Los cerealistas Juan Carlos Guardati y Ángel Torti, titulares de la agrofinanciera en default GYT, quedarán en prisión preventiva por 90 días. Así lo definió esta tarde el juez penal Hernán Postma al término de una larga la audiencia en la los empresarios quedaron imputados por los fiscales por colusión en dos hechos en concurso real en grado de coautores a raíz de la compra de votos para su favor en la convocatoria de acreedores del grupo empresario.
"Hay reiterancia de hechos graves. Hay accionares delictivos que buscaron beneficio personal y obstaculizar a la justicia, causando daño material, perjuicios económicos y morales a las víctimas", dijo el magistrado al dictar la prisión preventiva a ambos cerealistas. El magistrado descartó la alternativa de arresto domiciliario por la gravedad de los hechos imputados, aunque pidió que médicos evalúen de inmediato la salud de los dos cerealistas, que tienen casi 80 años.
Torti y Guardati pasaron una noche tras las rejas luego de haber quedados detenidos el miércoles tras una serie de allanamientos ordenados por el Ministerio Público de la Acusación (MPA).
A la audiencia imputativa, realizada este mediodía en el Centro de Justicia Penal y presidida por el juez Hernán Postma, no asistieron querellantes, pero sí familiares de ambos empresarios.
Acompañado por el fiscal Miguel Moreno, a cargo de la unidad de Delitos Económicos, el fiscal Sebastián Narvaja inició la lectura de la imputación contra los cerealistas, que nunca quisieron tomar la palabra y siempre tuvieron un policía armado que los controlaba.
Primero relató el caso del empresario transportista Germán Delgado con quien GyT pactó la entrega de 65 mil dólares en cuatro cuotas (octubre y diciembre del 22 y junio y diciembre de 2023) a cambio de su voto favorable en el concurso de acreedores. Según contó el fiscal, el acuerdo se selló por escrito y fue uno de los documentos encontrados en los allanamientos del miércoles.
Delgado había denunciado que en GYT e le vaciaron el saldo de la cuenta que tenía abierta en esa agencia para operar con cauciones en el mercado de valores causándole un perjuicio patrimonial de 19 millones de pesos. Y sobre esa denuncia, Narvaja lo imputó la semana pasada por estafa. En rigor, se trató de una nueva imputación por estafa contra los directores, que ya fueron acusados por los fiscales de la Unidad de Delitos Económicos de realizar maniobras similares contra 42 pequeños ahorristas a los que también les manotearon los saldos líquidos de sus cuentas para operar en Bolsa ($1.189.138 pesos y $448.950 dólares) presuntamente para tapar el rojo en el que habían entrado sus negocios cerealistas.
Por ese caso, el juez Postma trabó el embargo de una propiedad personal de Juan Carlos Guardati. Pero además, el damnificado y los empresarios tejieron un acuerdo resarcitorio ante el incidente, posibilidad que habilita el proceso penal pero nunca tener como condición el voto favorable en un concurso. Y para el fiscal, ese acuerdo significó la compra del voto, algo penado por la ley.
Narvaja presentó durante la audiencia otro episodio similar. En este caso, el acuerdo fue con el acreedor Martín Fernández al que se comprometieron en pagarle 7.000 dólares si les votaba a favor del acuerdo. Y en este caso, el entendimiento también se dejó escrito y firmado por las partes. Un documento que también se encontró en los allanamientos del miércoles.
Con esas pruebas en las mano, además de imputarlos por colusión en dos hechos en concurso real en grado de coautores, Narvaja pidió 90 días de prisión preventiva para Guardati y Torti con el argumento de que, como imputados por otros delitos como estaban, se mantenían libre con la condición de no incurrir en un nuevo delito. "Para entorpecer a la justicia, a los señores Juan Carlos Guardati y Angel Torti les alcanza con tener una lapicera y los contactos adecuados. Por eso la única forma de evitarlo es un encierro preventivo", planteó el fiscal.
El interés de GyT por conseguir avales a su propuesta de pago concursal es mucho ya que la propuesta no logra sumar la mayoría de acreedores que exige la ley. El tema es que lo ocurrido con estos dos casos puede activar impugnaciones masivas al proceso concursal por las irregularidades cometidas para conseguir los votos favorables.
La defensa de Guardati Torti, en tanto, le pidió al juez que desestime la documentación probatoria, pero el magistrado dijo que la obtención de evidencia fue legal no haciendo lugar al planteo.
Es por eso que la estrategia fue mostrar la avanzada edad y el estado de salud de ambos empresarios, mostrando certificados médicos. Uno de los abogados de GyT, Claudio Puccinelli, incluso se quejó ante el juez por las condiciones de detención que tuvieron en estas horas sus defendidos: "Tienen casi 80 años y los dejaron alojados en un calabozo sin nada", dijo.
Finalmente, el abogado defensor ofreció elevar el monto de la caución económica, y "como última opción" propuso que Guardati y Torti queden en detención domiciliaria, pero con permisos para ir al médico.
GYT supo ser top del mercado granario argentino hasta que defaulteó en febrero de 2020 con un pasivo comercial que orilla los $3.000 millones de pesos sumando todas sus empresas, que están en concurso de acreedores desde mediados de 2020.
Ei impago de Vicentin en diciembre de 2019 activó su caída, pero el derrape venia desde hace tiempo a raíz de operaciones bursátiles que les salieron mal y le generaron un rojo que a duras penas podían tapar a fin de cada año con negocios cedidos desde Vicentin. Es que Torti fue un alto directivo de la Bolsa de Comercio de Rosario y hombre de confianza de Alberto Padoan.
