Municipios del frente portuario del Gran Rosario se pintan la cara en defensa de la tasa que le cobran a camiones que ingresan a los puertos cerealeros ante la iniciativa del gobierno provincial de que esa millonaria recaudación, de unos 25 mil millones de pesos al año, vaya a un fideicomiso que tenga como destino el financiamiento efectivo de los accesos viales, que hoy están en muy mal estado, y no se destinen a gastos generales de las comunas, como ocurre en la actualidad.
“La tasa es de todos y para todos”, dice la convocatoria a una asamblea pública este sábado a las 11 frente al Palacio de Timbúes. “La tasa comunal que pagan los camiones que ingresan es y será de Timbúes. Camino, salud, seguridad y obras se realizan con partes de esos recursos. Defendamos lo que por derecho nos corresponde, son dineros públicos que administran los gobiernos de turno en favor de toda la comunidad”, agrega el flyer de la convocatoria.
Por su parte, el intendente de Puerto General San Martín, Carlos De Grandis, redobló la intensidad de sus declaraciones, y eso que ya venía siendo muy duro contra el gobierno provincial. “Me van a tener que sacar muerto de abajo de un camión. Nos van a tener que expropiar 47 kilómetros de camino, cuando en el pasado nos tuvieron que dar a nosotros los caminos porque no eran capaz de arreglarlos. La tasa es una recaudación que va a rentas generales. No se trata solo de arreglar caminos”, disparó en declaraciones a la prensa.
De Grandis aprovechó de ir por más y para calificar de “payasos” a los directivos de la Federación de Acopiadores, que le enviaron semanas atrás cartas documentos a todos los municipios con frente portuario instándolos a dejar de cobrar la tasa.
Pero pese a la reacción, el gobierno provincial tiene tomada la decisión de sancionar una ley provincial para quitarle la jurisdicción de esos caminos a las comunas, y al juntarlos con las rutas nacionales que el gobierno prometió ceder en los tramos locales, armar un sistema único de administración de todo el complejo haciendo obras y cobrando un peaje.
Precisamente, ayer en Totoras, el gobernador Maximiliano Pullaro, agregó que en el ente que coordinará el sistema de accesos viales interportuarios, los municipios y comunas tendrán un lugar. Y agregó: "No es que las ciudades y comunas quedarán sin obras. Se les asegura con este sistema que las obras se realizarán, no como ocurre ahora en varias localidades, no todas".
Internas
Si bien todos los municipios se plantan contra la avanzada provincial, también hay pases de facturas hacia adentro del bloque. Y los tiros por elevación son contra la comuna de Timbués, que es la que por lejos tiene en peor estado los accesos.
La responsabilidad no se la cargan a la actual gestión de Antonio Fiorenza, que desde que llegó está mejorando y emprolijando la situación, sino con las administraciones anteriores, sobre todo la de Amaro González, que recibieron fortunas (⅓ de todos los camiones que llegan al complejo van a esa localidad) y no tiene asfaltado con pavimento definitivo un camino de ingreso a puertos.
Precisamente, la asamblea pública en Timbúes está fogoneada por allegados al ex jefe comunal, señalado en off hasta por sus pares sobre el principal promotor de la avanzada provincial ante la escasa inversión en obras en los accesos, por lo que las actuales autoridades, que en el arranque se iban a sumar, ahora quieren tomar distancia.
Con todo, los municipios en sus defensas confiesan que la tasa la utilizan para otros fines distintos para la que fueron creada, y eso es una irregularidad, ya que las comunas no pueden establecer impuestos, sino tasas por servicios. No en vano, en medio de la crisis que supone la baja recaudación, mezclada con inflación, baja del consumo y pérdida del poder adquisitivo, Puerto San Martín abonó completo en mayo todo el acuerdo paritario municipal adelantando la suba de junio. ¿De dónde sale ese dinero? Y es que el problema no está en el dinero que sí va a obras, sino en la caja que tiene otros fines.
El problema es que así como el dinero se usa para otros fines, y hubo comunas como Timbúes que -en la administración de González sumó grandes cantidades de empleados públicos- los municipios también tienen una carta fuerte contra la Provincia: deben afrontar múltiples gastos en salud y seguridad que son de competencia provincial. Pero ese es un argumento político y no un argumento válido para sostener el cobro de una tasa que se estableció para otros fines.
A todo esto, un tema que registra el gobierno provincial en las visitas que hace en las localidades y les genera cierta molestia es el descalce entre las críticas que escucha de los productores, transportadores y acopiadores de a pie, que deben pagar a razón de $11 mil por camión, y la falta de pronunciamiento y apoyo al intento de solucionar de raíz el problema que ensaya la Casa Gris por parte de las entidades como la Mesa de Enlace, transportistas y acopiadores locales, salvo honrosas excepciones como la Sociedad Rural de Rosario.
