La caída del proceso de licitación de la hidrovía sigue generando repercusiones, y ahora el tema llegó al Senado nacional con legisladores que quieren precisiones sobre las reales razones del fracaso del llamado a concesión.
Y es que el gobierno nacional denunció que hubo un boicot, que atribuyó a la dragadora belga Dredging, que embarró la cancha para ahuyentar competidores y presentarse sola en la compulsa, cosa que finalmente sucedió.
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“¿Sobre qué evidencia concreta y verificable el Poder Ejecutivo fundamenta su afirmación de que hubo presiones externas para modificar los estándares técnicos del pliego, tal como lo manifestaron diferentes funcionarios? ¿Se ha identificado a los responsables de tales presiones y se ha promovido alguna acción legal en su contra?”, se pregunta el senador nacional por Santa Fe, Marcelo Lewandowski, autor del proyecto de comunicación que presentó ayer en la Cámara alta.
“¿Sobre qué elementos objetivos y verificables se basa la acusación de que existió una presunta "asociación ilícita" para frustrar la licitación, como también han declarado funcionarios del Poder Ejecutivo? ¿Se han presentado denuncias penales con pruebas concretas o se trata solo de una presunción sin respaldo fáctico?”, insiste el texto del senador.
No es un tema menor al que apunta el legislador. Es que, más allá de las acusaciones que puede haber vertido en la prensa el vocero presidencial, Manuel Adorni, son hechos que deben probarse en el expediente y ser lo suficientemente contundentes para anular una licitación en la que se presentó una oferta. Y es que no se puede tomar a la ligera que se haya dado de baja una licitación en la que se presentó una propuesta que el gobierno se negó a abrir.
“¿Cuál es la base legal y normativa específica en la que el Gobierno Nacional sustenta su decisión de «anular» el proceso, como se anunció recientemente en los medios de comunicación? ¿Se dictó algún acto administrativo formal que establezca dicha anulación?”, se pregunta Lewandowski.
El proyecto de comunicación también interroga al Poder Ejecutivo en un tema que está en el terreno de la controversia: “¿Quiénes fueron los funcionarios responsables de la redacción del pliego y de la supervisión del proceso licitatorio? ¿Se ha iniciado alguna auditoría o sumario administrativo para determinar si hubo irregularidades en su accionar?”.
La pregunta viene a cuento de que hay una versión muy firme que los pliegos estuvieron redactados para hacer caer el proceso beneficiando a las estructuras políticas, gremiales y empresarias que se benefician con la demora del pase a manos privadas de la operatoria de la hidrovía.
“¿Se han considerado sanciones, remociones o acciones legales contra los funcionarios responsables?”, se pregunta, en otro párrafo, Lewandowski, en un claro tiro por elevación a los funcionarios nacionales que condujeron el malogrado proceso y que no hicieron autocrítica alguna. Y todas las miradas apuntan a Iñaky Arreseygor, el titular de la Agencia Nacional de Puertos.
Precisamente, en otro capítulo político de la hidrovía, se anunció para esta tarde la presencia de Arreseygor en la Cámara de Diputados para exponer sobre el tema.
En su proyecto, el senador también quiere saber cómo sigue todo ya que, sin demasiadas precisiones, el gobierno anunció que en breve hará un nuevo llamado a licitación, pero no pareció demasiado propenso a realizar cambios en los pliegos, pese a que muchas de sus condiciones (por ejemplo tarifas de referencia altas) fueron cuestionadas por usuarios y oferentes. “¿Qué medidas planea el Poder Ejecutivo para evitar que el próximo proceso licitatorio presente las mismas irregularidades y fallas?, interroga.
Finalmente, el senador también pide al gobierno que se pronuncie sobre un tema fundamental que aparece tapado en el debate público pero cuya no resolución en los pliegos anteriores dejaba la puerta abierta para la judicialización: la cuestión del medio ambiente.
¿El dictamen de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) del 11 de febrero de 2025 evidenció la falta de evaluación de impacto ambiental previa al llamado a licitación, requisito establecido por la Ley General del Ambiente 26.675. Teniendo en cuenta lo anterior, se solicita informe si el Poder Ejecutivo tiene previsto, de modo previo a la nueva licitación, requerir una evaluación de impacto ambiental”, concluye.
Gestiones de Santa Fe
En tanto, el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, tiene previsto reunirse este jueves con Arreseygor.
El funcionario provincial llevará el planteo que definieron las semana pasada los gobiernos de la región centro (con apoyo de Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones ) de que el gobierno nacional tenga en cuenta los planteos federales a la hora de confeccionar los términos y condiciones de la licitación de la hidrovía, cosa que no aparecía en el fallido proceso.
En la misiva que Puccini le entregará formalmente, firmada por los ministros de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, y el Foro de Entidades Empresarias, se solicita la incorporación de la Región Centro al proceso de análisis y discusión de los nuevos términos de la licitación.
Además, se expresó la necesidad de que los sectores público y privado de la región sean convocados a las mesas de trabajo que se organicen para definir los lineamientos de la nueva licitación.
“La logística y la infraestructura son claves para el crecimiento productivo. No podemos quedar al margen de un proceso que impactará directamente en la competitividad exportadora de nuestras economías regionales”, manifestaron los firmantes en el documento enviado a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación.
