivó el tema penal, Franchi no cometió ningún delito o que fue sobreseído. No señor…
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Ya que nos metimos en problemas. Vamos por más. Y con un peso pesado: como es el sindicato de Obras Sanitarias.
Pero como profundizar en los conflictos nos llevará un tiempo, antes un toquecito en un cuestión más amigable. O, mejor dicho, bailable.
La ampliación de la avenida Newbery, que ya está en marcha y a toda máquina, es una de las principales obras de infraestructura de corredores muy demandada por el crecimiento poblacional de la zona oeste. Y contribuirá a cambiar la fisonomía de la zona.
Pero resulta que ante el cambio urbano que significará tener una avenida de cuatro carriles, el salón de fiestas (por ahora infantiles) Umma (en Newbery al 8900) pidió al Concejo una excepción para poder también tener fiestas bailables para mayores por la noche, algo que ahora está prohibido. Y parece que la excpeción tiene muchas chances de salir.
La situación es la siguiente:
La ordenanza de Fisherton votada en diciembre de 2022 (10.423) permite en sus usos actividades bailables para los corredores urbanos B y C (Eva Perón) pero no para los corredores urbanos jardín (Av. Jorge Newbery).
En la última reunión de comisión de Planeamiento del Concejo surgió la duda sobre si cuando se discutió la ordenanza se hab{ia tenido la intención de permitir o no permitir la actividad bailable en todos ellos.
La diferencia está en los dos tipos de corredores y que en el caso del corredor jardín (como Newbery) la ordenanza no permite la actividad bailable, por lo que para habilitar en este caso, debería hacerse por vía de excepción. Hoy los salones que están ahí, como el que está haciendo Umma tienen habilitación de salón de fiestas infantiles.
Con la transformación de Newbery, ¿se le acaba la calificación de "corredor jardín", permitiéndose nuevos usos, por ejemplo con boliches? ¿Y el resto de los salones que están en el interior de los barrios (Hostal, San Eduardo, Aldeda) aprovecharán para tirarse un lance y ver si también les permiten actividades bailables?. Y algunos vaya que le tienen ganas,
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Ahora si, vamos al conflicto en Aguas
El gremio inició el viernes un paro en “rechazo a despidos, suspensiones arbitrarias, recorte de horas extras, eliminación de guardias y otras medidas en contra de los trabajadores”.
Pero pese a los argumentos del sindicato que preside Silvio Barrionuevo, la conducción de Aguas tiene todo el respaldo del gobierno provincial porque, asegura, la situación en la que encontraron la empresa fue desastrosa.
“El ajuste es duro porque el gremio es un desastre, y se encontraron muchas irregularidades. Por ejemplo, en cantidad de horas extras, familiares del jefe del sindicato en todos lados. Un despiole”, comentaba a este cronista el viernes una muy alta fuente de la Casa Gris.
“Hacer más eficiente la estructura interna es importantísimo. No es un tema marginal para los costos. Es vital para la supervivencia de la empresa acomodar los desmanejos que hubo con las horas extra, cuyo pago duplica la masa salarial”, resaltó en mayo pasado en esta columna, la titular de Aguas, Anahí Rodríguez.
“El principal problema es el desmanejo de las horas extra. El costo de pagar duplica la masa salarial. Pero además es muy burdo todo. Hubo un abuso sistemático. Hay gente en Rosario que pasó 45 horas extra por un día de trabajo. Sí, 45 horas. Yo mismo hice el procesamiento de datos porque no podía creer lo que estaba viendo. Y tengo muchos casos detectados que marcan que el abuso fue recurrente”, enfatizó en ese momento.
“Como puede ser que en la ciudad cualquier empleado tenga acceso a un auto de la empresa y al uso de telefonía celular libre. No estoy hablando de jefes de cuadrilla o inspectores de obra, que tienen jerarquía, estoy hablando de que acá cualquiera tiene un auto de la empresa y con combustible pagado por la empresa. No puede ser que haya personal que llevaba a sus hijos a la colonia de vacaciones en una camioneta de Aguas”, se quejó la presidenta de la empresa.
Y como el ajuste ahora se puso en marcha, la casta sindical patalea.
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Nos metemos así en un tema central de la política del gobierno de Maximiliano Pullaro, que es su reformismo permanente.
En círculos empresarios la estrategia de desarmar las ineficiencias de la burocracia provincial goza de alto consenso. Sobre todo en la EPE.
Pero, obviamente, aparecen cortocircuitos con los empresarios cuando el gobierno -en tren de poner de pie al Estado provincial- toca sus intereses al modificar prácticas, usos y costumbres que los beneficiaban.
Y ahí es donde asoma el desafío de la administración de tener la suficiente sintonía fina para poder diferenciar entre los temas en los que las quejas empresarias están faltas de fundamentos y aquellos en los que el malestar que provocan los cambios políticos sí tiene argumentos.
Y esto ocurre tanto en la EPE como en Medio Ambiente, y en Obras Públicas como en Hídrica.
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Por ejemplo, en el caso de los loteos que inician las construcciones y la comercialización (no a inversores sino a usuariso finales) no hay duda de que los que están en off side son los empresarios y está muy bien que el gobierno se ponga firme con los desarolladores y los jefes comunales que les dan rienda suelta, no como pasaba con la anterior administración peronista.
Esta semana, por caso, el gobierno suspendió obras en loteos que no tenían habilitación como el caso de Las Tipas 2 (Álvarez), El Naranjo (Ibarlucea), Orígenes (Soldini) y Comunidad Ejecutiva (Pueblo Esther). Y una novedad: tres son del mismo desarrollador Grupo Roma.
En cada una de las actas de constatación, a partir de las cuales se dictaminó la suspensión total de obras, se informa a los desarrolladores que, para poder continuar con las mismas, deberán dar cumplimiento inmediato a las normativas vigentes. Estas son las leyes 11.730, 13.246 y 11.717, además del decreto 101/03. También se les advirtió que el incumplimiento de lo dispuesto dará lugar al agravamiento de las sanciones aplicables.
La Provincia, en lo que va del año, lleva realizadas 49 inspecciones de loteos. Fruto de este trabajo, además de estas cuatro suspensiones, se comunicó a otros 21 proyectos del sur de la provincia sobre las infracciones que están cometiendo con el objetivo de una inmediata regularización. De continuar incumpliendo las normativas vigentes se procederá a la suspensión inmediata.
Y, como venímos contando, hay que poner atención en Ibarlucea, que puede convertirse en el nuevo Funes, que al darle vía libre a muchos loteos ahora tiene toda la infraestructura contra las cuerdas.
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Pero hay otros casos distintos en lo que no está tan claro "buenos" y "malos".
El caso de la EPE, en este sentido, es paradigmático. La administración está haciendo grandes esfuerzos para domar ese “principado independiente” con medidas que la burocracia siempre resistió: como que los móviles tengan GPS y tener que fichar con la huella dactilar al entrar al trabajo.
Y también le tocó “negocios” al dejar que los empresarios puedan contratar sus propias cuadrillas para trabajos de conexión subterránea. También la EPE apura la regularización de las conexiones prometiendo que para el primer semestre del 2025 los edificios que hoy están conectados con “palo cajón” dejarán de estarlo.
Pero a los constructores todo les deja sabor a poco porque acumulan años de sufrir su falta de respuestas y escasa inversión, muy por debajo de Córdoba si se la compara en términos de facturación.
Y también, en parte, porque el sector no hace diferencia entre la EPE de Pullaro, Perotti o Lifschitz, como buscan siempre diferenciarse los distintos gobiernos. El malestar es con “la” EPE.
Así, mientras que en el gobierno sienten que no tienen el acompañamiento empresario que merecen en la tarea de “poner en caja” a la EPE y ven que hay constructores que no miran más allá de su bolsillo, para los empresarios hasta ahora las mejoras reales fueron muy pocas.
En definitiva, parece que desde ambos lados del mostrador quieren lo mismo, pero no logran calibrar un entendimiento.
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Y para lograr un consenso se necesita empezar por el diálogo. Y hay un tema en la EPE en la que el diálogo es más a través de los medios que por reuniones entre instituciones. Se trata del nuevo reglamento para la extensión de redes, aprobado en julio, y del que la semana pasada dimos cuenta el malestar que causó en los desarrolladores empresarios.
La nueva normativa exige que toda petición de potencia por encima de los 15 kw (un par de locales comerciales) deba ser abonada enteramente (en todo concepto) por el solicitante. Hasta ahora, sólo las grandes demandas (complejos comerciales, edilicios o industriales) debían hacerse cargo de todo el financiamiento.
Para los desarrolladores inmobiliarios, este cambio conllevará en sí una segregación y una discriminación hacia los barrios en que dichos costos sean mayores o en las zonas en las que el mercado comprador no pueda afrontar un m2 más costoso. Es más, en dichas zonas no serán elegibles para futuros proyectos edilicios, primero por ser indeterminados los costos, luego por lo oneroso de los mismos.
Pero el presidente de la EPE, Hugo Marcucci, convocó este jueves a la prensa para salir al cruce de esas advertencias. “Tendrá un mínimo impacto en los costos. Además, es lo que ya hace la EPEC y no se pararon las obras privadas en Córdoba. Esta normativa, que ahora se aplicará para edificios, ya rige para los nuevos loteos, y los loteos no se frenaron y la gente sigue comprando lotes. Es más, un edificio es un loteo vertical”.
Es más, para Marcucci el nuevo reglamento es a pedir de los constructores. “Con estos cambios se acaba el problema de los cientos de edificios que por años están abastecidos irregularmente con el palo cajón porque la EPE no nos conecta. Los empresarios nos piden previsibilidad, y esta normativa les dará previsibilidad”, insiste. “Ahora el desarrollador se hará cargo de todo, no solo del dinero sino de hacer la obras entera y no dependerá de las cuadrillas, por ejemplo, la subterránea para las conexiones. Al hacer todo ellos, sin necesidad de empleados de la EPE, lo manejará en mejores tiempos y con mayor previsión”, dijo.
Además, el alto funcionario señaló que la EPE puede aportar financiamiento. "Podemos financiar aportando materiales, devolviendo fondos a tasa badlar más tres puntos, y con energía, con la novedad de que ahora podemos emitir certificados por esa energía que el desarrollador puede vender a un tercero", explicó.
Resta decir que estas respuestas, que Rosario3 adelantó el viernes, sumaron más rechazo que apoyo en los constructores de edificios.
Una aclaración, no menor. A todo esto, las partes no se juntaron ni para dialogar sobre el armado del nuevo reglamento ni para analizarlo.
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En el tema en el que sí hubo diálogo entre el gobierno provincial y el sector empresario (en este caso los constructores de obra pública), pero el acuerdo igual no asoma es con la intención del gobierno provincial de reformar la ley de “Compre Santafesino”.
Se trata de una serie de ventajas que una empresa, por tener sede en la provincia, tiene en las licitaciones públicas frente a competidoras de otras provincias. Por ejemplo, ante una diferencia de precios de hasta el 5% en favor de la foránea, el contrato va para la santafesina. O si la diferencia es hasta el 8%, la santafesina tiene la chance de mejorar su oferta.
El jueves los ministros de Economía, Pablo Olivares, y de Obras Públicas, Lisandro Enrico, se juntaron en la ciudad de Santa Fe con los representantes de la Cámara de la Construcción y allí, entre otros temas, les informaron que tienen interés en modificar la ley.
“No tenemos nada cerrado todavía. Pero les dijimos que entendíamos que la lógica virtuosa es distinta a la de la ley actual. Queremos que la puja de precios establezca el menor precio posible. Y luego que las empresas santafesinas tengan la opción de igualar la mejor oferta si la misma no es santafesina”, le dijo Olivares a Rosario3.
“Queremos abrirlo un poco más para favorecer la competencia de empresas porque esa competencia nos asegura precios más bajos y al tener obras con valores más competitivas nos quedan más recursos para encarar otras obras”, agregó Enrico en diálogo con este cronista.
En el gobierno ven que la competencia explica los mejores precios que están logrando en las licitaciones. “En vez de hacer varias licitaciones de bacheo, hicimos una sólo por todas las obras y que todos compitan por ese solo contrato; y así bajamos los precios un 40%”, repitió Enrico.
Pero distinta en la visión empresarial sobre la baja de precios. Por un lado, hay insumos que bajaron de precio y también la reducción de la inflación ayuda a que las ofertas no tengan incorporado el ajuste inflacionario en sus valores, como pasaba el año pasado.
Pero además también talla mucho que la fuerte caída de la actividad de obra pública y que los millones de pesos en obras ya realizadas que el Estado nacional dejó sin pagar obliga a las constructoras a salir a buscar nuevos trabajos para facturar y por eso hacen ofertas muy bajas.
“Desalambrar” la provincia puede generar importantes incursiones de empresas no santafesinas ya que en todo el país si hay algo que no sobra son licitaciones para obra pública. Y eso temen los constructores.
Y a nadie se le escapa que Pullaro viene pidiendo a las provincias mineras y petroleras que “aflojen” con sus compres provinciales para que la santafesinas puedan competir por obras y servicios en esa zonas. Y el Ministerio de Desarrollo de Santa Fe le está poniendo mucha fichas a que más santafesinas se sumen al tren de la “Energía, Gas y Petróleo”. ¿Será la moneda de cambios entre gobernadores?
Pero a todo esto hay un dato no menor: Los mejores precios que el gobierno resalta en los medios que consiguió los hizo con el Compre Santafesino rigiendo. ¿Por qué cambiarlo, entonces?
Pero hay más: ¿está repitiendo este gobierno el axioma de todos los gobiernos provinciales que cuando asume un color político distinto ven en los contratistas de obra pública socios del gobierno saliente y lo primero que buscan es hacerles sentir el rigor ? Los constructores sufrieron el desprecio inicial de Hermes Binner en 2008, cuando los tildaban de peronistas, y también el de Perotti, cuando los acusaba de socialistas, y los tuvo un año a pan y agua. El gobierno de Pullaro, por el contrario, paga en tiempo y forma, pero cada vez que puede les tira con algo. ¿Algo de eso está pasando ahora? Es pregunta. Es para el debate.
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Como sea, la semana que viene en el Senado habrá un round por el “Compre Santafesino”. Y es que los senadores recibirán a constructores y productores agropecuarios para escuchar sus quejas ante la “ley de emergencia vial” que el gobierno quiere que se apruebe.
La emergencia dispone que los productores frentistas se tengan que hacer cargo “vía contribución de mejora” no sólo de nuevas obras (como suele ser) sino hasta de reparaciones, lo que despertó el fuerte rechazo de las entidades rurales, ya que le suman esa cuenta a pagar luego del fuerte aumento del impuesto inmobiliario y en el marco de promesas incumplidas del gobierno nacional de aflojarle con los impuestos.
Y en tren de abaratar las obras, el proyecto de ley también dispone la eliminación del “Compre Santafesino” mientras rija la emergencia, lo que para los constructores sienta un mal precedente. Y es más, la experiencia de los constructores muestra que es muy poco lo que finalmente se termina financiando por contribuciones de mejora, con lo que el daño normativo terminaría siendo peor que el nivel de obras que se consiga.
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Vuelta de página
Un poco de macroeconomía nacional.
Con la inflación en baja, el gobierno nacional insiste con que el piso de la caída de la economía se tocó en abril/mayo y ahora asoman las primeras mejoras en las comparaciones intermensuales.
"La economía nacional registró en julio su cuarta variación mensual positiva consecutiva con un 0,4%”, señala el último relevamiento de las Bolsas de Comercio de Rosario y Santa Fe, como comprobando la hipótesis oficial. Pero al mismo tiempo avisa que esos brotes verdes vienen en frasco chico. “La recuperación muestra signos de moderación", dicen las Bolsas.
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Y en este nuevo escenario aparece un nuevo tipo de conflicto paritario en las empresas, siendo el caso de John Deere paradigmático.
Con los números de los últimos meses en la mano, la empresa ofrece subas salariales mínimas acorde al nuevo ritmo inflacionario en baja y en un contexto de fuerte caída de ventas y producción.
No en vano, las empresas nucleadas en la Asociación de Fábricas Argentinas de Tractores y otros equipamientos agrícolas e industriales (Afat) advirtieron que la producción del sector cayó 50% interanual en promedio debido a la caída en las ventas de maquinaria agrícola, principalmente tractores y cosechadoras. La entidad señaló que en seis meses los patentamientos de cosechadoras cayeron 20% respecto de 2023, y el de tractores 30%.
Pero, con los números de la inflación de diciembre y el primer trimestre del año en la mano, el sindicato pide mayor aumento para compensar la fuerte pérdida que sufrieron los trabajadores a principios de año.
Con distinta intensidad (de acuerdo a la fortaleza de cada gremio y de cada empresa) esta puja recorre todos los sectores.
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Y siguiendo por el lado industrial, el gobierno de Javier Milei -fustigado por buena parte de la dirigencia fabril- tomó una decisión pro industria pyme que ningún gobierno progresista se animó a tomar: bajar el precio de los productos de acero que usan como insumo.
Argentina tomó décadas atrás la decisión de tener producción siderúrgica propia, con todo lo positivo que eso conlleva en agregado de valor, empleo y desarrollo en las localidades en las que se radican las plantas.
Pero la protección arancelaria frente al acero importado (que es una política corriente en los países desarrollados) se traduce en un acero más caro para las metalmecánicas y la construcción, que se traduce en pérdida de competitividad para exportar y precios más caros para equipos nacionales. Siempre en voz baja, un poco por temor a los gigantes del acero y otro por no querer correrse del discurso industrialista predominante, era recurrente la crítica de las metalúrgicas a este status quo.
Pero como el gobierno de Milei le está corriendo el velo a muchas cosas, en los últimos tiempos aparecieron esos planteos. Por ejemplo, la Bolsa de Comercio de Rosario le llevó a los más altos funcionarios nacionales (como Juan Pazo, secretario de Coordinación Productiva) el reclamo que tomó de las fábricas de maquinaria agrícola por el precio del acero.
Esta semana, el gobierno anunció que desarmó el complejo normativo para facilitar importación de acero (no tocó aranceles), que fue festejado (pero sin hacer alharaca) por las metalmecánicas.
Igual, habrá que analizar varios temas antes de ver la eficiencia de la medida. Primero, si la reglamentación es tan terminante en la desregulación como el anuncio, y segundo quienes se convierten en los nuevos canales de importación y comercialización de acero extrajnero y que margen de independencia tendrán de las siderúrgicas argentinas.
Además, la baja actividad y el impuesto país (que pese a la baja que arranca este mes sigue tan alto como cuando estaba el kirchnerismo) parecen ser efectos que disuaden la promesa de acero barato a la vuelta de la esquina.
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Y no es menor la aplicación real de las medidas de desregulación, algunas muy simpáticas, que anuncia el gobierno. Por ejemplo, la salida del juego de los registros de automotor, un costo extra que encarece transacciones.
El tema es que, por ejemplo, no existe la digitalización suficiente en el sector como para que cada ciudadano elija con quién hacer el trámite, como se anunció el viernes.
El tiempo dirá si solo es cuestión de tiempo y de “resistencia de la casta” para que el anuncio tenga efectividad o si todo queda a mitad de camino.
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Solemos cerrar la columna con buenas noticias. Y la ciencia aplicada a la producción era recurrente. Esta semana, por ejemplo, el dato más importante fue que Estados Unidos aprobó el ingreso y comercialización del trigo HB4, resistente a sequía, que desarrolló Bioceres.
Un trigo posible gracias a que investigadores del Conicet aislaron el gen del girasol que lo hacía más resistente al stress hídrico, proyecto que luego Bioceres (con todo su poderío económico) escaló.
Y hoy más que nunca viene a cuento recordar el origen de la investigación cuando el gobierno en lo que va del año no activó ningún financiamiento para nuevos proyectos y avisó que tampoco habrá, al menos hasta ahora, plata para iniciar proyectos en 2025. Dicho de otra forma, se suspendería por dos años la investigación científica en el país, tal como viene alertando desde hace 15 días Rosario3 y cuyos efectos podes leer acá.
Es fundamental aclarar que el fondeo de la investigación científicia viene en decadencia desde hace tiempo y lejos estaba de ser "un relojito" hasta la llegada de Milei.
Es más, el gobierno actual pagará las investigaciones que debería haber abonado en 2023 el gobierno saliento, pero no lo hizo, ratificando así que aquello del "Estado Presente" tenía mucho de mímica y menos de realidad. Incluso, como lo muestra el gráfico del profesor Fernando Stefani, quien viene siguiendo de cerca el tema, el financiamiento que dejó el gobierno de Alberto Fernández fue peor de que dejó la administración de Mauricio Macri.
El tema es que bajar a cero toda la investigación científica por dos años sería inédito. No obstante, en la comunidad universitaria sostienen que hay un diálogo abierto con el gobierno. Eso sí, además de plata no tienen plan.
La novedad, y para no terminar con un bajón, es que el gobierno provincial y la UNR buscan mostrar que, aun en un intento de tener las cuentas en orden, hay margen para que el ajuste no se lleve puesta a la investigación científica.
En efeto, la UNR presentará la semana que viene se presentarán tres líneas de financiamiento y asistencia al desarrollo científico, con 3 líneas por $250 M
x) Una es un programa cofinanciado por la Provincia por $150 M para proyectos en áreas estratégicas.
x) Otra es de “ventanilla abierta” para fortalecimiento “I+D+InUNR 2024” por un total de $55M destinados a financiar 30 proyectos
x) Otra es para favorecer estancias de investigación costeando viajes por $50M.
Y esto se da en el marco de un gobierno provincial que tiene el 0,5% de su presupuesto destinado a Ciencia, Tecnología e innovación siendo la provincia con mayor inversión en el área y mostrando
Claramente, los montos son pocos para lo que demanda la investigación, pero se trata de dar una señal de que otro camino es posible.
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Buen domingo. Y a recordar que "el mejor fertilizante es la lluvia" por lo que las lluvias del sábado fueron la mejor noticia que el agro argentino pudo haber tendio.
