El inminente aumento de las retenciones al agro no tiene raíz en la lucha contra la inflación, que sigue desbocada. “Defender la mesa de los argentinos”, como decía un difundido eslogan del gobierno de Cristina Fernández, es un objetivo secundario, por más que a partir de ahora la batalla que se viene con el campo transcurra por esa línea argumental.
No en vano el aumento de retenciones que se viene sería para las exportaciones de aceite y harina de soja, productos que no tienen impacto decisivo en los precios de los alimentos, como sí lo tienen el maíz y el trigo, pero se tratan del principal producto de exportación de la Argentina. Por el contrario, la razón primaria hay que buscarla por el lado fiscal y la necesidad de aumentar la recaudación para poder hacer frente a las importaciones de gas, cuya cotización se disparó a partir de la guerra en Ucrania, sin incumplir las metas de emisión comprometidas con el FMI. Y es que el riesgo de que falte gas en los domicilios y en las industrias es real.
Esa es la lectura que están haciendo por estas horas en las grandes exportadoras de granos y aceites luego de que este domingo por la tarde el gobierno anunciara que por la tarde el gobierno nacional informó que cerró "hasta nuevo aviso" las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior" de aceite y harina de soja. El cierre del registro es el preludio al aumento de retenciones ya que así se evita que los exportadores se apuren a anotar ventas al exterior que luego se despacharían pero pagando menos impuestos por inscribirse antes de que se concrete la suba.
De Rusia, sin amor
“El aumento del GNL pone en riesgo el cumplimiento de la pauta fiscal con el Fondo”, dijo el martes el ex viceministro de Economía de la Nación Emanuel Álvarez Agis en una concurrida disertación durante Expoagro. Afuera de la carpa sin aire acondicionado en la que se hacía la charla, los chacareros mostraban una importante avidez de inversión y compra (impulsada por la suba de precios de los granos y las tasas promocionales en pesos que ofrecían los bancos), mientras que a la dirigencia agropecuaria ya le llegaban versiones sobre el aumento de las retenciones. Incluso, hubo comunicados abriendo el paraguas anticipando críticas y rechazos, como el del Consejo Agroindustrial o el de la Mesa de Enlace.
El año pasado se importó Gas Natural Licuado (GNL) de 56 buques por los que el país pagó u$s1.096 millones, a razón de u$s8,33 el millón de BTU. A partir de la reactivación económica, este año serán necesarios 69 buques. Pero la guerra en Ucrania disparó los precios a u$s23, u$s45, u$s60 y hasta llegó a tocar los u$s100. Y si bien la mayoría de los analistas consideran muy exagerado ese valor y estiman que bajará considerablemente, pero incluso si lo hiciera a u$s40, el país requeriría u$s6.500 millones para costearlo, cuando las reservas de libre disponibilidad son u$s7.600 millones.
Ahí está el centro del problema. Pero no es el único problema. Bolivia, que el año pasado aportó 14 millones de metros cúbicos diarios (MMm3/d) a u$s7,4 por millón de BTU, este año posiblemente brinde una cantidad bastante inferior (por su menor producción y el incremento de la demanda brasileña, cuyas centrales hidroeléctricas están al mínimo por la prolongada sequía) a un precio substancialmente mayor.
En ese marco de necesidades fiscales se inscribe otra de las versiones que circulan de manera insistente desde la semana pasada. ¿Cuál es? Tras el aumento de las retenciones, abrir los registros de exportaciones para el trigo 2022 (que llega a fin de año) y del maíz y la soja 2022/2023 para adelantar el cobro de retenciones de granos que ni siquiera se están sembrando. Hacer eso dejaría casi vacía la caja para el año que viene, pero eso es pensar en el muy largo plazo y un problema para el gobierno que viene.
Es definitiva, como las dificultades para el abastecimiento del gas (y su encarecimiento) pone en riesgo la recuperación industrial de la Argentina y, sobre todo, podría generar un revuelo entre los contribuyentes, es que el gobierno mete mano a las retenciones. “El gobierno solo tiene la necesidad de buscar un culpable, ante la falta de voluntad política de ajuste del gasto público”, dice un comunicado de la Sociedad Rural de Rosario, difundido el domingo por la noche, en la que recomienda otro camino para conseguir los pesos: ajustar el gasto.
Desperdiciando oportunidades
Tras cerrar los registros, ahora se espera el anuncio oficial con las precisiones de la suba. Como no se cerraron las habilitaciones para exportar poroto de soja, la versión es que se subirían las retenciones sólo al aceite y la harina de soja, los dos productos que Argentina más exporta. Esa suba podría eliminar el diferencial arancelario en favor del producto industrializado sobre la materia prima que rige en la actualidad y que se trata de una política en defensa del valor agregado, uno de los eslóganes preferido del gobierno nacional.
Esa es la razón por la que la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara) fue la primera en salir a fustigar la decisión advirtiendo que recurrirá a la Justicia para frenarla. Y argumentos tiene como la falta de aprobación del Presupuesto 2022, que deja en endeblez jurídica todo el sistema de cobro de derechos de exportación.
Para los aceiteros la suba de las retenciones le quita incentivo a las exportaciones de valor agregado y es un incentivo para la primarización de la economía, lo que justo el gobierno dice querer combatir. Además, ese diferencial se suele usar para compensar los mayores impuestos que los países compradores le ponen a sus importaciones de aceite y harina frente a la de granos para defender sus propias industrias nacionales.
Pero además la consideran totalmente inoportuna porque llega en un momento en el que por la salida de Rusia y Ucrania del mercado global –importantes abastecedores mundiales de aceites- llueven los pedidos de todos los países por exportaciones argentinas. Los llamados de compradores interesados que nunca se habían ni acercado a la Argentina ahora se acumulan. Así que el cierre de despachos y la suba de retenciones parece otro de los tiros al pie que la Argentina se suele tirar con puntería y precisión.
Si bien el poroto no se tocaría, el campo también se prepara para el combate. Es que teme que los exportadores le pasen a ellos el costo (bajando el precio de compra de la soja) pero sobre todo hay una oposición conceptual contra las retenciones y las regulaciones. Y además le enfurece el permanente cambio de reglas de juego. Y es que en abril empieza a llegar la cosecha gruesa, hay poco vendido con anticipación, y reina la incertidumbre de lo que pueda ocurrir con los precios.
Al menos hasta este domingo por la noche en el mercado nocturno de Chicago, referencia mundial de los granos, no había movimientos en las cotizaciones. Pero así como la indignación ruralista gana espacio en las redes sociales, los chacareros tienen un ojo puesto en el mercado y otro en la calculadora viendo cómo les podría impactar el aumento impositivo.
Es improbable saber cómo seguirá el conflicto. Dependerá de la profundidad de la avanzada del gobierno, de la intromisión de los sectores políticos opositores para hacer su juego, del fuego que los medios porteños le pongan al conflicto y de cómo la dirigencia ruralista pueda contener a los encolerizados autoconovocados siempre dispuestos a redoblar la apuesta. Se vienen días calientes. Y eso que ya no hay seca.
