El proyecto de ley de Emergencia Vial que el Senado provincial se dispone a aprobar suspende el "Compre Santafesino", que le permite a los constructores de la provincia ventajas en las licitaciones de obras públicas frente a empresas de otros distritos, y carga buena parte del financiamiento de las obras de mejoras en los productores rurales frentistas.
En líneas generales, la emergencia plantea que el gobierno provincial se encargue de las obras de construcción, ampliación y hasta mantenimiento de las rutas, financiándose por contribución de mejoras, atento a las restricciones presupuestarias.
Pero como además buscan bajar costos, comprende la suspensión por cuatro años del "Compre Santafesino". Este mecanismo dispone que un contrato de obra que se licita queda para una santafesina si ofrece hasta un 5% más de precio que una empresa de otra provincia que le compite. Y si la diferencia es hasta el 8%, se le permite a la provincial, mejorar la oferta, si así lo quiere.
A los constructores el tema les cayó mal, sobre todo por el precedente que significa en la suspensión de ese beneficio. Además, con la escasa obra pública que se registra en Nación y otras provincias, temen que haya mucho interés de empresas de otros distritos por las licitaciones santafesinas.
Y si bien la Cámara Argentina de la Construcción ya están planteando sus quejas, tampoco van a salir a responder duro porque saben que, por otro lado, la Provincia tiene activa al sector con un plan de obras importante y paga en tiempo y forma.
Por eso, la carta que saldrán este lunes o martes desde las Cámaras de la Construcción de Rosario y Santa Fe es que, al menos, se disponga para las obras nuevas que hasta una diferencia del 5% se le permita a la empresa santafesina mejorar la oferta.
Esta decisión no puede ser desligado de las últimas declaraciones del ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, quien se quejó de que en el pasado las empresas provinciales se repartían los distintos contratos de obras y por eso no había competencia.
Precisamente, Enrico es quien incentiva políticamente la declaración de la emergencia vial, que -todo indica- el Senado aprobaría en la próxima sesión. Y además todo parece encaminado para que Diputados también la apruebe.
El otro punto que despertó polémica es que el proyecto dispone que los frentistas paguen no solo, como hasta ahora, las obras de construcción de caminos, sino también las tareas de refacción. En concreto, se establece una contribución de mejora mínima del 10% del costo total de la obra, pero el aporte podrá llegar al 33% del valor real del valor real del inmueble beneficiado por la obra.
Eso sí, las autoridades se ofrecen a gestionar créditos para que los chacareros puedan pagar esa contribución.
“Es indignante. Más allá de lo que pagamos en Inmobiliario Rural, que en algunas categorías tuvo un aumento exponencial, de las tasas municipales por hectáreas que nos cobran y de todo lo que aportamos por retenciones, ahora la Provincia quiere que nosotros paguemos las obras de mejora”, se quejó indignada la titular de la Sociedad Rural de Rosario, Soledad Aramendi.
El proyecto establece que la falta de pago de una o más cuotas hará incurrir automáticamente en mora a los contribuyentes obligados sin necesidad de requerimiento o intimación previa. Y si se paga fuera de fecha de vencimiento, corren automáticamente los intereses y punitorios.
Por todo esto, Carsfé, la entidad que reúne a todos las confederaciones rurales de la provincia, salió a rechazar cualquier intento de aumento recaudatorio. "La entidad entiende que esta ley generará en la producción primaria la obligación de ponerse al hombro toda la infraestructura no realizada en la provincia durante los últimos 25 años. Por un lado, el gobierno nacional pide tener paciencia para la quita de impuestos, mientras que por el otro, como en este caso, los legisladores provinciales quieren sumar uno nuevo. Esto no hace más que asfixiar a un sector que no tiene más aire para soportar", señala.
