El gobierno nacional analiza aumentar en dos pies la profundidad del dragado de la hidrovía llevándolo a 36 desde Puerto General San Martín hasta el río De la Plata mientras en paralelo avanza con la preparación del llamado a licitación en busca de un nuevo operador privado.
Así se lo dejaron trascender desde la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de la Nación a representantes de los usuarios de la vía navegable, como agroexportadores y navieras. La misma información llegó a oídos de la dragadora contratada para el mantenimiento de la vía navegable, la belga Jan de Nul.
La suba del dragado, que hoy está asegurado en 34 pies, es junto con otras obras menores en estudio que mejorarán la navegación, parte de los alicientes que el gobierno quiere poner sobre la mesa en la misma audiencia pública que realizará el mes que viene para presentar una suba de tarifas con la que busca reducir el rojo del organismo estatal de 94 millones de dólares que administra el sistema troncal de navegación, que es la Administración General de Puertos (AGP).
El gobierno propone aumentar el peaje de la Hidrovía en 0,48 dólar por tonelada de registro neto para “aplicar al monto estimado de deudas y previsiones pendientes de pago” con la dragadora belga Jan deNul. Y también quiere sumar otros 0,76 u$s/tonelada “para equilibrar la ecuación económica financiera en función del cuadro de resultado proyectado en el marco de la planificación de los trabajos”. Además, dispone un adicional de 0,68 u$s/tonelada para solventar “trabajos de mejoras propuesto", ítem en el que entra las mejoras en profundización, y por el que piensan recolectar u$s 47 millones por año..
Según se dispuso, la suba final, que sería de 1,92 u$s/tonelada, dejaría al peaje en de 4,98 u$s/tonelada y sería por tres años, aunque podría reducirse -anticipa el gobierno. a 1,42 u$s/tonelada “si se lograra resolver el problema tributario que impacta negativamente en los costos", en referencia al costo extra en IVA que debe afrontar por desprolijidades administrativas del gobierno anterior al traspasar de la hidrovía a la AGP.
Los usuarios rechazan la suba del peaje porque, a diferencia de lo que ocurre con el resto de las tarifas de servicios públicos, no tiene subsidio y el aumento es para reducir el rojo del organismo estatal que administra la hidrovía, y proponen que, como pasó con las energéticas, el Estado pague a sus proveedores privados (como la dragadora) con un bono.
El camino normativo para el aumento del dragado a 36 pies está allanado desde la extensión de contrato firmada durante el gobierno de Cristina Fernández, ya que en esa oportunidad se dispuso la posibilidad de llegar a los 36 pies, algo que nunca se aplicó en ese tramo.
Según la lectura del gobierno, la mayor profundidad (si la altura del río lo permite) permitirá que los barcos salgan más cargados y así el flete se reduzca por lo que el impacto de la suba de tarifas sería menor. No obstante, los usuarios de la hidrovía al tanto de la movida ya le avisaron al gobierno que la medida podría no tener ese efecto práctico si antes no se deroga una normativa de Prefectura, que data de 2008, que establece que ante un dragado de 36 pies se deben mantener, para seguridad, una profundidad extra debajo de la quilla de la embarcación, que para cumplirla reducirá la cantidad extra de carga que se podría colocar en un barco.
La decisión de aumentar dos pies el dragado supone también tomar decisiones técnicas. Por ejemplo, se debería resolver las áreas de "sobrepaso" y fondeaderos porque con 36 pies se iguala las profundidades de la traza y las radas. Además, se debería resolver la cuestión de los pozos de hasta 18 metros entre el KM 30 y 36 del Canal Mitre, donde además es más ancho que el mismo ancho de solera de la obra.
Ordenando cuentas
En ese contexto, la Administración General de Puertos (AGP) -el organismo estatal que conduce el sistema troncal de navegación tras el vencimiento de la concesión privada- busca llegar a la audiencia pública con una clara reducción del rojo que heredó, sobre todo con una baja en la deuda (de unos 80 millones de dólares) con Jan de Nul, que confirman que gradualmente el Estado empezó a achicar el pasivo por servicios no pagados en los últimos tres meses del gobierno anterior.
En los usuarios privados, la suba de tarifas del peaje de la hidrovía que impulsa el gobierno cayó muy mal, sobre todo porque se trata de una forma de compensar el rojo de las cuentas de AGP, heredado de la gestión de Alberto que no tuvo la billetera suelta.
Es más, los usuarios privados de la hidrovía fruncen mucho el ceño cuando escuchan que otra de las razones de la suba es que la tarifa en dólares (u$s 3.06 la tonelada de registro neto) quedó retrasada por la inflación acumulada en dólares.
Ocurre que el servicio de dragado siempre fue bien calificado por los usuarios, toda una rareza en el gobierno, aunque siempre se lo tildó de caro. Es más, un estudio técnico a la consultora LatinoConsul que encargaron las cámaras de la industria aceitera, y de exportadores de cereales, de la industria siderúrgica, de puertos comerciales privados y la Bolsa de Comercio de Rosario, calculó que, con una fuerte inversión el peaje podría bajar a u$s2.80 por tonelada registrada.
Incluso, las propuestas que recibió este año el gobierno de la dragadora Deme Dredging de realizar el dragado con una rebaja del 30% también fue música para los oídos del los agroexportadores.
No obstante, quienes sostienen que el informe de Latinocosnult, realizado antes de la pandemia, quedó desactualizado y que lo de Deme Dredging es un artificio para posicionarse en la puja por el negocio, resaltan que la verdad sobre el precio de la tarifa quedará expuesto al momento de presentarse las ofertas para la licitación del nuevo operador privado, que el gobierno insiste que convocará antes de que termine este año.
