En octubre, y luego de 18 años de gestiones de los vecinos, la EPE empezó a retirar las torres de alta tensión que atravesaban el barrio Aldea armando tramos subterráneos.
De esa forma se empezaron a liberar terrenos privados en el corazón del coqueto barrio, algunos de ellos de buenas dimensiones para la zona. Algunos propietarios ya recibieron ofertas de interesados en levantar allí condos y otros ya le están sacando punta a proyectos propios.
Entre los dueños, hay importantes inversores inmobiliarios que los compraron hace muchos años, cuando ahí no se podía construir por las torres de la EPE y ahora se les valorizaron.
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La zona de Aldea es muy linda, sobre todo en primavera, pero no deja de estar en Rosario y la inseguridad está al tope de las preocupaciones.
La novedad por esa zona es que a los aumentos del servicio de vigilancia privada (el último fue en diciembre del 33%), la prestadora decidió unilateralmente disminuir las horas de trabajo a 16 horas y dejar prestar el servicio las 24 horas.
En tanto, en Fisherton es tanta la suba de la cuota de “la seguridad” que empieza a ganar fuerza la idea de volver a las “tarifas diferenciales” dependiendo de la cantidad de m2 de cada terreno y cada casa.
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Sigamos por el lado del mercado inmobiliario, el intendente de Roldán, Daniel Escalante, pidió tener cuidado con estafas que se realizan a través de Marketplace con terrenos a la venta a precios irrisorios (como 10 mil dólares) en el barrio Bosque Azul, uno de los loteos más viejos de la comuna que por eso arrastra problemas con escrituras.
“Viene mucha gente a la Municipalidad a hacer trámites de cambio de numeración o de pedido de numeración, y trámites donde hubo ventas o cesiones de derechos en lotes en los que vimos anormalidades”, dijo el intendente.
Una clave para quedar afuera de estas estafas: trabajar con corredores inmobiliarios afiliados al Colegio de Corredores Inmobiliarios y revisar plataformas serias, como Propia.
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En tanto, en Funes los que están que trinan son los vecinos del Funes City, un desarrollo de la, por entonces, inmobiliaria Gilli que tuvo muchos ribetes escandalosos, por ejemplo las ordenanzas que hacia 2007 dictó el intendente, Juvenal Rimini, habilitándole los loteos casi sin pedirles obras de servicios a los desarrolladores inmobiliarios.
“Vivimos en un barrio privado. Privado de luz, agua, gas, calles y veredas”, se quejaron, no en vano, los vecinos en una movilización que protagonizaron esta semana con convocatoria a la prensa y cobertura de El tres.
La actual gestión de Roly Santacroce avanzó con mejoras frente a los problemas heredados con ese desarrollo de Gilli, pero a juzgar de los vecinos no fueron suficientes.
Para colmo, en Funes se terminó la época de las vacas gordas en la hacienda de la comuna. Ya sin los millonarios fondos que le transfería a dedo Nación y Provincia, bajo signo justicialista, emergieron los problemas estructurales de la ciudad como la baja recaudación de tasas (sobre todo en los barrios cerrados que se le siguen rebelando al intendente) frente a un gasto que no paro de subir (cuyo destino entra en terreno de controversia) y que dejó a poco de andar el año a la Municipalidad en emergencia económica.
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Hablando de urbanizaciones en la región, desarrolladores que trabajan en el cordón sur ven como mucha preocupación como avanza la comercialización de un muy desordenado loteo en localidades a 30 minutos al sur de Rosario.
Y es que les recuerda mucho al caso de Funes en 2007: los Gilli serían los vendedores del desarrollo y las autoridades comunales les habrían dado el visto bueno.
Vecinos en problemas y municipios teniendo que afrontar obra y reclamos por loteos sin obras de infraestructura y planificación, y montados en terrenos no del todo aptos, una experiencia que dejó el Funes de décadas atrás que se debería tener en cuenta al escuchar cantos de sirena que llevan algunos operadores a comunas del sur del Gran Rosario
Ampliaremos.
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Antes de terminar el año, el Concejo aprobó una serie de emprendimientos inmobiliarios de alta gama, que activarán fuertes inversiones para la ciudad.
En la previa al ok logrado en el recinto, hubo uno de los proyectos que generó bastante debate en comisiones. Se trata de las dos torres premium que se quieren levantar en la esquina de Moreno y Wheelwright.
Si bien el concepto arquitectónico general del proyecto es uno solo, cada torre no solo tiene sus particularidades, sino que además tiene propietarios y desarrolladores diferentes.
Una de ellas está en mano del grupo Transatlántica, y el tema es que justo el debate en la comisión de Planeamiento ocurrió en paralelo a las investigaciones que hizo sobre el grupo el ahora ex gobierno nacional por supuestos movimientos con el dolar blue que alteraban las cotizaciones.
En concreto, en el Ministerio de Economía de la Nación sospechaban hacia noviembre (en la previa al balotaje) que inversores transferían sus depósitos en pesos del Banco Nación a Reva, el banco digital de Transatlántica, para (fuera del radar) retirarlos en efectivo y compra dólar blue.
Fue así que por varios días desfilaron efectivos de Gendarmería y la Afip sobre las puertas de las oficinas del grupo en Rosario y en Buenos Aires. Finalmente, el tema no pasó mayores. Nunca hubo un allanamiento, solo requerimientos de información y, eso sí, mucho show en la tele porteña, quedando así expuesto que -más que nada- se trató de una puesta en escena para desalentar la operación con el blue. No en vano, como siempre ocurre cuando se trata de operaciones políticas, nunca más se sabe que fue de las supuestas "investigaciones".
El tema es que mientras eso ocurría la oposición en el Concejo se preguntaba si convenía aprobar el desarrollo inmobiliario a un grupo señalado a nivel nacional. La respuesta estaba clara: los señalamientos eran fuego de artificio del gobierno nacional. No eran para tomarlos en serio. Pero una pregunta que sonó en la comisión sí interesó: “La que tendría que intervenir, casi de oficio, para aclarar situaciones como esta es la Agencia Anti Lavado de la Municipalidad, para determinar los orígenes de los fondos que allí se invertirán”, fue lo que dijeron ediles opositores del justicialismo y Ciudad Futura.
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Y a ese tema queríamos llegar. La Agencia Anti Lavado acaba de cumplir un año, así que aprovechemos para refrescar sus reales atribuciones e informar en qué trabajaron este año.
Es fundamental entender que el armado de la Agencia fue una respuesta política de la ciudad al abandono de Nación y Provincia que sintió en las gestiones anteriores en materia de seguridad y combate al delito.
Pero sus alcances son limitados porque todos estos temas son de competencia no municipal. El objetivo al que debe aspirar es el de ser un mecanismo de eficiente y rápida transferencia de información a las autoridades correspondientes, como Afip, Uif, el Ministerio Público de la Acusación o la Justicia Federal.
“Clasificar, analizar y poner a disposición la información recabada dentro de las bases, plataformas y sistemas municipales”, dice la ordenanza sobre su objetivo central.
Su tarea se enmarca en realizar alertas tempranas o conseguir rápidamente información requerida por los organismos competentes sobre los movimientos de un grupo de sectores que se definieron como críticos (bares y construcción de edificios, por ejemplo), información que obtienen cuando reciben pedidos de habilitaciones o permisos de obras. Punto.
Ahora bien: ¿Qué hizo este año? El Municipio se dispone a enviar en los próximos días el informe con el balance anual al Concejo, y del cual hoy solo vamos a adelantar que “entre noviembre de 2022 y noviembre de 2023 se contestaron requerimientos informativos sobre ocho empresas (seis SRL y dos SA) y 65 personas”.
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Y hablando de lavado, La Municipalidad ya le hizo saber de manera informal a la UTE que tiene la concesión para la demorada construcción del resto bar del Anfiteatro que si quieren continuar con ese contrato deben separar a uno de los socios porque aparece nombrado en causas de lavado del narcotráfico que sigue la Justicia federal con mucho revuelo mediático.
Ocurre que el ganador original de la concesión a poco de andar necesitó una inyección extra de fondos para la obra y fue así que sumó a un puñado de nuevos inversores, y entre ellos se sumó quien ahora la Intendencia no puede permitir que figure como parte de una concesión municipal.
Si bien todo indica que se retirará por sí solo estando ahora necesitado de atender otras urgencias financieras, en caso de que finalmente los socios no lo corran, el riesgo que enfrentan es que le quiten la concesión.
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A todo esto, la delegación Rosario de la Afip ya tiene un nuevo titular. Se trata de Rubén Ranieri.
Es uno de los históricos del cuerpo de sabuesos locales, que ya fue director y ahora estaba en la jefatura de Revisión y Recursos
¿Políticamente a quién responde? En los pasillos de la Afip se comenta que es un técnico bastante corrido de la política.
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Otro tema.
Al empresario casi que se le atraganta la cena cuando vio en Telenoche a un ex reconocido ejecutivo de la malograda Vicentin protagonizando una conferencia de prensa en la que organizaciones pedían en Rosario donaciones para las víctimas de las inundaciones en el norte de la provincia.
Es que el caso Vicentin puede haber salido de la agenda mediática, pero los u$s 450 M que les quedó debiendo al campo por granos que recibió todavía no los pagó. Y por más que se haya pasado todo a pérdida, parce que la bronca sigue.
Y si bien es importante aclarar que ex ejecutivo que apareció en pantalla no está en nada implicado en las maniobras de estafa que le imputan los fiscales al directorio, al ser por años la cara visible en el mercado de granos parece que hay muchos que todavía no pueden digerir que tenga exposición pública.
El tema es que tras su salida en la tele empezaron a correr whatsapp con mensajes de productores, acopiadores y corredores indignados, y habida cuenta del paso del ex Vicentin por el Banco de Alimentos de Rosario (BAR), le hicieron saber a las autoridades de la entidad su malestar por el tema.
“En realidad no es una colecta de BAR . Estuvo coordinada por varias ONG, pero BAR no se sumó en esta oportunidad. Y la persona a la que hacen referencia las críticas de los socios no forma más parte de la comisión de BAR desde que presentó su renuncia. Yo también vi las imágenes y entiendo que se sumó a modo personal a la colecta, de la cual te reitero, BAR no formó parte. Entiendo la preocupación y por eso quiero destacar que no participamos de la acción, además el motivo de la colecta excede el área de BAR”, fue la respuesta que le dio a Rosario3, Jorge Massoud, presidente de la entidad.
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Vuelta de página. “Muy molesto”. Así dijo sentirse el presidente de la Delegación Rosario de la Cámara de la Construcción, Mariano Schor, con su par de la ciudad de Santa Fe, Verónica Eizmendi, quien salió a advertir a la prensa sobre la delicada situación en al que está la obra pública provincial, con casi todas las obras casi paralizadas y retrasos en los pagos, porque, entienden, están en medio de conversaciones entre las partes y hay voluntad de avanzar en un acuerdo.
“Estoy totalmente en desacuerdo con sus declaraciones, sobre todo porque 24hs antes tuvimos una reunión excelente con los ministros de Economía, Pablo Olivares, y de Obras Públicas, Lisandro Enrico, y en Rosario vemos al gobierno muy predispuesto en resolver este problema”, le escribió Schor al gobernador Maximiliano Pullaro.
No quedan claras las razones de los constructores de ciudad de Santa Fe para petardear las conversaciones, y no son pocos lo que no ven intencionalidad política y creen que se trató más que nada de un error de calculo.
Pero lo cierto es que en el mismo día en que se conocieron las declaraciones de Eizmendi el ministro Enrico tuvo que salir a informar que en el primer mes de gestión se habían saldado deudas por más de $ 11 mil millones, un retraso heredado de la gestión de Omar Perotti.
“Se transfirieron fondos a contratistas, municipios y comunas que en algunos casos presentaban atrasos de hasta un año y se completaron los pagos retrasados hasta octubre”, dijo.
Lo que podemos ahora aportar en esta columna es que la semana que viene el gobierno provincial le pagará a los contratistas de obra pública los certificados de trabajos realizados de noviembre, quedando así normalizada la situación, ya que se abonan a los 60 días de presentados.
Durante el último año de gestión de Omar Perotti (y en el marco de un fuerte ajuste de hecho en partidas que dejaron de recibir en toda las dependencias provinciales) se empezaron a acumular retrasos en pagos de certificados por más de 90 días (había casos de 120 días), demora que con alta inflación dejaba con alto estres financiero.
“Es un sacrificio de caja, pero el objetivo es que al menos la Provincia no sea un factor más entre los que le afectan el capital de trabajo a quienes son la capacidad productiva de obra pública”, le dijo el ministro de Economía, Pablo Olivares, a Rosario3, al anticiparle el anuncio.
“Hay que destacar que en un contexto económico tan adverso, en Santa Fe la obra pública provincial no está desatendida porque el gobierno provincial se está pagando las deudas que encontramos y se está negociando de cara a los que viene”, agregó el alto funcionario.
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En rigor, la situación de la obra pública provincial tiene dos problemáticas bien definidas.
Una, la contada recién, que es la deuda que dejó Perotti y que el que nuevo gobierno ya está a punto de solucionar. Y como en diciembre y enero el ritmo de certificados bajó, no le será difícil financieramente mantener en los próximos meses los pagos en tiempo y forma.
Pero el otro tema es la continuidad de las obras en marcha y el arranque de las nuevas, ya que por la disparada inflacionaria los presupuestos y los pagos quedan desactualizados.
Es por eso que están negociando cambios en las normativas que rigen la relación con los contratistas (algunos de la década del 70 y otras de la post-convertibilidad) en pos de morigerar la distorsión, que en la práctica casi que expone a las constructoras al riesgo de fundirse si trabajan.
En ese sentido, se está trabajando en una mayor rapidez y automaticidad en la redeterminación de valores, en aplicar el índice provisorio del Indec durante el mes de ejecución de la obra para que las constructoras dejen de absorber un mes de costos que con una inflación del 30% es imposible y el pago a 30 días de presentado los certificados, entre otros puntos.
Entonces, la renegociación de los contratos vigentes aparece como la única forma de sacar a las obras de la “ralentización” evitando la caída de los mismos. “Estamos trabajando en esa línea, pero el problema central es que la muy alta inflación excede todo lo que se pueda acompañar desde la normativa”; aclara Olivares.
Es por eso que si nos ponemos bien finos en el análisis, a las constructoras lo que más le conviene financieramente ahora es que el gobierno provincial les pague las deudas y luego les habilite para las obras 30/45 día para no tener que seguir tensando sus cuentas y para esperar a ver cómo se acomoda.
Técnicamente, se le dice “proceso de neutralidad de las obras”, esto quiere decir que se paren por un tiempo determinado para luego retomarse cuando todo esté solucionado, para evitar otra vez las moras o multas. Una idea que genera mucho ceño fruncido en el gobierno provincial que, justamente, lo que busca es que la construcción siga en actividad.
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Ocurre que la construcción en general, y la obra pública en particular, además de ser un gran tirón para la demanda de productos industriales es un factor clave para la contención social porque emplea mano de obra intensiva.
En ese marco, muy aliviado volvió el intendente Pablo Javkin de la reunión que mantuvo en Buenos Aires este miércoles con el secretario de Vivienda y Hábitat de Nación, Héctor Lostri.
Y es que Nación ratificó que siguen vigentes los contratos firmados (que no empezaron) y el financiamiento internacional comprometido para obras de urbanizaciones en barrios calientes de la ciudad, como Sorrento y Cullen, la Tablada, Banana.
“Auspicioso encuentro”, dijo el secretario de gobierno local, Sebastián Chale. Y no es para menos: obras claves para la ciudad parece que zafan de la "motosierra".
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Hablando de la Municipalidad, a un mes de la nueva gestión en la Secretaría de Salud hay satisfacción en cómo se están emprolijando y ordenando las cuentas en esa estratégica secretaría.
En línea con el período de “vacas flacas” que sufren todas las haciendas municipales, uno de los primeros cambios fue la centralización de las compras de insumos médicos, gasto que se fue por las nubes y que hasta ahora cada efector organizaba por su cuenta. Ahora, por el contrario, la planificación centralizada hizo más eficiente cada peso gastado.
Y ante tanto esfuerzo fiscal no podía provocarle más que indignación al intendente Pablo Javkin ver que su ex secretario de Salud, Leonardo Caruana, le votó en contra en el Concejo la los cambios propuestos en la ordenanza impositiva. Y se lo dijo.
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Tres meses sin servicio de limpieza por falta de pago.
En esas condiciones encontró, ya que hablamos más arriba de él, el ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, las oficinas del Ministerio. También las de la API.
Tres meses sin limpiar. No hay error de tipeo. Y es que a poco de asumir funciones y recorrer dependencias, las nuevas autoridades provinciales encontraron un panorama similar de desidia en todas las dependencias de la administración provincial que dejó el gobierno de Perotti.
Ante esta situación, el nuevo gobierno apuró pagos pendientes antes de fin de año. Y el tema es que al hacerlo, cuando las autoridades salientes esperaban que los nuevos funcionarios tarden más hasta acomodarse y las paguen recién este 2024, saldaron cuentas que había que saldarse en el 2023, y por eso cuando se terminen de contabilizar asomará que el déficit fiscal real fue mayor aún al esperado (y mucho más que el reconocido por Perotti y su pateo para adelante de pagos).
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Para cerrar el capítulo provincial, un dirigente radical veterano de varias batallas hacía este comentario luego de que el gremialismo (filo justicialista) de Amsafé, UPCN y ATE irrumpiera en una conferencia de prensa oficial en protesta por la no continuidad de contratos cerrados a las apuradas durante la salida de Perotti: "Lo que está detrás es el enojo por la intervención de la Caja de Seguro Mutual, un fuente de dinero que dejaron de manejar los dirigentes".
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Algo de la política y economía nacional. Paso inadvertido con todo lo central que se está discutiendo ahora en el Congreso, pero no fue un dato menor que la Unión Industrial Argentina (UIA) salga a bancar las reformas laborales de Javier Milei.
En efecto, la central fabril salió a anunciar que será “amicus curiae” en la causa judicial por la suspensión de las reformas presentada por la CGT y la CTA al entender que “la modernización de la legislación propuesta se adapta a las nuevas realidades de empleo”.
Como venimos sosteniendo en esta columna, aun con matices, los cambios en la normativa laboral es el único punto del “paquetazo” de medidas de Miley en el que hay total coincidencia entre los empresarios, ya sean chicos o grandes, exportadores o mercado internistas, industriales o de servicios.
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Los precios de las verduras cayeron 20%, pero igual las ventas no mejoran. Y pasa en muchos rubros, incluso los vinculados a la alimentación.
Por ejemplo, en concesionarias. Como vendieron tan poco y en los próximos días tienen que abonar a las terminales los autos adquiridos en diciembre, no son pocas las que van a salir con "promociones" y "oportunidades" para ver si llegan a cumplir con los pagos.
El tema es que la contracción de la economía ya se siente fuerte por la disparada de precios y los ajustes de gasto oficiales; sin contar con el temor por lo que se viene que comprime más el gasto de las familias. Por caso, en la Municipalidad no paran de ver con mucho espanto cómo cayeron las ventas (lo miden a través de la recaudación del DREI) en lo que va de enero, muy superior a las bajas estacionales por las vacaciones. Vienen tiempos difíciles.
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Una de negocios. Micropack no está en su mejor momento, pero no baja los brazos. Esta semana abrió un nuevo Micro Go, una apuesta por el formato "express o cercanía" todavía más publicitaria que redituable económicamente, en el Paseo del Puente, el nuevo shopping que la desarrolladora Pecam levanta en la ciudad de Baigorria, próximo al puente a Victoria.
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Bueno, vamos cerrando. Y, como nos gusta hacer en esta columna, resaltando dos insumos de primer nivel que tiene la región para enfrentar todos los desafíos económicos y sociales: los jóvenes y la ciencia. Y como siempre vaya que hay varias novedades:
Por un lado, ArcelorMittal Acindar lanzó su programa de jóvenes profesionales "Building the Future" con el objetivo de atraer y formar la próxima generación de líderes.
El programa invita a candidatos de todo el país, graduados o estudiantes a punto de finalizar sus estudios en diversas disciplinas, como Ingeniería Mecánica, Electrónica, Metalúrgica, Industrial, Marketing, Comercialización, Administración de Empresas, Ingeniería en Sistemas e Ingeniería Civil, entre otras.
El Programa Jóvenes Profesionales, "Building the Future" ofrece desafiantes oportunidades para trabajar en proyectos que incluyen la descarbonización de los procesos siderúrgicos, energías renovables y el desarrollo de productos innovadores y de valor agregado para clientes, en un entorno altamente profesional, diverso e inclusivo, brinda a los participantes un espacio para contribuir a la excelencia de la compañía.
ArcelorMittal Acindar encomendó al equipo de especialistas en reclutamiento y gestión del talento de Randstad Argentina la implementación del programa. Interesados pueden postularse ingresando a https://www.randstad.com.ar/arcelormittalacindar-jp/.
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Y la otra novedad que genera optimismo es que on una participación sin precedentes, la Bolsa de Comercio de Rosario cerró recientemente las inscripciones para la cuarta edición de Startup Network, una iniciativa que busca impulsar y colaborar con startups argentinas que tienen la ambición de llevar sus negocios al siguiente nivel.
En esta oportunidad, uno de los diferenciales fue la inclusión de la vertical Climatech, que es una fusión de tecnología y cambio climático, se centra en desarrollar soluciones tecnológicas para enfrentar los desafíos climáticos en la agricultura. Desde la predicción del clima y la gestión del agua hasta el reciclaje y la economía circular, esta nueva vertical promete revolucionar las prácticas agrícolas tradicionales.
El sector agrícola, vital para la economía global, enfrenta desafíos sin precedentes debido al cambio climático. Las tecnologías Climatech ofrecen una luz de esperanza, proporcionando herramientas para una agricultura más eficiente y sostenible. Las soluciones van desde sistemas avanzados de monitoreo climático hasta innovaciones en la captura y almacenamiento de carbono.
Durante las próximas semanas, la Bolsa realizará un análisis de las propuestas presentadas y un jurado de expertos seleccionará aquellas que pasarán a formar parte de la red coordinada por la entidad. Aquellas que la integren tendrán una serie de ventajas estratégicas, incluyendo acceso a eventos de alto impacto, conexiones con socios estratégicos, oportunidades para internacionalizar proyectos, y la posibilidad de presentar soluciones a inversores, socios estratégicos y usuarios.
Hasta el domingo próximo.
