El servicio de provisión de agua potable en Santa Fe está gestionado por el Estado provincial, 128 cooperativas, 205 comunas y 18 municipios, pero las normas que regulan el funcionamiento fueron diseñadas para un sistema manejado por operadores privados. Toda una contradicción de base que, de maneras más directas o indirectas, impacta negativamente en la prestación del servicio.
Así, por ejemplo, los regímenes tarifarios están orientados a concesionarios que persiguen un objetivo económico directo (basado en el costo del metro cúbico versus precio de venta de metro cúbico) cuando la gestión del ámbito público se rige con otros parámetros como garantizar el acceso al servicio básico de agua potable en toda la provincia.
Un ejemplo: Aguas Santafesinas (Assa) no está obligada por norma a prestar servicios en áreas no servidas si no le es rentable. Otro ejemplo: si fuera una sociedad del Estado tendría menos costos impositivos que los que afronta siendo una sociedad anónima.
Y esa contradicción de tener operadores públicos trabajando bajo normas corporativas suma dificultades al objetivo de extender el servicio en toda la provincia, más allá de la escasez de presupuestos y déficits de planteamiento sobre los que siempre cabalga el país. Y sólo en Rosario hay unas 40 mil familias que no están conectadas a la red de agua potable, con todos los problemas a la salud que eso conlleva.
Provisorio, permanente
¿Por qué ocurre eso? La ley 11.220 sancionada en 1994 fue la que impulsó la privatización de la Dipos, que un año después terminó en manos del grupo francés Suez que fundó la sociedad anónima Aguas Provinciales de Santa Fe Sociedad Anónima. Pero lo más importante es que esa ley estableció el marco regulatorio del servicio acorde a las tendencias económicas de la época.
Como es sabido, luego de sucesivos incumplimientos contractuales, en 2006 el gobierno provincial le quitó la concesión a Aguas Provinciales y constituyó Aguas Santafesinas Sociedad Anónima, una sociedad anónima controlada por el Estado, para que lleve adelante la operación de los servicios sanitarios.
Pero el proceso de provincialización que acompañó la tendencia política post-convertibilidad se realizó sin tener un correlato en la legislación que le otorgue un sostén jurídico adecuado al servicio sanitario acorde a los nuevos rumbos.
En efecto, por Decreto (número 1358/07), el Poder Ejecutivo aprobó un “Régimen Transitorio y el Modelo de Contrato d. Vinculación” con el nuevo prestador concesionario (Assa) que reproducía el contenido y el espíritu de la ley que le otorgo el carácter temporal de la norma, estableciendo como fecha límite de su vigencia el 31 de diciembre de 2008. Pero como se trata de un país en lo que lo provisorio se torna fácilmente en permanente, ese mismo régimen transitorio (con sucesivas prórrogas) sigue vigente.
Argentina parece ser un país ordenado por normas provisorias, medidas cautelares y prisiones preventivas, pero con muy pocas resoluciones de fondos. Y el caso de la prestación de servicios sanitarios en Santa Fe no escapa a esa generalidad.
Durante los doce años en los que gobernó la provincia, el socialismo no cambió el régimen. En marzo del año pasado, el Ministerio de Infraestructura de Santa Fe armó una comisión especial de “Estudio para Reforma Estructural del Marco Regulatorio de los Servicios Sanitarios de la Provincia”.
Formada por funcionarios de esa cartera, de Assa, Enress y el Ministerio de Producción, se propuso elaborar en 180 días un anteproyecto de modelo de prestación definitivo compatible con la nueva situación estructural y socio económica del servicio.
Pero también se propuso una estructura legal definitiva de Assa, que ademá. contemple su función como operador del Sistema Provincial de Acueductos, y también realizar un estudio pormenorizado de la régimen tarifario del servicio que garantice sustentabilidad económico-financiera y en caso de ser necesarios formule cambios estructurales en el mismo, confeccionando un proyecto de nuevo régimen que garantice equidad y progresividad y la incorporación del sistema de Tarifa Social.
Y el tema tarifario no es menor. Es que el sistema armado en los 90, que asemejaba al agua a un bien de consumo, no dispone no sólo que no haya tarifas sociales sino que tampoco haza zonificación, y por ende una cierta progresividad en la tarifa entre zonas mejor o peor servidas.
Ahora bien: ¿Qué conclusión arrojó la comisión tras los 180 días previstos? “Hubo reuniones, pero se postergó el funcionamiento por las urgencias presentadas (como la bajante del río) que obligaron a concentrar la atención y poner la gente en eso. Pero se va a retomar en breve el tema”, le dijo a Rosario3 la ministra de Infraestructura, Silvina Frana.
Tarifas y Subsidios
Como las urgencias del bolsillo priman, la audiencia pública de Assa, realizada esta semana se centró en el aumento de la tarifa para este año. Pero también sirvió para exponer desafíos estructurales a enfrentar para mejorar la calidad del servicio, como el de la necesidad de un cambio de marco normativo. Pero hay muchos otros:
Desde 2007 hasta el 2019, el Tesoro provincial subsidia (promedio) el 20/25% del valor de la tarifa de Assa. Pero al congelarse la tarifa en 2020 para ayudar a las familias en plena cuarentena estricta, mientras que los costos siguieron subiendo fuerte, este año la Provincia pagó el 47% del costo y si no se aplica el aumento previsto para este año, el Tesoro provincial llegaría al 69%.
Pero, contra lo que sostiene, no se subsidia a la empresa sino al cliente. Y ahí se abre otro debate. Resulta que, según los números oficiales, la Provincia brinda a través de Assa agua a potable al 63% de los habitantes de la provincia. En tanto, cooperativas, municipios y comunas prestan el servicio al 37% de la población, quedando un 2.4% de la población sin cobertura. Que sólo el 63% de la población sea atendida por Assa supone que el dinero de todos los contribuyentes de la provincia subsidian a los clientes de la empresa. Y si de inequidad se trata, en los grandes aglomerados metropolitanos (como Rosario y Santa Fe), ¿los usuarios con capacidad de contribución no deberían dejar de ser subsidiados para direccionar esos fondos a sectores con menos poder adquisitivo o para que los costos de operatoria no necesite el aporte estatal pudiendo así direccionar esos recursos a la expansión del servicio?
Precisamente, el tema que adquiere relevancia es la necesidad de que la tarifa cubra el 100% de los costos de operatoria y mantenimiento (de por sí ya un tema urgente porque las cañerías tienen más de 50 años de antigüedad y están prestas a su obsolescencia), más allá de la ampliación de redes que –por los montos involucrados- supone el crédito internacional y los aportes de Nación y Provincia.
Trapitos al sol
En ese sentido, e el libro Pensar Futuro-Capítulo Santa Fe, elaborado por la Cámara de la Construcción de Rosario, se destaca la necesidad de hacer sostenible a la empresa para que deje depender de los aportes del Estado, que podría así destinar más fondos a obras pero también para que la firme mejore su eficiencia. “Al cubrir el Estado el déficit, no se fomenta la eficiencia en las operaciones de Assa que afectan el servicio, y así continúan conviviendo sistema con medición del consumo y sin medición del consumo que son ineficientes, y esos mayores costos los termina pagando el usuario, sea por tarifa o por sufrir la consecuencia de la falla por falta de mantenimiento”, sostienen los constructores.
“Las grandes ciudades de la Provincia no tienen un sistema de provisión de agua sectorizada, cuenta con una macro medición insuficiente y un bajo porcentaje de micro medición, lo que genera una falta de información y datos para detección de fugas de agua potable en la vía pública, pérdidas internas de grandes consumidores y viviendas particulares, encareciendo así el mantenimiento. Y una variable a considerar en la ecuación del financiamiento del mantenimiento es que el consumo que se registra en localidades con micro medición (por consumo) registran una media mensual de entre 150 y 200 litros por habitantes, mientras que Rosario (con mayoría de clientes que pagan por dimensión de la propiedad) se promedia los 500 litros de consumo por habitante”, señala la Cámara de la Construcción.
Hablar de la eficiencia de la empresa supone también incursionar por el mundo de sus costos. Claramente, la inflación y la suba del dólar (con muchos insumos dolarizados) explican la suba de costos y la necesidad de aumentar la tarifa. ¿Pero sólo de eso se trata?
Según la evolución de gastos operativos de 2021 con proyección al 2022 que presentó Assa en la audiencia, los costos que más aumentarán este año frente el pasado son:
Insumos: +132%
Honorarios y Retribuciones por servicios: +115%
Alquileres: +87%
Sueldos y Cargas sociales: +79%
Energía: +77%
Vale aclarar que la suba de costos, además del impacto de la inflación y la devaluación, obedece a los incrementos en unidades de producción, con la habilitación de nuevos servicios, y de las inversiones destinadas a mantener o mejorar la calidad de sus servicios. Pero no se puede soslayar que tanto alquileres, pero sobre todo el rubro honorarios (el segundo que más subirá) y sueldos y cargas sociales (que es el que más presupuesto insume), son gastos en pesos.
Para tener una idea, en 2021, en lo que más gastó Assa fue en sueldos y cargas sociales (cuatro mil millones) y en lo segundo que más gastó fue Energía (mil millones), lo que muestra el peso del costo laboral en la estructura de gastos, con impacto en la tarifa a pagar por los usuarios.
Si bien el peso gremial en la conducción en Assa no es tan influente como el de Luz y Fuerza en la EPE, hacer más eficiente la estructura de personal es uno de los puntos estructurales que los gobiernos prefieren esconder bajo la alfombra.
El round por las inversiones
Durante la audiencia de Aguas, la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor mostró que pese a que el Tesoro provincial subió el porcentaje de financiamiento en la tarifa y pese a que nominalmente cada año se invierten más pesos en obras para el servicio, el porcentaje de inversión dentro del Presupuesto provincial se va reduciendo desde 2018.
Por su parte, la diputada santafesina, Clara García, aprovechó para criticar la “ausencia de federalismo” al comparar los recursos que presupuesto nacional otorga a ASSA y a AySA, empresa que atiende a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a 26 localidades del conurbano bonaerense.
“En noviembre el presupuesto nacional tuvo un ajuste que implicó 64.000 millones de pesos adicionales para AySA en concepto de obras y equipamiento. Para 2022, tiene asignado otros 133.000 millones, una cifra cercana a la deuda que tiene el gobierno nacional con la provincia de Santa Fe. Es decir que en solo un año AySA se lleva un monto que podría ser la deuda de coparticipación de los santafesinos y santafesinas”, criticó.
Pero el director de relaciones institucionales de Assa, Guillermo Lanfranco, puso otra visión sobre la mesa en materia de inversiones. Recordó que hasta 2020 no había inversión del Estado Nacional en servicios de agua potable y saneamiento, mientras que desde ese año, con los cambios de gobierno nacional y provincial, empezó a ejecutarse un plan de desembolsos por 15 mil millones de pesos en 56 obras enteramente financiadas por el gobierno federal, como la ampliación de la planta de Baigorria, que duplicará capacidad de procesamiento.
“La totalidad de las inversiones que realiza Aguas, tanto operativas como de infraestructura, son con recursos de los gobiernos provincial y nacional, y en particular las grandes obras en curso en la mayoría de las ciudades son el resultado del acuerdo alcanzado en 2020 entre el gobernador Omar Perotti y el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, para lograr el financiamiento de parte del Estado nacional”, resaltó el directivo.
Y sobre la inversión provincial destacó que estuvo muy activa y le puso números: 500 millones de pesos. “La bajante obligó a Assa a atender con inversiones y gastos de emergencia conjuntamente con el Estado Provincial, consiguiendo resultados satisfactorios en materia de producción, calidad y abastecimiento del servicio público esencial de agua potable y cloacas”, enumeró Lanfranco.
Finalmente, en todo el mundo el ciclo virtuoso de la administración de servicios sanitarios requiere solventar al mismo tiempo y en paralelo las inversiones en expansión del servicio y mantenimiento programado. Las turbulencias económicas que azotan al país hacen imprescindible agilizar el proceso para que Assa gane eficiencia normativa y operativa para cubrir los costos vía tarifas y el Estado pueda así concentrar todo los recursos fiscales en las obras de ampliación de la red.
