El gobierno nacional avanza a paso firme con su plan para desregularizar la economía y ahora se focalizó en la Hidrovía.
“Créase la Comisión de Armonización Normativa de Puertos y Vías Navegables con carácter ad hoc y cuyos integrantes actuarán ad honorem, la que funcionará en el ámbito de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, con el objeto de estudiar, elaborar y proponer modificaciones y/o nuevas reglamentaciones al decreto-ley 19492 del 14 de agosto de 1944 y a las leyes 20094, 27419 y a cualquier otra normativa que se considere necesaria para dar cumplimiento a lo establecido por el decreto de necesidad y urgencia 70 del 20 de diciembre de 2023”, se publicó este jueves en el Boletín Oficial.
La comisión, a la que serán invitados los distintos sectores privados involucrados, deberá elevar anualmente un informe para consideración de la Secretaría de Transporte y será presidida con carácter ad honorem al abogado Cristian Luis Rigueiro, quien determinará su organización y funcionamiento interno.
Si bien no se hizo mención qué tipo de normativa se busca remover, queda claro en los considerandos del decreto publicado este jueves que el gobierno busca adecuar y armonizar las reglamentaciones en materia de comercio y servicios a los estándares del resto de los países del Mercosur, por ejemplo de Paraguay que tiene muchas menos desregulaciones y requisitos para la actividad.
“El Estado Nacional promoverá y asegurará la vigencia efectiva, en todo el territorio nacional, de un sistema económico basado en decisiones libres, adoptadas en un ámbito de libre concurrencia, con respeto a la propiedad privada y a los principios constitucionales de libre circulación de bienes, servicios y trabajo” y que para cumplir ese fin, se dispondrá la más amplia desregulación del comercio, los servicios y la industria en todo el territorio nacional y quedarán sin efecto todas las restricciones a la oferta de bienes y servicios, así como toda exigencia normativa que distorsione los precios de mercado, impida la libre iniciativa privada o evite la interacción espontánea de la oferta y de la demanda”, señala el decreto.
El decreto de este jueves se fundamenta en el famoso DNU del gobierno y en la Ley Bases impulsados por el presidente Javier Milei para retirar al Estado de la economía. Y también va en línea con el objetivo de licitar a un operador privado la administración de la hidrovía, que está bajo control oficial desde el gobierno de Alberto Fernández.
“A través del decreto de necesidad y urgencia 70 del 20 de diciembre de 2023 se declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025. Que por el artículo 2° del mencionado decreto se establece que “El Estado Nacional promoverá y asegurará la vigencia efectiva, en todo el territorio nacional, de un sistema económico basado en decisiones libres, adoptadas en un ámbito de libre concurrencia, con respeto a la propiedad privada y a los principios constitucionales de libre circulación de bienes, servicios y trabajo” y que “[p]ara cumplir ese fin, se dispondrá la más amplia desregulación del comercio, los servicios y la industria en todo el territorio nacional y quedarán sin efecto todas las restricciones a la oferta de bienes y servicios, así como toda exigencia normativa que distorsione los precios de mercado, impida la libre iniciativa privada o evite la interacción espontánea de la oferta y de la demanda”, finaliza la normativa publicada este jueves.
Vía libre a la suba de tarifas
Sobre la marcha de la hidrovía, la Administración General de Puertos (AGP) publicó su informe de cierre sobre la "instancia de participación ciudadana" ante la propuesta de suba tarifaria del 60% en la tarifa del peaje.
"Carecen de fundamentos y análisis técnico", así calificó el organismo a todas las presentaciones de los usuarios de la hidrovia, desde la Bolsa de Comercio de Rosario a la Cámara de la Industria Aceitera, contra el aumento del peaje.
El "informe del cierre" repasa todas las presentaciones (también se pronunció la Cámara de Puertos, el Centro de Navegación, la UIA) y luego en sus conclusiones rechaza las argumentaciones si hacer referencias puntales a cada una sino englobándolas en dos líneas bajo el mote de que "carecen de fundamento".
Terminada la instancia de "participación ciudadana", se viene suba tarifaria, que le permitirá a la AGP equilibrar sus cuentas y a la dragadora contratada (la belga Jan de Nul) cobrar los u$s85 millones que les deben por sus servicios prestados.
